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David Salinas Rehbein con MINISTERIO DE EDUCACION Rol: C2702-20

Consejo para la Transparencia, 20/08/2020

Se acoge el amparo deducido en contra del Servicio Local de Educación Pública Andalién Sur, ordenándose la entrega de copia de expediente sumarial, sólo en la medida de que éste se encuentre afinado; o bien en la etapa de acusatoria, esto es, ya verificada de la formulación de cargos al posible inculpado, en el evento de que el peticionario detente la calidad de acusado en el procedimiento. Lo anterior, por tratarse de información de naturaleza pública, respecto de la cual no se acreditó suficientemente su inexistencia, conforme al estándar fijado por esta Corporación en su Instrucción General N°10. En virtud del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia, se deberán tarjar los datos personales de contexto y sensibles, que allí se contengan, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada. No obstante lo anterior, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Educación
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2702-20

Entidad pública: Servicio Local de Educación Pública Andalién Sur

Requirente: David Salinas Rehbein

Ingreso Consejo: 22.05.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra del Servicio Local de Educación Pública Andalién Sur, ordenándose la entrega de copia de expediente sumarial, sólo en la medida de que éste se encuentre afinado; o bien en la etapa de acusatoria, esto es, ya verificada de la formulación de cargos al posible inculpado, en el evento de que el peticionario detente la calidad de acusado en el procedimiento.

Lo anterior, por tratarse de información de naturaleza pública, respecto de la cual no se acreditó suficientemente su inexistencia, conforme al estándar fijado por esta Corporación en su Instrucción General N°10.

En virtud del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia, se deberán tarjar los datos personales de contexto y sensibles, que allí se contengan, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada.

No obstante lo anterior, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen.

En sesión ordinaria N° 1124 del Consejo Directivo, celebrada el 20 de agosto de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2702-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 14 de mayo de 2020, don David Salinas Rehbein solicitó al Servicio Local de Educación Pública Andalién Sur la siguiente información: «copia íntegra del sumario administrativo realizado a partir del Decreto Alcaldicio N°11, de fecha 8 de enero de 2019». Asimismo, hizo presente que, se realizó idéntica petición de información a la Municipalidad de Chiguayante, órgano que indicó que, al cesar la condición del Municipio de sostenedor de la educación pública, traspasando la función al órgano reclamado, el archivador que contiene los procesos sumariales, incluido el que se solicita, fue entregado en su totalidad a dicho servicio.

2) RESPUESTA: Mediante presentación, de fecha 22 de mayo de 2020, el Servicio Local de Educación Pública Andalién Sur respondió a dicho requerimiento de información, señalando que, el proceso sumarial consultado no está en poder del organismo, toda vez que es resorte de la entidad edilicia el finalizar los sumarios instruidos, lo anterior, de conformidad a lo indicado por la Contraloría General de la República en Dictamen N° 11.910 de 2009.

3) AMPARO: Mediante presentación, de fecha 22 de mayo de 2020, don David Salinas Rehbein dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información. Al respecto, hizo presente que, con anterioridad realizó un requerimiento de acceso a la información a la Municipalidad de Chiguayante, quien señaló que el expediente sumarial se encuentra en poder del Servicio Local de Educación Pública Andalíen Sur, por haber asumido la calidad de sostenedor el 31 de diciembre de 2019.

4) AUSENCIA DE DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública Andalién Sur, mediante Oficio N°E9088, de fecha 12 de junio de 2020, solicitándole que: (1°) considerando lo expuesto por el reclamante: (a) aclare si la información requerida en la solicitud de acceso obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; y, (b) indique por qué, a su juicio, la Institución que Ud. representa no es competente para atender el requerimiento; (2°) de no ser competente para pronunciarse respecto de la solicitud de información, señale las razones por las cuáles no se derivó de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia; (3°) de haber realizado la derivación, remita copia de esta comunicación y del comprobante de notificación de la misma ante el órgano derivado; (4°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida; y, (5°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que harían procedente la denegación de la información solicitada.

A la fecha del presente acuerdo, no consta que el órgano hubiere presentado descargos u observaciones al presente reclamo en esta sede.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud de acceso a la información, referida a la entrega de copia de sumario administrativo que se indica. Al respecto, el órgano reclamado alegó -con ocasión de su respuesta- que dicho expediente sumarial no obra en su poder, por cuanto el Municipio de Chiguayante debe finalizar los sumarios instruidos, lo anterior, de conformidad a lo indicado por la Contraloría General de la República en Dictamen N°11.910 de 2009.

2) Que, con respecto a la alegación efectuada por la reclamada, referente a que la información consultada no obraría en poder del órgano reclamado, este Consejo ha sostenido reiteradamente en las decisiones de amparo Roles C1179-11, C409-13, C3691-17 y C3692-17, entre otras, que la inexistencia de la información solicitada constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder y debiendo acreditarla fehacientemente. (énfasis agregado).

3) Que, sobre lo anterior, según lo prescrito en el numeral 2.3 de la Instrucción General N°10 de esta Corporación: «Si realizada la búsqueda, el órgano público constata que no posee la información deberá: (...) b) De no existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos pedidos, agotar todos los medios a su disposición para encontrar la información y, en caso de estimarse que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, instruir el correspondiente procedimiento sancionatorio. Si la información no fuere habida, deberá comunicarse esta circunstancia al solicitante, indicándole detalladamente las razones que lo justifiquen» (énfasis agregado).

