logo
 

Claudio Cofré Soto con CARABINEROS DE CHILE Rol: C2673-20

Consejo para la Transparencia, 20/08/2020

Se rechaza el amparo deducido en contra de Carabineros de Chile, referido, en términos generales, a información sobre una denuncia por supuesta infracción al toque de queda dispuesto por la autoridad, en estado de excepción constitucional. Lo anterior, por cuanto la información reclamada forma parte de un sumario administrativo en curso, respecto del cual, si bien, el reclamante ha acreditado ser parte del procedimiento, aún no se formulan cargos en el proceso -por encontrarse aun en etapa investigativa-, razón por la cual, a su respecto rige la regla general de secreto, descrita en el artículo 137 del Estatuto Administrativo. Aplica criterio contenido en las decisiones de los amparos roles A47-09, A95-09, A159-09, C7-10, C561-11, C1314-14, C969-15, C6376-18 y C837-19, entre otras. En cuanto a las alegaciones del reclamante en contra de la respuesta entregada por el Ministerio Pública a consecuencia de la derivación realizada por Carabineros de Chile, se desestiman por improcedentes en esta sede, atendido que se trata de una materia que escapa a las competencias de este Consejo. En efecto, el acceso a la información que obra en poder de dicho organismo se encuentra especialmente regulado en el artículo noveno de la ley N°20.285, sobre acceso a la información pública, que en su inciso 3°, establece que vencido el plazo legal para la entrega de la información o denegada la petición por alguna de las causales autorizadas por la ley, el requirente podrá reclamar ante la Corte de Apelaciones respectiva, en la forma prevista en los artículos 28, 29 y 30 de la Ley de Transparencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Tipo caso:

  • Amparo

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2673-20

Entidad pública: Carabineros de Chile

Requirente: Claudio Cofré Soto

Ingreso Consejo: 20.05.2020

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra de Carabineros de Chile, referido, en términos generales, a información sobre una denuncia por supuesta infracción al toque de queda dispuesto por la autoridad, en estado de excepción constitucional.

Lo anterior, por cuanto la información reclamada forma parte de un sumario administrativo en curso, respecto del cual, si bien, el reclamante ha acreditado ser parte del procedimiento, aún no se formulan cargos en el proceso -por encontrarse aun en etapa investigativa-, razón por la cual, a su respecto rige la regla general de secreto, descrita en el artículo 137 del Estatuto Administrativo.

Aplica criterio contenido en las decisiones de los amparos roles A47-09, A95-09, A159-09, C7-10, C561-11, C1314-14, C969-15, C6376-18 y C837-19, entre otras. 

En cuanto a las alegaciones del reclamante en contra de la respuesta entregada por el Ministerio Pública a consecuencia de la derivación realizada por Carabineros de Chile, se desestiman por improcedentes en esta sede, atendido que se trata de una materia que escapa a las competencias de este Consejo. En efecto, el acceso a la información que obra en poder de dicho organismo se encuentra especialmente regulado en el artículo noveno de la ley N°20.285, sobre acceso a la información pública, que en su inciso 3°, establece que vencido el plazo legal para la entrega de la información o denegada la petición por alguna de las causales autorizadas por la ley, el requirente podrá reclamar ante la Corte de Apelaciones respectiva, en la forma prevista en los artículos 28, 29 y 30 de la Ley de Transparencia.

En sesión ordinaria N° 1124 del Consejo Directivo, celebrada el 20 de agosto de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2673-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 14 de abril de 2020, don Claudio Cofré Soto, en representación de Nicolás Alejandro Muñoz Navarro, Marco Antonio Leiva Castro, Yerald Julio Alfredo Quezada Ortega, José Nicolás Fernández Valdivia, Ángel Alexander Meza Flores, Enrique Antonio Caru Carrera, Matías Javier Galleguillos Espinoza, Luis David Vera Peñalillo, Manuel Esteban Bravo Rivera, Fidel Arturo Villalobos Gallardo, Álvaro Enrique Retamal Hernández, Marcelo Ignacio Frez Aguilera y Tomás Hernán Caniumilla Vidal, solicitó a Carabineros de Chile, respecto a los hechos que describe referidos a una denuncia por supuesta infracción al toque de queda dispuesto por la autoridad, en estado de excepción constitucional, la siguiente información:

a) "En qué circunstancias el General de Carabineros Jorge Tobar Alfaro recibe la información del citado diputado.

