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Richards Alquinta Donders con Agencia de Desarrollo Productivo de Atacama/Corporación para el Desarrollo de la Competitividad e Innovación de la Región de Atacama Rol: C1068-11

Consejo para la Transparencia, 25/01/2012

Se dedujo amparo en contra de la Agencia Regional de Desarrollo Productivo de Atacama, fundado en no haber recibido respuesta a su solicitud sobre los objetivos generales y específicos, metodología y participantes de los concursos del Fondo de Innovación para la Competitividad de la Región de Atacama. El Consejo señaló que atendida la disposición pública de su creación; su orgánica; la composición de sus instancias decisorias y de administración; la naturaleza pública de sus funciones y de su financiamiento, se estima que la Corporación para el Desarrollo de la Competitividad e Innovación de la Región de Atacama, se encuentra sujeta a la Ley de Transparencia, en cuanto se trata de un órgano o servicios público creado para el cumplimiento de la función administrativa, según lo razonado precedentemente. Por tanto, es manifiesto que la reclamada debió pronunciar respuesta a la solicitud.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1068-11

Entidad pública: Agencia de Desarrollo Productivo de Atacama/Corporación para el Desarrollo de la Competitividad e Innovación de la Región de Atacama

Requirente: Richards Alquinta Donders

Ingreso Consejo: 31.08.2011

En sesión ordinaria N° 313 del Consejo Directivo, celebrada el 25 de enero de 2012, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C1068-11.

VISTOS:

Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional de Gobiernos Regionales; el D.F.L. N° 1–19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 18 de julio de 2011 don Richards Alquinta Donders, formuló las solicitudes que se indican a continuación ante la Agencia Regional de Desarrollo Productivo de Atacama (en adelante indistintamente ADPA):

a) Refiriéndose a un correo electrónico enviado previamente por la Gerente General de la Corporación para la Competitividad e Innovación de la Región de Atacama (en adelante indistintamente CCIRA), solicitó se le explicara en forma específica y directa en qué situación particular se está atentando en contra de la honra de las personas, indicando personas, situaciones, instituciones y motivos en específico1.

1 En el mencionado correo electrónico dicha autoridad, en respuesta a una comunicación anterior del solicitante, indicó a este último que como cualquier ciudadano podía hacer las demandas que estimara pertinentes, ateniéndose a las consecuencias

b) Junto con referirse a los objetivos generales y específicos, metodología y participantes de los concursos del Fondo de Innovación para la Competitividad de la Región de Atacama, solicitó la información y formuló las consultas que se indican a continuación:

i. Listado de los proyectos de carácter científico de desarrollo escogidos.

ii. En base a la aprobación de dineros de parte del Consejo Regional (indica el reclamante que son más de $280.000.000), ¿en qué van a ser gastados esos dineros en particular?, con indicación del detalle de los gastos, y si son estudios, precisando de cuales se trata y en qué área en particular van a ser utilizados.

iii. ¿Tiene la CCIRA una base de datos para ver la atingencia y necesidad de los estudios que ya han sido realizados en la Región de Atacama a fin de verificar la duplicidad y evitar realizar gastos innecesarios en los presupuestos asignados por el GORE y aprobados por el CORE?, informando acerca de los nombres de dichos estudios y la metodología utilizada para tales fines.

iv. Razones por las cuales no se tomaron en cuenta los proyectos que presentó.

c) Se le indiquen las personas que componen la CCIRA, en particular su Directorio y otros, señalando las funciones que ejercen.

d) Refiriéndose a lo indicado previamente por dicha autoridad, en cuanto a que la Universidad de Atacama comenzaría a trabajar en genómica y biotecnología con el laboratorio que se adjudicó mediante un concurso FIC CONICYT, formula las siguientes consultas:

i. ¿Cuándo empieza a trabajar dicho laboratorio?

ii. ¿Qué personal va a ocupar dicho laboratorio?, cantidad y experticia.

iii. ¿Qué maquinaria e instrumentación va a ocupar el laboratorio?

iv. ¿Qué se va a desarrollar en biotecnología?

v. ¿Qué productos y procesos se van a desarrollar en genómica en la Universidad de Atacama?

vi. ¿Cómo se va a manipular la información?, ¿qué métodos y procesos y maquinarias se van a utilizar en la Universidad de Atacama?.

2) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 30 de agosto de 2011 don Richards Alquinta Donders dedujo ante la Gobernación Provincial de Atacama amparo a su derecho de acceso a la información con contra de la Agencia Regional de Desarrollo Productivo de Atacama, fundado en no haber recibido respuesta a su solicitud dentro del término legal establecido en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, siendo ingresada dicha reclamación a este Consejo el 31 de agosto de 2011.

