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Mauricio Gallardo Muñoz con MINISTERIO DE EDUCACION Rol: C5292-19

Consejo para la Transparencia, 23/06/2020

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Dirección de Educación Pública, por medio del cual se requiere información respecto a si han desempeñado en el establecimiento educacional que consulta, personas con inhabilidades para trabajar con menores, durante los años 2018 y 2019. Lo anterior, debido a que no se disponen de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, en orden a la información solicitada no obra en su poder. Sin perjuicio de lo resuelto, en virtud del principio de facilitación se derivará la solicitud de acceso a la Superintendencia de Educación, para que se pronuncie en las materias que sean de su competencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Educación
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C5292-19

Entidad pública: Dirección de Educación Pública

Requirente: Mauricio Gallardo Muñoz

Ingreso Consejo: 03.07.2019

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Dirección de Educación Pública, por medio del cual se requiere información respecto a si han desempeñado en el establecimiento educacional que consulta, personas con inhabilidades para trabajar con menores, durante los años 2018 y 2019.

Lo anterior, debido a que no se disponen de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, en orden a la información solicitada no obra en su poder.

Sin perjuicio de lo resuelto, en virtud del principio de facilitación se derivará la solicitud de acceso a la Superintendencia de Educación, para que se pronuncie en las materias que sean de su competencia.

En sesión ordinaria N° 1108 del Consejo Directivo, celebrada el 23 de junio de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C5292-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 23 de mayo de 2019, don Mauricio Gallardo Muñoz solicitó a la Dirección de Educación Pública "información si es que en el Colegio Los Aromos de Puente Alto, hay alguna persona trabajando en el 2018 y en el 2019 y que presente inhabilidades para trabajar con menores".

2) SUBSANACIÓN: La Dirección de Educación Pública mediante carta N° s/n, de fecha 20 de junio de 2019, comunicó que, para poder dar trámite a la solicitud es necesario que ésta reúna los requisitos del artículo 12 de la Ley de Transparencia. Por esta razón, solicitan que indique si requiere saber de una persona en particular.

La parte solicitante por medio de presentación de fecha 2 de julio de 2019, reiteró que su consulta era la siguiente "Favor solicito información si es que en el Colegio Los Aromos de Puente Alto, hay alguna persona trabajando en el 2018 y en el 2019 y que presente inhabilidades para trabajar con menores...". De esta forma sostiene que "cualquier persona que lea el texto anterior le queda claro la solicitud, de que no está pidiendo información sobre una persona en particular si no aquello que indica, esto es, de todas las personas que han trabajado en el colegio los Aromos en los años 2018 y 2019, ¿Hay alguno de ellos que este inhabilitado para trabajar con niños?".

3) RESPUESTA: La Dirección de Educación Pública mediante ordinario N° 1195, de fecha 23 de julio de 2019, informó que no cuentan con los antecedentes solicitados, "toda vez que el "Registro de personas con prohibición para trabajar con menores de edad" no es competencia de la Dirección de Educación Pública, sino del Servicio de Registro Civil e Identificación. Asimismo, se informa que dicho registro es creado por la Ley 20.594, y usted podrá realizar el trámite en línea, sin costos ni documentación alguna, en la siguiente dirección...".

4) AMPARO: Con fecha 23 de julio de 2019, don Mauricio Gallardo Muñoz dedujo amparo a su derecho de acceso en contra de la Dirección de Educación Pública, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de acceso. En particular sostuvo que "Este trabajo fue ya fue efectuado y fue altamente difundido por el diario El Mercurio el día 23 de Mayo del 2019, cuyo archivo adjunto. De ese reportaje no se puede concluir que no tienen acceso a la información. Parece una respuesta ridícula el hacerme presente que dichas consultas las puedo hacer directamente en la página del registro civil. El pequeño detalle que para ello necesito los RUT de cada trabajador de ese colegio en los años 2018 y 2019, lo que obviamente dicha institución de educación no me va a entregar. La información de los RUT si la tiene la DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA y ya han hecho trabajos en este sentido".

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Directora de Educación Pública mediante oficio N° E13.048, de fecha 12 de septiembre de 2019, para que formule sus descargos y observaciones solicitando, especialmente, lo siguiente: (1°) refiérase a las alegaciones del reclamante, en el sentido que se proporcionó información incompleta a la solicitud; (2°) aclare si lo solicitado, obra en su poder constando en alguno de los soportes documentales que dispone el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) refiérase a las circunstancias de hecho que hacen procedente la denegación de la información reclamada; (4°) de no ser competente para pronunciarse respecto de la solicitud de información, señale las razones por las cuáles no se derivó de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia; (5°) de haber realizado la derivación, remita copia de esta comunicación y del comprobante de notificación de la misma ante el órgano derivado

El órgano reclamado por medio de ordinario N° 1572, de fecha 3 de octubre de 2019, señaló que "la información proporcionada es acertada en atención a lo solicitado, ya que esta entidad no cuenta con la información requerida, toda vez que lo indicado por el reclamante no es competencia de la Dirección de Educación Pública, sino del Servicio de Registro Civil e Identificación. Asimismo, se informa que dicho registro es creado por la Ley N° 20.594, y se indicó que el trámite se puede hacer en línea en la referida dirección electrónica. Colegir algo diferente por esta Dirección, no es oportuno, si el requerimiento inicial no lo contempla. Cabe hacer presente que la publicación que hace referencia el Reclamante en su ficha de reclamo como sustento por el cual la Dirección de Educación Pública si debiese tener la información requerida, es del todo equivocada, ya que versa sobre una nota periodística referente a la Superintendencia de Educación, que es otro organismo de la Administración Pública y no sobre está Dirección".

