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Alejandro Rojas Santander con SEREMI DE SALUD REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO Rol: C991-11

Consejo para la Transparencia, 07/12/2011

Se dedujo amparo en contra de la SEREMI de Salud de la RM, fundado en que dicho órgano no habría atendido a su requerimiento de información sobre copia de todas las fiscalizaciones efectuadas a su establecimiento desde el 2005, incluyendo actas de fiscalización, origen de las fiscalizaciones e informes finales; y, copia de fiscalizaciones efectuadas a salas cunas de la Región Metropolitana, que incluyan algunos de los siguientes puntos: mallas mosqueteras; escaleras de emergencia; o condiciones de los patios. El Consejo acogió el amparo ya que señaló que se estima que tal petición se ve satisfecha con la entrega de, al menos, un acta de fiscalización que comprendan cada uno de aspectos señalados por el solicitante – mallas mosqueteras, escaleras de emergencia y condiciones de los patios–, correspondientes a fiscalizaciones efectuadas a salas cunas ubicadas en la Región Metropolitana en el periodo transcurrido entre el año 2005 a la fecha de la solicitud, y, en caso que tales fiscalizaciones no se hayan realizado o, habiéndose realizado, no hayan comprendido uno o más de los aspectos señalados por el reclamante, le informe a éste directamente dicha circunstancia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Salud
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C991-11

Entidad pública: Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana

Requirente: Alejandro Rojas Santander

Ingreso Consejo: 10.08.2011

En sesión ordinaria Nº 301 del Consejo Directivo, celebrada el 7 de diciembre de 20111, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C991-11.

VISTOS:

Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; el D.S. N° 289, de 1989, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento sobre condiciones sanitarias mínimas de los establecimientos educacionales; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 28 de junio de 2011, don Alejandro Rojas Santander solicitó a la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana de Santiago, en adelante SEREMI de Salud de la RM, copia de los siguientes antecedentes:

a) Copia de todas las fiscalizaciones efectuadas a su establecimiento desde el 2005, incluyendo actas de fiscalización, origen de las fiscalizaciones e informes finales; y,

b) Copia de fiscalizaciones efectuadas a salas cunas de la Región Metropolitana, que incluyan algunos de los siguientes puntos: mallas mosqueteras; escaleras de emergencia; o condiciones de los patios.

2) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 10 de agosto de 2011, don Alejandro Rojas Santander dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la SEREMI de Salud de la RM, fundado en que dicho órgano no habría atendido dentro de plazo su requerimiento de información.

3) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo a la SEREMI de Salud de la RM, mediante Oficio N° 2071, de 18 de agosto de 2011, quien a través de Ordinario N° 6931, de 5 de septiembre de 2011, evacuó sus descargos y observaciones en los siguientes términos:

a) Afirma que el objeto principal de la presentación del Sr. Rojas ante la SEREMI es reclamar respecto de la fiscalización efectuada a su establecimiento educacional, cuestión que excedería el ámbito de conocimiento de un amparo.

b) A continuación, señala que la respuesta a la solicitud de información del Sr. Rojas fue generada en el sistema informático OIRS, el 26 de julio de 2011, y despachada al reclamante el 1° de agosto de 2011, respondiendo lata y circunstanciadamente cada una de las consultas del requirente. Para probar tal circunstancia, acompaña copia de la respuesta entregada al peticionario, de la ficha única del establecimiento educacional inspeccionado y de los informes sanitarios respectivos.

c) Por otra parte, indica que, tal como se informó al requirente, no se dispone de capacidad logística para recopilar las copias de actas de fiscalización efectuadas a salas cunas de la Región Metropolitana, imposibilidad que se sustentaría en el artículo 21, N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia y el artículo 7, N° 1, letra c) de su Reglamento. No obstante lo señalado, manifiesta que se entregó al peticionario copia de la normativa vigente respecto del tipo de establecimiento fiscalizado (Decreto Supremo N° 289/89 del Ministerio de Salud).