b) Que, si es efectivo que el citado general de Carabineros, recibe el video del citado diputado en su teléfono celular personal o en otro medio tecnológico que perite su intervención.

c) Que, cuáles son los cursos de acción adoptados por el General de Carabineros Jorge Tobar Alfaro, en relación a la situación denunciada por el diputado antes mencionado.

d) Que, es efectivo que el General de Carabineros Jorge Tobar Alfaro, ordenó la detención de los Carabineros Nicolás Alejandro Muñoz Navarro, Marco Antonio Leiva Castro, Yerald Julio Alfredo Quezada Ortega, José Nicolás Fernández Valdivia, Ángel Alexander Meza Flores, Enrique Antonio Caru Carrera, Matías Javier Galleguillos Espinoza, Luis David Vera Peñalillo, Manuel Esteban Bravo Rivera, Fidel Arturo Villalobos Gallardo, Álvaro Enrique Retamal Hernández, Marcelo Ignacio Frez Aguilera, Tomás Hernán Caniumilla Vidal.

e) Solicito el número de teléfono fiscal o particular que el citado general usó para ser contactado por el diputado de la UDI antes mencionado.

f) Copia en caso de ser fiscal del estado de cuenta de los últimos 12 meses con sus boletas de pago o comprobantes de pago.

g) Copia de los correos electrónicos de la cuenta fiscal usada por el General Tobar los últimos doce meses de su cuenta institucional.

h) Conocer cuáles fueron las instrucciones impartidas al prefecto de la repartición, y qué instrucción le dio dicha autoridad de la repartición a la Subteniente de Carabineros Javiera Navarrete Hurtubia.

i) Conocer cuáles fueron las intervenciones que desarrolló el comisario de la unidad.

j) Conocer si se dio lectura a los derechos del detenido, copias de actas de las mismas, y constancias dejadas en el libro de guardia.

k) Conocer si es efectivo que el General de Carabineros antes mencionado, el prefecto de la repartición correspondiente a la prefectura de Carabineros de Coquimbo, comisario de la Unidad, subcomisario de Carabineros en caso de haber intervenido y subteniente de Carabineros que pudieron comprobar si es efectivo de que ellos violaron el toque de queda al tenor del video que ellos recibieron de parte del General Tobar y si el propio general Tobar constató la efectividad de la violación al toque de queda por parte de los Carabineros.

l) Copia de todos los gastos de combustible del auto fiscal del Jefe de zona y prefecto de Coquimbo, rancho fiscal, combustible fiscal de la zona y prefectura en cuanto a vehículos fiscales a cargo, con sus comprobantes los últimos doce meses.

m) Los balances y estados de las cuentas fiscales de la jefatura de zona donde se desempeña el general de carabineros Jorge Tobar Alfaro, incluyendo a todas las reparticiones de los últimos doce meses.

n) Copia del contrato de comodato suscrito entre Carabineros y los propietarios del inmueble donde habitan los funcionarios de carabineros vinculados a este tema, individualizados anteriormente.

o) En caso de no ser fiscal ni estar en comodato la propiedad conforme al punto anterior, solicita la copia de la orden de allanamiento efectuada por la Subteniente de carabineros Javiera Navarrete Hurtubia".

2) RESPUESTA: Mediante Resolución Exenta N°176, de 13 de mayo de 2020, Carabineros de Chile dio respuesta a dicho requerimiento de información indicando, en resumen, que:

En cuanto a lo requerido en los literales e) y g) no es factible entregar la información, por tratarse de antecedentes de carácter personal de acuerdo con la ley N°19.628. Por lo anterior, la materia consultada se encontraría cubierta por el artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia. Agrega, que la idea de protección se complementa con lo señalado en el artículo 21 N°5 de la misma ley.

En relación con lo consultado en los literales a), b), c), d) h) i) y k), resulta aplicable la causal de secreto establecida en el artículo 21 N°1 letra b) de la Ley de Transparencia, es decir, cuando se trata de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquellas sean públicos una vez que sean adoptadas. En efecto, a la fecha de la solicitud, se encuentra en tramitación un proceso de investigación.

