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Eduardo Flores Jara con GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE SAN ANTONIO Rol: C365-12

Consejo para la Transparencia, 04/07/2012

Se deduce amparo en contra de la Gobernación Provincial de Llanquihue. Si bien el órgano en cuestión señala haber remitido al reclamante las respuestas a los Oficios Ordinarios señalados, ella no ha certificado dicha entrega en los términos del artículo 17 de la Ley de Transparencia, en circunstancias que ello resulta exigible como parte de la obligación de informar. El Consejo acoge el amparo en cuestión, por falta de respuesta de este último órgano a la solicitud de información. No obstante, se tiene por cumplida la obligación de informar, aunque de forma extemporánea, en relación al oficio ordinario J-N 1.524, con la notificación de la presente decisión.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Da por entregada

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Consejeros:

  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C365-12

Entidad pública: Gobernación Provincial de San Antonio

Requirente: Eduardo Flores Jara

Ingreso Consejo: 14.03.2012

En sesión ordinaria Nº 352 del Consejo Directivo, celebrada el 4 de julio de 2012, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C365-12.

VISTO:

Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 2 de febrero de 2012 don Eduardo Flores Jara solicitó a la Gobernación Provincial de San Antonio copia de las respectivas respuestas a los siguientes Oficios Ordinarios enviados por la Gobernación Provincial de San Antonio: J-N° 1522; J-N° 1524 y J-N° 1525, todos de fecha 27 de diciembre de 2011, remitidos, respectivamente, a la Oficina Provincial de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, al Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU) y a la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE).

2) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 9 de marzo de 2012 el solicitante dedujo ante la Gobernación Provincial de Llanquihue amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Gobernación Provincial de San Antonio, siendo ingresada dicha reclamación a este Consejo el 14 de marzo de 2012.

3) SUBSANACIÓN: En conformidad a lo prescrito en el artículo 46, inciso segundo, del Reglamento de la Ley de Transparencia, este Consejo Directivo acordó requerir al reclamante que subsanara su amparo, en el sentido de acompañar copia de la solicitud de información, siéndole comunicada dicha medida a través del Oficio N° 913, de 23 de marzo de 2012. El reclamante dio cumplimiento a lo requerido el 27 de marzo de 2012, acompañando la documentación respectiva.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: En virtud de lo anterior, este Consejo Directivo admitió a tramitación este amparo, trasladándolo al Sr. Gobernador Provincial de San Antonio mediante el Oficio N° 1.158, de 10 de abril de 2012. Dicha autoridad formuló sus descargos a través del ORD. J-N° 548, de 26 abril de 2012, en el cual señaló que la información requerida se originó en solicitudes que formuló el requirente ante la Gobernación Provincial de San Antonio, las cuales fueron canalizadas ante los organismos competentes para ocuparse de las mismas, a través de los siguientes oficios: 1° J-N° 1.522 (enviado a la Oficina Provincial de Vialidad); 2° J-N° 1.524 (enviado al SERVIU); y 3° J-N° 1.525 (enviado a la SUBDERE), obteniendo respuesta sólo con respecto al primero y al último, siendo remitidas oportunamente al requirente, mientras que respecto del segundo el órgano respectivo no se ha pronunciado a la fecha.

Y CONSIDERANDO:

1) Que la falta de respuesta de la Gobernación Provincial de San Antonio a la solicitud que motivó el presente amparo, contraviene el artículo 14 de la Ley de Transparencia y los principios de facilitación y oportunidad consagrados en el artículo 11, letras f) y g) de la Ley de Transparencia, lo que será debidamente representado a su máxima autoridad.

2) Que, si bien la reclamada ha señalado haber remitido al reclamante las respuestas a los Oficios Ordinarios J-N° 1.522 y J-N° 1.525, ella no ha certificado dicha entrega en los términos del artículo 17, inciso segundo, de la Ley de Transparencia, en circunstancias que ello resulta exigible como parte de la obligación de informar, según ha resuelto este Consejo en las decisiones recaídas en los amparos roles C639-10 y 863-10.

3) Que, por su parte, con respecto al Oficio Ordinario J-N° 1.524 la reclamada ha indicado no haber recibido la respuesta requerida a la fecha de la solicitud, cuestión que no eximía a la reclamada de su obligación de dar respuesta e informar dicha circunstancia al solicitante. Sin perjuicio de ello, se tendrá por contestada en este punto la solicitud, toda vez que conforme ha resuelto anteriormente este Consejo en las decisiones de los amparos roles C346-11 y C475-11, atendido el tenor de los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, la información a que se extiende el principio de transparencia de la función pública y que puede ser requerida mediante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, es aquella que obra en poder de los órganos de la Administración del Estado requeridos, a menos que esté sujeta a las excepciones legales. En consecuencia, dado que la respuesta a dicho Oficio no ha sido recepcionada por el órgano reclamado, no cabe exigirle a éste la entrega de un documento que no obra en su poder.

4) Que, por último, en relación con la respuesta al referido Oficio Ordinario J-N° 1.524, conviene tener presente, a mayor abundamiento, lo resuelto en la decisión de amparo C69-10, en el sentido que «la interposición de amparo al derecho de acceso a la información pública, (…) y las facultades de este Consejo, (…), consisten, fundamentalmente, en resolver las reclamaciones presentadas ante esta Corporación y no en acelerar los procedimientos pendientes ante otros organismos. Estos últimos deben tramitarse en conformidad con la normativa específica que les sea aplicable, no pudiendo este Consejo, en virtud de sus atribuciones, requerir a un órgano de la Administración del Estado que acelere un procedimiento pendiente del que está conociendo». Lo anterior, máxime cuando el organismo que debe pronunciar la respuesta solicitada, es diverso de aquel a quien se ha solicitado la información que ha originado este amparo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Eduardo Flores Jara en contra de la Gobernación Provincial de San Antonio, por falta de respuesta de este último órgano a la solicitud de información que ha dado origen a esta reclamación.

II. Tener por cumplida la obligación de informar, aunque extemporáneamente, en relación con la respuesta al Oficio Ordinario J-N° 1.524, con la notificación de la presente decisión, conforme lo razonado en el considerando 3°.

III. Requerir al Sr. Gobernador Provincial de San Antonio que:

a) Entregue al reclamante las respuestas pronunciadas por los el SERVIU y la SUBDERE con respecto a los Oficios Ordinarios J-N° 1.522 y J-N° 1.525, que les enviara anteriormente la Gobernación Provincial de San Antonio, o en su caso, certifique su entrega en conformidad a lo establecido en el acápite 4.4 de la Instrucción General N° 10.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informe el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Agustinas Nº 1291, piso 6º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar su cumplimiento.

IV. Representar al Sr. Gobernador Provincial de San Antonio que al no haber dado respuesta a la solicitud de información del requirente de conformidad al artículo 14 de la Ley de Transparencia, ha vulnerado dicha disposición, y asimismo, ha transgredido el principio de oportunidad, razón por la cual, deberá adoptar la medidas administrativas que sean necesarias para que, en lo sucesivo, dé respuesta a las solicitudes de información que reciba de conformidad a la norma citada.

V. Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente decisión a don Eduardo Flores Jara, y al Sr. Gobernador Provincial de San Antonio.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que la Consejera doña Vivianne Blanlot Soza, no concurre al presente acuerdo.