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Ana Cecilia Díaz González con Consejo para la Transparencia Rol: 497-2019

Corte de Apelaciones de Santiago, 05/02/2020

Se interpone reclamo de ilegalidad en contra de la decisión de amparo del Consejo para la Transparencia, que rechazó su solicitud de acceso a la información deducido en contra del Instituto de Salud Pública de Chile. Analizado lo expuesto, la Corte de Apelaciones rechaza el reclamo de ilegalidad deducido.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechazado


Ministros:

  • Juan Cristóbal Mera Muñoz
  • Mireya López Miranda
  • Tomas Gray G.

Texto completo:

Santiago, cinco de febrero de dos mil veinte.

Vistos y considerando:

Primero: Que comparece Ana Díaz González, quien interpone reclamo de ilegalidad en contra de la decisión de amparo Rol C2672 19 del Consejo para la Transparencia, que rechazó su solicitud de acceso a la información deducido en contra del Instituto de Salud Pública de Chile, acordada por sesión ordinaria N° 1027 de fecha 29 de agosto de 2019.

Sostiene que el Instituto de Salud Pública de Chile dice no contar con la información sobre las recetas retenidas cuyo detalle solicitó, ya que aquellas se encuentran en las farmacias, información que a su juicio no se ajusta a la realidad, pues los datos pedidos dicen relación con lo que las farmacias informan obligatoriamente al organismo fiscalizador.

Agrega que, con respecto a las recetas cheques, el Instituto de Salud Pública dice contar con la información, no obstante no tener el personal para su recopilación.

Manifiesta su disconformidad con lo resuelto por el Consejo Para la Transparencia, en cuanto a validar la respuesta del Instituto de Salud Pública, pues estima que si la información consta debe ser entregada, por tratarse de información pública.

Posteriormente, complementa su reclamo, profundizando en que el cálculo de tiempo empleado para la recopilación de la información es errado, pues sólo se requirieron recetas médicas de determinados establecimientos de salud, información que se enmarca en una investigación penal privada por el delito de homicidio culposo presuntamente cometido por personal médico, y diversos peritos del país le han solicitado la mayor información posible.

Todo lo anterior, denuncia vulnera las garantías de igualdad ante la ley, igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos y acceso a la justicia, por lo que pide se ordene entregar la información solicitada, con costas.

Segundo: Que informó la reclamada, solicitando que éste arbitrio sea rechazado en todas sus partes.

Precisa en cuanto a los hechos que con fecha 13 de marzo de 2019, doña Ana Díaz González solicitó al Instituto de Salud Pública, copia de las recetas retenidas y recetas cheque de su madre Cristina Berenice González Bravo, de los años 2008 al 2017 completas, indicando que fue atendida en los Hospitales Posta Central, San Borja, Hospital del Tórax, Hospital Clínico Universidad de Chile, Hospital Salvador, Consultorio N° 1 Ramón Corbalán, Salvador Bustos Ñuñoa y Consultorio El Aguilucho en Providencia, y adjuntando al efecto, certificado de defunción de dicha persona.

Agrega que mediante Resolución Exenta N° 000820, de 2 de abril de 2019, el Instituto de Salud Pública denegó la solicitud por configurarse la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 1 literal c) de la Ley de Transparencia, señalando, en síntesis, que:

a) El Subdepartamento de Control de Comercio Exterior, Estupefacientes y Psicotrópicos del Departamento Agencia Nacional de Medicamentos del Instituto de Salud Pública, informó mediante Memorándum N° 25/19, de 26 de marzo de 2019, que desde el año 2014 recibe las recetas cheque de todas las farmacias del sector público y privado de la Región Metropolitana. Por su parte, las recetas médicas retenidas son almacenadas en las dependencias de cada farmacia, por lo que el Servicio no cuenta con las recetas médicas retenidas, por cuanto la normativa vigente no lo ordena.

b) Específicamente el Instituto de Salud Pública recibe y almacena las recetas cheque en bodegas documentales, en orden de fecha de ingreso, tal como es entregada por las farmacias de la Región Metropolitana, por lo que la búsqueda de los registros requeridos significaría destinar a más de un funcionario a tiempo completo a dicha tarea, conforme el siguiente detalle: a) 1.230 cajas con recetas cheque en bodega; b) 4.250 recetas cheques promedios en cada caja; c) 5.227.500 total de recetas cheque.

