logo
 

Hernán Espinoza Zapatel con Rol: C1737-20

Consejo para la Transparencia, 28/07/2020

Se acoge el amparo deducido en contra del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, referido a la entrega de información relativa a los centros de cultivos, con indicación de sus titulares y RNA que informaron la presencia de la enfermedad parasitaria "Caligidosis" y el uso de los pesticidas deltametrina cipermetrina, azametifos, emamectina y diflubenzuron, durante los años 2018 y 2019 en las Regiones de Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes. Lo anterior, por no haberse acreditado en esta sede que la entrega de dicha información afecte los derechos comerciales y económicos de las empresas y atendido que existe un interés público asociado al conocimiento de tales antecedentes, al encontrarse vinculada con una materia que puede comprometer la salud pública. Se aplica criterio contenido en las decisiones de los amparos Roles C3329-16, C3330-16, C2733-17 y C3136-19.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Tipo caso:

  • Amparo

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento





Consejeros:

  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1737-20

Entidad pública: Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA)

Requirente: Hernán Espinoza Zapatel

Ingreso Consejo: 02.04.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, referido a la entrega de información relativa a los centros de cultivos, con indicación de sus titulares y RNA que informaron la presencia de la enfermedad parasitaria "Caligidosis" y el uso de los pesticidas deltametrina cipermetrina, azametifos, emamectina y diflubenzuron, durante los años 2018 y 2019 en las Regiones de Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes.

Lo anterior, por no haberse acreditado en esta sede que la entrega de dicha información afecte los derechos comerciales y económicos de las empresas y atendido que existe un interés público asociado al conocimiento de tales antecedentes, al encontrarse vinculada con una materia que puede comprometer la salud pública.

Se aplica criterio contenido en las decisiones de los amparos Roles C3329-16, C3330-16, C2733-17 y C3136-19. 

En sesión ordinaria N° 1117 del Consejo Directivo, celebrada el 28 de julio de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1737-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 5 de marzo de 2020, don Hernán Espinoza Zapatel solicitó al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) la siguiente información:

"En el contexto de los amparos resueltos por el CPLT, roles C 3329-2016 y C 3330-2016, sumado a los fallos del CS (Corte Suprema) que acogieron recursos de su derecho de acceder a información relativa al estado sanitario de la Industria Salmonera, indica lo siguiente:

a) Solicita se le informe acerca de los centros de producción salmonera que informaron la presencia de la enfermedad parasitaria "Caligidosis" en los años 2018 y 2019, en las Regiones de Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes, identificados estos por sus Titulares y RNA.

b) Para las mismas regiones arriba señaladas y para los centros de producción de salmónidos emplazadas en ellas, solicita el listado de aquellos que hayan declarado durante los años 2018 y 2019, el uso de los pesticidas para control de Caligidosis Deltametrina; Cipermetrina, AZAMETIFOS, Emamectina y Diflubenzuron y que se identifiquen estas instalaciones por su Titular y RNA".

2) TRASLADO A LOS TERCEROS INTERESADOS: El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura mediante ORD./DSA/N° 149916, de fecha 10 de marzo de 2020, y conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, comunicó a las empresas por cuyos antecedentes se consultan, la solicitud de acceso y su derecho a oponerse a la entrega de aquellos.

3) OPOSICIONES DE LOS TERCEROS INTERESADOS:

Australis Mar S.A.: mediante presentación de 10 de marzo de 2020, señaló que no autoriza a este Servicio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley 20.285, para entregar a terceros la información solicitada, ya que de entregarse dicha información se afectaría gravemente los derechos e intereses comerciales y económicos de la empresa y se estaría atentando contra la normativa nacional de la libre competencia, específicamente el decreto ley 211, al tratarse de información confidencial, que sólo es entregada a la autoridad competente en cumplimiento de la normativa vigente. Con la información que se solicita se obtendrían antecedentes relativos al rendimiento productivo y estrategia productiva y comercial de Australis Mar S.A., lo que constituye información no divulgada y propia del giro acuícola, fundamental del proceso productivo del sector acuícola. Todo lo anterior, sumado a que la información que se entrega al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura en esta materia no tiene por objeto la publicación de ésta, sino que el de permitir el ejercicio de sus potestades de fiscalización. En consecuencia, se trata de suministro de información privada de entidades sujetas a fiscalización.

Salmones Blumar S.A.: mediante presentación de 11 de marzo de 2020, señaló que se oponen a la entrega de cualquier información que obre en poder de Sernapesca, respecto de las materias solicitadas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 y 4 de la ley N° 20.285, atendido a que dicha información significa que se haga pública la estrategia de producción de sus centros de cultivo, cuya titularidad es exclusiva de su representada, respecto de especies que no revisten la calidad de bien nacional de dominio público, lo que se traduce en que la empresa se encuentre en desventaja ante sus competidores chilenos, noruegos y del resto del mundo, quienes tendrían información sobre sus estrategias de producción, pudiendo afectar los precios, condiciones de venta y la posición de la empresa en el mercado.

Salmones Camanchaca S.A., Fiordo Blanco S.A. y Fiordo Azul S.A.: mediante correo electrónico de 16 de marzo de 2020, señaló que estiman que la entrega de la información afecta a las normas de la libre competencia y por ende, se formula expresa oposición a la entrega de cualquier información proporcionada al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura respecto de los centros de cultivo que tienen como titular a las mencionadas empresas, en virtud de los fundamentos contenidos en el artículo 21 N° 2 y 4 de la Ley 20.285.

Cermaq Chile S.A., Nueva Cermaq Chile S.A., Sociedad Acuícola y Comercial Las Chauques Limitada y Salmones Humboldt SpA: mediante presentación de 13 de marzo de 2020, señaló que se opone a la entrega de la información, por cuanto ella no es pública, sino que son datos productivos de propiedad de la empresa. Indicó que la divulgación incorrecta de los datos puede conllevar un enorme menoscabo a la reputación comercial de la empresa, al establecer una relación inadecuada de su situación sanitaria, en circunstancias de que se han hecho esfuerzos enormes en el combate de la enfermedad (derecho a la honra establecido en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República).

Cooke Aquaculture Chile S.A., mediante presentación de 11 de marzo de 2020, señaló que se opone a la entrega de la información, en virtud de lo establecido en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, atendido a que su publicidad afecta derechos de carácter comercial y económico de sus representadas. Señaló además que su oposición se funda en que la información solicitada constituye información estratégica del giro de esa empresa, en virtud de la cual se adoptan decisiones relativas al procesamiento de los peces, y los distintos productos a elaborar con esos peces. Asimismo, la información respecto de los tratamientos que se efectúan cuando existe presencia de caligidosis en los peces afecta también las decisiones respecto del plan productivo que adoptará la empresa para los próximos ciclos productivos. De esta manera, la información solicitada tiene un efecto directo en el valor de la compañía, por lo que su publicidad, comunicación o conocimiento por parte de terceros ajenos a la empresa o terceros no afectos a cláusulas de confidencialidad, afectan directamente derechos de carácter económico de Cooke Aquaculture Chile S.A., cuya publicidad afecta al desenvolvimiento competitivo.

Cultivos Yadrán S.A., mediante presentación de 12 de marzo, señaló que se oponen a la entrega de la información, en virtud de la causal establecida en el artículo 21 N° 2 de la ley N° 20.285, por cuanto la entrega de esa información afecta gravemente los derechos comerciales, ya que dice relación directa con la condición sanitaria de sus peces, que son el principal activo de la empresa, información de importancia estratégica y comercial. Indicó que la información exige mantenerla en secreto por corresponder al "secreto empresarial" que recoge la legislación nacional.