4) GESTIÓN OFICIOSA: El 7 de noviembre de 2011 este Consejo estableció contacto con el enlace de la SEREMI de Salud de la RM, Sr. Marco Román, a fin de que informara sobre la existencia de otras actas de fiscalización distintas a las ya acompañadas en los descargos de la reclamada. En virtud de dichas gestiones, a través de correo electrónico de 8 de noviembre de 2011, se informó que las actas acompañadas corresponderían a todas aquellas actas que obran en poder del servicio respecto del establecimiento consultado.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, lo solicitado en la especie, dice directa relación con el ejercicio de una de las funciones propias asignadas a las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, conforme lo dispone el Decreto Supremo N° 289, de 1989, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento sobre condiciones sanitarias mínimas de los establecimientos educacionales, en cuya virtud a dichos Servicios les corresponde informar favorable o desfavorablemente sobre las condiciones sanitarias con que debe contar un establecimiento educacional, como asimismo, realizar actividades de inspección y fiscalización del cumplimiento de las normas de higiene y seguridad respectivas, con el fin de prevenir riesgos para la salud e integridad física de la población.

2) Que, precisado lo anterior, cabe anotar que el requirente ha solicitado antecedentes relativos a las fiscalizaciones realizadas, desde 2005 a la fecha, al establecimiento educacional de su propiedad denominado “El Pollito Bailarín”, ubicado en Rosas N° 1858, comuna a dichos Servicios de Santiago, autorizado por la SEREMI de Salud de la RM para funcionar como sala cuna y jardín infantil. Asimismo, requirió copias de fiscalizaciones efectuadas a salas cunas de la Región Metropolitana que se refieran a los aspectos que señala en su solicitud.

3) Que, el fundamento del presente amparo es la falta de respuesta a los requerimientos formulados, de manera que para determinar su procedencia resulta necesario analizar, previamente, las alegaciones de la SEREMI de Salud de la RM en orden a que habría dado respuesta a dicha solicitud de acceso a través del sistema informático OIRS.

4) Que, al respecto, cabe hacer presente que, si bien la reclamada acompaña a sus descargos copia del estado de tramitación del caso, obtenido del sistema OIRS – “Trámite en línea” de dicho sistema–, en el que figura un documento titulado “Respuesta”, de 20 de julio de 2011 –cuyo archivo figura bajo la denominación de “respuesta538578.pdf”–, y copia del comprobante de respuesta de fecha 26 de julio de 2011, dicho Servicio no acredita de manera fehaciente el hecho de haberse notificado la misma al reclamante ni certifica su entrega efectiva, en los términos del inciso 2° del artículo 17 de la Ley de Transparencia, lo que impide a este Consejo verificar que se haya dada oportuna respuesta al solicitante y, en caso de ser ello efectivo, que el documento que acompaña la reclamada a sus descargos corresponda a dicha respuesta. Sobre el particular, conviene recordar lo que ha resuelto anteriormente este Consejo en las decisiones recaídas en los amparos Roles C639-10, C863-10, C603-11 y C1013-11, en el sentido que el cumplimiento íntegro de la obligación de informar supone no sólo el pronunciamiento de la respuesta respectiva, sino además, la notificación de la misma y la certificación de su entrega conforme a la norma citada. Por otra parte, teniendo presente que el citado artículo 17 dispone que la información solicitada se entregará en la forma y por el medio que el requirente haya señalado, o, en su caso, en la forma y a través de los medios disponibles, es menester consignar que, examinada la solicitud de acceso, no existe manifestación de voluntad expresa del requirente en orden a optar por la notificación electrónica, de acuerdo a lo previsto en el artículo 12 de la Ley de Transparencia, de modo que resulta aplicable lo prescrito en la parte final de dicho artículo, en relación con lo establecido en el artículo 46 de la Ley N° 19.880, esto es, la notificación mediante carta certificada dirigida al domicilio que el interesado hubiere designado en su primera presentación o con posterioridad, notificación que no consta que se haya practicado en la especie.

5) Que, por tanto, no constando fehacientemente haberse dado respuesta al solicitante ni haberse remitido a este Consejo, por parte de la SEREMI reclamada, documentación alguna que acredite la entrega efectiva de la información requerida en la forma indicada y siguiendo los criterios sentados por este Consejo en las decisiones recaídas en los amparos Roles C386-11, C424-11 C486-11, C487-11, C488-11 y C489-11, debe concluirse, respecto de este punto, que la SEREMI de Salud de la RM no ha respondido la solicitud de acceso ni entregado la información en los términos requeridos, dentro del plazo previsto en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, incumpliéndose de este modo el principio de oportunidad establecido en el artículo 11, letra h) de la misma norma.

