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Mario Méndez Méndez con SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO REGIÓN DE ANTOFAGASTA Rol: C7435-19

Consejo para la Transparencia, 07/07/2020

Se acoge el amparo deducido en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Antofagasta, ordenando la entrega de un reporte de los metros cuadrados de pavimentos de calzadas y veredas ejecutados por SERVIU de la Región de Antofagasta, separadas por materialidad, hormigón, asfalto o en hormigón y baldosas, respectivamente, ya sea nuevos pavimentos o reconstrucción de los existentes, desde el año 2013 al año 2019. Lo anterior, por haberse desestimado la concurrencia de la causal de reserva relativa a la distracción indebida de los funcionarios, toda vez que no se acreditó fehacientemente dicha causal.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Gestión y administración territorial (Urbanismo)
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C7435-19

Entidad pública: Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Antofagasta.

Requirente: Mario Méndez Méndez.

Ingreso Consejo: 30.10.2019

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Antofagasta, ordenando la entrega de un reporte de los metros cuadrados de pavimentos de calzadas y veredas ejecutados por SERVIU de la Región de Antofagasta, separadas por materialidad, hormigón, asfalto o en hormigón y baldosas, respectivamente, ya sea nuevos pavimentos o reconstrucción de los existentes, desde el año 2013 al año 2019.

Lo anterior, por haberse desestimado la concurrencia de la causal de reserva relativa a la distracción indebida de los funcionarios, toda vez que no se acreditó fehacientemente dicha causal.

En sesión ordinaria N° 1112 del Consejo Directivo, celebrada el 7 de julio de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C7435-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 27 de septiembre de 2019, don Mario Méndez Méndez solicitó al Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Antofagasta, lo siguiente: "Solicito reporte de los metros cuadrados de pavimentos de calzadas y veredas ejecutados por SERVIU (calzadas separadas por materialidad, hormigón, asfalto y veredas separadas en hormigón y baldosas), ya sea nuevos pavimentos o reconstrucción de los existentes desde el año 2013 al año 2019 inclusive (incluyendo pavimentos participativos y ejecuciones SERVIU para transantiago u otros mandatos, incluyendo los que SERVIU haya mandatado al MOP). Incluir separadamente la ejecución con fondos particulares".

2) RESPUESTA: El 24 de octubre de 2019, mediante Resolución Exenta N° 2383, el órgano otorgó respuesta a la solicitud, denegando la entrega de la información solicitada en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia, y señalando en síntesis, que "SERVIU Región de Antofagasta no lleva un registro de la información requerida en el estado de clasificada que indica el solicitante. El carácter genérico de la solicitud y el elevado número de antecedentes que implica su otorgamiento, lo que requiere distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento habitual de sus labores".

3) AMPARO: El 30 de octubre de 2019, don Mario Méndez Méndez dedujo amparo a su derecho de acceso en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Antofagasta, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información. Asimismo, alegó que "1.por no llevar un registro de ella (lo que es grave pues ellos deben gestionar las vías desde el punto de vista técnico, y son quienes aprueban los proyectos de pavimentación según ley 8946); 2.por distraer funcionarios para su elaboración (la información debieran tenerla siempre disponible, otros Serviu con más obras si la llevan y me la han entregado); 3. por lo genérico de la solicitud (la solicitud es bien clara no es genérica, se pide metros cuadrados de las obras) todos argumentos de este serviu son falaces, pues la información si la obtuve del Serviu metropolitano respecto de su región, organismos que tiene un volumen enorme de obras. Me parece poco criterioso declarar esta información como reservada tras mi solicitud, más aun cuando no hay ningún riesgo de poner en peligro al estado, más bien parece un intento por ocultar su falta de prolijidad, falta de seguimiento y abandono de deberes".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo, y mediante oficio N° E18178, de fecha 18 de diciembre de 2019, confirió traslado al Sr. Director Regional del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Antofagasta, notificando el reclamo y solicitando que formule sus descargos u observaciones.

Mediante Ord. N° 35, de fecha 6 de enero de 2020, el órgano evacuó sus descargos, y junto con reiterar lo señalado en su respuesta, agregó en síntesis, que "SERVIU Región de Antofagasta no cuenta con un registro de los metros cuadrados de los pavimentos de calzadas y veredas ejecutadas por SERVIU separadas en hormigón y baldosas en la situación de clasificada requerida por el reclamante (...) la comparación con otros Servicios de Vivienda y Urbanización no es atendible (...) pues los SERVIU son órganos independientes entre sí, y la forma de llevar sus registros son generados en cada región, salvo que exista instrucción expresa otorgada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, instrucción que sobre el particular no existe".

Acto seguido, manifestó que "Nuestro Servicio mantiene un sistema de registro de los pavimentos ejecutados que contiene los siguientes caracteres: el nombre de la licitación, proyecto, financiamiento, cantidad de pavimentos por metros cuadrados, y de soleras tipo subclasificadas en Tipo A y B, desde el año 2013, en adelante, planilla que se adjunta", reiterando su denegación de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia, agregando que "conforme a instrucción de la Contraloría General de la República mediante el Oficio Circular N° 28.704, de 1981, sobre disposiciones y recomendaciones referentes a eliminación de documentos, recomienda mantener los documentos del área operacional por un plazo máximo de 5 años".