Empresas AquaChile S.A., Salmones Cailín S.A., Aquachile S.A.; Aguas Claras S.A., Salmones Maullín Limitada, Servicios de Acuicultura Acuimag S.A., Salmones Australes S.A., Exportadora Los Fiordos Limitada y Aysén SpA: en presentación de 13 de marzo, señaló que la publicidad, comunicación o conocimiento de la información solicitada afecta los derechos de la empresa, particularmente los derechos de carácter comercial o económico, pues contiene información de carácter privado, que tiene valor comercial, es sensible y estratégica para la compañía, no es conocida ni fácilmente accesible para terceros, y es objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto, todo lo que configura la causal de secreto o reserva, establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Además, hacen presente lo dispuesto en el artículo 19 N° 21 y N° 24 de la Constitución Política de la República. Así, estiman que poseen un derecho de propiedad sobre las concesiones y autorizaciones de acuicultura que le han sido otorgadas por el Estado.

Invermar S.A.: mediante presentación de 12 de marzo de 2020, la empresa se opuso a la entrega de la información señalando que la información solicitada se encuentra especialmente protegida por la Ley 17.374, y su divulgación tiene sanciones de carácter penal. Hacen presente que el Servicio Nacional de pesca ha tomado conocimiento de la información, tanto por una función estadística como de fiscalización, por lo que su conocimiento no puede hacerse público. En cuanto a la información particular obtenida para llevar estadística pesquera, esta información se encuentra protegida además de la ley 20.285, por la Ley 17.334, particularmente por sus artículos 29, 30 y 31. Señaló a su vez que, la información a que se refiere el ordinario, es información que además de ser propiedad de Invermar S.A., es comercialmente sensible y no es de acceso público, pues revelaría parte de sus costos de producción, lo que no puede ser conocido por su competencia, y de serlo, afectaría gravemente el derecho de propiedad de Invermar S.A.

Señaló además que la la información a que se refiere el ordinario es información que además de ser propiedad de Invermar S.A. es comercialmente sensible y no es de acceso público, pues revelaría parte de sus costos de producción, lo que no puede ser conocido por su competencia, y de serlo, afectaría gravemente el derecho de propiedad de la empresa, por lo que procede la causal de reserva de la información, contenida en el artículo 21 N° 2 de la Ley 20.285.

Añadió que los datos solicitados constituyen información sobre la que Invermar S.A. toma decisiones productivas y de financiamiento que no deben ni pueden ser conocidos por la competencia ni por los demás particulares que pretendan incorporarse al mercado, toda vez que colocará a Invermar S.A. en una situación de vulnerabilidad y desventaja frente a otros actores, sin perjuicio del daño país que esto puede ocasionar para industrias similares en otras partes del mundo.

En efecto, como resulta claro, la entrega al público de la información señalada en el ordinario de la referencia afecta el derecho de propiedad sobre una cosa incorporal mueble de la empresa, protegido por el artículo 19 N° 24. Como se sabe, dicho derecho fundamental, por una parte, protege y asegura a todas las personas el derecho de propiedad -en sus diversas especies- sobre todo tipo de cosas corporales e incorporales.

Además, en segundo lugar, tanto el inciso 1°, 2° y 3° del artículo 19 número 24 amparan y protegen ya no solo el derecho sino además el bien sobre el que recae, puesto que de otro modo el dominio se haría irrisorio y banal. En este sentido, el inciso segundo agrega una de las garantías más importantes de la propiedad, cuando prescribe que sólo la ley puede establecer los modos de adquirir, usar, gozar y disponer de la propiedad y de las limitaciones y obligaciones necesarias para hacerla cumplir con su fin social. Ello excluye, naturalmente, todo intento de eliminación de un derecho sobre su información productiva sensible.

Granja Marina Tornagaleones S.A.: en presentación de 12 de marzo de 2020, señaló que se opone a la entrega de la información, en virtud de la causal establecida en el artículo 21 N° 2, de la ley 20.285.

Mowi Chile S.A. y Salmones Tecmar S.A.: mediante presentación de 13 de marzo de 2020, señaló que no presentan reparos ni oposición para la entrega de la información indicada en la letra a) de la solicitud, accediendo expresamente a ella. Por el contrario, tratándose de los antecedentes indicados en la letra b) citada, manifiestan la oposición de las empresas a su entrega, cuya publicidad, comunicación o conocimiento afecta los derechos de dichas personas, particularmente aquellos derechos de carácter comercial o económico, circunstancia que es establecida como causal de reserva por el N° 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285, sobre Acceso a la información Pública. Lo anterior, atendido que la información que se solicita da cuenta de la planificación estratégica de las empresas, especialmente referida a sus situaciones sanitarias, lo que incluye medidas profilácticas y terapéuticas aplicadas en cada unidad de cultivo, por lo que constituye un bien económico estratégico, cuya divulgación las pondría en riesgo desde un punto de vista competitivo y comercial.

Multiexport Foods S.A., Multiexport Pacific Farms S.A., Multiexport Patagonia S.A. y Sociedad de Inversiones Isla Victoria Limitada: mediante presentación de 11 de marzo de 2020, manifestó que reserva la información en virtud de la causal establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, puesto que dichos antecedentes tienen directa relación con las condiciones de mercado, al referirse a ámbitos productivos; todo lo cual se encuentra amparado por las garantías constitucionales contenidas en el artículo 19 N° 21, 24 y 25 de la Constitución Política de la República.

Nova Austral S.A.: mediante presentación de 11 de marzo de 2020, señaló que reserva la información en virtud de la causal establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Con la información solicitada se obtendrían antecedentes que dicen relación con el rendimiento productivo y estrategia productiva y comercial, lo que constituye información no divulgada y propia del giro acuícola.

Salmonconcesiones S.A.: mediante presentación de 10 de marzo de 2020, señaló que reserva la información en virtud de la causal establecida en el artículo 21 N° 2 de la ley de Transparencia. Señala asimismo que, lo anterior tiene fundamento constitucional en el derecho a desarrollar cualquier actividad económica sin estar sometido a una competencia desleal por parte de los demás competidores y en el derecho de propiedad que se ejerce en este caso respecto de la información que es objeto del secreto señalado, respectivamente contemplados en los numerales 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Salmones Austral S.A.: mediante presentación de 10 de marzo de 2020, señaló que reserva la información en virtud de la causal establecida en el artículo 21 N° 2 de la ley de Transparencia. Señala asimismo que, lo anterior tiene fundamento constitucional en el derecho a desarrollar cualquier actividad económica sin estar sometido a una competencia desleal por parte de los demás competidores y en el derecho de propiedad que se ejerce en este caso respecto de la información que es objeto del secreto señalado, respectivamente contemplados en los numerales 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Trusal S.A. Y Salmones Pacific Star S.A.: mediante presentación de 10 de marzo de 2020, señaló que se opone a la entrega de la información, por cuanto la misma da cuenta de la planificación estratégica de la empresa, especialmente referida a su capacidad de producción salmónida, por lo que constituye un bien económico estratégico, respecto del cual existe un titular que ejerce derechos de carácter económico o comercial, en los términos establecidos en el artículo 21 N° 2 de la Ley 20.285,, lo que exige mantener su carácter secreto por corresponder al concepto de "secreto empresarial" que recoge la legislación nacional. Lo anterior tiene su fundamento en el artículo 19 N° 21 y 24 de la Constitución Política de la República.