c) En este contexto, se estima que la revisión de los datoscontenidos en cada receta cheque toma 1 minuto, por lo que se dedicaría 5.227.500 minutos, lo que sería equivalente a destinar a un funcionario por 10 años a la revisión de la totalidad de las recetas cheque, o 5 funcionarios dedicados exclusivamente a la tarea, que demorarían 2 años en completar la revisión.

d) Como consecuencia de lo anterior, el Subdepartamento de Control de Comercio Exterior, Estupefacientes y Psicotrópicos del Departamento Agencia Nacional de Medicamentos del Instituto de Salud Pública dejaría de evaluar, las siguientes cantidades de solicitudes de usuarios externos: 3.000 certificados de importación y exportación de productos sujetos a control legal; 26.000 certificados de destinación aduanera de productos de uso personal; 3.600 certificados de Registro Sanitario; 600 previsiones anuales y suplementarias; y, 9.000 evaluaciones del trámite "Fíjese período de seguridad".

e) Atendido lo expuesto, el Servicio se encuentra en la dificultad extrema de responder a la solicitud planteada, atendida la cantidad de recursos institucionales que deberían ser destinados, impidiéndose entonces, el cumplimiento de las funciones habituales del mismo.

3. El 10 de abril de 2019, doña Ana Cecilia Díaz González dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del Instituto de Salud Pública, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información.

4. El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director del Instituto de Salud Pública, quien mediante ORD. N° 01633, de 1 de julio de 2019, presentó sus descargos u observaciones, reiterando lo indicado en su respuesta, y agregando en síntesis que sólo contaría con información sobre recetas cheque desde 2014 a 2017, ya que sólo desde 2014 recibe dichos documentos desde todas las farmacias, públicas y privadas, de la Región Metropolitana. Señaló que no posee información de recetas retenidas, ya que conforme la normativa vigente, éstas son almacenadas en dependencias de cada farmacia.

Agregó que, en relación a la ubicación material de la información solicitada, se debe señalar que las recetas cheque son recibidas a diario en la Oficina de Gestión de Partes y posteriormente derivadas a la Sección Archivo y Control Documental, dependiente de la Coordinación de Gestión del Departamento Agencia Nacional de Medicamentos del Instituto de Salud Pública, quienes son los responsables de almacenarlas en cajas numeradas por fecha y año. Posteriormente, se guardan en una bodega ubicada al interior del Servicio, pero fuera de las dependencias del Departamento. Por lo anterior, la dificultad no se presenta respecto del acceso a la bodega en donde se encuentran las cajas que contienen la información, sino que más bien, tener que destinar a un funcionario a la revisión de la totalidad de las recetas cheque (total de 5.227.500, en el período que obran en poder del órgano, esto es, 2014 a 2017) por un lapso de 10 años, o bien, destinar a 5 funcionarios en forma exclusiva a dicha revisión, durante el lapso de 2 años.

5. Por Decisión de Amparo Rol C2672 19, adoptada con fecha 27 de agosto de 2019, el Consejo para la Transparencia rechazó el amparo deducido por doña Ana Díaz González en contra del Instituto de Salud Pública, conforme al tenor de la Decisión que se acompañó en el primer otrosí de esta presentación.

6. Con fecha 25 de septiembre de 2019, doña Ana Díaz González, dedujo ante esta Corte de Apelaciones, Reclamo de Ilegalidad en contra del Consejo para la Transparencia, el cual quedó anotado bajo el N° de Ingreso 497 2019, siendo notificado a esta Corporación con fecha 22 de noviembre de 2019.

7. Luego, con fecha 6 de octubre de 2019, don Andrés Finschi Peñaloza, abogado, en representación de doña Ana Díaz González, ratificó y complementó el reclamo de ilegalidad deducido con fecha 25 de septiembre de 2019.

Hace presente en cuanto al fondo, que entiende que la controversia se centra únicamente en determinar si obró conforme a derecho al rechazar el amparo deducido por la Sra. Díaz González, en contra del Instituto de Salud Pública, "respecto a las copias de las recetas médicas retenidas toda vez que en relación a dichos antecedentes, el Instituto de Salud Pública acreditó que no obraban en su poder, y porque respecto a las recetas cheques, se configuró la causal de secreto o reserva de la información del artículo 21 N° 1 letra c) de la LT."

Afirma en cuanto al punto, que las recetas médicas retenidas, conforme al artículo 33 N° 3 del Decreto Supremo N° 466, de 1985, del Ministerio de Salud, que Aprueba el Reglamento de farmacias, droguerías, nota almacenes farmacéuticos, botiquines y depósitos autorizados, son aquellas "a través de la cual se prescriben productos sujetos a esta condición de venta, la que deberá archivarse en el establecimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 del presente reglamento".