Hace presente que el artículo 91 del Reglamento de Sumarios Administrativos N°15, señala que el particular podrá acceder al contenido de la investigación y sus conclusiones a través del procedimiento establecido en la Ley de Transparencia, una vez que se encuentre a firme lo resuelto, oportunidad que adquiere el carácter de información pública, con las salvedades establecidas en la ley N°19.628. Por tanto, la información tiene el carácter de secreto en tanto no se notifique la vista fiscal, lo que ha sido confirmado por la Contraloría General de la República al interpretar la reserva del artículo 137 inciso 2° del Estatuto Administrativo.

Agrega, que los antecedentes requeridos también se relacionan con el Parte N°1096, de 31 de marzo de 2020 que fue remitido por la 6° Comisaría Las Campañas a la Fiscalía Local La Serena, por consiguiente, corresponden exclusivamente a una investigación penal. Debido a ello, la Institución se encuentra impedida de entregar información relacionada con investigaciones penales, ni a terceros que lo soliciten ni a terceros intervinientes.

Informa que, atendido a lo anterior, se derivó la solicitud de acceso a la Fiscalía Nacional del Ministerio Público.

En cuanto a lo solicitado en la letra j), se informa que no se dio lectura a los derechos, toda vez que nunca fueron ingresados en calidad de detenidos, permaneciendo siempre en hall y pasillos del cuartel.

En cuanto a lo requerido en la letra l), adjunta antecedentes respecto de los gastos incurridos por combustible. Sin embargo, respecto de la documentación relativa a los ranchos, señala que el artículo 436 del Código de Justicia Militar, indica que se entiende por documentos secretos, aquellos cuyo contenido se relaciona directamente con la seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden interior o la seguridad de las personas, entre otros: "Los relativos a las plantas o dotaciones y a la seguridad de las instituciones de las Fuerzas Armadas o de Carabineros de Chile y de su personal". Por lo anterior, conocer los documentos donde viven los funcionarios que poseen dichos ranchos, conlleva a conocer la dotación asignada, sea cual sea el periodo de que se trate. Sin perjuicio de lo anterior indica que, respecto a los últimos 12 meses, en la Zona de Coquimbo, los ranchos fueron 866 y en lo concerniente a la Prefectura fueron 570.

En cuanto a lo pedido en la letra m), se adjuntan antecedentes.

En cuanto a lo solicitado en la letra n), informa que no existe contrato de comodato, toda vez que es un bien fiscal asignado a Carabineros de Chile.

Finalmente, en cuanto a lo requerido en la letra o), informa que no existe orden de allanamiento.

3) AMPARO: El 20 de mayo de 2020, don Claudio Cofré Soto, en representación de Nicolás Alejandro Muñoz Navarro, Marco Antonio Leiva Castro, Yerald Julio Alfredo Quezada Ortega, José Nicolás Fernández Valdivia, Ángel Alexander Meza Flores, Enrique Antonio Caru Carrera, Matías Javier Galleguillos Espinoza, Luis David Vera Peñalillo, Manuel Esteban Bravo Rivera, Fidel Arturo Villalobos Gallardo, Álvaro Enrique Retamal Hernández, Marcelo Ignacio Frez Aguilera y Tomás Hernán Caniumilla Vidal, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información. Al efecto, el reclamante indicó:

a) "Se hizo petición de acceso a la información pública en relación a 13 carabineros de dotación prefectura de coquimbo que se vieron involucrados en un hecho determinado.

b) Dicha solicitud fue formalizada ante carabineros a la página mediante correo, adjuntando mandato judicial por escritura pública de todos los funcionarios de carabineros acreditando la personería de acuerdo al artículo 22 de la ley 19.880.

c) Como existían en dicha petición documentos que eran vinculados al ministerio público en causa penal, carabineros remitió a la fiscalía nacional los antecedentes que decían relación con acceso a la información de antecedentes que según ellos eran de causas penales razón por la cual hizo entrega parcial de documento, debiendo hacer entrega de todos los documentos pero como carabineros actúa siempre ocultando información lo negó.

d) El ministerio público como actúa en virtud de los antecedentes precarios que le hace llegar carabineros, me contesta que no puede entregar los antecedentes que pido por acceso a la información porque supuestamente no tengo ningún derecho al no representar a ninguno de los funcionarios argumentando por ende que estos documentos son reservados sin siquiera analizar que soy el representante de los 13 carabineros de los cuales pido información.

e) Por esta razón denuncio a carabineros y ministerio publico organismos que me privan de acceder a información publica existiendo fundamentos y legitimidad para solicitarlos vulnerando con ellos la ley 20.285".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. General Director de la Carabineros de Chile, mediante Oficio E8589, de 11 de junio de 2020.