3) SUBSANACIÓN: En conformidad a lo prescrito en el artículo 46, inciso segundo, del Reglamento de la Ley de Transparencia, este Consejo Directivo acordó requerir al cuando atentara contra la honra de las personas y de las instituciones privadas, agregando que la institución que representa reviste este último carácter.reclamante que subsanara su amparo, en el sentido de acompañar copia de la solicitud de información que lo motivó, con constancia de su fecha de recepción por parte de la autoridad reclamada, siendo comunicada dicha solicitud mediante el Oficio N° 2.297, de 2 de septiembre de 2011. El reclamante dio cumplimiento a lo requerido el 6 de septiembre de 2011, acompañando la documentación respectiva.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: En virtud de lo anterior, el Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo al Sr. Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción (en adelante indistintamente CORFO) y a la Sra. Directora de la Agencia Regional de Desarrollo Productivo de Atacama, mediante el Oficio Nº 2.409, de 20 de septiembre de 2011. En atención a que las autoridades trasladadas no formularon sus descargos dentro del término establecido en el artículo 25, inciso segundo, de la Ley de Transparencia, este Consejo dispuso otorgar a la CORFO un plazo extraordinario de tres días hábiles a fin de que evacuara sus descargos, lo cual fue informado al enlace de dicha institución mediante correo electrónico. Dicha institución, a través de su Subgerente de Plataforma de Clientes formuló sus observaciones y descargos el 24 de octubre de 2011, señalando que no es competencia de la CORFO hacerse cargo de la reclamación, por cuanto la Agencia Regional de Desarrollo Productivo de Atacama cerró el 31 de diciembre de 2010, siendo de responsabilidad del GORE respectivo hacerse cargo de la reclamación, para lo cual adjuntó copia del Decreto del Ministerio de Justicia que otorga personalidad jurídica a la nueva Corporación para el Desarrollo de la Competitividad e Innovación de la Región de Atacama y de los Estatutos de la misma, precisando que de acuerdo a estos últimos es el Intendente Regional quien preside el directorio y responde judicial y extrajudicialmente de las actuaciones del nuevo órgano.

En virtud de lo anterior este Consejo trasladó la presente reclamación a la Sra. Intendenta de la Región de Atacama y al Sr. Gerente General de la Agencia Regional de Desarrollo Productivo de la Región de Atacama, a través del Oficio N° 2.889, de 3 de noviembre de 2011.

El 21 de noviembre de 2011, mediante el Ordinario N° 188, de 3 de noviembre de 2011, la Gerente General de la Corporación para el Desarrollo de la Competitividad de la Región de Atacama, formuló sus observaciones y descargos puntualizando, en resumen, lo siguiente:

a) La Corporación para el Desarrollo de la Competitividad e Innovación de la Región de Atacama no dio respuesta a la solicitud de información pues su naturaleza jurídica es la de una Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro, por lo que no le resultan aplicables las disposiciones de la Ley de Transparencia, en atención a lo dispuesto en sus artículos 1° N° 1 y 2°, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional del Gobierno Regional.

b) Expresa que mediante el Decreto N° 720, del Ministerio de Justicia, de fecha 8 de septiembre de 2010, se concedió personalidad jurídica y se aprobaron los Estatutos de la Corporación para la Competitividad e Innovación de la Región de Atacama, el que fue publicado en el Diario Oficial el 4 de noviembre de 2010.

Por su parte, la Intendenta de la Región de Atacama, el 21 de noviembre de 2011, mediante el Ordinario N° 1.357, formuló sus observaciones y descargos, reiterando las argumentaciones vertidas por la Corporación para el Desarrollo de la Competitividad, en cuanto a que no le resultarían aplicables las disposiciones de la Ley de Transparencia,sin perjuicio de lo cual agregó que en atención a lo establecido en el artículo 2° de la Ley de Transparencia, a lo dispuesto en los Estatutos de la Corporación para la Competitividad e Innovación de la Región de Atacama, en cuanto a su calidad miembro del directorio y presidenta de dicha entidad, y a lo preceptuado en el Capítulo VII del Asociativismo Regional que establece la Ley N° 19.175, es la Intendenta la autoridad competente para entregar la información solicitada. A continuación se refirió a los siguientes puntos comprendidos en la solicitud de información del Sr. Alquinta Donders, entregando la información que se indica:

a) Listado de proyectos de carácter científico de desarrollo escogidos; entrega un cuadro referido a los resultados de los concursos del Fondo de Innovación para la Competitividad (FI-R 2010) informando acerca del monto total de los mismos y por separado respecto del nombre del proyecto, ejecutor y monto adjudicado.

b) Destino de los dineros aprobados por el Consejo Regional; precisa que los dineros serán destinados a la realización de tres estudios, los cuales detalla informando acerca de sus nombres, descripción, objetivos y resultados esperados.

c) Base de datos de la CCIRA para ver la atingencia y necesidad de los estudios que ya han sido realizados en la Región de Atacama, nombre de los mismos y metodología para tales fines; indica que no cuenta con una base de datos de todos los estudios que se han realizado en la Región, puesto que cada ente que realiza estudios es autónomo y no existe exigencia legal que determine que algún organismo realice tal recopilación, no obstante lo cual informa que se tiene en carpeta realizar un proyecto que pueda recopilar dicha información.

d) Personas que componen el CCIRA, funciones directorio y otros; indica que en atención a lo dispuesto en la Ley N° 19.628, y a la naturaleza jurídica de la CCIRA, no parece conveniente vulnerar los derechos de quienes la componen, pues quien solicita información no fundamenta su petición.

e) Razones por las cuales no se tomaron en cuenta los proyectos del reclamante; señala que la solicitud formulada por el requirente no indica qué proyectos fueron presentados y a qué fondo de financiamiento postularon. Sin embargo, menciona que el concurso de iniciativas del Fondo de Innovación para la Competitividad de asignación regional, en términos generales, tiene como objetivo el financiamiento de iniciativas que promueven la competitividad regional, mediante la aceleración del emprendimiento innovador o generen condiciones habilitantes en el sistema de innovación y ecosistema general, mediante el fortalecimiento de redes para la innovación regional, fomento de la cultura de innovación y fomento de emprendimiento innovador, buscando financiar, según la Ley N° 20.241 y Decreto N° 68, de 23 de febrero de 2009, a iniciativas que han sido presentadas por: i) Universidades Estatales o reconocidas por el Estado; ii) Instituciones incorporadas en el Registro de Centros para la realización de actividades de investigación o desarrollo, establecido en la Ley N° 20.241 (Registro CORFO); iii) Institutos, Centros de Transferencia Tecnológica nacionales, públicos o privados, que cumplan con los requisitos establecidos en el Decreto N° 68, de 23 de febrero de 2009, del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción.