6) Que, a continuación, cabe indicar que, de la revisión de los antecedentes acompañados por la SEREMI a sus descargos, si bien se advierte que ésta dispone de la documentación solicitada en el literal a) del numeral 1° de lo expositivo, no consta que haya denegado fundadamente el segundo punto –literal b)– del requerimiento –esto es, «copia de fiscalizaciones efectuadas a salas cunas de la Región Metropolitana, que incluyan algunos de los siguientes puntos: mallas mosqueteras; escaleras de emergencia; o condiciones de los patios»–, en los términos del artículo 16 de la Ley de Transparencia, toda vez que se ha limitado a informar al solicitante que el servicio no cuenta con la capacidad logística de recopilación debido al volumen de la información solicitada, adjuntando copia de la normativa vigente sobre la materia.

7) Que, en relación con la solicitud consignada en el literal a) del numeral 1° de lo expositivo, el órgano reclamado ha acompañado a este Consejo los siguientes documentos: copia de ficha única N° 50486, que corresponde a la bitácora con las acciones asociadas al establecimiento consultado; copia de la resolución exenta N° 4422, de 17 de febrero de 2005, que informa favorablemente el funcionamiento del establecimiento como sala cuna; copia de la resolución exenta N° 36.912, de 21 de agosto de 2008, que informa favorablemente el funcionamiento del establecimiento como sala cuna y jardín infantil; y copia de actas de fiscalización de 25 de febrero de 2010 y 22 de junio de 2011. Que, en relación a la documentación antes señalada, consultada la reclamada sobre la existencia de otras actas de fiscalización de dicho establecimiento educacional, ésta ha informado que las únicas actas asociadas a dicho establecimiento son aquellas que adjuntó en su momento en los descargos. Que, de esta forma, conforme a lo expuesto, procede concluir que la entrega de los antecedentes citados deben dar por satisfecho el requerimiento del Sr. Rojas en lo que dice relación con la solicitud analizada en este considerando, razón por la cual, y de modo excepcional y en virtud del principio de facilitación, este Consejo remitirá al reclamante la documentación aludida, conjuntamente con la notificación de esta decisión.

8) Que, en lo que respecta al requerimiento descrito en el literal b) del numeral 1° de lo expositivo, y a efectos de determinar la procedencia de la causal de secreto o reserva del artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia invocada por la SEREMI reclamada, debe indicarse que «el Reglamento de la Ley precisa que tienen carácter genérico los requerimientos “que carecen de especificidad respecto de las características esenciales de la información solicitada, tales como su materia, fecha de emisión o período de vigencia, autor, origen o destino, soporte, etcétera” (art. 7° N°1 c)». De esta forma, este Consejo estima que la especificidad se ve satisfecha en la especie, pues la solicitud está circunscrita a materias determinadas –esto es, fiscalizaciones que haya efectuado la SEREMI reclamada a salas cunas de la Región Metropolitana, que incluyan los aspectos señalados por el peticionario–; se establece el autor y el tercero afectado –esto es, aquellos fiscalizaciones efectuadas por dicha SEREMI a salas cunas ubicadas en la Región Metropolitana; y, además, respecto de la fecha de emisión de la información, atendido el contexto de la solicitud, debe entenderse referida a aquellas fiscalizaciones efectuadas a tales salas cunas desde el año 2005 a la fecha de la solicitud.

9) Que, a mayor abundamiento, puede advertirse que la invocación de la reclamada de la causal de reserva del artículo 21, N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia se ha fundado en que dicha SEREMI no dispondría de la capacidad logística para recopilar el volumen de la información solicitada –es decir, se vería afectado el debido cumplimiento de sus funciones en razón de tratarse de un requerimiento genérico, referido a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes–, sin que haya explicitado el órgano reclamado, en forma previa o simultánea a dicha alegación, el periodo de vigencia de la información cuya búsqueda y recopilación decretaría ni precisado el volumen específico de dicha información, exigencias indispensables para efectuar la ponderación respecto de la afectación al cumplimiento de sus funciones, todo lo cual imposibilita a este Consejo dar por configurada dicha causal, en los términos en que fue planteada por el órgano reclamado.

