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Juan Rivera Duclos con SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO REGIÓN DE VALPARAÍSO Rol: C897-11

Consejo para la Transparencia, 26/10/2011

Se dedujo amparo en contra de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Valparaíso, fundado en que no habría recibido documento alguno por parte de dicho organismo por si solicitud de información relativa a la calificación de uso de suelo del Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso (PREMVAL). El Consejo señaló que una modificación como la que motiva este amparo debe sustentarse en antecedentes escritos que le sirvan de fundamento y que puedan ser conocidos por los afectados, más aún considerando que la decisión recae sobre un asunto de alta relevancia pública y de importantes repercusiones patrimoniales. En efecto, la forma en que crecerá una ciudad concierne e interesa a todos sus habitantes, y la publicidad de los fundamentos de las decisiones que adopte la autoridad a este respecto es esencial para que no sólo los interesados sino también toda ciudadanía pueda ejercer control social y participar en este tipo de resoluciones. Por ello, se acogerá el amparo interpuesto.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Vivienda
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Consejeros:

  • Raúl Urrutia Ávila (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Juan Pablo Olmedo Bustos (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C897-11

Entidad pública: Secretario regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Valparaíso

Requirente: Juan Rivera Duclos

Ingreso Consejo: 19.07.2011

En sesión ordinaria N° 293 de su Consejo Directivo, celebrada el 26 de octubre de 2011, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C897-11.

VISTOS:

Los artículos 5° inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285, N° 19.880 y Nº 19.300; lo previsto en el Decreto Nº 95/2005, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que Modifica el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; el D.S. Nº 458/1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba la Ley General de Urbanismo y Construcciones; el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y, los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Don Juan Rivera Duclos, a través de una presentación que data del 17 de mayo de 2011, y complementada, posteriormente, el 10 de junio pasado, solicitó a la Secretaria Regional Ministerial (SEREMI) de Vivienda y Urbanismo Región de Valparaíso, información relativa a la calificación de uso de suelo del Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso (PREMVAL). En particular, requirió toda la información que detalle el procedimiento, organismos, autoridades, profesionales de los sectores público y privado que participaron, firmaron y aprobaron las modificaciones en la calificación del Fundo “Los Perales”; pudiendo además, obtener copias de los informes, planos, investigación y demás, que precedieron y determinaron la modificación efectuada por dicho organismo por el PREMVAL, a través de la Adenda presentada el 27 de agosto de 2010.

Al efecto, el reclamante señala que en el año 2006, el Fundo “Los Perales”, se catalogó provisionalmente en el PREMVAL como Zona de Extensión Urbana y Zona de Extensión Portuaria; sin embargo, en el mes de agosto de 2010, dicha calificación fue modificada y la propiedad en cuestión fue calificada como Zona Rural y una franja que bordea el camino La Pólvora, fue definida como Zona de Extensión Portuaria.

En razón que dicha modificación produce importantes efectos en su propiedad, es que viene en solicitar la información ya indicada.

2) PRÓRROGA Y RESPUESTA DEL ORGANISMO RECLAMADO: La SEREMI de Vivienda y Urbanismo Región de Valparaíso, mediante el Oficio Nº 1.212, de 21 de junio de 2011, procedió a prorrogar el plazo de respuesta por otros 10 días hábiles, procediendo a dar respuesta al requerimiento de información formulado, a través del Oficio Nº 1.285, de 5 de julio de 2011, por el cual manifestó al reclamante lo siguiente:

a) Le reiteran lo manifestado en respuestas anteriores en orden a que los Instrumentos de Planificación Territorial (IPT) del ámbito intercomunal, poseen procesos de trabajo, aprobación y discusión previstos en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza, de modo que mientras tales documentos estén en desarrollo, las normas que puedan ser informadas a cualquier particular que las consulten, siempre serán entregadas en el ámbito de una propuesta y no de una norma vigente como tampoco definitiva.

b) Por otra parte, le señalan que puede acceder a los documentos y los anexos del PREMVAL a través del link: http://seia.sea.gob.cl/expedientesEvaluacion.php?modo=ficha&id_expediente=42 30367 (sic)1; no obstante que los mismos ya habrían sido entregados en reunión sostenida con el SEREMI y el profesional del Departamento de Desarrollo Urbano de dicho órgano, Sr. Osvaldo Rodríguez.