5) DESCARGOS U OBSERVACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE ATACAMA: En conformidad a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, este Consejo notificó la reclamación a la Universidad de Atacama, a fin de que formulara sus observaciones y descargos respecto de aquélla parte de la reclamación que ella concierne, siendo comunicada dicha solicitud a través del Ordinario N° 2.408, de 20 de septiembre de 2011. Por su parte, el rector de dicha casa de estudios formuló sus observaciones o descargos el 13 de octubre de 2011, mediante el Ordinario N° 102/11, informando respecto de las consultas formuladas por el peticionario en los siguientes términos:

a) Comienzo del proyecto

i. Señala que el proyecto de equipamiento comenzó en el momento en que fueron firmadas las bases para la adjudicación de equipos y compromisos de CONICYT, aprobadas por esta entidad en febrero del año 2011, y firmadas por el rector de la Universidad el 4 de septiembre del mismo año.

ii. Indica que el proyecto consta de dos financiamientos, uno de parte de CONICYT para la compra de equipos exclusivamente, y por otra parte financiamiento del GORE para efectos administrativos, cursos, salarios, reactivos muebles y reparaciones.

iii. Agrega que la segunda vía se encuentra en funcionamiento desde el año 2009, siendo sólo posible ejecutar las remodelaciones de laboratorios y licitación para reactivos dado que las etapas subsiguientes requieren de la adjudicación de equipos, las cuales aún se encuentran en tramitación, conforme a lo mencionado.

b) Personal a ocupar, áreas biotecnológicas y productos en genómica de los que se ocupará el proyecto: Sobre el particular señala que el proyecto consta de tres áreas temáticas de desarrollo, las cuales explica:

i. Biominería: Señala que en esta área se trabajará con personal de Pucobre en la identificación de consorcios de bacteria biolixiviantes por secuenciamiento, estando encabezado el equipo de Pucobre por el Dr. Juan Rivanedeira, quienes entregarán bacterias cultivadas las que serán procesadas en la Universidad en trabajo de extracción de ADN, y posteriormente será desarrollado en su primera etapa por el Sr. Patricio Porcile, quien es el director del proyecto, y posee el título de doctor en ciencias del área de la microbiología e inmunología molecular, para que posteriormente se incorporen técnicos (biólogos o bioquímicos) y/ o alumnos tesistas.

ii. Biomedicina: Precisa que en esta área el Dr. Patricio Manque de la Universidad Mayor, el Dr. Jorge Araya Rojas de la Universidad de Antofagasta, el Dr. Mauricio Carrasco Vergara del Hospital San José del Carmen, realizarán en conjunto con el director del proyecto estudios de HLA poblacional y generación de kits de diagnostico de loxoceles laeta y otros microorganismos e insectos, mientras que alumnos de tesis del área de la salud ejecutarán algunas experiencias en este módulo.

iii. Agraria: Indica que en esta importante área del desarrollo productivo regional se llevarán a cabo experimentos de interferencia de ARN para detección de sondas interferentes en oviporación de nematodos, lo cual se desarrollará con el auxilio de del Ingeniero Agrónomo Sr. Claudio Campos. Agrega que además se realizará la generación de bibliotecas genómicas y de plantas halofitas de la región con el Dr. Bernardo Sepulveda, con el objetivo de aislar y estudiar la halofilicidad. Asimismo, profesionales del área agronómica y técnicos de laboratorio desarrollarán estos aspectos en conjunto con el director del proyecto.

c) Equipamiento a utilizar: señala que se contempla la compra de PFGE para la caracterización cromosómica, de aparatos de electroforesis para la transferencia de gel, separación de bandas genómicas y posterior caracterización por sondas de ADN o ADR, de separadores de proteínas con evolución incorporada, termocicladores en tiempo real, sistemas de fotodocumentación, y generadores de agua ultra pura.

d) Información generada por el proyecto: señala que la información generada por el proyecto será publicada o bien en revistas científicas pertinentes o por medio de la prensa local, según corresponda.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, como cuestión previa, y dado que ha sido controvertido en esta sede, es necesario dilucidar si la Ley de Transparencia resulta aplicable a la Corporación para la Competitividad e Innovación de la Región de Atacama, CCIRA, denominada también indistintamente como Agencia Regional de Desarrollo Productivo de la Región de Atacama. Respecto de su denominación debe hacerse presente que los Estatutos de la Corporación para la Competitividad e Innovación de la Región de Atacama establecen en su artículo primero: «se constituye una corporación de derecho privado, sin fines de lucro, que se denominará “Corporación para la Competitividad e Innovación de la Región de Atacama”, la que también podrá usar el nombre de “Agencia Regional de Desarrollo Productivo de Atacama”».

2) Que, la CCIRA es una entidad que ha sido constituida como corporación de derecho privado, sin fines de lucro, en virtud de las normas contenidas en el capítulo VII –Del Asociativismo Regional– de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional de Gobiernos Regionales (incorporadas a dicho cuerpo legal por la modificación establecida en virtud de la Ley N° 20.035) conforme a lo que establece, en especial, su artículo 100, que en lo pertinente señala:

«Los gobiernos regionales podrán asociarse con otras personas jurídicas, para constituir con ellas corporaciones o fundaciones de derecho privado destinadas a propiciar actividades o iniciativas sin fines de lucro, que contribuyan al desarrollo regional en los ámbitos social, económico y cultural de la región». El inciso tercero de la misma disposición establece: «Las corporaciones o fundaciones de que trata el presente capítulo se regirán por las normas del Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil, por esta Ley y por sus propios estatutos. No les serán aplicables las disposiciones que se refieren al sector público, como tampoco las relativas a las demás entidades en que el Estado, sus servicios, instituciones o empresas tengan aportes de capital o representación mayoritaria o en igual proporción».