10) Que, en consecuencia, y a pesar de que la SEREMI reclamada no instó por la subsanación de la solicitud, en los términos del inciso 2° del artículo 12 de la Ley de Transparencia, por estimar que la petición no identificaba con claridad la información requerida en este punto, y habiéndose limitado a alegar la causal de secreto o reserva citada en el considerando anterior, sin acreditar su concurrencia, este Consejo estima que tal petición se ve satisfecha con la entrega de, al menos, un acta de fiscalización que comprendan cada uno de aspectos señalados por el solicitante – mallas mosqueteras, escaleras de emergencia y condiciones de los patios–, correspondientes a fiscalizaciones efectuadas a salas cunas ubicadas en la Región Metropolitana en el periodo transcurrido entre el año 2005 a la fecha de la solicitud, y, en caso que tales fiscalizaciones no se hayan realizado o, habiéndose realizado, no hayan comprendido uno o más de los aspectos señalados por el reclamante, le informe a éste directamente dicha circunstancia.

11) Que finalmente, previendo este Consejo que, de entregarse información a la que se hizo referencia en el considerando anterior, en aquélla pudieran constar ciertos datos personales de contexto –por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio particular y teléfonos de trabajadores de los establecimientos educacionales fiscalizados, entre otros–, se ordenará a la reclamada que, en forma previa a la entrega, resguarde debidamente tales datos, tarjándolos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 19.628 y en aplicación del principio de divisibilidad en materia de acceso a la información pública, consagrado en el artículo 11 de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo interpuesto por don Alejandro Rojas Santander, en contra de la SEREMI de Salud de la RM, por las razones expresadas en la parte considerativa del presente acuerdo.

II. Remitir al reclamante, de modo excepcional y en virtud del principio de facilitación, la documentación singularizada en el considerando 7) precedente, además de copia de la respuesta y los documentos anexos generados a través del sistema informático OIRS, con ocasión de la solicitud de información que motiva el presente amparo, conjuntamente con la notificación de esta decisión, dando con ello satisfecho el literal a) de su solicitud.

III. Requerir a la Sra. Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana:

a) Entregar al requirente de, al menos, un acta de fiscalización que comprendan cada uno de aspectos señalados por el solicitante en su solicitud del literal b) del numeral 1° de lo expositivo –mallas mosqueteras, escaleras de emergencia y condiciones de los patios–, correspondientes a fiscalizaciones efectuadas a salas cunas ubicadas en la Región Metropolitana en el periodo transcurrido entre el año 2005 a la fecha de la solicitud, y, en caso que tales fiscalizaciones no se hayan realizado o, habiéndose realizado, no hayan comprendido uno o más de los aspectos señalados por el reclamante, le informe a éste directamente dicha circunstancia, debiendo tener en especial consideración, en su caso, lo señalado en el considerando 11).

b) Cumplir dicho requerimiento dentro del plazo de 5 días hábiles, contados desde que quede ejecutoriada la presente decisión, bajo el apercibimiento de proceder conforme disponen los artículos 45 y siguientes de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de este requerimiento enviando copia de los documentos en que conste la entrega de información, al domicilio Morandé N° 115, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl para efectos de verificar el cumplimiento de esta decisión.

IV. Representar a la Sra. Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana el no haber dado respuesta oportuna a la solicitud del reclamante, lo que contraviene lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley de Transparencia, y trasgrede los principios de facilitación y oportunidad que rigen el derecho de acceso a la información, conforme lo dispone el artículo 11, literales f) y h) de la misma normativa, debiendo, en lo sucesivo, adoptar las medidas administrativas que permitan a su representada cumplir estrictamente los plazos legales, procediendo a notificar sus respuestas en los términos indicados en el inciso final del artículo 12 de la citada Ley, certificando la entrega efectiva de la información al reclamante de acuerdo al artículo 17 inciso final.

V. Encomendar al Director General de este Consejo que notifique la presente decisión a don Alejandro Rojas Santander y a la Sra. Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana.

En contra de la presente decisión no procede el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. Certifica el Director General del Consejo para la Transparencia don Raúl Ferrada Carrasco.