Salmones Aysén S.A.: mediante presentación de 12 de marzo de 2020, se opuso a la entrega de la información, decisión que se encuentra amparada en los artículos 16, 20 y 21 de la Ley 20.285 y 16 de la Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos que Rigen los Actos de los órganos de la Administración del Estado. La principal razón por la que se oponen es porque la información requerida afecta sus derechos relativos a la honra (artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República) y derechos comerciales, ambos consagrados en el numeral 2 del artículo 21 de la Ley para la Transparencia, ya que involucra la afectación de sus derechos comerciales y económicos.

Salmones Caleta Bay Mar S.A., Caleta Bay Aguadulce SpA y Frío Salmón SpA: mediante presentación de 13 de marzo de 2020, señalando que se oponen a la entrega de la información, en virtud de lo establecido en los artículos 16, 20 y 21 de la Ley 20.285 y 16 de la Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos que Rigen los Actos de los órganos de la Administración del Estado.

Productos del Mar Ventisqueros S.A.: mediante presentación de fecha 13 de marzo de 2020, se oponen a la entrega de la información en virtud de las causales de reserva establecidas en el artículo 21 N° 2 y 4 de la Ley de Transparencia.

4) RESPUESTA: Mediante Resolución Exenta N° 667, de 27 de marzo de 2020, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) respondió a dicho requerimiento de información indicando que

Atendido a que la solicitud de información se refiere a documentos o antecedentes cuya entrega podría eventualmente afectar derechos de terceros, el órgano reclamando informó mediante ORD./DSA/N° 149916, a las empresas Aquagen Chile S.A, Australis Mar S.A., Salmones Blumar S.A., Salmones Camanchaca S.A., Cermaq Chile S.A., Cooke Aquaculture Chile S.A., Cultivos Yadrán S.A., Empresas AquaChile S.A., Invermar S.A., Granja Marina Tornagaleones S.A., Mowi Chile S.A., Multiexport Foods S.A., Nova Austral S.A., Salmones de Chile S.A., Salmones Austral S.A., Salmones Aysén S.A., Salmones Antártica S.A., Salmones Caleta Bay S.A. y Productos del Mar Ventisqueros S.A., que les asistía la facultad de oponerse a la entrega de la información solicitada, en los términos señalados en el artículo 20 de la Ley de Transparencia.

Informó, que la empresa Aquagen Chile S.A., manifestó su intención de entregar la información requerida.

Indicó, que la empresa Salmones Antártica S.A., no dio respuesta al oficio precitado, por lo que se entiende que accede a la entrega de la información, de acuerdo con el inciso final del artículo 20 de la Ley de Transparencia.

Se indica que no se hará entrega de la información, por oposición de terceros y por configurarse la causal de secreto o reserva del articulo 21 N°2 y artículo 7° N° 2 del reglamento de la ley 20.285.

5) AMPARO: El 2 de abril de 2020, don Hernán Espinoza Zapatel dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en respuesta incompleta o parcial a su solicitud de información por oposición de terceros.

6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Directora Nacional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA), mediante Oficio N° E5659, de 20 de abril de 2020, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros; (3°) acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a los terceros, incluyendo copia de las respectivas comunicaciones, de los documentos que acrediten su notificación, de las oposiciones deducidas y de los antecedentes que dan cuenta de la fecha en la que éstas ingresaron ante el órgano que usted representa; y, (4°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros que se opusieron a la entrega de la información, a fin de dar aplicación a los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.

Mediante ORD./SJ/N°: 151149, de 6 de mayo de 2020, el órgano reclamado hizo llegar sus descargos, señalando que se hizo la notificación a los terceros interesados de acuerdo al artículo 20 de la Ley de Transparencia, realizando una entrega parcial de la información, debido a la oposición de terceros de acuerdo al artículo 20 inciso 3° y por el artículo 34 inciso 3° de su Reglamento.

Asimismo el requirente fue informado mediante ORD./SDA/N° 150374, de 30 de marzo de 2020, con la información en cuyo respecto no se dedujo oposición y respecto de quien autorizó la entrega.

Señalan que respecto de Salmones Antártica S.A se hace entrega de la información aplicando la presunción del artículo 20 de la Ley de Transparencia al no responder al Ord. /DSA/ N°149.916, de 10 de marzo de 2020 y respecto de la empresa AquaGen Chile S.A, ésta accedió a la entrega de la información. Cabe mencionar que todas las empresas figuran como titular en el Registro Nacional de Acuicultura, respecto de los centros objeto de consulta.

Luego indica, en síntesis, que respecto de la información en la cual se oponen los terceros, no se hará entrega por estimar que se configura la causal de secreto o reserva del artículo 21 N°2 y el artículo 7 N°2 del reglamento de la ley 20.285.

En relación a cómo podrían afectar los derechos de los terceros involucrados, el organismo revela que de acuerdo al artículo 6 del Decreto N° 129 de 2013 del Ministerio de Economía que contiene el reglamento para la entrega de información de pesca y acuicultura y la acreditación de origen, señala que los sujetos obligados deben entregar la información respectiva, así mismo el articulo 7 dispone que cierto tipo de información tales como: especie, número, y peso de los ejemplares entre otros, deben ser notificados al reclamado.

Asimismo señalan que esta Corporación ha sostenido ciertos criterios para ponderar la entrega de información que se solicita como, por ejemplo si la información tiene un valor comercial por ser secreta, puede denegar su entrega, en razón de lo anterior se pudiesen ver afectados los derechos de carácter comercial o económicos en el sentido de las estrategias comerciales, manejo de la actividad productiva, capacidad competitiva, entre otras.

Adjunta los siguientes documentos:

ORD./DSA./N° 149916, de 10 de marzo de 2020, en el cual se comunica a las empresas potencialmente afectadas, la presentación de la solicitud del reclamante para efectos de ejercer su derecho de oposición.

Presentaciones de las oposiciones de las empresas.

Resolución Exenta N°667, de 27.03.20, que deniega parcialmente la información.

ORD./DSA./N°150374, de 30.03.20, que contiene la respuesta al usuario

Adjunta los datos de contacto de las empresas que se opusieron (nombre, rut y correo electrónico).

7) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INVOLUCRADOS: En conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación acordó conferir traslado del amparo deducido por el reclamante, mediante oficios N° E7561 a N°E7577, todos de fecha 26 de mayo de 2020, respectivamente, en su calidad de terceros a quienes se refiere la información solicitada, a fin de que presenten sus descargos y observaciones a este amparo.

Australis Mar S.A., en respuesta al oficio N° E7561, mediante presentación de fecha 18 de junio de 2020, reiteró su oposición a la entrega de la información solicitada planteada ante el órgano reclamado, en orden a que se configura la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Señalan que los antecedentes solicitados constituyen un "secreto empresarial", de acuerdo a la Ley N°19.039. Añade que la información es de carácter confidencial, de acuerdo al D.L. N°211, por cuanto su divulgación puede generar graves distorsiones en el mercado relevante de la industria acuícola, atentando contra la libre competencia. Agrega, que no existe un interés claramente determinado que justifique la afectación del derecho de privacidad de su representada, que se encuentran amenazados con la entrega de información solicitada.