3) Que, a juicio de este Consejo, la declaración efectuada por el legislador en el inciso tercero del citado artículo 100, en orden a que no le resultarían aplicables las disposiciones referidas al sector público a ese tipo de corporaciones, debe ser interpretada a la luz del principio constitucional de publicidad consagrado como una de las bases de la institucionalidad en el artículo 8° inciso 2° de la Constitución Política y desarrollado en la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, máxime cuando dicho principio fue establecido en la Ley de Reforma Constitucional N° 20.050, de fecha posterior a la ya citada Ley N° 20.035, lo que obliga a realizar el análisis que sigue.

4) Que, en este contexto, para dilucidar si la Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, resulta aplicable a la entidad reclamada es pertinente, primeramente, aplicar los criterios que ha venido desarrollando este Consejo en las decisiones de los amparos Roles A211-09, A242-09, A327-09, C115-11 y reclamo Rol R23-09, entre otras, en relación a la aplicabilidad de la Ley de Transparencia a las Corporaciones Municipales, por cuanto se trata de entidades con las que la reclamada comparte su naturaleza jurídica de entidad de derecho privado.

5) Que, en las decisiones aludidas este Consejo ha afirmado que la utilización de formas organizativas privadas en el ámbito estatal, como las corporaciones o fundaciones de derecho privado sin fines de lucro, persigue una actuación más eficiente de la Administración del Estado en beneficio de los ciudadanos, pero que, en tanto estas entidades tengan un carácter evidentemente instrumental respecto de la misma Administración Pública, deben considerarse parte de ésta, resultándoles aplicable las disposiciones de la Ley de Transparencia como parte del estatuto mínimo de las organizaciones que integran la Administración del Estado.

6) Que, lo anterior presupone que el Estado tenga una participación y posición dominante en dichas entidades y que ésta realice funciones administrativas, pues en estos casos la naturaleza pública debe predominar por sobre la forma privada. Este Consejo estima que tal participación y/o posición dominante de la Administración Pública sobre una entidad de Derecho Privado, con la consecuente relación de instrumentalidad, viene dada por tres elementos básicos, a saber:

a) La concurrencia mayoritaria o exclusiva de órganos públicos en su creación.

b) La integración de sus órganos de decisión, administración y control por autoridades o funcionarios públicos o personas nombradas por éstos (integración o conformación públicas de los órganos de decisión, administración y control); y

c) La realización de funciones administrativas (función pública administrativa).

7) Que, siendo la Corporación para el Desarrollo de la Competitividad e Innovación de la Región de Atacama o Agencia Regional de Desarrollo Productivo de Atacama una persona jurídica de derecho privado, de acuerdo a lo que indican sus estatutos, constituida conforme a lo dispuesto en la Ley N° 19.175, corresponde analizar si a su respecto concurre cada uno de los tres requisitos señalados en el considerando precedente, y si, de esta forma, le resulta o no aplicable las disposiciones de la Ley de Transparencia, determinando, así, si dicha corporación queda comprendida en el artículo 2°, inciso 1°, del citado cuerpo legal, por tratarse de un órgano o servicio público creado para el cumplimiento de la función administrativa.

8) Que, en cuanto al requisito de concurrencia mayoritaria o exclusiva de órganos públicos en su creación (decisión pública de creación), cabe consignar que la creación de la Corporación para el Desarrollo de la Competitividad e Innovación data del año 2010, durante el cual obtuvo su personalidad jurídica otorgada mediante el Decreto Supremo Nº 720, del Ministerio de Justicia, publicado en el Diario Oficial de 4 de noviembre del mismo año, producto de lo acordado en la respectiva sesión constitutiva, que fuera presidida por la Intendenta Regional de Atacama en su calidad de representante del Gobierno Regional y con la participación de quienes se indica en la respectiva escritura pública en que consta el acto constitutivo y estatutos del organismo. Respecto de este punto debe señalarse los siguiente:

a) Como ya se ha señalado, el artículo 100, inciso primero, de la Ley N° 19.175, autoriza a los gobiernos regionales para asociarse con otras personas jurídicas, a efectos de constituir con ellas corporaciones o fundaciones de derecho privado destinadas a propiciar actividades o iniciativas sin fines de lucro, que contribuyan al desarrollo regional en los ámbitos social, económico y cultural de la región. A su turno, el artículo 101, inciso primero, del mismo cuerpo legal establece que la formación de estas corporaciones o fundaciones, o su incorporación a ellas previa proposición del intendente, requerirá el acuerdo de los dos tercios del Consejo Regional. Por su parte, el artículo sexto de sus Estatutos establece que podrán ser socios de la corporación sólo personas jurídicas, tanto de derecho público como privado, constituidas en conformidad a la legislación chilena.

b) Según establecen sus estatutos (artículo vigésimo tercero), la CCIRA es dirigida y administrada por un Directorio compuesto por 11 (once) miembros, de los cuales seis deberán pertenecer al sector público y cinco al sector privado o educativo. Integran el directorio como personas pertenecientes al sector público: (i) el Intendente(a) Regional de Atacama, quien preside el directorio; (ii) cuatro personeros representantes del Gobierno Regional de Atacama o del sector público designados por el Consejo Regional a proposición del Intendente Regional, y (iii) el Director Regional de Atacama de la CORFO.

c) En virtud de lo antes expuesto, concurrieron a la constitución de la Corporación para el Desarrollo de la Competitividad, la Intendenta Regional de Atacama en su calidad de órgano ejecutivo y como representante del Gobierno Regional de Atacama, siendo designados como miembros titulares del directorio en representación de las entidades públicas de la Región de Atacama que se indican, las siguientes autoridades públicas: el Director Regional de la CORFO, el Director Regional del SERCOTEC, el SEREMI de Minería, el SEREMI de Agricultura, el SEREMI de Economía; además los representantes de las siguientes del sector privado: La Asociación Gremial de Industriales Pesqueros y Cultivos Marinos de la Tercera Región; la Asociación de Productores y Exportadores Agrícolas del Valle de Copiapó; la Cámara de Turismo de Caldera; Compañía Minera Nevada; y la empresa Aguas Chañar Ltda.