c) Además, le indican que el sector rural en consulta está normado hoy por el Plan Intercomunal Metropolitano de Valparaíso vigente, el que establece para ese sector una zona AREDU (Área Reducida o Excluida del Desarrollo Urbano), y también parte de zona RURAL. La actual propuesta del PREMVAL nace en respuesta a la Adenda en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), donde entre otras cosas se realizaron ajustes de densidades y de extensiones urbanas. Esta última versión, nació también de acuerdos y reuniones de trabajo con Asesoría Urbana del Municipio de Valparaíso donde se acordó dejar sobre el camino la Pólvora una franja destinada a Equipamiento y Actividades productivas, y en el sector de Curaumilla sólo mantener como zona de extensión urbana el sector hoy ocupado, manteniendo de esta forma el resto del territorio como Área Rural.

d) De perdurar esta propuesta y llegar a término, transformándose en una norma vigente, de todas formas el requirente podría iniciar desarrollos en el sector, aplicando para ello el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

e) Con todo, y considerando la magnitud y envergadura de estos instrumentos de planificación, es la misma Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones la que no prevé como parte del proceso de discusión la participación ciudadana, como sí se hace en instrumentos de menor jerarquía (Plan Regulador Comunal), ya que las decisiones de planificación que para él se toman, afectan a un territorio mayor, en el que se consideran otros tipos de impacto. No obstante ello, se realizó un proceso en el ámbito de la Declaración de Impacto Ambiental, donde participaron los servicios y los municipios y nuevamente otra instancia final, donde el municipio lo hace por segunda vez, lo cual se traduce en una participación ciudadana indirecta.

3) AMPARO: Don Juan Rivera Duclos dedujo amparo a su derecho de acceso a la información el 19 de julio de 2011, en contra de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Valparaíso, fundado en que no habría recibido documento alguno por parte de dicho organismo y además, el link que señalan, no contiene la totalidad de la información solicitada, por cuanto no aparecen los detalles técnico-jurídicos ni los profesionales que intervinieron.

Además, manifiesta que hasta la fecha no ha obtenido respuesta satisfactoria a lo requerido, toda vez que se trata de conocer las consideraciones técnicas que tuvieron como argumento los autores que participaron en la calificación que enmendó una precedente, con las consecuencias jurídicas que ello produce.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo trasladándolo, mediante el Oficio Nº 1.848, de 26 de julio de 2011, al Sr. Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Región de Valparaíso, quien, a través del ORD. N° 1.643, de 10 de agosto de 2011, evacuó sus descargos y observaciones, señalando, en síntesis, lo siguiente:

a) En primer término, y a modo de contexto, señala que en el año 2006 la zona en que se encuentra emplazado el Fundo “Los Perales”, fue catalogada por el PREMVAL, como zona de extensión urbana en gran parte de dicho predio. Sin embargo, en el año 2010, mediante la Adenda Nº 1, la calificación de dicha zona sufrió una modificación atendida la nueva propuesta presentada, por lo que algunas zonas de la propiedad mencionada, pasaron a ser zonas rurales salvo una franja que fue definida como zona de extensión portuaria.

b) Además, indica que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 y siguientes de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, se regula el procedimiento de aprobación de un plan intercomunal o metropolitano, como el de la especie, el que está compuesto de una memoria explicativa, que contendrá los objetivos, metas y programas de acción; una ordenanza, que contempla las disposiciones reglamentarias pertinentes y los planos que expresan gráficamente las disposiciones sobre zonificación general, equipamiento, relaciones viales, áreas de desarrollo prioritario, etc.

c) El plan regulador intercomunal es confeccionado por la SEREMI de Vivienda y Urbanismo con consulta a las instituciones que estime necesarias y las municipalidades correspondientes, las que disponen de 60 días para pronunciarse al respecto. Paralelamente, el plan debe someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el que una vez aprobado se remite al Gobierno Regional para su aprobación, o que deberá materializarse a través de la dictación del decreto correspondiente.

d) En el caso de la Región de Valparaíso, el plan regulador vigente data del año 1965, actualmente tiene 48 modificaciones y desde el año 1995 se está trabajando en la elaboración de un nuevo instrumento intercomunal metropolitano.

e) Respecto a la solicitud de información del recurrente, ésta fue respondida indicándole el link por el cual podía acceder a los documentos solicitados, sin que existan otros antecedentes escritos de la modificación del plan regulador, distintos a los que se encuentran publicados en la página web del SEIA. Lo anterior, por cuanto la elaboración de un instrumento de planificación intercomunal es un proceso dinámico que se desarrolla en base a reuniones sostenidas con distintos organismos, mediante los cuales se van generando acuerdos que se materializan en las explicaciones de que está compuesta la memoria explicativa, de modo que no siempre están fundadas en documentos como informes y estudios debido a que se van realizando los ajustes conforme los requerimientos que se realicen por las distintas comunas y servicios intervinientes.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, la solicitud de acceso presentada por el reclamante, se compone de los siguientes requerimientos:

a) La información que detalle el procedimiento, organismos, autoridades, profesionales de los sectores público y privado que participaron, firmaron y aprobaron las modificaciones al PREMVAL, respecto de la calificación del Fundo “Los Perales”; y

b) Las copias de los informes, planos, investigación y demás, que precedieron y determinaron la modificación efectuada por dicho organismo por el PREMVAL, a través de la Adenda presentada el 27 de agosto de 2010.