6) SOLICITUD DE COMPLEMENTACIÓN DE DESCARGOS: En atención a lo señalado precedentemente, este Consejo solicitó a la Dirección de Educación Pública, por medio de correo electrónico, de fecha 14 de octubre de 2019, complementar los descargos, en los siguientes términos: (4°) de no ser competente para pronunciarse respecto de la solicitud de información, señale las razones por las cuáles no se derivó de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia; (5°) de haber realizado la derivación, remita copia de esta comunicación y del comprobante de notificación de la misma ante el órgano derivado.

El órgano reclamado mediante correo electrónico, de fecha 17 de octubre de 2019, informó que "en primera instancia se requirió al solicitante precisar su solicitud mediante subsanación de fecha 20 de junio de 2019, en lo referente a que indicara a persona en particular por la cual quisiera consultar si tuviese inhabilidad para trabajar con menores de edad, debido al carácter genérico de su solicitud. Con fecha 2 de julio del presente, el requirente envía respuesta de subsanación donde señala que su pregunta no es sobre una persona particular sino aquello que indica, esto es, de todas las personas que han trabajado en el colegio los aromos en los años 2018 y 2019, lo que mantiene inalterable su solicitud, no adicionando o entregando información complementaria, razón por la cual, lo solicitado no es de competencia de este órgano. En concordancia con lo anterior, la derivación a otro organismo no es procedente, en virtud de que el requirente hizo un requerimiento genérico, imposibilitando la pertinencia de remitir al Registro Civil su solicitud, órgano que si bien tiene un link de consulta abierto para que cualquier ciudadano pueda revisar y verificar si persona alguna tiene inhabilidades para trabajar con menores de edad, al no identificar de forma clara a una o más personas determinadas, no cumple con los requisitos exigidos para dar una respuesta al solicitante".

Y CONSIDERANDO:

1) Que el presente amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud, al respecto, el órgano reclamado alegó que aquella no obra en su poder.

2) Que, en cuanto a la alegación realizada por la Dirección de Educación Pública, cabe hacer presente que la inexistencia de la información es una circunstancia de hecho, cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. Esta alegación debe ser fundada, indicando en forma clara el motivo por el cual aquella no obra en su poder, lo que debe ser acreditado en forma fehaciente. En la especie, el órgano reclamado señaló que los antecedentes requeridos no obran en su poder, indicando que puede acceder a aquellos mediante enlace que indica del Servicio de Registro Civil e Identificación, órgano encargado de administrar el "Registro de Personas inhabilitadas para trabajar con menores de edad".

3) Que, en este punto cabe hacer presente que el reclamante con ocasión de su amparo acompañó artículo periodístico que se refiere a fiscalización realizada por la Superintendencia de Educación relativo a personas inhabilitadas que se desempeñaban en establecimientos educacionales. Lo anterior, con el objeto de desacreditar la inexistencia alegada por la Dirección de Educación Pública. Sin embargo, se trata de órganos con diferentes funciones, en particular, si se toma en cuenta que lo pedido se refiere a un colegio particular que, por lo menos, hasta el proceso de admisión del año 2020, no estaba sujeto al Sistema de Admisión Escolar. Por lo tanto, no se encuentra dentro del ámbito de competencias del órgano reclamado.

4) Que, de esta forma, en virtud de lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, sólo será pública la información que efectivamente obre en poder de los órganos de la Administración, no pudiendo requerirse la entrega de aquella inexistente. En consecuencia, sin que se dispongan de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de la sostenida por el órgano requerido, se rechazará el presente amparo.

5) Que, sin perjuicio de lo resuelto precedentemente, en atención a los antecedentes tenidos a la vista, en virtud del principio de facilitación consagrado en el artículo 11 letra f) de la Ley de Transparencia, se derivará a la Superintendencia de Educación, la solicitud de acceso a la información pública, para que dentro del plazo que establece el artículo 14 de la ley mencionada, se pronuncie expresamente sobre aquella, respecto de las materias propias de su competencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Mauricio Gallardo Muñoz en contra de la Dirección de Educación Pública, por no obrar en poder del órgano reclamado la información solicitada, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, lo siguiente:

a) Derivar la solicitud de acceso a la Superintendencia de Educación, a fin de que se pronuncie sobre las materias propias de su competencia.

b) Notificar el presente acuerdo a don Mauricio Gallardo Muñoz y a la Sra. Directora de Educación Pública.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.