Todo lo anterior, sumado a lo que se indicará a continuación, evidencia que la creación de esta corporación no fue realizada en forma privada en ejercicio de la libertad de asociación, sino que, por el contrario, fue efectuada a instancias del poder público, por personeros que actuaron como representantes de los mismos, en virtud de una facultad otorgada expresamente por el legislador, lo que fuerza a concluir que existe una decisión pública en su creación.

9) Que, por su parte, en lo relativo a la integración de sus órganos de decisión, administración y control por autoridades o funcionarios públicos o personas nombradas por éstos (integración o conformación públicas de los órganos de decisión, administración y control), es menester señalar, junto con lo establecido en los estatutos –Título Cuarto– en cuanto a los integrantes del directorio como representantes del sector público y su forma de designación, según se ha descrito en el literal b) del considerando precedente, lo siguiente:

a) Conforme preceptúa el artículo trigésimo primero de los estatutos de la CCIRA, el Intendente Regional de Atacama en su calidad de presidente del directorio, lo es también de la Corporación y la representa judicial y extrajudicialmente, correspondiéndole el ejercicio de las facultades propias de esta dirección superior.

b) A su turno, el artículo trigésimo quinto de los mismos estatutos, establecen que el Gerente General de la Corporación debe ser nombrado por el directorio, previo concurso público. y se mantendrá en sus funciones mientras cuente con la confianza del mismo directorio.

c) El artículo 103 de la Ley N° 19.175 establece que las corporaciones y fundaciones deberán rendir anualmente cuenta documentada al gobierno regional respectivo acerca de sus actividades y del uso de sus recursos, agregando que ello se entiende sin perjuicio de la fiscalización que deberá ejercer el consejo directamente a través de las unidades que determine, respecto del uso de los aportes efectuados por éste. Ello se ve refrendado por lo que disponen los citados estatutos, en su Título Octavo, referido a la Fiscalización Contable de la Corporación, artículo trigésimo séptimo, en cuanto a que: «[a]tendida la naturaleza especial de la presente entidad, en la cual participa el Gobierno Regional de Atacama en la forma establecida en los artículos cien y siguientes de la Ley N° 19.175, (…) la fiscalización contable sobre la gestión del Directorio y de la Corporación, se efectuará de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 103 y 104 de la Ley ya citada. Lo anterior se entiende sin perjuicio de que la Asamblea General Ordinaria, al conocer de la Cuenta del Directorio, pueda ordenar la contratación de una auditoría externa».

De este modo, es manifiesto que existe una integración o conformación con control predominantemente público en los órganos de decisión, administración y control de la CCIRA.

10) Que, por último, en lo que respecta a la naturaleza administrativa de las funciones desempeñadas (función pública administrativa) por el CCIRA, el ya citado artículo 100 de la Ley N° 19.175, establece como objetivo de las corporaciones o fundaciones constituidas por el Gobierno Regional el propiciar actividades e iniciativas sin fines de lucro, que contribuyan al desarrollo regional en los ámbitos social, económico y cultural de la región, estableciendo asimismo que dichas corporaciones o fundaciones podrán realizar, entre otras acciones, estudios orientados a identificar áreas o sectores con potencial de crecimiento, estimular la ejecución de proyectos de inversión, fortalecer la capacidad asociativa de pequeños y medianos productores, promover la innovación tecnológica, incentivar las actividades artísticas y deportivas, estimular el turismo intraregional, mejorar la eficiencia de la gestión empresarial y efectuar actividades de capacitación. Estos lineamientos legislativos son recogidos por los artículos cuarto y quinto de los estatutos de la CCIRA, que especifican sus objetivos y delinean de manera precisa sus funciones. En efecto, los objetivos de la CCIRA, conforme a sus estatutos, consisten en: (i) promover y dinamizar en desarrollo productivo regional; (ii) contribuir al mejoramiento de la competitividad regional; (iii) promover y dinamizar la generación y desarrollo de proyectos de investigación, innovación y trasferencia tecnológica en la región; (iv) liderar y promover el desarrollo de la actividad turística regional y su promoción en el extranjero; y (v) en general, las destinadas a propiciar actividades e iniciativas sin fines de lucro y que contribuyan al desarrollo económico regional. Por otro lado, las funciones específicas que corresponden al organismo resultan funcionales al enfoque y objetivos de la entidad.

Si se tiene en cuenta lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley N° 19.175, que fija la misión principal del Gobierno Regional en orden al desarrollo social, cultural y económico de la región, puede concluirse que las corporaciones o fundaciones creadas por dichos gobiernos como formas de asociatividad regional –entre las cuales, ciertamente, se cuenta la CCIRA–, en la medida que prestan apoyo precisamente en el cumplimiento de dicha misión, no obstante ser constituidas como entidades de derecho privado, ejercen indefectiblemente funciones públicas.