2) Que al respecto es preciso señalar que si bien el reclamante no especifica concretamente la información o los documentos a los que pretende acceder; a juicio de este Consejo, se trata de una solicitud de carácter general, siguiendo el criterio sostenido en la decisión recaída en el amparo Rol A107-09 (considerando 1°), esto es, «(…)de una solicitud que sin ser genérica, requiere acceder a información de carácter general, sin especificar un documento, fecha u otros datos, pero sí la materia u otro carácter esencial señalado en el art. 7° N° 1 letra c) del Reglamento de la Ley de Transparencia», inteligible por el organismo reclamado, lo que se ratifica en el hecho que ante la solicitud de acceso éste se abstuvo de solicitar la subsanación de la misma, de acuerdo a lo previsto en el inciso 2° del artículo 12 de la Ley de Transparencia.

3) Que para los efectos de resolver adecuadamente el amparo interpuesto, es preciso tener en consideración la normativa que ilustra esta materia, la que establece, en lo que interesa, lo siguiente:

a) De conformidad con los artículos 34 y 36 del D.S. Nº 458/1975, que aprobó el texto de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (en adelante, LGUC), la planificación urbana intercomunal se realizará por medio del Plan Regulador Intercomunal o del Plan Regulador Metropolitano, en su caso, que son instrumentos constituidos por un conjunto de normas y acciones para orientar y regular el desarrollo físico del área correspondiente. Este Plan será confeccionado por la Secretaría Regional de Vivienda y Urbanismo, con consulta a las Municipalidades correspondientes e Instituciones Fiscales que se estime necesario.

b) Según el artículo 2.1.8., de la Ordenanza General de la referida Ley General, contenida en el Decreto Nº 47/1992, del mismo Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Plan Regulador Intercomunal estará compuesto por los siguientes documentos:

1. Memoria Explicativa, que deberá contener los aspectos conceptuales y técnicos que justifican las decisiones de planificación adoptadas en relación con los elementos estructurantes territoriales y funcionales de la intercomuna, tales como: objetivos, fundamentos y metodología empleada, incluyendo los estudios y antecedentes técnicos que sirvieron de base a la formulación del diagnóstico y los antecedentes necesarios para dar cumplimiento a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente.

2. Ordenanza, que contendrá las disposiciones reglamentarias pertinentes a este nivel de planificación urbana intercomunal.

3. Planos, que expresen gráficamente los contenidos del Plan.»

c) Además, es preciso tener en consideración que conforme lo dispone el artículo 1.1.6., de la referida Ordenanza, en las SEREMI de Vivienda y Urbanismo se mantendrán, a disposición de las personas que lo soliciten, entre otros, «[l]os planos, ordenanzas y memorias explicativas de los planes reguladores intercomunales, comunales y seccionales de la respectiva región, incluyendo sus modificaciones y enmiendas».

d) Finalmente, según se expresa en el artículo 2.1.4, inciso segundo, de la Ordenanza, «[a] contar del inicio del proceso de aprobación de un proyecto de Instrumento de Planificación Territorial, o de modificación o enmienda del mismo, el organismo responsable de su confección deberá facilitar, a cualquier interesado, la adquisición a costa del requirente de todos o algunos de los antecedentes que conforman el expediente enviado a aprobación».

4) Que, por otro lado, a la fecha en que se inició el procedimiento de modificación del PREMVAL, la Ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, exigía que los planes intercomunales se sometieran al sistema de evaluación de impacto ambiental en su artículo 10 h); norma que luego sería modificada por la Ley N° 20.417 -publicada en el Diario Oficial el 26.01.2010-, para exigir, en el nuevo artículo 7º bis, inciso segundo, de la Ley N° 19.300, una evaluación ambiental estratégica de dichos instrumentos.