Salmones Blumar S.A, en respuesta al oficio N° E7562, mediante presentación de fecha 5 de junio de 2020, reiteró la oposición y los fundamentos presentados ante el órgano reclamado, agregando, en síntesis, que lo hace bajo el amparo de las causales de reserva expresamente reconocidas en el artículo 21 N° 2 y N° 4 de la Ley 20.285. Señalan que la entrega de información podría incidir principalmente en materias de seguros, créditos, precios y comercio exterior, ya que de hacerse pública dicha información la empresa podría verse perjudicada en sus relaciones comerciales, favoreciendo a otras empresas del rubro salmonero y viendo disminuido su posicionamiento dentro de la industria. Indican que si bien la información solicitada ha sido entregada al Servicio Nacional de Pesca, ese solo hecho no la convierte en información pública, por lo que no puede ser revelada a un particular.

Cermaq Chile S.A., Nueva Cermaq Chile S.A., Sociedad Acuícola y Comercial Las Chauques Limitada y Salmones Humboldt SpA, en respuesta al oficio N° E7564, mediante presentación de fecha 12 de junio de 2020, se opuso a la entrega de la información solicitada, toda vez que considera que aquella no tiene el carácter de pública y que su divulgación afecta sus derechos de carácter comercial y económicos. Así, de hacerse pública podrían verse perjudicados en sus relaciones comerciales, favoreciendo a otras empresas del rubro salmonero y viendo disminuido su posicionamiento dentro de la industria. Señala que esta información corresponde a datos propios del quehacer productivo de una empresa y su publicidad la pone en una posición de desventaja frente a sus competidores, dado que el uso o no uso de antiparasitarios, así como la entrega pormenorizada de los fármacos que utilizan sus representadas, permitiría a cualquier competidor deducir los estados y eficiencias de su modelo de control de enfermedades. Señala que en este caso concurre la causal de reserva de la información contenida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

Empresa AquaChile S.A, en respuesta al oficio N° E7567, mediante presentación de fecha 9 de junio de 2020, reiteraron oposición a la entrega de lo solicitado planteada ante el órgano reclamado, por cuanto su conocimiento o divulgación afecta sus derechos comerciales y económicos de carácter privado. Agregando, que consideran que lo requerido no es información es pública, pues la normativa que regula la materia es clara, y no hace público todo lo que el Estado tenga o posea, sino ciertos aspectos de la actuación administrativa, solo los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y procedimientos que utilicen. Además, hacen presente lo dispuesto en el artículo 19 N° 21 y N° 24 de la Constitución Política de la República. Así, estiman que poseen un derecho de propiedad sobre las concesiones y autorizaciones de acuicultura que le han sido otorgadas por el Estado, igualmente sobre las pisciculturas inscritas en el Registro Nacional de Acuicultura que el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura lleva al efecto, lo que consideran garantiza y ampara su derecho de propiedad sobre toda la información que ellas generen en el marco de sus actividades, incluida la sanitaria pedida, la que se reportó a SERNAPESCA, única y exclusivamente porque la legislación de esta forma lo establece, y para que ese organismo lleve a cabo su rol fiscalizador y de seguimiento de la actividad acuícola.

Mowi Chile S.A., en respuesta al oficio N° E7570, mediante presentación de 19 de junio de 2020, señaló que se oponen a la entrega de la información solicitada en el literal b) del requerimiento. Lo anterior, en primer lugar, porque consideran que aquella no tiene el carácter de pública al tratarse de antecedentes que las empresas salmoneras entregan al SERNAPESCA, a cuya fiscalización se encuentran sujetas, de acuerdo con la normativa que regula la actividad; los que, si bien obran en poder de dicho servicio, no consta que estos hayan sido fundamento de un acto o resolución administrativa dictada por la autoridad fiscalizadora. Citando jurisprudencia del Tribunal Constitucional en tal sentido. Por otro lado, alegan que la información requerida constituye un bien económico estratégico que da cuenta de la planificación de la empresa, especialmente, a lo referido a su estrategia de producción, cuya divulgación afectaría sus derechos comerciales o económicos, por constituir secreto empresarial, de manera que a su respecto se configura la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. En tal sentido, hacen presente que el Azametifos, la Deltametrina, la Cipermetrina y el Benzoato de Emamectina, a los que se refiere el presente amparo, se encuentran incluidos en el documento "Productos Antiparasitarios para el Control de Caligidosis en Salmonídeos con Registro del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)", donde se contempla un total de 9 productos, correspondientes a 6 principios activos, de los cuales 3 presentan como principio activo el Azametifos, en polvo para suspensión externa; mientras, 2 corresponden a la Deltametrina, y uno a la Cipermetrina, en forma de solución externa para inmersión; y uno al Benzoato de Emamectina, en forma de polvo oral, para vía de empleo en el alimento. Al respecto, estiman que resulta importante considerar que, aun cuando el universo de antiparasitarios que pueden utilizar las empresas es relativamente pequeño, y que se ha establecido la obligación de alternancia en el principio activo de los plaguicidas utilizados por las empresas, lo cierto es que la información precisa acerca de los productos específicos del listado que una empresa utiliza en un centro y época determinado, sigue manteniéndose en reserva y no es conocida públicamente ni por las demás empresas. En este sentido, precisan que el documento "Manual de Buenas Prácticas en el Uso de Antimicrobianos y Antiparasitarios en Salmonicultura Chilena", solo entrega información acerca del uso de pesticidas, por región y año, pero en ningún caso revela el tipo de producto que ha sido utilizado en un centro en particular. Además, cabe tener en cuenta que el número acotado de productos farmacéuticos que es posible emplear, se encuentra desvirtuado por la posibilidad de utilizar tratamientos no farmacéuticos, como el del peróxido de hidrógeno, de creciente desarrollo.

Finalmente, sostienen que desarrollan considerables esfuerzos en el control de la Caligidosis, destinando importantes recursos económicos y humanos. En este sentido, la empresa cuenta con un Laboratorio Central de Marine Harvest Chile S.A., cuyas dependencias se ubican en la ciudad de Puerto Montt, el que depende directamente de la Gerencia de Salud y Nutrición. El año 2013, se crea una Unidad de Caligus, con una inversión inicial de USD 1.200, y un costo operacional anual de USD 33.000. En dicha unidad se llevan a cabo los análisis de sensibilidad, que permiten evaluar la resistencia del piojo de mar a los distintos pesticidas disponibles. En este contexto, al día de hoy, la empresa ocupa en sus centros 4 de los pesticidas registrados en el SAG, bajo distintas condiciones de tiempo y lugar, y ello no es casualidad; es fruto del empleo, entre otras, de las herramientas antes mencionadas. De manera ilustrativa, señalan que en el documento "Evaluación de la sensibilidad de Caligus rogercresseyi a azamethiphos, cipermetrina y deltametrina mediante bioensayos toxicológicos: Estudio a largo plazo" (Laboratorio Central de Marine Harvest, 2016), se concluye: "Los resultados indican una variabilidad estacional y anual de la sensibilidad de C. rogercresseyi a los antiparasitarios que, sumados a los tratamientos continuos aplicados en las fincas, sugieren que es necesario actualizar periódicamente el estado de sensibilidad en la región y macrozonas (análisis no mostrado). Esto permitiría gestionar y mejorar la decisión sanitaria a medio y largo plazo sobre la sensibilidad de C. rogercresseyi y la rotación de medicamentos. Incluir esta herramienta como parte de la futura regulación. Además de otros productos químicos o mecanismos no farmacológicos deben ser incorporados al control de C. rogercresseyi, y que la vigilancia de la resistencia a los tratamientos actuales debe mantenerse como parte de la gestión integrada." En consecuencia, los datos acerca del uso de los pesticidas en particular dan cuenta de la planificación estratégica de la empresa, referida a la forma en que maneja el uso de los mismo en su producción, es decir, la elección de uno de otro, por lo que constituye un bien económico estratégico, cuyo titular requiere de protección mediante la reserva de dicha información.