Carabineros de Chile, mediante Oficio N°125, de 22 de junio de 2020, presentó sus descargos en esta sede señalando, en resumen, que la información que se denegó en la respuesta a la solicitud corresponde al número de teléfono y correos electrónicos del General Jorge Tobar Alfaro, por corresponder a datos de carácter personal, conforme a la jurisprudencia de este Consejo que cita. En virtud de ello, se estimó inconducente aplicar lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia.

Asimismo, se negó la información pedida en los literales a), b), c), d) h), i) y k), por tratarse de información que forma parte de una investigación sobre la materia, ordenada instruir por documento electrónico N°112759434, de 03 de abril del presente año, y que a la fecha se encuentra en etapa investigativa. De este modo, se trata de información sujeta a la causal de reserva del artículo 21 N°1, letra b) de la Ley de Transparencia. A mayor abundamiento, por los mismos hechos consultados se dio cuenta a la Fiscalía Local de la Serena, por parte N°1096, de 31 de marzo de 2020, como lo reconoce el propio reclamante, encontrándose entonces la información también afecta a lo dispuesto en el Código Procesal Penal.

Finalmente, en cuanto a la información sobre documentos den cuenta de los gastos en "ranchos", se entregó información global a nivel de Zona y Prefectura, por cuanto entregar el dato respecto de una unidad determinada implica proporcionar la dotación de esta, materia protegida por el artículo 436 del Código de Justicia Militar.

5) COMPLEMENTACIÓN DE DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: por medio de correo electrónico de fecha 03 de julio de 2020, Carabineros de Chile complementó sus descargos, señalando que respecto de la información solicitada en los literales a), b), c), d) h), i) y k), resulta aplicable la regla consagrada en el artículo 137 del Estatuto Administrativo.

6) AUSENCIA DE DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE TERCERO: Por medio de Oficio N°10.823, de 10 de julio de 2020, este Consejo confirió traslado al tercero a quien podría afectar la publicidad de la información pedida. No obstante, a la fecha del presente acuerdo no consta que dicho tercero haya evacuado descargos en esta sede.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, lo solicitado corresponde, en términos generales, a diversa información relativa a una denuncia por supuesta infracción al toque de queda dispuesto por la autoridad, en estado de excepción constitucional, en contra de los 13 funcionarios representados por don Claudio Cofré Soto.

2) Que, en conformidad al tenor del amparo, anotado en el numeral 3° de lo expositivo, el reclamante circunscribe su reclamo a la entrega de los antecedentes que fueron denegados por Carabineros de Chile por tratarse de información que forma parte de un sumario curso y de una denuncia presentada ante la Fiscalía Local de La Serena, motivo por el cual la solicitud de acceso también habría sido deriva a este último organismo. Por tanto, el objeto del presente amparo son los antecedentes pedidos en las letras a), b), c), d) h), i) y k) del numeral 1° de lo expositivo.

3) Que, en efecto, Carabineros de Chile, tanto en su respuesta al requerimiento como en sus descargos, precisó que la información que obra en su poder sobre los hechos denunciados forma parte de un sumario administrativo, actualmente en curso, en etapa de investigación. En efecto, invocó lo previsto en el artículo 137 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo para denegar su entrega.