El mismo cuerpo normativo antes citado establece en su artículo 21, que "Las recetas despachadas de productos de venta restringida deberán foliarse correlativamente y se archivarán en forma cronológica, pudiendo destruirse al cabo de un año" (énfasis agregado).

Hace presente que en su oportunidad el Instituto de Salud Pública, con ocasión de la respuesta entregada y de los descargos evacuados al amparo presentado por la Sra. Díaz González, señaló que las recetas médicas retenidas son almacenadas en las dependencias de cada farmacia, por lo que no cuenta con aquellas que fueron requeridas en la solicitud, ya que la normativa sanitaria vigente no dispone que le deban ser remitidas.

Dice que esa Corporación informante, sistemáticamente ha sostenido que la inexistencia de la información es una circunstancia de hecho, cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. Esta alegación debe ser fundada, indicando en forma clara el motivo por el cual aquella no obra en su poder, lo que debe ser acreditado de forma fehaciente.

Así, infiere que dicho estándar ha sido cumplido por el Instituto de Salud Pública, pues tanto al responder la solicitud de información, como también al evacuar descargos al amparo, fue consistente en señalar y acreditar que no existían en su poder las recetas médicas retenidas solicitadas.

En consecuencia, a partir de lo señalado por el órgano requerido, y el marco normativo aplicable, se desprende que no ha incurrido en ilegalidad al haber concluido que la información consistente en las recetas retenidas indicadas, no obraba en poder del Instituto de Salud Pública, tal como se indicó en el considerando 1) de la decisión reclamada.

Agrega que lo anterior excluye la ilegalidad en lo resuelto, citando al efecto lo preceptuado en los Arts. 5°, 10 inciso 2°, 11 letra a) y 13 de la LT, y lo resuelto por la Excma. Corte Suprema, mediante sentencia de fecha 25 de agosto de 2014, que resolvió el Recurso de Queja Rol N° 11.3832014, caratulado "Servicio de Impuestos Internos con Consejo para la Transparencia". Cita además al efecto fallo de esta Corte Rol N° 13.0092015, pronunciada el 17 de febrero de 2016, entre otros.

Finalmente en relación a las recetas cheques, fue rechazado por cuanto este consejo estimó que se configuraba la causal de reserva del art. 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, invocada y acreditada por el Instituto de Salud Pública, por tratarse de una solicitud de información que distrae indebidamente a los funcionarios de la institución ya que implica un alejamiento de sus funciones habituales.

Invoca al efecto lo dispuesto por el artículo 7° inciso final del Reglamento de la Ley de Transparencia y el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, en cuanto dispone que "Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes:

1. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente: (...)

c) Tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales."

Añade por último que de conformidad al marco normativo entregado por el artículo 33 N° 4 del ya citado Decreto Supremo N° 466, de 1985, que define receta cheque y al artículo 4° del Decreto Supremo N° 404, 1984, que aprueba el Reglamento de Estupefacientes, es el Instituto de Salud Pública el organismo encargado de realizar el control especial que se ejerce a los estupefacientes y psicotrópicos, con la finalidad de que éstos tengan un uso exclusivo médico y científico, y por tanto, a partir del análisis de dichas normas, las recetas cheques solicitadas, obran en su poder, pero sólo desde los años 2014 a 2017, tal como indicó en su respuesta a la solicitud.

Aporta como dato que se estimó por el Instituto de Salud Pública que la búsqueda de la información supondría revisar un total de 5.227.500 recetas cheques, debiendo realizarse un revisión completa que tardaría un tiempo excesivo de dedicación exclusiva de un funcionario para el solo efecto de entregar a la requirente dichas recetas, extendidas entre los años 2014 a 2017, realizando un esfuerzo desproporcionado, que implica una distracción indebida del personal del Instituto de Salud Pública de las funciones que le son habituales, configurándose la causal de secreto o reserva de la letra c), N° 1 del artículo 21 de la Ley de Transparencia.

Pide en definitiva rechazar en su totalidad el Reclamo de Ilegalidad presentado, resolviendo en definitiva mantener o confirmar la Decisión de Amparo Rol C2672 19 de este Consejo.

Tercero: Que el Instituto de Salud Pública como tercero interesado, presentó descargos y objeciones al reclamo de ilegalidad, reiterando los fundamentos que motivaron su negativa a la entrega a la información, que ya han sido expresados.