Multiexport Foods S.A., Multiexport Pacific Farms S.A., Multiexport Patagonia S.A. y Sociedad de Inversiones Isla Victoria Limitada, en respuesta al oficio N° E7571, mediante presentación de 10 de junio de 2020, se oponen a la entrega de la información solicitada, por considerar que concurre a su respecto la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Lo anterior, por considerar que constituye un secreto empresarial, cuya divulgación afecta gravemente sus derechos e intereses económicos y comerciales, puesto que dichos antecedentes tienen directa relación con las condiciones ambientales y sanitarias de crianza de sus peces, y se refiere a ámbitos productivos; todo lo cual se encuentra amparado por las garantías constitucionales contenidas en el artículo 19 N° 21, N° 24 y N° 25 de la Constitución Política de la República. Señalan que no toda información que obre en poder de la Administración es pública, menos aún si es entregada por terceros a los entes públicos como una obligación legal y cuya entrega puede afectar gravemente sus intereses comerciales y económicos. Indican que esta información no puede estar en manos de sus competidores, porque comprende procesos de producción, técnicas y estrategias, y condiciones económicas, todas las cuales son de propiedad exclusiva de su representada y fueron desarrolladas con este fin. Ello, constituye parte del know - how, del cual cada empresa es titular en el desarrollo de su negocio. En síntesis, se trata de información sensible, relativa a procesos productivos de mis representadas; de tipo económica, que les permite hoy desarrollar en libre competencia esta actividad económica. Encontrándose acreditada la propiedad sobre esa información comercial o económica, las conductas que realice un competidor actual o potencial para apoderarse o emplear ilícitamente aquella información constituyen un atentado contra el derecho constitucional a desarrollar cualquier actividad económica, que asegura no sólo que la competencia sea libre, sino que también ésta sea desarrollada en forma leal.

Nova Austral S.A., en respuesta al oficio N° E7572, mediante presentación de 10 de junio de 2020, se opuso a la entrega de la información solicitada, señalando que si bien la información relacionada con la presencia de Caligidosis es informada de manera periódica a la autoridad, dicha entrega de información se hace en cumplimiento de la normativa aplicable, pero con el objeto de permitir a SERNAPESCA el ejercicio de sus facultades de fiscalización. Ahora bien, el requerimiento efectuado, solicita además acceso a información específica relacionada con el uso de determinados pesticidas. Respecto de esto último resulta plenamente aplicable lo antes señalado, pero también es relevante hacer presente que dicha información se encuentra íntimamente vinculada con el proceso y técnicas de producción de la empresa, por lo que su divulgación a terceros puede afectar los derechos comerciales y económicos de la compañía. Esto, dado que no solo se desconoce el motivo del reclamante para solicitar el detalle de dicha información, sino que podría permitir su difusión indiscriminada para copiar o reproducir el procedimiento de aplicación de pesticidas de otras empresas, razón por la cual debiese ser entendida como secreto empresarial en los términos del artículo 86 de la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial. Además, cabe mencionar que esta información podría eventualmente ser puesta en conocimiento de proveedores afectando la planificación productiva y la estrategia económica de la empresa.

Salmones Aysén S.A, en respuesta al oficio N° E7575, mediante presentación de fecha 29 de mayo de 2020, reiteró la oposición y los fundamentos presentados ante el órgano reclamado, agregando, en síntesis, que "en este caso entendemos que nos encontramos frente a un secreto empresarial en relación a un procedimiento industrial que se lleva a cabo, cuyo mantenimiento en reserva nos proporciona una ventaja competitiva, como la capacidad de resistencia de su centro a eventos de causados por la "caligidosis", en comparación a las demás empresas del rubro y a nuestros proveedores. La valorización de nuestras concesiones de acuicultura, el activo más preciado para el desarrollo de nuestra actividad requiere mecanismos de protección ya que ante su divulgación se ve menoscabada al darse conocimiento de sus mecanismos de manejo de la posible infestación parasitaria ya mencionada, que finalmente se traduce en ventajas comparativas. Agrega que la principal razón de nuestra oposición es que la información desagregada, de la forma requerida por el peticionario afecta nuestros intereses, ya que dice relación con antecedentes sanitarios, particulares de la empresa, y de sus centros de cultivo, constituyendo información estratégica de carácter productiva que son exclusivas de Salmones Aysén S.A., y que deben gozar de la posibilidad de ser mantenidas en reserva, formando parte de la diferenciación y características que definen la competitividad de mi representada. Justamente en atención a ello, la normativa que rige la materia y que a continuación se cita, la exceptúa de la publicidad. Asimismo, la divulgación de la información requerida, en los términos requeridos por el peticionario, afecta nuestros derechos, relativos a nuestro derecho a la honra y derechos comerciales se consagrados en el numeral 2 del artículo 21 de la Ley para la Transparencia, ya que involucra la afectación de nuestros derechos comerciales y económicos. Finalmente señalan que si se hace entrega, se haga de acuerdo al artículo 86 y 87 de la Ley 19.039 y que se abra un término probatorio especial, de conformidad a la Ley 19.880.

Salmones Caleta Bay Mar S.A., Caleta Bay Aguadulce SpA y Frío Salmón SpA, en respuesta al oficio N° E7577, mediante presentación de fecha 9 de junio de 2020, reiteró oposición a la entrega de la información solicitada planteada ante el órgano reclamado, en orden a que concurren las causales de secreto o reserva dispuestas en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en los artículos 86 y 87 de la Ley de Propiedad Industrial. Así, consideran que su divulgación afecta gravemente sus derechos de carácter económico y comercial, toda vez que el uso de antibióticos en centros específicos y los tipos de compuestos activos empleados para el control de la caligidosis en éstos, constituyen datos clave de la industria, que no son conocidos por el público y cuya publicidad puede producir gravísimos efectos a su titular. De esta forma, consideran que aquella corresponde a datos propios del quehacer productivo de una empresa y su publicidad pone a esta en una posición de desventaja frente a sus competidores, dado que el uso o no uso de antibióticos, así como la entrega pormenorizada de los fármacos utilizados, permitiría a cualquier conocedor de la industria deducir o inferir los estados y eficiencias del modelo de control de enfermedades aplicados. Pero, además, permitiría a empresas de cultivo, distribuidoras de fármacos y laboratorios farmacéuticos conocer sobre las necesidades de compra de productos para el control sanitario, lo que los pone en una posición de total desventaja en un proceso de negociación, pues el vendedor de los fármacos tendrá plena certeza sobre los ciclos de uso y podrá implementar alzas de precio, si es que sabe que en determinado centro el ciclo farmacológico está en pleno proceso y, por tanto, no existe posibilidades de cambio de proveedor o de tratamiento. El uso de antibióticos, particularmente el tipo de fármaco a utilizar es una materia esencial para el desarrollo de la industria salmonera y de cada uno de sus actores, de modo que el que dichos antecedentes pasen a ser de conocimiento público genera graves daños a sus prospectos económicos. Además, la asociación de cada centro con un fármaco específico devela información proveniente de años de estudios que realiza la empresa, en la que se han invertido altas sumas de dinero y que forman parte de su know how. Este trabajo se ha traducido en la disminución del uso de antibióticos muy por debajo de la media de la industria, e incluso habiendo certificado la producción de parte de sus peces sin uso de fármaco alguno. Finalmente, sostienen que el requerimiento no supera el test de interés público, pues existen datos fehacientes sobre uso de antibióticos reportados al público por el mismo SERNAPESCA, además de que el reclamante no ha dado ningún motivo o razón que pueda ilustrarlos sobre la necesidad pública de darse a conocer los datos indicados.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, a modo de contexto, resulta pertinente hacer referencia al marco normativo en el cual se desarrolla la materia objeto del presente amparo, del cual, en lo pertinente, procede destacar lo siguiente:

a) La Ley General de Pesca regula la actividad de acuicultura que se realice en "aguas terrestres, playa de mar, aguas interiores, mar territorial o zona económica exclusiva de la República y en las áreas adyacentes a esta última sobre las que exista o pueda llegar a existir jurisdicción nacional" (artículo 1°). De este modo, establece que, para llevar a cabo dicha actividad, se debe, previamente, ingresar al Registro Nacional de Acuicultura (RNA) que para el efecto lleva el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, en el cual se inscribe la resolución que otorga una concesión o autorización de acuicultura, aquel acto administrativo se verifica tras someterse al procedimiento de solicitud establecido en el Título VI "De la Acuicultura" de la ley mencionada.

