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Marcos Herrera Chirino con CARABINEROS DE CHILE Rol: C4882-19

Consejo para la Transparencia, 23/06/2020

Se rechaza el amparo deducido en contra de Carabineros de Chile, referido a la fecha de la resolución de término y la repartición que la dictó, respecto de aquellos funcionarios que les fue aplicada la baja inmediata, desde el año 2000 en adelante (institucionalmente denominada "baja corta"). Lo anterior, por cuanto el órgano recurrido acreditó que la búsqueda, sistematización y posterior entrega de los antecedentes pedidos significaría una distracción indebida de sus funcionarios en el cumplimiento regular de sus labores habituales, considerando que para dar respuesta a lo requerido, el órgano debería revisar las decisiones de todas las Prefecturas y Reparticiones con potestad disciplinaria en esta materia a lo largo de todo el país, para extraer de cada resolución de término consultada, la fecha en que fue dictada y la repartición especifica que la emitió, en un total de 2.969 bajas inmediatas, en un período de 19 años. A mayor abundamiento, se estima que Carabineros con ocasión de la respuesta cumplió con su obligación de entregar la información sistematizada que obraba en su poder, en el período consultado, al entregar un archivo Excel con la totalidad de bajas con efectos inmediatos (2.969), el total de bajas definitivas (2.241) y el personal rehabilitado al que se aplicó una medida subsidiaria a la baja (728); incluida la fecha de retiro, la repartición que dictó la baja con efectos inmediatos o la sanción en subsidio a la baja, en cada caso.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:



Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C4882-19

Entidad pública: Carabineros de Chile

Requirente: Marcos Herrera Chirino

Ingreso Consejo: 05.07.2019

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra de Carabineros de Chile, referido a la fecha de la resolución de término y la repartición que la dictó, respecto de aquellos funcionarios que les fue aplicada la baja inmediata, desde el año 2000 en adelante (institucionalmente denominada "baja corta").

Lo anterior, por cuanto el órgano recurrido acreditó que la búsqueda, sistematización y posterior entrega de los antecedentes pedidos significaría una distracción indebida de sus funcionarios en el cumplimiento regular de sus labores habituales, considerando que para dar respuesta a lo requerido, el órgano debería revisar las decisiones de todas las Prefecturas y Reparticiones con potestad disciplinaria en esta materia a lo largo de todo el país, para extraer de cada resolución de término consultada, la fecha en que fue dictada y la repartición especifica que la emitió, en un total de 2.969 bajas inmediatas, en un período de 19 años.

A mayor abundamiento, se estima que Carabineros con ocasión de la respuesta cumplió con su obligación de entregar la información sistematizada que obraba en su poder, en el período consultado, al entregar un archivo Excel con la totalidad de bajas con efectos inmediatos (2.969), el total de bajas definitivas (2.241) y el personal rehabilitado al que se aplicó una medida subsidiaria a la baja (728); incluida la fecha de retiro, la repartición que dictó la baja con efectos inmediatos o la sanción en subsidio a la baja, en cada caso.

En sesión ordinaria N° 1108 del Consejo Directivo, celebrada el 23 de junio de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4882-19.

VISTOS:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 20 de mayo de 2019, don Marcos Herrera Chirino solicitó a Carabineros de Chile, la siguiente información:

"(...) estadística de la totalidad de funcionarios que desde el año 2000 a la fecha han sido objeto de aplicación de la medida disciplinaria de baja con efectos inmediatos, contemplada en el inciso 5to., letra a), numeral 4, del artículo 127 del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros de Chile N° 8, con indicación expresa de:

1) Fecha en que se le habría aplicado la referida medida disciplinaria,

2) Repartición que dicta la resolución de baja,

3) Indicación de que, si el proceso administrativo en que se enmarca, se encuentra en trámite o está concluido,

4) Fecha de resolución de término,

5) Repartición o alta repartición que dicta resolución de término

6) Sanción disciplinaria que en definitiva se le impone al funcionario.

7) Indicar si en definitiva el funcionario fue o no reincorporado a la Institución".

2) RESPUESTA: El 17 de junio de 2019, Carabineros de Chile respondió a dicho requerimiento, mediante resolución exenta N° 233, de esa fecha, indicando, en síntesis, que:

Se proporciona planilla Excel con registro del personal dado de baja con efectos inmediatos, desde el 01 de enero de 2000 al 03 de junio de 2019, comprendiendo la totalidad de bajas con efectos inmediatos, el total de bajas definitivas y la cantidad de personal rehabilitado al que se aplicó una sanción administrativa subsidiaria a la baja con efectos inmediatos. Asimismo, incluye la fecha de retiro, la repartición que dicta la baja con efectos inmediatos y la sanción en subsidio a la baja.

En cuanto a la fecha de resolución de término, y la repartición o alta repartición que dicta la resolución de término, indica que no es posible hacer entrega de estos antecedentes, ya que éstos no existen en los registros institucionales en los términos solicitados, y su búsqueda y sistematización implicaría distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. Por lo tanto, se deniega esta parte del requerimiento fundado en la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.