Cuarto: Que de acuerdo al artículo 28 de la ley N° 20.285 se recurre de ilegalidad ante esta Corte respecto de la decisión de amparo del Consejo para la Transparencia que desestimó el amparo deducido por la señora Ana Cecilia Díaz González en contra del Instituto de Salud Pública referido a la entrega de copia de recetas médicas retenidas y recetas cheques que se individualizan entre los años 2008 a 2017.

Quinto: Que corresponde revisar si la decisión de amparo se ajusta a la legalidad, para lo cual conviene precisar que la petición de la recurrente recae sobre dos categorías de documentos, a saber: recetas retenidas y recetas cheques.

Sexto: Que en lo que dice relación a las recetas retenidas, el órgano requerido, esto es, el Instituto de salud Pública sostuvo que éstas no se encuentran en su poder, ya que son almacenadas en dependencias de cada farmacia, por lo que no le es posible entregarlas a la requirente.

Para decidir sobre esta clase de recetas, el Consejo para la Transparencia tuvo en consideración que de acuerdo al Decreto N° 466, de 1985, que aprueba el Reglamento de farmacias, droguerías, almacenes farmacéuticos, botiquines y depósitos autorizados, define la receta retenida como "Aquella a través de la cual se prescriben productos sujetos a esta condición de venta, la que deberá archivarse en el establecimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 del presente reglamento". Por su parte el artículo 21 dispone: "Las recetas despachadas de productos de venta restringida deberán foliarse correlativamente y se archivarán en forma cronológica, pudiendo destruirse al cabo de un año".

De acuerdo a estas normas, el Consejo para la Transparencia estimó plausible lo alegado por el Instituto de Salud Pública por lo que desestimó el amparo a su respecto.

Sobre el particular, no se advierte ilegalidad en la decisión, pues, por un lado el órgano requerido no tiene en su poder la documentación que se le pide, de manera que mal puede reprochársele que no la entregue y, por otra parte, las farmacias que sí tiene la obligación de archivarlas pueden destruirlas al cabo de un año. En consecuencia, la decisión recurrida se ajusta tanto al reglamento citado como a la realidad fáctica de que el órgano no posee la documentación que requiere la reclamante.

Séptimo: Que en cuanto a las recetas cheque, el Instituto de Salud Pública informó que recibe estos documentos de las farmacias del sector público y privado de la región Metropolitana pero sólo desde el año 2014, denegando la entrega de los documentos referidos en virtud de la causal contemplada en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia.

El Consejo para la Transparencia estimó plausible las alegaciones realizadas por el órgano para configurar la causal de reserva invocada, por cuanto consideró que entregar la información pedida implica proceder a la búsqueda de aquellas cajas comprendidas en el período de la solicitud, con las dificultades del sistema de registro, archivo y sistematización de los antecedentes con que cuenta el Servicio, para luego revisar cada una de las recetas requeridas y separar sólo aquellas referidas a la persona consultada, a lo que suma el período a revisar, esto es cuatro años, lo que constituye situaciones que en su conjunto configuran una distracción indebida a las funciones del órgano reclamado, por lo que también desestimó el amparo respecto de la petición de estos documentos.

Al respecto, tampoco se advierte una ilegalidad en la decisión de amparo, por cuanto, dada la cantidad de información que se requiere y los años que esta comprende, la dificultad que esgrime el Instituto de Salud Pública para recopilar la información resulta justificada. No obsta a lo anterior, el argumento que expresó la recurrente en su escrito de ratificación en cuanto a que el cálculo que hace el órgano es de todo el universo de recetas cheque, en circunstancias que la petición solo abarca recetas de determinados establecimientos de salud, por cuanto para ubicar aquellas recetas que interesan al peticionario la revisión comprende el universo total de documentos y es ello lo que implica una distracción indebida de funciones y que permite entonces oponer la causal de reserva que se acogió para denegar lo pedido.

Octavo: Que por último, no se desconoce la relevancia del derecho a la información, como tampoco los otros derechos que invoca la reclamante en su escrito de ratificación, pero el reclamo del que conoce esta Corte pasa por revisar la legalidad de la decisión, y lo cierto es, que lo decidido por el Consejo para la Transparencia resulta ajustado a derecho, por lo que el reclamo debe ser desechado.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley N° 20.285 se rechaza, sin costas el reclamo de ilegalidad deducido por doña Ana Cecilia Díaz González en contra de la decisión de amparo rol C 2672 19 de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve del Consejo para la Transparencia.

Redactó la Ministra Mireya López Miranda.

Pronunciada por la Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por la Ministro señora Mireya López Miranda y por el Ministro señor Tomás Gray Gariazzo.

Rol N° 497-2019.