b) El D.S. N° 129/2013 prescribe la obligación que recae sobre los titulares de inscripciones, autorizaciones y concesiones de acuicultura de entregar información específica por cada centro de cultivo, entre las cuales se encuentra, la situación sanitaria, en particular, las medidas profilácticas y terapéuticas aplicadas a cada unidad de cultivo, y las enfermedades o infecciones presentadas. Además, establece que en los casos que exista un programa sanitario específico, se deberá dar cumplimiento a las exigencias de información contenidas en ellos referidos a la enfermedad específica de que se trate (artículos 6 y 7).

c) El decreto supremo N° 319, año 2001, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que aprueba Reglamento de Medidas de Protección, Control y Erradicación de Enfermedades de Alto Riesgo para las Especies Hidrobiológicas; en el que se establece que SERNAPESCA elaborará programas sanitarios generales y específicos, en este último caso, deben comprender programas de Vigilancia Epidemiológica, de Control y de Erradicación (artículo 13). Además, deberá emitir informes semestrales en base al análisis de los datos y resultados obtenidos a través de la aplicación de los programas sanitarios específicos que se hubieren dictado, los que serán remitidos a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (artículo 16). En este contexto se dicta, por una parte, la resolución exenta N° 13, de fecha 9 de enero de 2015, que establece programa sanitario específico de vigilancia y control de caligidosis - complementado por la resolución exenta N° 1240 de 5 de febrero de 2016 y modificada por las resoluciones exentas N° 4151 y N° 2881, de fecha 8 de septiembre de 2017 y 4 de julio de 2018, respectivamente-.

2) Que, lo solicitado son los centros de producción salmonera, identificados por su titular y número de registro nacional de acuicultura, que reportaron presencia de caligidiosis y uso de deltametrina; cipermetrina, azametifos, emamectina e ivermectina, en las regiones de Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes, en los años 2018 y 2019; lo que, de acuerdo a la normativa descrita en el considerando anterior, debe ser informado al órgano reclamado por el titular de cada uno de dichos centros, en cumplimiento de la normativa sectorial señalada y que obra en poder del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, en atención a la función fiscalizadora que le corresponde, según lo establece el artículo 122 de la Ley General de Pesca. Por lo tanto, conforme a lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, lo pedido tendría el carácter de información pública, salvo que concurra alguna causal de secreto o reserva legal, las que, por ser de derecho estricto y una excepción, deben aplicarse en forma restrictiva, debiendo ser acreditada por aquel que la invoca.

3) Que el presente amparo se funda en la respuesta incompleta o parcial a la solicitud, por oposición de los terceros a quienes se refiere la información, luego de haber sido notificados en conformidad al artículo 20 de la Ley de Transparencia. Por lo que, se debe determinar si respecto de dicha información pública se configuran las causales de excepción a la publicidad alegadas por aquellos.

4) Que, respecto de la alegación de los terceros relativa a que lo pedido se trataría de información privada, por ende, no susceptible de ser requerida en virtud de la Ley de Transparencia, de acuerdo con lo razonado en el considerando segundo, esta tiene el carácter de pública, razón por la cual, se desechará tal alegación. Del mismo modo, se desestimarán los argumentos relativos a la identidad, motivaciones y al uso que el reclamante daría a los antecedentes solicitados. Lo anterior, debido a que no constituyen casual de excepción a la publicidad alguna, de acuerdo con lo prescrito en la Ley de Transparencia.

5) Que, en relación con lo argumentado relativo a la configuración del denominado "secreto estadístico" respecto de la información solicitada, cabe recordar que, de acuerdo con lo razonado en los considerandos primero y segundo, el carácter de público de lo pedido obedece al ejercicio de la función fiscalizadora que le corresponde al órgano reclamado, y no a función estadística alguna que se pudiera enmarcar dentro de lo establecido en el artículo 29 de la ley N° 17.374. En el mismo sentido, se debe concluir respecto de la alegación referida al artículo 22 del D.L. N° 211/1973. En consecuencia, se desestimará su concurrencia para este caso.

6) Que, por otra parte, algunos de los terceros argumentan, que la divulgación de lo solicitado podría afectar el interés nacional, específicamente, los intereses económicos o comerciales del país, por lo que, se configuraría a su respecto la causal de excepción consagrada en el artículo 21 N° 4 de la Ley de Transparencia. En este sentido, cabe señalar que, para verificar la procedencia de la causal de excepción invocada, es menester que la publicidad de la información "afecte" el derecho protegido por ella. En tal sentido, y según ha venido sosteniendo reiteradamente este Consejo la afectación debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, como también debe ser acreditada por el quien la alega. En el presente caso, aparte de enunciar la causal de reserva alegada, no han aportado antecedentes suficientes que permitan entender cómo, en concreto, la divulgación de lo pedido afectaría los intereses económicos y comerciales del país. En consecuencia, al no acreditarse un perjuicio o menoscabo del interés nacional, se desestimará la concurrencia de la causal de secreto o reserva alegada.

7) Que, finalmente, argumentan la configuración de la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, pues la publicidad de lo requerido afectaría sus derechos comerciales y económicos, en términos generales, así como también, los derechos contemplados en el artículo 19 N° 4, N° 21, N° 22, N° 24, N° 25 y N° 26 de la Constitución Política de la República; y, por otro, se trataría de antecedentes amparados por el secreto empresarial establecido en la Ley de Propiedad Industrial.

8) Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia y el artículo 7 N° 2 del Reglamento de la ley mencionada, un mero interés no es suficiente para configurar la reserva de lo solicitado, debiendo justificarse la existencia de un derecho que se vería afectado con su divulgación. Al respecto, este Consejo ha adoptado los siguientes criterios orientadores para determinar si la entrega de la información puede afectar los derechos económicos y comerciales de una persona, natural o jurídica: a) ser secreta, es decir, no generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente la utilizan; b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto; y c) tener un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva (y por el contrario, su publicidad afecte significativamente su desenvolvimiento competitivo). Los que también se aplican, para determinar si la información pedida constituye el denominado "secreto empresarial", definido en el artículo 86 de la Ley de Propiedad Industrial.