Posteriormente, mediante Ord. N° 294, de fecha 23 de enero de 2020, el Servicio complementó sus descargos, indicando que la unidad encargada de la revisión de pavimentos cuenta con un total de 7 funcionarios, 4 de los cuales se refieren específicamente a la revisión de proyectos, requiriendo un total de 66 horas hombres por funcionario, para revisar la cantidad de 18.000 metros lineales de construcción en proyectos, en la actualidad, y que existe una sobrecarga laboral con la propia gestión, y para obtener la información debe revisar las bases administrativas y los estados de pago, paralizando la unidad por un total de 504 horas, esto es, 8 días hábiles por funcionario, o un total de 14 días hábiles si solo se destina a 4 funcionarios, o 56 días si solo se encarga a un funcionario. Finalmente, agregó que "que la información requerida no existe en la calidad de clasificada que exige el reclamante, efectivamente el servicio al momento de licitar establece la materialidad de las obras, metros lineales, calles y tramos a intervenir, sin embargo, en terreno finalmente puede variar la situación, como igualmente varían los metros cuadrados contratados, todo resguardado mediante los respectivos aumentos y disminuciones de obras que exige la ley, siendo el itemizado con partidas ejecutadas que se genera al momento de autorizar los estados de pago, el documento fidedigno que los supervisores de obras generan y que en su conjunto con la documentación de los proyectos permitiría realizar un catastro, pero bajo las condiciones que se explican en el numeral anterior, esto es, destinando a gran parte del personal del servicio para generar la información", adjuntando copia de las resoluciones que disponen la reestructuración orgánica del Servicio y un informe sobre la cantidad de horas hombre para la revisión de proyectos.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa por parte del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Antofagasta, a la solicitud de información del reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere a un reporte de los metros cuadrados de pavimentos de calzadas y veredas ejecutados por SERVIU, separadas por materialidad, hormigón, asfalto o en hormigón y baldosas, ya sea nuevos pavimentos o reconstrucción de los existentes, desde el año 2013 al año 2019, incluyendo pavimentos participativos y ejecuciones SERVIU para transantiago u otros mandatos, y los que SERVIU haya mandatado al MOP, así como también, incluir separadamente la ejecución con fondos particulares. Al respecto, el órgano denegó la entrega de la información, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia.

2) Que, en primer lugar, cabe tener presente que el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.

3) Que, en segundo lugar, el órgano denegó su entrega fundado en la causal de reserva del artículo 21 N°1, letra c) de la Ley de Transparencia, el cual dispone que se podrá denegar el acceso a la información, cuando su entrega afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, especialmente "tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales". Asimismo, el artículo 7, N° 1, letra c) del Reglamento de dicha ley, establece que "se considera que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales".

4) Que, en virtud de lo expuesto, y según lo razonado por este Consejo en la decisión del amparo rol C1336-16, cabe determinar si, en la especie, concurren los hechos constitutivos de la referida causal, y teniendo en consideración que su atención podría implicar, para tales funcionarios, la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, al cumplimiento de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a esa persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás personas. En este sentido, acorde con lo dispuesto en el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, dichos órganos se encuentran sujetos al deber de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, debiendo observar, entre otros, los principios de eficiencia y eficacia.

5) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que esta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras circunstancias.

6) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, éste no ha sido precisamente el estándar demostrado por el órgano reclamado.

7) Que, en el presente caso, si bien el órgano señaló que no tiene un registro con los datos consultados, indicó la cantidad de funcionarios necesarios para recabar la información, la cantidad de horas hombre o jornadas de trabajo que aquello requiere, y la cantidad de metros lineales de pavimentos ejecutados, el propio Servicio remitió una planilla con el registro de los proyectos de pavimentación ejecutados desde el año 2013 en adelante, y la cantidad de metros cuadrados de cada uno de ellos, informando 5 proyectos para el año 2013, 6 para el año 2014, 10 para el 2015, 7 en el 2016, 5 para el 2017, 7 en el 2018, y 8 en el 2019, lo que da un total de 48 proyectos de pavimentación a revisar, cantidad de documentos que no permiten tener por configurada la causal alegada. Asimismo, el Servicio no especificó la cantidad de documentos que revisar, ni la forma en que dicha documentación se mantiene almacenada, ni ningún otro fundamento que permita tener por acreditada, de manera fehaciente e indubitada, la concurrencia de la causal de reserva de distracción indebida, teniendo presente que por tratarse de normas de derecho estricto, dichas causales de secreto deben aplicarse en forma restrictiva, y teniendo en consideración que la información faltante se refiere únicamente a la materialidad de cada uno de los proyectos aludidos, por lo que este Consejo estima que las alegaciones del órgano no revisten una magnitud tal que permitan tener por acreditada la hipótesis prevista en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.

8) Que, en consecuencia, tratándose de información pública que obra en poder del órgano reclamado, y habiéndose desestimado la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, ordenando la entrega de la información solicitada.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo interpuesto por don Mario Méndez Méndez en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Antofagasta, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director Regional del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Antofagasta, lo siguiente:

a) Entregar al reclamante un reporte de los metros cuadrados de pavimentos de calzadas y veredas ejecutados por SERVIU de la Región de Antofagasta, separadas por materialidad, hormigón, asfalto o en hormigón y baldosas, respectivamente, ya sea nuevos pavimentos o reconstrucción de los existentes, desde el año 2013 al año 2019, incluyendo pavimentos participativos y ejecuciones SERVIU para transantiago u otros mandatos, y los que SERVIU haya mandatado al MOP, así como también, incluir separadamente la ejecución con fondos particulares.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 15 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Mario Méndez Méndez y al Sr. Director Regional del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Antofagasta.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.