logo
 

Marcelo Bravo Moreno con SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN Rol: C2073-20

Consejo para la Transparencia, 07/08/2020

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Educación, referido a la entrega del nombre de la asistencia técnica realizada, el monto adjudicado y pagado a la entidad que realizó la asistencia técnica educativa (ATE). Lo anterior, por cuanto este Consejo no dispone de antecedentes que permitan desvirtuar lo expresado por la reclamada, en cuanto a la inexistencia de lo solicitado.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Educación
Materia Presupuesto y Finanzas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2073-20

Entidad pública: Subsecretaría de Educación

Requirente: Marcelo Bravo Moreno

Ingreso Consejo: 22.04.2020

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Educación, referido a la entrega del nombre de la asistencia técnica realizada, el monto adjudicado y pagado a la entidad que realizó la asistencia técnica educativa (ATE). Lo anterior, por cuanto este Consejo no dispone de antecedentes que permitan desvirtuar lo expresado por la reclamada, en cuanto a la inexistencia de lo solicitado.

En sesión ordinaria N° 1119 del Consejo Directivo, celebrada el 7 de agosto de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2073-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 14 de abril de 2020, don Marcelo Bravo Moreno solicitó a la Subsecretaría de Educación: "el registro de todas las Entidades de Asistencia Técnica Educativa (Personas o Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo) que prestaron asesorías o servicios de apoyo a establecimientos educacionales, para la elaboración, implementación y/o monitoreo del Plan de Mejoramiento Educativo (PME) durante los años 2017, 2018, 2019 y 2020, identificando el año de realización de la ATE, el nombre de la entidad que realizó la ATE, nombre de la asistencia técnica realizada, el monto adjudicado y pagado a la entidad que realizó la ATE".

2) RESPUESTA: Mediante carta N° 745, de 22 de abril de 2020, la Subsecretaría de Educación respondió a dicho requerimiento de información indicando que: "La información con la cual contamos sobre Plan de Mejoramiento Educativo (PME), es la evaluación de la Asistencia Técnica Educativa (Personas o Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo) realizada por los establecimientos que recibieron apoyo de ellas. En este archivo, solo se cuenta con los datos de rol base de datos (RBD) de los establecimientos educacionales y la respectiva "ATE" contratada, no así con los montos solicitados, puesto que esto es resuelto por medio del vínculo contractual entre el sostenedor del colegio en particular y la "ATE". Adicionalmente se informa que los datos que están disponibles son los de 2017 y 2018, datos que se adjuntan en este correo. El proceso 2019 está en proceso de cierre por lo que no está disponible esa base de datos, y la de 2020 no estará disponible hasta el cierre de la evaluación de este año, en abril del 2021." De acuerdo a lo anterior, la Ley de Transparencia impone al organismo respectivo la necesidad de identificar si existen dichos actos, resoluciones, fundamentos, procedimientos, etc. y, de existir, revisar si estos documentos no están excepcionados por el artículo 21 de la Ley en cuestión o, en su caso, a contrario sensu de lo mandatado en el inciso 2° del artículo 5°, si la institución no está en la obligación legal de elaborar el material requerido, el organismo interpelado no se encuentra en la necesidad de construirlo para el ciudadano solicitante".

3) AMPARO: El 22 de abril de 2020, don Marcelo Bravo Moreno dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió una respuesta incompleta a su solicitud de información, haciendo presente que "faltó nombre de la asistencia técnica realizada, el monto adjudicado y pagado a la entidad que realizó la ATE".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario de la Subsecretaría de Educación, mediante oficio N° E6634, de 8 de mayo de 2020, solicitándole que: (1°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información; (2°) señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; y, (5°) en caso de no existir inconvenientes para la entrega de la información pedida, se solicita la remisión de la misma a la parte recurrente con copia a este Consejo, a fin de evaluar el cierre del presente caso a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC). Lo anterior, dando aplicación de lo dispuesto en la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, al numeral 4.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo y a la Recomendación de esta Corporación sobre Protección de Datos Personales por parte de los Órganos de la Administración del Estado.

Mediante oficio ordinario N° 7/2111, de 25 de mayo del 2020, el órgano evacuo sus descargos señalando en síntesis que, la información entregada con ocasión de su respuesta es la única con la que cuenta y que no se dispone ni de los nombres de los proyectos, ni de los valores pactados, ni información sobre la efectividad del pago de estos últimos, en atención a lo siguiente:

i. La información aludida es de carácter privado, entre sostenedor y tercero prestador, no interviniendo de forma alguna este ministerio en los términos contractuales ni en la información respectiva.

ii. La plataforma del plan de mejoramiento educativo PME, fue concebida como una herramienta técnica que permite registrar y monitorear por parte de los establecimientos educacionales la creación y ejecución de acciones pedagógicas de mejora.

iii. Se buscó alivianar las cargas administrativas de los equipos directivos, dado que estos datos son registrados y revisados por la Superintendencia de Educación.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la falta de satisfacción manifestada por la reclamante con la respuesta entregada por el órgano. Establecido lo anterior, y atendido el tenor del presente amparo, el análisis se circunscribirá a pronunciarse sobre la omisión del nombre de la asistencia técnica realizada, el monto adjudicado y pagado a la entidad que realizó la ATE.

2) Que, de acuerdo a los artículos 5° y 10° de la Ley de Transparencia es pública -y por tanto, factible de ser objeto de un requerimiento de acceso a información pública a aquella información que efectivamente obre en poder de los órganos de la Administración, no pudiendo requerirse la entrega de información inexistente. En efecto, el artículo 10° de la antedicha ley, dispone que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado "cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga (...)". En tal sentido y complementando lo anterior, el artículo 3°, letra d), del Reglamento del cuerpo legal citado, preceptúa que "toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información que obre en poder de cualquier órgano de la Administración (...)". Con todo, conforme se ha resuelto previamente, la inexistencia de la información solicitada constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder y debiendo acreditarla fehacientemente.

3) Que, a su turno el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 de esta Corporación, prescribe: "Si realizada la búsqueda, el órgano público constata que no posee la información deberá: b) De no existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos pedidos, agotar todos los medios a su disposición para encontrar la información y, en caso de estimarse que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, instruir el correspondiente procedimiento sancionatorio. Si la información no fuere habida, deberá comunicarse esta circunstancia al solicitante, indicándole detalladamente las razones que lo justifiquen".

4) Que, del análisis de los antecedentes y el marco normativo descrito, se verifica que la reclamada ha sido consistente en informar y explicar, tanto a la solicitante como a este Consejo, en la respuesta, y en los descargos, las razones por las cuales la información requerida no obra en su poder

5) Que, por lo señalado y no constando en el proceso antecedentes que permitan desvirtuar lo expuesto por la reclamada, se rechazará el presente amparo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Marcelo Bravo Moreno, en contra de la Subsecretaría de Educación, lo anterior, por cuanto este Consejo no dispone de antecedentes que permitan desvirtuar lo expresado por la reclamada, en cuanto a la inexistencia de lo solicitado.

II. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Marcelo Bravo Moreno y al Sr. Subsecretario de Educación

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.