9) Que lo solicitado en el literal a) del requerimiento son los centros de producción de salmónidos, identificados por su titular y su RNA, que reportaron presencia de caligidosis durante los años 2018 y 2019, en las regiones de Los Lagos, de Los Ríos, de Aysén y de Magallanes. Al respecto, cabe hacer presente que según da cuenta la página institucional del órgano reclamado, en el enlace correspondiente a "Programa Caligus", se informa que la caligidosis es una enfermedad producida por "Caligus rogercresseyi", comúnmente llamado "piojo de mar", que corresponde a un ectoparásito copépodo que habita las aguas marinas y salobres de Chile, y que parasita salmónidos de cultivo; enfermedad de alto riesgo de la lista 2, por considerarse de importancia en el país y que puede ser objeto de programas sanitarios de vigilancia y control.

10) Que, en el Informe Sanitario de Salmonicultura en Centros Marinos Año 2018, se señala respecto a la caligidosis las cargas parasitarias reportadas por las agrupaciones de concesiones, período enero a diciembre de dicho año, además, de dar cuenta de la distribución espacial de los centros de alta diseminación, éstos últimos son aquellos que presenta en un monitoreo de cargas parasitarias, de determinado valor promedio semanal. En este punto, es necesario hacer presente que, en el banner de trasparencia activa de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, en el enlace correspondiente a los "actos con efectos sobre terceros", se encuentran publicadas las resoluciones que otorgan concesión de acuicultura, indicando su titular, ubicación y coordenadas geográficas.

11) Que, respecto a los requisitos referidos a que la información solicitada debe ser secreta y objeto de razonables esfuerzos para mantenerla de esa forma, señalados en el considerando octavo, se debe considerar que es posible acceder a parte de aquella en el Informe Sanitario de Salmonicultura en Centros Marinos Año 2018, publicado en la página institucional del órgano reclamado, más si se considera que en las resoluciones que otorgan la concesión de acuicultura necesaria, para desarrollar el cultivo de salmónidos, se encuentra el detalle de la ubicación geográfica de los centros de cultivos respectivos. De esta forma, se pueden conocer antecedentes respecto de la patología consultada, incluso con un detalle superior al solicitado, según da cuenta lo señalado en el considerando décimo. A mayor abundamiento, en la página web del órgano reclamado se puede acceder al "Listado de Centros Alta Diseminación", con indicación de la empresa, el nombre del centro, código, agrupación de concesiones de salmónidos, espécimen y semana.

12) Que, en cuanto al requisito establecido por este Consejo, relativo a que la información tenga un valor comercial por ser secreta. Las empresas señalan que la divulgación de lo pedido, podría vulnerar sus derechos fundamentales, tales como el derecho a la honra, propiedad, privacidad y a realizar actividades económicas, puesto que dicen relación directa con las condiciones ambientales y sanitarias de crianza de sus peces, así como también, estratégica de producción, de funcionamiento eficiente e inversión, cuya publicidad podría afectar las condiciones de precio y de colocación de sus productos, en el mercado, tanto nacional como internacional. Por su parte, se verían perjudicados, en materia de seguros, puesto que se refiere a información relativa a la "salud" de la garantía - biomasa en cultivo-, pudiendo aumentarle el precio de las primas a pagar; en materia de créditos, puesto que podría provocar cambios en las calificaciones de riesgo de la empresa; y, en materia de comercio exterior, puesto que entregar antecedentes sobre el estado de salud de los peces puede causar alteraciones en la recepción de sus productos en el mercado internacional. Finalmente, argumentan que la divulgación de la información solicitada podría ser utilizada para campañas que tengan por propósito dañar la imagen de la industria salmonera, ante cualquier publicidad errónea, torcida o mal uso que se le dé a ésta, se podría afectar la percepción de calidad e inocuidad del salmón.

13) Que, de lo expuesto precedentemente, se concluye que la información pedida no tiene, en sí misma, valor comercial, si se considera, además, que en la resolución exenta N° 13/2015, se establece que la enfermedad es ocasionada por el denominado comúnmente "piojo de mar", las que son endémicas en peces de aguas marinas y salobres de Chile, por lo tanto, es una contingencia conocida por todos aquellos que realizan la actividad en el país y en el extranjero, ya que se encuentra presente en otras zonas también. Por lo que informar los centros de cultivo que reportaron su presencia, no da cuenta de información comercial o estratégica alguna, y menos aún puede dañar la imagen de la empresa titular del centro de cultivo, pues en un hecho de la naturaleza y de la ubicación geográfica, no atribuible a ellos. A mayor abundamiento, se debe considerar el hecho que algunas de las empresas afectadas accedieron a su entrega.

14) Que, por otra parte, lo solicitado en el literal b) del requerimiento es el listado de centros de producción salmónidos, identificados por titular y RNA, que hayan declarado el uso de los pesticidas deltametrina, cipermetrina, azametifos, emamectina e ivermectina, en las regiones de Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes, en los años 2018 y 2019. En este punto, se debe hacer presente que los pesticidas consultados son utilizados para el control de plagas en cultivos de animales, en particular, en la industria del salmón se usan estos principios activos en formulaciones de ciertos medicamentos para tratar infestaciones provocadas por el "piojo de mar", en la etapa de engorda en los centros de cultivo. Además, cabe consignar que, salvo la ivermectina, los demás se encuentran dentro de los Productos Antiparasitarios para el Control de Caligidosis en Salmonídeos con Registro del Servicio Agrícola y Ganadero.

15) Que, por su parte, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Sanidad Animal y el Codex Alimentarius, señalan que las Buenas Prácticas del uso de medicamentos veterinarios en los animales destinados a la producción de alimentos, deben considerar una serie de medidas y recomendaciones que involucran a las autoridades reguladoras, a la industria farmacéutica veterinaria, a los distribuidores de medicamentos, a los médicos veterinarios y a los criadores de animales destinados a la producción de alimentos para la población humana. En este contexto, se adopta en Chile el "Manual de Buenas Práctica en el Uso de Antimicrobianos y Antiparasitarios en Salmonicultura Chilena", analizando, además, dicho uso en los centros de cultivo de salmones a nivel nacional. Así, se informa el consumo de principios activos de antiparasitarios por región durante el período 2010-2014; la evolución del consumo por región; se especifican principio activo, forma farmacéutica, dosis y período de resguardo de los antiparasitarios autorizados por el Registro de Medicamentos Veterinarios del Servicio Agrícola y Ganadero y los límites máximos de residuos en tejidos salmonídeos establecidos por Chile y por otros países. En todas las estadísticas entregadas en dicho manual se encuentran presente los pesticidas consultados, con una importante participación en la industria salmonera.

16) Que, en el manual señalado precedentemente, además, se plantean recomendaciones, entre las cuales se cuentan la de alternar el uso de los antiparasitarios con el fin de disminuir el riesgo de la resistencia. En el mismo sentido, la resolución exenta N°13, de 2015, establece en el apartado "Tratamientos Farmacológicos", que estos deberán considerar el uso exclusivo de productos farmacéuticos registrados o autorizados de acuerdo a la normativa vigente; las dosis y el tiempo e exposición a los productos antiparasitarios administrados por inmersión deberán ser acorde a las indicaciones técnicas establecidas en el registro farmacológico y que se podrán emplear principios activos administrados por inversión, que pertenezcan a la misma familia química por un máximo de 3 veces consecutivas durante un ciclo productivo.