4) Que, en la especie, de la revisión de los antecedentes aportados por la reclamada en el presente procedimiento de acceso a la información, este Consejo estima que este no ha sido precisamente el estándar demostrado por el órgano reclamado, por cuanto el órgano reclamado no especifica, ni detalla la realización de gestiones de búsqueda de los antecedentes requeridos, ni consigna dichas diligencias en actos administrativos que refrenden lo señalado por el órgano reclamado en su presentación. En tal sentido, el órgano reclamado sólo se limitó a señalar que, atendido a dictamen sobre la materia, la información no obra en su poder, pues es el Municipio el organismo encargado de finalizar los sumarios instruidos, no aportando, consecuencialmente, suficientes antecedentes o medios de prueba que permitan ponderar la inexistencia material del expediente sumarial requerido.

5) Que, en este contexto, esta Corporación procedió a revisar de oficio dicho dictamen, constatando que, la Contraloría General de la República resolvió lo siguiente: «la autoridad competente para aplicar la sanción a un funcionario sujeto a un sumario administrativo, cuando a la fecha de término del proceso el empleado se encuentra desempeñando funciones en otra plaza, debe ser castigado disciplinariamente por la jefatura de la repartición que ha incoado el proceso, a quien corresponde determinar en definitiva la medida disciplinaria que debe imponerse al afectado». De lo anterior, este Consejo advierte que, el citado dictamen no establece una obligación de custodia o almacenamiento de documentos, sino que consigna el órgano competente y la forma de ejecutar una sanción disciplinaria. Asimismo, el órgano reclamado no aportó antecedentes suficientes que permitan determinar el estado de tramitación del sumario consultado, ni de su eventual derivación al Municipio de Chiguayante, a efectos de determinar la aplicación de una medida disciplinaria al posible inculpado. A mayor abundamiento, el referido dictamen consigna que la autoridad que debe materializar dicha sanción es precisamente la entidad en la que actualmente se desempeña: «el castigo se materializará mediante una resolución de la superioridad de la entidad en la que actualmente se desempeña». (énfasis agregado). Por lo anterior, esta Corporación desestimará las alegaciones efectuadas por el órgano reclamado en este sentido.

6) Que, con respecto a la materia pedida, esto es, copia de un procedimiento sumarial, es menester tener en consideración el criterio establecido por este Consejo, en relación con el secreto de los sumarios administrativos consagrado en el artículo 135° del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales y en el artículo 137° del Estatuto Administrativo. En este sentido, esta Corporación, en forma sostenida y reiterada ha resuelto, desde las decisiones de los amparos roles A47-09, A95-09, A159-09, C7-10, C561-11, C1314-14, C969-15, C6376-18 y C837-19, entre otras, que el carácter secreto del expediente sumarial se extiende hasta que el procedimiento que lo originó se encuentre afinado, el cual anticipadamente se levanta sólo respecto de ciertas personas, en particular: el inculpado y el abogado que asumiere su defensa luego de la formulación de los cargos. En efecto, teniendo el secreto sumarial, por objeto asegurar el éxito de la investigación, una vez terminada ésta, la justificación de su secreto también finaliza. A mayor abundamiento, en el mismo sentido se ha pronunciado la Contraloría General de la República, al aclarar que la reserva que establece el artículo 137, inciso 2°, del Estatuto Administrativo, es temporal y cesa una vez afinado el sumario administrativo, instante en que pasa a estar «...sometido sin limitaciones al principio de publicidad, que constituye la regla general respecto de todos los actos de la Administración del Estado...» (Dictamen N° 11.341/2010, entre otros). (énfasis agregado).

7) Que, en este contexto, el órgano reclamado no aportó antecedentes suficientes que permitan identificar el estado procesal del sumario administrativo, ni de la calidad que detenta el peticionario en el procedimiento sumarial incoado, a efectos de ponderar en la especie la reserva del mismo, en conformidad de lo dispuesto en el artículo 135° del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales y en concordancia con la jurisprudencia emanada de esta Corporación. Por lo anterior, atendido lo dispuesto en el artículo 8° de la Constitución Política de la República: «Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen», los antecedentes consultados constituyen información de carácter pública. En efecto, las causales de secreto o reserva legal son de derecho estricto y una excepción, por lo que deben aplicarse de forma restrictiva.

8) Que, en virtud de lo dispuesto precedentemente, atendiéndose a que la reclamada no ha dado cumplimiento al estándar de búsqueda y acreditación impuesto por la Instrucción General N°10 de esta Corporación; y, advirtiéndose la falta de antecedentes a fin de ponderar la reserva legal dispuesta en el artículo 135° del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, ordenándose la entrega del procedimiento sumarial consultado, sólo en la medida de que éste se encuentre afinado; o bien en la etapa de acusatoria, esto es, ya verificada de la formulación de cargos al posible inculpado, en la circunstancia de que el peticionario detente la calidad de acusado en el procedimiento sumarial singularizado. En virtud del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11° letra e) de la Ley de Transparencia, en forma previa a la entrega de la información el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros. Asimismo, el órgano reclamado deberá tarjar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N°19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia.

9) No obstante lo anterior, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don David Salinas Rehbein, en contra del Servicio Local de Educación Pública Andalién Sur, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director Ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública Andalién Sur, lo siguiente;

a) Entregue al reclamante copia íntegra del sumario administrativo realizado a partir del Decreto Alcaldicio N°11, de fecha 8 de enero de 2019, sólo en la medida de que éste se encuentre afinado; o bien en la etapa de acusatoria, esto es, ya verificada de la formulación de cargos al posible inculpado y solo en la circunstancia de que el peticionario detente la calidad de acusado en el procedimiento sumarial singularizado. En virtud del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11° letra e) de la Ley de Transparencia, en forma previa a la entrega de la información el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros. Asimismo, el órgano reclamado deberá tarjar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N°19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia.

No obstante lo anterior, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don David Salinas Rehbein; y al Sr. Director Ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública Andalién Sur.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.