4) Que, en el caso de que los sumarios se encuentren aún en tramitación, este Consejo, en forma sostenida y reiterada ha resuelto, desde las decisiones de los amparos roles A47-09, A95-09, A159-09, C7-10, C561-11, C1314-14, C969-15, C6376-18 y C837-19, entre otras, que el carácter secreto del expediente sumarial se extiende hasta que el procedimiento que lo originó se encuentre afinado, el cual anticipadamente se levanta sólo respecto de ciertas personas, en particular: el inculpado y el abogado que asumiere su defensa. En efecto, teniendo el secreto sumarial por objeto asegurar el éxito de la investigación, una vez terminada ésta, la justificación de su secreto también finaliza. A mayor abundamiento, en el mismo sentido se ha pronunciado la Contraloría General de la República, al aclarar que la reserva que establece el artículo 137, inciso 2°, del Estatuto Administrativo, es temporal y cesa una vez afinado el sumario administrativo, instante en que pasa a estar "...sometido sin limitaciones al principio de publicidad, que constituye la regla general respecto de todos los actos de la Administración del Estado..." (Dictamen N° 11.341/2010, entre otros).

5) Que, en ese orden de ideas, el considerando 4° de la decisión recaída en el amparo Rol C858-10 afirma que "(...) dicha reserva tiene por objeto asegurar el éxito de la investigación, lo que se subsume en la causal de reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia", citando el considerando 4° de la decisión recaída en el amparo Rol C7-10. En este último se afirma que "(...) el carácter secreto del sumario consagrado en el artículo 137 de la ley N° 18.834, tiene por objeto asegurar el éxito de la investigación en curso cautelando el debido cumplimiento de las funciones del órgano en los términos de lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, de la Ley de Transparencia. En efecto, el expediente sumarial, en su etapa indagatoria, contiene los antecedentes de una investigación que son previos a la adopción de una resolución, medida o política respecto de ella, conforme a la letra b) del precitado numeral. Por otro lado, y según las circunstancias del caso concreto, su divulgación puede ir en desmedro de la prevención de un crimen o simple delito, conforme lo establece la letra a), del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia".

6) Que, a partir de la formulación de cargos el expediente sumarial pierde su carácter reservado, pero sólo con respecto al inculpado y su abogado, quienes desde ese momento -y conforme a lo establecido en el artículo 137, inciso segundo, del Estatuto Administrativo- pueden tomar conocimiento del expediente sumarial, conservando su carácter secreto respecto de terceros.

7) Que, si bien, en el caso objeto de análisis, el reclamante ha acreditado ser parte del procedimiento sumarial consultado -atendida su calidad de abogado de los 13 funcionarios inculpados-, resulta que al momento de la solicitud de información aún no se formulaban cargos en el proceso por encontrarse aun en etapa investigativa, razón por la cual, a su respecto rige la regla general de secreto, descrita precedentemente, pudiendo acceder al expediente solo una vez que dicho hecho ocurra.

8) Que, en virtud de lo expuesto, la actitud del órgano reclamado se ajustó a lo dispuesto en las normas citadas, motivo por el cual se rechazará el presente amparo.

9) Que, ahora bien, en cuanto a las alegaciones del reclamante en contra de la respuesta entregada por el Ministerio Pública a consecuencia de la derivación realizada por Carabineros de Chile, serán desestimadas por improcedentes en esta sede, atendido que se trata de una materia que escapa a las competencias de este Consejo. En efecto, el acceso a la información que obra en poder de dicho organismo se encuentra especialmente regulado en el artículo noveno de la ley N°20.285, sobre acceso a la información pública, que en su inciso 3°, establece que vencido el plazo legal para la entrega de la información o denegada la petición por alguna de las causales autorizadas por la ley, el requirente podrá reclamar ante la Corte de Apelaciones respectiva, en la forma prevista en los artículos 28, 29 y 30 de la Ley de Transparencia.

10) Que, finalmente, en cuanto a las demás alegaciones formuladas por Carabineros de Chile en sus descargos, este Consejo no se pronunciará por innecesario.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Claudio Cofré Soto en representación de Nicolás Alejandro Muñoz Navarro, Marco Antonio Leiva Castro, Yerald Julio Alfredo Quezada Ortega, José Nicolás Fernández Valdivia, Ángel Alexander Meza Flores, Enrique Antonio Caru Carrera, Matías Javier Galleguillos Espinoza, Luis David Vera Peñalillo, Manuel Esteban Bravo Rivera, Fidel Arturo Villalobos Gallardo, Álvaro Enrique Retamal Hernández, Marcelo Ignacio Frez Aguilera y Tomás Hernán Caniumilla Vidalen, contra de Carabineros de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Claudio Cofré Soto, al Sr. General Director de Carabineros de Chile y al tercero interesado en la presente decisión.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.