17) Que en cuanto a la concurrencia respecto de lo pedido en este literal de la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en lo relativo a los requisitos de que la información debe ser secreta y objeto de razonables esfuerzos para mantenerla de esa forma; se debe considerar el acotado número de antiparasitarios que pueden utilizar las empresas, y la extensa información disponible respecto de la materia en comento es posible concluir que el eventual carácter secreto de lo pedido se encuentra morigerado. En cuanto al requisito de que aquella tenga un valor comercial, cabe señalar que es la propia resolución exenta N° 13, de 2015, la que prescribe el uso exclusivo de productos farmacéuticos registrados o autorizados de acuerdo con la normativa vigente. En consecuencia, informar los centros de cultivo que reportaron la utilización de los antiparasitarios consultados, no da cuenta de información comercial o estratégica alguna, ni menos aún puede dañar la imagen de la empresa titular del centro de cultivo, pues es un hecho conocido la presencia de caligidosis en el país, por lo que, se deben tomar los resguardos necesarios para su control, además se debe considerar que no se está requiriendo la cantidad administrada, así como tampoco, los períodos de uso de aquellos. Finalmente, se debe señalar que algunas de las empresas afectadas accedieron expresamente a su entrega, por lo que, tal situación da cuenta que no se trataría de antecedentes con valor comercial por sí mismos.

18) Que, en este punto es necesario hacer presente que dentro de los objetivos de la Ley General de Pesca se establece "la conservación y el uso sustentable de los recursos hidrobiológicos, mediante la aplicación del enfoque precautorio, de un enfoque ecosistémico en la regulación pesquera y la salvaguarda de los ecosistemas marinos en que existan esos recursos" (artículo 1° B). Así, la actividad salmonera se desarrolla, principalmente, en bienes nacionales de uso público, por ello requiere de concesiones y autorizaciones previas, además que el incumplimiento de la normativa sectorial puede incluso conllevar la caducidad de aquellas. Por lo que, resulta evidente que el uso de antiparasitarios puede incidir en la conservación y el uso sustentable de los recursos hidrobiológicos.

19) Que, por otra parte, cabe tener en cuenta, los esfuerzos internacionales y nacionales tendientes a controlar y disminuir la utilización de antiparasitarios y antimicrobianos en la producción de alimentos, por los eventuales efectos que aquellos podrían tener en la salud de las personas. En este contexto, se dicta la resolución exenta N° 5125, de fecha 26 de junio de 2016, que aprueba Manual de Inocuidad y Certificación y Procedimiento de Actualización que indica; el que se funda en el deber del Estado de velar por la protección, conservación y aprovechamiento integral de los recursos hidrobiológicos, así como también, en el ejercicio de la función fiscalizadora del SERNAPESCA, en orden a controlar la inocuidad de los productos pesqueros y de acuicultura de exportación (artículo 122, letra r), de la Ley General de Pesca).

20) Que, en términos generales respecto de los antecedentes requeridos en ambos literales de la solicitud, cabe hacer presente que el órgano reclamado, mediante oficio N° 62.959, de fecha 16 de marzo de 2015, en respuesta a medida para mejor resolver realizada por este Consejo durante la tramitación del amparo rol C1203-14, explica el motivo por el cual en sus Informes Sanitarios de Salmonicultura en Centros Marinos, entrega información más detallada (por centro de cultivo) de ciertas enfermedades como la Caligidosis, ISA o Piscirickettsiosis, y no así en el caso de las ictopatologias Bacterial Kidney Disease (BKD) y de Necrosis Pancreática Infecciosa (IPN). En este sentido, informó en relación a éstas últimas patologías, que la información "se consolida a partir de resultados de laboratorio que las mismas empresas solicitan voluntariamente ejecutar bajo sus objetivos e instrucciones, contrariamente a lo que acontece con los muestreos y resultados de los Programas Sanitarios Específicos de Vigilancia y Control para ISA, Piscirickettsiosis y la Caligidosis, que se enmarcan dentro de un Programa Sanitario Específico con objetivos y procedimientos fundados y que, por cierto, emanan de una exigencia de la autoridad al amparo de una norma que así lo establece (...). En relación con los informes sanitarios de centros marinos consultados, hace presente que el detalle de la información que en ellos se contiene, emana del artículo 16 del Decreto Supremo N° 319, de 2001, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción hoy Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que contiene el Reglamento de Medidas de Protección, Control y Erradicación de Enfermedades de Alto Riesgo para las Especies Hidrobiológicas. En definitiva tiene como objetivo describir el análisis de los datos y resultados obtenidos de la aplicación de Programas Sanitarios Específicos que se han dictado, como son el de PSEVC-ISA, PSEVC-Piscirickettsiosis y PSEVC-Caligidosis, no así en el caso del BKD y IPN que no tiene aún Programa Sanitario Especifico asociado".

21) Que, a mayor abundamiento, y atendida la materia sobre la cual versa el presente amparo, resulta pertinente tener presente que la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de fecha 31 de mayo de 2016 en causa Rol N° 11.771-2015 referida al uso de antimicrobianos en la salmonicultura razonó en su considerando trigésimo segundo que: "(...) Desde luego, en el contexto de un Estado Democrático de Derecho, es necesaria la existencia de una fiscalización o control social, que debe ejercerse por los ciudadanos, sin perjuicio del control que le cabe al propio Sernapesca, respecto de las empresas del rubro del cultivo de la especie salmón, para así por un lado, poder fiscalizar el debido cumplimiento de las funciones públicas por parte de los Órganos del Estado, que como precisa la Constitución Política, se deben al principio servicial sobre la persona humana y cuya finalidad esencial es promover el bien común. Asimismo, permite el escrutinio público sobre las propias empresas o entidades fiscalizadas por el respectivo órgano de la Administración, que permita entonces apreciar el modo como se respeta la legislación que enmarca su actuación económica, en el terreno del ejercicio de la libertad de ejercer una actividad económica lícita, pero por cierto apegada a la Constitución y a las leyes." En el considerando trigésimo séptimo del referido pronunciamiento, el mencionado tribunal manifestó que "la referida información debe ser conocida por la solicitante y, en definitiva, hacerse pública, pues se trata de una materia en extremo sensible a toda la opinión pública, por cuanto, como ha quedado expuesto, se encuentra en el tapete de la discusión incluso un problema de salud pública. Frente a la colisión de derechos que podría producirse y tal como lo ha hecho presente el recurrente, habría que aplicar el test de daño, herramienta que permitiría sin duda inclinar el asunto en el sentido de hacer lugar a la publicidad, por las mismas razones que se invocan.".

22) Que, en consecuencia, habiéndose desestimado la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, y siguiendo lo razonado en las decisiones de los amparos Roles C3329-16, C3330-16, C2733-17 y C3136-19, referidas a la materia que se ha venido analizando, se acogerá el presente amparo.

23) Que, finalmente, se desestimará la solicitud relativa la aplicación de lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley de Propiedad Industrial, realizada por uno de los terceros, por resultar improcedente en el procedimiento establecido en la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Hernán Espinoza Zapatel, en contra del Servicio Nacional de Pesca, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir a la Sra. Directora Nacional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, lo siguiente:

a) Hacer entrega al reclamante de la siguiente información:

a) "los centros de producción salmonera que informaron la presencia de la enfermedad parasitaria "Caligidosis" en el periodo 2018 y 2019, en las Regiones de Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes, identificados estos por sus Titulares y RNA".

b) "Para las mismas Regiones arriba señaladas y para los centros de producción salmónidos solicito a usted el listado de aquellos que hayan declarado durante el periodo 2018 y 2019 el uso de los pesticidas para control de caligidosis Deltametrina; Cipermetrina, AZAMETIFOS, Emamectina e Ivermectina y que se identifiquen estas instalaciones por su Titular y RNA".

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Hernán Espinoza Zapatel, a la Sra. Directora Nacional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) y a los terceros interesados en el presente amparo.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.