3) AMPARO: El 05 de julio de 2019, don Marcos Herrera Chirino dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta parcial a su solicitud.

Además, el reclamante hizo presente, en síntesis, que la causal de "distracción indebida" esgrimida por Carabineros no se configura en la especie, toda vez que lo solicitado se enmarca dentro de los sumarios administrativos instruidos por las "Fiscalías Administrativas", las cuales tienen por función única y exclusiva instruir procesos administrativos y aplicar las sanciones correspondientes, cuyos funcionarios cumplen sus funciones con dedicación exclusiva.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo y mediante oficio N° E12462, de 02 de septiembre de 2019, confirió traslado al Sr. General Director de Carabineros de Chile, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) señale cómo la entrega de la información denegada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; (3°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; (4°) se refiera claramente al volumen de la información denegada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información denegada.

Mediante Ordinario N° 238, de 23 de septiembre de 2019, el órgano efectuó sus descargos señalando, en síntesis, lo siguiente:

Luego de referirse a la normativa que regula "las bajas con efectos inmediatos" aplicadas al personal de Carabineros, - institucionalmente conocidas como "bajas cortas"- y aclarar que estas no constituyen una medida administrativa; señala para que dar respuesta a lo requerido habría que revisar 2.969 bajas cortas aplicadas al personal en el período consultado, las cuales, por no ser medidas disciplinarias, no constan en las fiscalías administrativas, sino en los estamentos que la aplicaron a lo largo de todo el país. Al efecto en la respuesta otorgada al recurrente, se entregó la totalidad de la información estadística existente sobre la materia.

De este modo, para reunir la información solicitada, debería efectuarse el requerimiento a cada uno de los estamentos en cuyo poder obran los antecedentes de las bajas con efectos inmediatos, para que destinen a cierta cantidad de funcionarios a buscar todos los casos, en el periodo consultado, en que se haya aplicado una baja corta. Una vez identificados dichos expedientes, será menester leerlos detenidamente a fin de extraer los datos pedidos, antecedentes que habrán de ser sistematizados en un archivo para proceder a su entrega; lo cual importa encomendar a un número importante de funcionarios, que además cumplen funciones propias de la labor policial y de apoyo administrativo, la misión de buscar la citada documentación, examinarla y depurar los datos, con los reparos y alcances ya mencionados.

Al efecto, si la búsqueda, revisión e informe de cada expediente tardara en promedio 20 minutos, la entrega de la información requeriría dedicar a lo menos 990 horas laborales, esto es 123 días hábiles, es decir más de 6 meses, para una sola persona, con dedicación exclusiva, a construir lo solicitado. En este sentido, para tener un tiempo de respuesta razonable debiera asignarse a tal tarea un número suficiente de funcionarios lo que conlleva, sin lugar a dudas una distracción indebida de funciones para satisfacer un requerimiento genérico de una sola persona, teniendo en consideración que estos antecedentes se encuentran en su totalidad en formato papel.

De este modo, la entrega de la información con el desglose solicitado, distraería a los funcionarios de sus labores habituales, al tenor de lo dispuesto en el artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia. Agrega que, en este orden, acorde con lo dispuesto en el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, Carabineros se encuentra sujeto al deber de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, debiendo observar entre otros, los principios de eficiencia y eficacia. Cita jurisprudencia de este Consejo sobre la materia.

5) GESTIÓN OFICIOSA: Para una debida resolución del presente caso, mediante correo electrónico de fecha 17 de junio de 2020, se requirió a Carabineros informar lo siguiente, específicamente, respecto de la repartición o alta repartición que dicta la resolución de término:

a) Estas resoluciones son dictadas por la(s) fiscalía(s) administrativa (s). En caso afirmativo especificar cuántas fiscalías existen en la institución y donde se radican.

b) En caso contrario, especificar qué reparticiones dictan estas resoluciones, y donde se radican.

c) Se puede dar una respuesta general en este caso.

Mediante correo electrónico de fecha 17 de junio de 2020, la reclamada respondió lo siguiente:

"En conformidad a lo dispuesto por el artículo 35 del Reglamento N° 11 de Disciplina, la potestad sancionadora se encuentra radicada en los jefes de los funcionarios sancionados en orden ascendente según la gravedad de la sanción. De este modo la fiscalía investiga, pero quien sanciona no es el fiscal instructor ni el Fiscal Jefe de la Correspondiente Fiscalía Administrativa.

De este modo, para conocer la fecha de la resolución de término y la Repartición o Alta Repartición que la aplico habría que revisar todas las resoluciones que se encuentran incorporadas en los expedientes sumariales.

Lo anterior adquiere mayor relevancia, por su complejidad cuando el funcionario, durante el curso del sumario, ha sido trasladado, pues en conformidad a lo establecido en el artículo 17 del mismo reglamento la atribución de sancionar esa falta corresponderá al Jefe de la entidad en que se cometió la misma.

Tratándose de la baja por conducta mala, que es la sanción aplicable al PNI - personal de nombramiento institucional-, luego del sumario, pues la baja con efectos inmediatos no es una sanción disciplinaria, como lo ha reconocido la CGR habría que revisar las decisiones de todas las Prefecturas y Reparticiones con potestad disciplinaria en esta materia".