Identificando la naturaleza de sus funciones, cabe consignar que las Agencias Regionales de Desarrollo Productivo, en sus inicios, constituyeron comités o agencias integrantes de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), establecidas como un espacio de trabajo público-privado responsable de contribuir al desarrollo sustentable y el mejoramiento de la competitividad regional, correspondiéndoles en general, dar orientación y coherencia al sistema público de fomento, con foco en las prioridades regionales. Bajo esta misma idea matriz, la página web de la CORFO se informa sobre los objetivos estratégicos de estas entidades (link: http://www.corfo.cl/regiones/los_lagos/agencia_regional_de_desarrollo_productivo).

Otros antecedentes en este mismo sentido lo constituyen, p. ej. la Agenda Regional de Desarrollo Productivo de la Región de La Araucanía, donde se informa respecto de las Agencias Regionales de Desarrollo Productivo señalándose: «[c]readas en el marco del Programa de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, las Agencias representan la voluntad de descentralizar el país, trasladando a las regiones, las decisiones de fomento productivo e innovación, desde la convicción de que existe la necesidad, capacidad y liderazgo regional para hacerlo»; asimismo, en la página web de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), se informa que: «[l]as agencias fueron creadas en el año 2006 como una iniciativa del último Gobierno de la Concertación, constituyendo una instancia de colaboración público-privada, tendiente a agilizar la descentralización de las decisiones sobre el desarrollo productivo en el ámbito subnacional»; en este mismo sentido, la página web de la misma CCIRA alude al enfoque de las Agencias Regionales de Desarrollo Productivo, informando que «Las Agencias Regionales de Desarrollo Productivo representan un nuevo enfoque en la manera en que Chile aborda su desarrollo económico: desde las Regiones y con la participación de los actores locales, tanto públicos como privados. Su implementación constituye un paso trascendental en materia de descentralización. Radica en las Regiones -en sus autoridades, empresarios y empresarias, universidades y centros de investigación, sociedad civil- la definición de una visión estratégica de largo plazo, que guíe las acciones públicas y privadas de emprendimiento, fomento e innovación, así como, progresivamente, la asignación de fondos y eventual adecuación de instrumentos de apoyo a estas materias».

Como ya se ha señalado, la Ley N° 20.035 introdujo modificaciones a la Ley N° 19.175, incorporando a dicho cuerpo legal el Capítulo VII, denominado del “Asociativismo Regional”, en cuya virtud autorizó a los Gobiernos Regionales la creación para asociarse con otras personas jurídicas, o constituir con ellas corporaciones o fundaciones de derecho privado destinadas a propiciar actividades o iniciativas sin fines de lucro, que contribuyan al desarrollo regional en los ámbitos social, económico y cultural de la región (artículo 100). En este contexto, las Agencias Regionales de Desarrollo Productivo ––entre las cuales figura la CCIRA–– se han constituido como corporaciones de derecho privado al alero de la mencionada disposición, pero sin perder lo que fue y ha sido su enfoque tradicional, es decir, dichas entidades constituyen actualmente organismos sucesores de las Agencias Regionales de Desarrollo Productivo, creadas bajo una modalidad de asociativismo regional, vinculadas estrechamente a los Gobiernos Regionales, siendo su misión llevar a cabo la elaboración, actualización e implementación de las agendas regionales de desarrollo productivo y de los programas de mejoramiento de la competitividad. Así figura, por lo demás, en las Leyes de Presupuesto del Sector Público de los años 2009, 2010 y 2011, en lo que respecta al presupuesto asignado a la CORFO, Agencias Regionales de Desarrollo Productivo (01,02), partida N°07.06.04. Glosas 01. 02. 03.

De este modo, puede concluirse que la CCIRA constituye parte de una política pública cuyo objetivo es promover el desarrollo económico del país instando por la toma de decisiones a nivel regional, descentralizadamente, en especial, en lo referido a la priorización del gasto en materia de innovación y emprendimiento, siendo sus actuaciones de una marcada relevancia pública, lo que permite atribuir este mismo carácter a sus funciones, máxime cuando se corresponden con aquellas que tocan a la Corporación de Fomento Productivo (CORFO) como entidad encargada de promover la innovación y emprendimiento en el país, especialmente aquella establecida en el artículo 6°, letra a) del D.F.L N° 211, que fija las normas por las que se regirá la CORFO, a saber: «Servir al Estado de organismo técnico asesor para promover y coordinar la inversión de los recursos fiscales, orientándolos hacia fines de fomento a la producción y para armonizar la acción del Estado con las inversiones de los particulares en igual sentido, tratando de dar a los recursos de que se puede disponer el destino más adecuado. Para estos efectos, los programas de inversión a mediano y largo plazo elaborados por la Corporación, deberán coordinarse con los Presupuestos nacionales anuales».

11) Que, como corolario de lo anterior el artículo 101 de la Ley N° 19.175, establece que las mencionadas entidades, al menos en parte, reciben financiamiento público para el ejercicio de sus funciones. En efecto, la norma citada señala que: «El aporte anual del gobierno regional por este concepto no podrá superar, en su conjunto, el 5% de su presupuesto de inversión. Sin perjuicio de lo anterior, la Ley de Presupuestos de cada año podrá aumentar dicho porcentaje límite. En ningún caso el aporte correspondiente a

los gobiernos regionales podrá financiarse mediante la contratación de empréstitos. Los fondos necesarios para el funcionamiento de las asociaciones, en la parte que corresponda al aporte regional, se consignarán en los presupuestos regionales respectivos. Sin perjuicio de lo anterior, los programas y/o proyectos que ejecuten estas entidades sólo podrán ser financiados hasta en un 50% con recursos de los gobiernos regionales». Es así como desde el año 2007 en adelante, las Agencias Regionales de Desarrollo Productivo han recibido fondos públicos con cargo a las Leyes de Presupuesto de los años respectivos2.