5) Que, revisado el sitio web del Servicio de Evaluación Ambiental < www.e-seia.cl>, en lo pertinente al proyecto consultado, y analizados los antecedentes acompañados, la información solicitada por el reclamante -el procedimiento, organismos, autoridades, profesionales de los sectores público y privado que participaron, firmaron y aprobaron las modificaciones al PREMVAL; así como las copias de los informes, planos, investigación y demás, que la precedieron y determinaron-, constituyen el sustento o complemento directo de la Adenda efectuada por la SEREMI de Vivienda y Urbanismo de la Región de Valparaíso de 27 de agosto de 2010, en tanto se trata de información que le sirvió de base o fundamento por lo que se vincula necesariamente a dicho acto administrativo, en cuanto haya sido dictado sobre la base de tales antecedentes. Por lo tanto, de acuerdo a lo establecido por el artículo 5º de la Ley de Transparencia, los documentos solicitados son, en principio, públicos, susceptibles de ser requeridos mediante el ejercicio del derecho de acceso a la información, al tenor de lo señalado por el artículo 10 del mismo cuerpo legal, a excepción de que concurra alguna de las causales de secreto o reserva establecidas en la misma Ley.

6) Que, la SEREMI de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, le indicó al reclamante en la respuesta otorgada el 5 de julio de 2011, que los documentos solicitados se encontraban en el link http://seia.sea.gob.cl/expedientesEvaluacion.php?modo=ficha&id_expediente=42303 67 (sic), para posteriormente señalar en los descargos evacuados ante este Consejo, que no existen otros antecedentes distintos a los publicados en la página web del SEIA, y que corresponderían, a los documentos incorporados en el expediente de evaluación de impacto ambiental del PREMVAL.

7) Que además de lo anterior, la SEREMI reclamada manifestó que la modificación específica del Plan regulador que genera este amparo -enmienda de la zonificación del fundo Los Perales-, “(...) responden a un conjunto de observaciones planteadas por la I. Municipalidad de Valparaíso en la cual éstos señalaron, en relación al sector alto de Valparaíso, que respecto a zonas asociadas al desarrollo portuario industrial (pto.1.2.1) en territorio adyacente al camino la Pólvora debe preverse la reserva de suelo para uso industrial y también propuso cambios en las zonas asociadas al desarrollo de las viviendas en sectores adyacentes al límite urbano (art 1.2.2), observaciones que generaron la necesidad de hacer ajustes al estudio, replanteando los sectores habitacionales e industriales originalmente propuestos. Queremos destacar en este punto que en el proceso de consulta a los municipios no hubo observaciones a la propuesta generada por esta SEREMI”. Añade que, “(…) por regla general, las modificaciones generadas a una propuesta de instrumento, no se refieren a una observación puntual sino a un conjunto de aspectos a considerar como los anteriormente indicados, modificaciones a su vez que son factibles de llevar a cabo durante el proceso de evaluación ambiental y antes de la dictación de la resolución de calificación favorable, sin que se esté cometiendo irregularidad alguna y sin que debamos responder a requerimientos específicos de particulares, pues el Instrumento de Planificación Territorial debe responder a los intereses de toda la comunidad representada por los organismos competentes como municipalidades y servicios públicos”. Termina señalando que “el Plan Regulador Intercomunal de la Región de Valparaíso abarca a toda una región y por su envergadura, es imposible contar con informes para cada predio emplazado en dichas zonas”.

8) Que conforme con lo señalado, este Consejo estima que el organismo reclamado al efectuar la referida Adenda, se basó tanto en las observaciones que al efecto realizara la Municipalidad de Valparaíso como, además, en otro conjunto de aspectos. Todo ello llevó, en definitiva, a que se efectuara la modificación al proyecto originalmente planteado.

9) Que al respecto, cabe tener en consideración que si bien las decisiones que en esta materia puede emitir la SEREMI de Vivienda y Urbanismo de la Región de Valparaíso, están marcadas por una intensa discrecionalidad, no quiere decir que las decisiones específicas que pueden adoptarse queden exentas del deber de fundamentarse. En efecto, como ya ha dicho este Consejo «(…) el ejercicio de potestades discrecionales no implica una exención del deber de fundamentar las decisiones adoptadas. Por el contrario, como ha señalado Contraloría General de la República estos casos “exigen un especial y cuidadoso cumplimiento de la necesidad jurídica en que se encuentra la Administración en orden a motivar sus actos, exigencia que tiene por objeto asegurar que los actos de la Administración no se desvíen del fin considerado por la normativa que confiere las respectivas atribuciones, que cuenten con un fundamento racional y se encuentren plenamente ajustados a la normativa constitucional y legal vigente, lo cual impide, por cierto, establecer diferencias arbitrarias entre personas que se encuentran en una misma situación, cautelándose de este modo el principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19, numeral 2, de nuestra Carta Fundamental”. Y añade que estos actos “deben ser motivados, señalándose en éstos las circunstancias y el raciocinio que justifica la adopción de la medida contenida en el acto administrativo” (Dictamen N° 23.114/2007)».