Y CONSIDERANDO:

1) Que, analizado lo señalado por el reclamante en su amparo en relación con la respuesta entregada por Carabineros, este Consejo entiende que el presente amparo se circunscribe a los puntos 4) y 5) de la solicitud, transcrita en el N° 1 de lo expositivo, referidos, específicamente, a la fecha de la resolución de término y la repartición o alta repartición que la dictó, respecto de aquellos funcionarios - que a partir del año 2000 en adelante-, les fue aplicada la baja inmediata, contemplada en el inciso 5°, letra a), numeral 4, del artículo 127 del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros de Chile N° 8, lo cual fue denegado por Carabineros por concurrir la causal de reserva del artículo 21 N°1, letra c), de Ley de Trasparencia, por no encontrarse sistematizada dicha información.

2) Que, a modo de contexto cabe precisar "(...) que el artículo 127, N° 4, inciso quinto, del decreto N° 5.193, de 1959, del ex Ministerio del Interior, Reglamento de Selección y Ascensos, previene que cuando la comisión de una falta que dé origen a un sumario administrativo o investigación, fuere de tal gravedad que haga inconveniente la permanencia del funcionario y éste confiese su responsabilidad o ella se haga evidente, el jefe que ordene la instrucción del sumario podrá eliminarlo de inmediato, por conducta mala, hasta la terminación de la pieza sumarial o de la investigación, oportunidad en la cual deberá fijar la nota que en definitiva le corresponda, o bien, modificar o dejar sin efecto la causal de baja, según el mérito del sumario o investigación" (Dictamen 16.569, de 2019, de la Contraloría General de la Republica).

3) Que, sobre el particular, Carabineros señaló que la información pedida no se encuentra sistematizada, y que para dar respuesta a lo requerido tendría que revisar los antecedentes de las 2.969 bajas cortas aplicadas al personal en el período consultado, las cuales no constan en las fiscalías administrativas, sino en los estamentos que la aplicaron a lo largo de todo el país, para lo cual debería efectuarse el requerimiento a cada uno de estos los estamentos, para que destinen a cierta cantidad de funcionarios a buscar todos estos casos en el periodo consultado. Una vez identificados dichos expedientes, será menester leerlos detenidamente a fin de extraer los datos pedidos, antecedentes que habrán de ser sistematizados en un archivo para proceder a su entrega. En este sentido, si la revisión e informe de cada expediente tardara en promedio 20 minutos, requeriría dedicar a lo menos 990 horas laborales, esto es, 123 días hábiles, es decir más de 6 meses, para una sola persona, con dedicación exclusiva, a construir lo solicitado; o bien, para tener un tiempo de respuesta razonable, asignarle tal tarea a un número suficiente de funcionarios lo que conlleva, sin lugar a dudas una distracción indebida de funciones para satisfacer un requerimiento genérico de una sola persona, teniendo en consideración que estos antecedentes se encuentran en su totalidad en formato papel.

4) Que, en lo que atañe a la denegación de la información por no encontrase sistematizada, cuya elaboración significaría una distracción indebida para la institución en los términos expuestos en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, se debe tener presente, que este Consejo ha establecido que sólo puede configurarse dicha causal en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado".

5) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones..., mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales".

6) Que en este orden, este Consejo estima que la causal del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia concurre en el presente caso, respecto de los hechos consultados, toda vez que el conjunto de actividades descritas y el tiempo que habría que destinar para la entrega de lo pedido, es de una entidad tal que afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano, ya que la atención del requerimiento implicaría para los funcionarios del órgano la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, a la atención de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el Servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a favor de una persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás, ello, considerando que, la información reclamada no se encuentra sistematizada, -ni registradas en las fiscalías administrativas como señala el reclamante-, toda vez que, según señaló el órgano en sus descargos y en la gestión oficiosa decretada en esta causa, para dar respuesta a la solicitud tendría que revisar las decisiones de todas las Prefecturas y Reparticiones con potestad disciplinaria en esta materia a lo largo de todo el país, para extraer de cada resolución de término consultada, la fecha en que fue dictada y la repartición especifica que la emitió, en un universo de 2.969 bajas inmediatas, en un período de 19 años, En consecuencia, en virtud de lo expuesto precedentemente, se acogerá la causal invocada por la reclamada y se procederá a rechazar el presente amparo.

7) Que, finalmente, cabe señalar, que este Consejo estima que Carabineros con ocasión de la respuesta cumplió con su obligación de hacer entrega de la información sistematizada que obraba en su poder, al entregar un archivo Excel con la totalidad de bajas con efectos inmediatos (2.969), el total de bajas definitivas (2.241) y el personal rehabilitado al que se aplicó una medida subsidiaria a la baja (728); incluida la fecha de retiro, la repartición que dictó la baja con efectos inmediatos y la sanción en subsidio a la baja, en su caso.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Marcos Herrera Chirino en contra de Carabineros de Chile, por configurarse la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Marcos Herrera Chirino y al Sr. General Director de Carabineros de Chile.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.