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Fernando Antonio Viveros Reyes con MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO Rol: C3733-20

Consejo para la Transparencia, 07/07/2020

Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de Coquimbo, sin señalar el fundamento del mismo. Al efecto, acompaña solicitudes efectuadas en su calidad de Concejal al Alcalde de la comuna, en virtud del artículo 79 letra h) de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. El Consejo declara inadmisible el amparo, toda vez que la solicitud de acceso no se ejerció en los términos señalados por la Ley de transparencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Ausencia de infracción

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Otros, especificar
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:



Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3733-20

Entidad pública: Municipalidad de Coquimbo.

Requirente: Fernando Antonio Viveros Reyes

Ingreso Consejo: 30.06.2020.

En sesión ordinaria N° 1112 de su Consejo Directivo, celebrada el 07 de julio de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3733-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

Que, con fecha 30 de junio de 2020, don Fernando Antonio Viveros Reyes, -completando presumiblemente por error un formulario de reclamo por infracción a los deberes de Transparencia Activa-, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Municipalidad de Coquimbo, sin señalar el fundamento del mismo. Al efecto, acompaña solicitudes efectuadas en su calidad de Concejal al Alcalde de la comuna, en virtud del artículo 79 letra h) de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, a fin de resolver la admisibilidad del amparo de la especie, primeramente, es necesario determinar si éste cumplió con los requisitos legales, en particular, si los hechos denunciados constituyen una infracción a la Ley de Transparencia.

2) Que, es preciso señalar que el artículo 10 de la Ley de Transparencia al referirse a las materias a las que se extiende el derecho de acceso a la información dispone: "El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales".

3) Que, el artículo 24 de la Ley de Transparencia, previene, en su inciso segundo que: "La reclamación deberá señalar claramente la infracción cometida y los hechos que la configuran, y deberá acompañarse de los medios de prueba que los acrediten, en su caso".

4) Que, por su parte, el artículo 71 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades previene que el Concejo municipal es un órgano que posee carácter normativo, resolutivo y fiscalizador, encargado de hacer efectiva la participación de la comunidad local y de ejercer las atribuciones allí señaladas. La Ley citada establece, en su artículo 2°, que "Las municipalidades estarán constituidas por el alcalde, que será su máxima autoridad, y por el concejo", y regula las funciones y atribuciones de los concejales y la forma en que deben desempeñarlas.

5) Que, en este contexto, el artículo 79, letra h), de la misma ley, establece que a dicho Concejo le corresponderá "Citar o pedir información, a través del alcalde, a los organismos o funcionarios municipales cuando lo estime necesario para pronunciarse sobre las materias de su competencia. La facultad de solicitar información la tendrá también cualquier concejal, la que deberá formalizarse por escrito al concejo. El alcalde estará obligado a responder el informe en un plazo no mayor de quince días", norma que constituye la regla general, ya que la letra d) del artículo 29 de dicha ley contiene una norma especial respecto a las unidades de control, que dispone, en lo que interesa, que a dicha unidad le corresponderá colaborar directamente con el Concejo en el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras, para cuyos efectos debe emitir trimestralmente un informe acerca de las materias que indica la norma, agregando que "En todo caso, deberá dar respuesta por escrito a las consultas o peticiones de informes que le formule un concejal", de lo que se desprende que los concejales se encuentran habilitados para solicitar directamente a la unidad de control, información relativa al ámbito de las materias propias de ésta, en el ejercicio de la facultad en comento, y ésta, a su vez, deberá dar respuesta escrita directamente al concejal que le requirió información (Dictamen N° 2386 de la Contraloría General de la República, de 14 de enero de 2010).

6) Que, asimismo, el artículo 87 del mismo cuerpo legal dispone "Todo concejal tiene derecho a ser informado plenamente por el alcalde o quien haga sus veces, de todo lo relacionado con la marcha y funcionamiento de la corporación. Este derecho debe ejercerse de manera de no entorpecer la gestión municipal. El alcalde deberá dar respuesta en el plazo máximo de quince días, salvo en casos calificados en que aquél podrá prorrogarse por un tiempo razonable a criterio del concejo". Cabe señalar que este plazo es diverso del establecido en el artículo 14 de la Ley de Transparencia.

7) Que, atendido a que el requirente es concejal de la Municipalidad de Coquimbo, debe tenerse presente el criterio establecido en el considerando 7° de la decisión recaída en el Amparo C530-10, de 5 de noviembre de 2010, conforme al cual "...los concejales, en el desempeño de dicho cargo público, pueden solicitar información a los organismos o funcionarios de la respectiva entidad municipal no sólo a través del procedimiento establecido en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, sino que también mediante las disposiciones y mecanismos regulados por la Ley de Transparencia, pudiendo optar por uno u otro, o, incluso, empleando ambos procedimientos paralelamente, ajustándose a las normas que regulan a cada uno, conforme se ha resuelto en la decisión del amparo Rol C583-10, en el que fue aplicado el criterio establecido en la decisión Rol A270-1", debiendo precisarse, en todo caso, que este Consejo sólo posee competencia para conocer de los amparos deducidos por los concejales, en aquellos casos en que las solicitudes de información se formulen conforme al procedimiento establecido y regulado en la Ley de Transparencia y su Reglamento.

8) Que, de los antecedentes acompañados, consta que el reclamante en su calidad de Concejal de la Municipalidad de Coquimbo, formuló diversas solicitudes dirigidas al Alcalde de la misma comuna, haciendo presente que los requerimientos son realizados en ejercicio de la facultad fiscalizadora que el ordenamiento jurídico le otorga de manera expresa a dichas autoridades, de modo que, siguiendo con el criterio establecido por este Consejo en el considerando 4°, de la decisión del amparo Rol C583-10, el requerimiento de don Fernando Viveros Reyes fue formulado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, letra h), de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, por lo que el procedimiento para responder dichos requerimientos y reclamar en caso de incumplimiento se rige por dicho cuerpo normativo y no por el de la Ley de Transparencia.

9) Que, en consecuencia, no habiéndose ejercido el derecho de acceso a la información en los términos de la Ley de Transparencia, no cabe sino concluir que no puede tener lugar una solicitud en que se pida a este Consejo el amparo de tal derecho, debiendo declararse su inadmisibilidad.

10) Que lo anterior no obsta a que el reclamante realice a futuro solicitudes de información a la Municipalidad de Coquimbo invocando las disposiciones de la Ley de Transparencia, ajustándose al procedimiento establecido y regulado por dicho cuerpo legal y su Reglamento, caso en que tendrá derecho a acudir de amparo ante este Consejo si se cumplen las hipótesis previstas en el artículo 24 de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Declarar inadmisible el amparo interpuesto por don Fernando Antonio Viveros Reyes en contra de la Municipalidad de Coquimbo por las razones expuestas precedentemente.

II. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Fernando Antonio Viveros Reyes y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Coquimbo, para efectos de lo dispuesto en los artículos 27, 28 y 29 de la Ley de Transparencia, según procediere.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio de la parte reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N°19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por el Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y por los Consejeros doña Gloria de la Fuente González, y don Francisco Javier Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.