10) Que, además, en la especie se trata de una decisión que restringirá derechos de particulares, en tanto la modificación reducirá las posibilidades de utilización urbanística del predio del reclamante, lo que exige una especial motivación conforme el artículo 11 de la Ley N° 19.880, sobre bases de los procedimientos administrativos, que dispone: «[l]os hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos».

11) Que, por su parte, es preciso tener presente que tratándose de los planes reguladores comunales, la LGUC establece, en su artículo 43, un procedimiento de participación ciudadana que exige que el Concejo Municipal analice las observaciones recibidas, adopte acuerdos respecto de cada una de las materias impugnadas y, en caso de aprobar modificaciones, «(…) cautelar que éstas no impliquen nuevos gravámenes o afectaciones desconocidas por la comunidad»; agregando que, «[n]o podrá, en todo caso, pronunciarse sobre materias o disposiciones no contenidas en el aludido proyecto, salvo que el proyecto modificado se exponga nuevamente conforme a lo dispuesto en el inciso segundo». Es cierto que el presente amparo versa sobre un Plan Intercomunal, por lo que la norma antes citada resulta inaplicable, pero es opinión de este Consejo ilustra la interpretación de los procedimientos de aprobación de otros planes urbanísticos, máxime si a partir de la Ley N° 20.417 los planes intercomunales también deberán someterse a procesos de participación ciudadana como parte de la evaluación ambiental estratégica.

12) Que, tal como fue señalado en el considerando 3º de este acuerdo, el plan regulador intercomunal lo compone una memoria explicativa, que debe incluir los aspectos conceptuales y técnicos que justifiquen las decisiones adoptadas, los estudios y antecedentes técnicos que sirvieron de base a la formulación del diagnóstico y los antecedentes necesarios para dar cumplimiento a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. Asimismo, deben incorporarse los planos por los que se reflejen gráficamente el contenido del referido plan. Todos estos documentos integran el instrumento de planificación territorial y el organismo encargado de su confección –en este caso, la SEREMI reclamada- debe mantenerlos a disposición de quienes los soliciten y facilitar su acceso a cualquier interesado, a contar del inicio del proceso de aprobación del mismo.

13) Que, en definitiva, dado que al efectuar la referida Adenda de 27 de agosto de 2010 la SEREMI de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso se basó tanto en las observaciones que al efecto realizara la Municipalidad de Valparaíso, como en un conjunto de otros aspectos que, no cabe sino desestimar la alegación planteada por dicho organismo en orden a que no obran en su poder otros antecedentes distintos a los publicados en la página del SEIA. En efecto, una modificación como la que motiva este amparo debe sustentarse en antecedentes escritos que le sirvan de fundamento y que puedan ser conocidos por los afectados, más aún considerando que la decisión recae sobre un asunto de alta relevancia pública y de importantes repercusiones patrimoniales. En efecto, la forma en que crecerá una ciudad concierne e interesa a todos sus habitantes, y la publicidad de los fundamentos de las decisiones que adopte la autoridad a este respecto es esencial para que no sólo los interesados sino también toda ciudadanía pueda ejercer control social y participar en este tipo de resoluciones. Por ello, se acogerá el amparo interpuesto.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo de don Juan Rivera Duclos en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, por los fundamentos señalados en lo considerativo de este acuerdo.

II. Requerir al Sr. Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso lo siguiente:

a) Que entregue a don Juan Rivera Duclos, las observaciones que al efecto realizara la Municipalidad de Valparaíso, como además, todo otro documento o informe que haya servido como fundamento del cambio del proyecto de modificación del plan regulador intercomunal de Valparaíso que se materializó en la Adenda de 27 de agosto de 2010, y que dio origen a este amparo.

b) Cumplir dicho requerimiento dentro del plazo de 10 días hábiles, contados desde que quede ejecutoriada la presente decisión, bajo el apercibimiento de proceder conforme lo disponen los artículos 45 y siguientes de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la dirección postal de este Consejo (Morandé N° 115, Piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que este Consejo pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente decisión a don Juan Rivera Duclos y al Sr. Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N°19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Juan Pablo Olmedo Bustos. Certifica don Enrique Rajevic Mosler, Director General (S) del Consejo para la Transparencia.