2 Así, en la Ley N° 20.043, sobre Presupuesto del Sector Público para el año 2011, en lo relativo a la Corporación de Fomento de la Producción Agencias Regionales de Desarrollo Productivo (01,02), partida 7, capítulo 06, programa 04, contempla ítems Específicamente, respecto de la CCIRA cabe consignar que la Ley N° 20.557, sobre Presupuestos del Sector Público para el año 2012, en la partida correspondiente al Gobierno Regional de Atacama 63.02/01.784 denominado «CCIRA-Desarrollo de un Modelo Destinado al Mejoramiento de la Competitividad Regional», atribuye a dicho organismo para el efecto indicado un monto que asciende a 42.040 (miles de $).

12) Que, en consecuencia, atendida la disposición pública de su creación; su orgánica; la composición de sus instancias decisorias y de administración; la naturaleza pública de sus funciones y de su financiamiento, este Consejo estima que la Corporación para el Desarrollo de la Competitividad e Innovación de la Región de Atacama, se encuentra sujeta a la Ley de Transparencia, quedando precisamente comprendida en su artículo 2°, inciso 1°, en cuanto se trata de un órgano o servicios público creado para el cumplimiento de la función administrativa, según lo razonado precedentemente. Por tanto, es manifiesto que la reclamada debió pronunciar respuesta a la solicitud en conformidad a lo prescrito en el artículo 14 de la Ley de Transparencia.

13) Que, establecido lo anterior, debe precisarse que el requerimiento consignado en la letra a) de la solicitud de acceso (en orden a que se le explicara en qué situación particular se está atentando en contra de la honra de las personas) no se refiere específicamente a un determinado acto, documento o antecedente en poder de la Administración del Estado, en los términos definidos por el artículo 3°, letra e), del Reglamento de la Ley de Transparencia, sino que constituye una solicitud destinada a provocar un pronunciamiento por parte de la autoridad del servicio o la elaboración de una explicación sobre eventuales circunstancias de hecho respecto de las cuales el solicitante requiere una aclaración, no constituyendo, por tanto, una solicitud de acceso a información pública, en los términos del artículo 10 de la Ley de Transparencia, circunscribiéndose más bien en el ámbito del derecho de petición consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política, cuestión que no resulta de competencia de este Consejo. En virtud de ello, se rechazará el amparo en esta parte.

14) Que, al tenor de lo dispuesto en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, debe estimarse pública la información sobre que versan las consultas del solicitante descritas en el literal b) del N°1 de lo expositivo de este acuerdo.

15) Que, la Intendenta Regional de Atacama, al formular sus descargos en esta sede, se pronunció con respecto cada una de las consultas descritas precedentemente informando acerca de aquello solicitado por el reclamante. Por este motivo, si bien se acogerá el amparo en razón de la falta de respuesta de la reclamada, se tendrá por entregada extemporáneamente la información descrita con la notificación de la presente decisión, en virtud del principio de facilitación consagrado en el artículo 11, letra f) de la Ley de Transparencia, adjuntándose a la misma una copia de los descargos formulados por la autoridad señalada de gastos destinados al financiamiento de dichas entidades. En efecto, la Glosa N° 1 establece: «para la elaboración, actualización e implementación de las Agendas Regionales de Desarrollo Productivo y de los Programas de Mejoramiento de la Competitividad, las Agencias Regionales de Desarrollo Productivo o las Corporaciones constituidas como sucesoras, deberán tener en consideración las proposiciones que formule el Gobierno Regional, a través s del Intendente respectivo, pudiendo estar referidas a criterios de priorización, elegibilidad, localización u otros. La Glosa N° 2 establece: «CORFO pondrá a disposición de las Corporaciones que se constituyan como sucesoras de las actuales Agencias Regionales de Desarrollo Productivo, con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo VII de la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno Regional y Administración Regional, servicios de gerenciamiento y de aprovisionamiento de bienes club de los Programas de Mejoramiento de la Competitividad, financiados con cargo al Contrato de Préstamo celebrado con el BID N°1829/OC-CH. Los contratos que se celebren para la adquisición de estos bienes y servicios serán suscritos y pagados por CORFO sin que se realice transferencia de recursos a estas Corporaciones».

16) Que, en lo que concierne a las personas que componen la CCIRA, en particular su Directorio y otras reparticiones, además de las funciones que ejercen –literal c) del N° 1– debe señalarse que dicha información reviste carácter público al constituir una de las materias que se extiende el deber de transparencia activa de los servicios públicos, según establece el artículo 7° literal d) de la Ley de Transparencia y reglamenta el artículo 51, letra d), de su Reglamento y los numerales 1.4 de las Instrucciones Generales N° 4, 7 y 9 pronunciadas por este Consejo. Respecto a la alegación formulada por la reclamada referida a que la divulgación de la antedicha información supondría vulnerar la privacidad de sus trabajadores en razón de lo establecido en la Ley N° 19.628, sobre protección de la Vida Privada, cabe señalar que este Consejo ha descartado tales argumentaciones, como puede advertirse en la decisión del amparo Rol C203-10, cuyo considerando 13° se transcribe a continuación:

«13) Que, por otra parte, sobre la afectación del derecho a la vida privada de los trabajadores, este Consejo ha sentado como principio fundamental que la esfera de privacidad de aquel personal que trabaja para la Administración del Estado, cuya nómina y remuneración debe publicarse en el sitio web de cada servicio conforme al artículo 7º, letra d), de la Ley de Transparencia, es más reducida que la del resto de las personas en virtud, precisamente, de las funciones que ejercen. En refuerzo de esta tesis se ha sostenido que la Ley N° 19.733, conocida también como la Ley de Prensa, en su artículo 30 califica como hechos de interés público los referentes al desempeño de funciones públicas. Así se estableció en la decisión del amparo Rol A95-09, de 29 de junio de 2010, donde se ordenó entregar el currículum vítae de los directores de una corporación municipal. De igual modo, se han considerando públicos los puntajes finales de las calificaciones de los funcionarios, en tanto, “mecanismo de rendición de cuentas no sólo ante las jefaturas, sino también ante la sociedad, pues se trata de un procedimiento y de información referente al desempeño de funciones públicas, no a información referida a la esfera privada de los funcionarios” (decisiones A10-09 y A126-09, de 31 de julio de 2009). Idéntico criterio se ha aplicado respecto de otros instrumentos de medición de desempeño (decisión A323-09, de 20 de noviembre de 2009) y los registros de asistencia (decisiones A181-09, de 15 de julio de 2009, y C434-09, de 27 noviembre de 2009)».

A mayor abundamiento, este Consejo, frente a una alegación similar efectuada por la Corporación Municipal de Punta Arenas con ocasión del reclamo Rol C480-11, concluyó indicando que la publicidad en comento «(…) responde a la ponderación ex ante efectuada por el legislador a fin de que la ciudadanía se encuentre informada permanentemente de quienes ejercen la función pública, satisfaciendo de este modo el principio de publicidad de la función pública establecido en el artículo 8° de la Constitución Política de la República» (considerando 7°).

17) Que, en mérito de lo anterior, se requerirá a la reclamada que entregue al solicitante la información descrita en el considerando que antecede, requiriéndole asimismo que en cumplimiento a sus deberes de transparencia activa incorpore dicha información en su página web, toda vez que revisada esta última, http://www.ardpatacama.cl/web/index.php?action=documento&id_documento=5, se ha podido constatar que aquella no se encuentra disponible en forma específica respecto de la CCIRA, tal como lo exige la Instrucción General N° 4, pues en el banner gobierno transparente de dicho sitio web existe sólo un enlace hacia la plataforma de transparencia activa de la CORFO sin que sea posible distinguir respecto de las materias concernientes a la Corporación para el Desarrollo de la Competitividad de la Región de Atacama.

18) Que, por su parte, la Universidad de Atacama debidamente emplazada en esta sede como tercero, no manifestó oposición a la entrega de la información que a ella concierne ––literal d) del N° 1 de lo expositivo––, sino que, por el contrario, proporcionó de forma precisa la información solicitada, manifestando su disposición a entregarla al solicitante, razón por la cual ésta le será remitida conjuntamente con la notificación del presente acuerdo, en los mismos términos expuestos en el considerando 15) precedente.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo interpuesto por don Richards Alquinta Donders, por ausencia de respuesta a la solicitud de información que le da origen, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente, sin perjuicio de lo que se indicará en los resuelvos siguientes.

II. Remitir al reclamante, excepcionalmente y en virtud del principio de facilitación, conjuntamente con la notificación de esta decisión, copia del Ordinario N° 1.357, de 18 de noviembre de 2011, de la Sra. Intendenta Regional de Atacama, y copia del Ordinario N° 2.408, de 20 de septiembre de 2011 del Rector de la Universidad de Atacama.

III. Requerir a la Sra. Intendenta Regional de Atacama, en su calidad de presidenta de la Corporación para el Desarrollo de la Competitividad de Atacama:

a) Entregar al reclamante información relativa a las personas que componen la CCIRA, en particular su Directorio y sus otras reparticiones, además de las funciones que aquéllas ejercen.

b) Cumplir dicho requerimiento dentro de un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que quede ejecutoriado el presente acuerdo, bajo el apercibimiento de proceder conforme lo disponen los artículos 46 y siguientes de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de dicho requerimiento, enviando copia de los documentos en que conste la entrega de información al domicilio Morandé N° 115, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, para efectos de verificar el cumplimiento de esta decisión.

d) Incorporar, en la próxima actualización mensual que corresponda, la información concerniente a su personal y remuneraciones, así como toda aquella concerniente a los diversos tópicos de transparencia activa, en su página web mediante un link específicamente referido a la Corporación para el Desarrollo de la Competitividad de la Región de Atacama, en conformidad a lo prescrito en los artículos 7° de la Ley de Transparencia y 51 de su Reglamento letra d), y a lo instruido en las Instrucciones Generales N° 4, 7 y 9 pronunciadas por este Consejo sobre la materia.

IV. Remitir copia de la presente decisión a la Sra. Directora de Fiscalización a efectos de que evacue un informe sobre el nivel de cumplimiento de las deberes de transparencia activa de parte de la Corporación para el Desarrollo para la Competitividad de la Región de Atacama y haga especial seguimiento al cumplimiento de lo indicado en el literal d) del resuelvo que antecede.

V. Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a don Richards Alquinta Donders; a la Sra. Intendenta Regional de Atacama, en su calidad de Presidenta de la Corporación para el Desarrollo de la Competitividad de la Región de Atacama; a la Sra. Gerente General de la Corporación para el Desarrollo de la Competitividad de la Región de Atacama y al Sr. Rector de la Universidad de Atacama.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en los artículos 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. No procede, en cambio, el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que la Consejera doña Vivianne Blanlot Soza no concurrió a esta sesión.

Certifica el Director General (S) del Consejo para la Transparencia, don Enrique Rajevic Mosler.