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Wilma Varela Gutiérrez con MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO Rol: C2467-20

Consejo para la Transparencia, 07/08/2020

Se acoge el amparo interpuesto contra de la Municipalidad de Santiago, ordenando la entrega de las calificaciones de las elecciones de las juntas de vecinos que participarán en las elecciones del COSOC año 2020. Lo anterior, por cuanto, si bien no recae sobre la Municipalidad la obligación legal de registrar dicho antecedente, esta ha reconocido la práctica existente en algunas juntas de vecinos de acompañarlo igualmente; por lo tanto, no ha acreditado debidamente la inexistencia de la información requerida. Con todo, en el evento de no obrar en poder del órgano alguno de los antecedentes antes indicados, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo al punto 2.3, de la instrucción general N° 10.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Grupos de interés especial
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2467-20

Entidad pública: Municipalidad de Santiago

Requirente: Wilma Varela Gutiérrez

Ingreso Consejo: 12.05.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo interpuesto contra de la Municipalidad de Santiago, ordenando la entrega de las calificaciones de las elecciones de las juntas de vecinos que participarán en las elecciones del COSOC año 2020.

Lo anterior, por cuanto, si bien no recae sobre la Municipalidad la obligación legal de registrar dicho antecedente, esta ha reconocido la práctica existente en algunas juntas de vecinos de acompañarlo igualmente; por lo tanto, no ha acreditado debidamente la inexistencia de la información requerida.

Con todo, en el evento de no obrar en poder del órgano alguno de los antecedentes antes indicados, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo al punto 2.3, de la instrucción general N° 10.

En sesión ordinaria N° 1119 del Consejo Directivo, celebrada el 7 de agosto de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2467-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 8 de marzo de 2020, doña Wilma Varela Gutiérrez solicitó a la Municipalidad de Santiago la siguiente información:

"Antes de la entrada en vigencia de la ley 21.146, las juntas de vecinos y organizaciones comunitarias funcionales debían calificar sus elecciones de directorio en el TER para poder participar de las elecciones del COSOC.

Solicito las calificaciones de las elecciones de las juntas de vecinos que participarán en las elecciones del COSOC 2020, puesto que es requisito para participar de ellas. Solicito lo anterior, porque ya está publicado el padrón de organizaciones para las elecciones, por lo tanto, supongo que verificaron esa información".

2) PRÓRROGA DE PLAZO: Por oficio de fecha 6 de abril de 2020, el órgano notificó a la parte solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en 10 días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia.

3) RESPUESTA: El 21 de abril de 2020, a través de Ord. N° E-0029, la Municipalidad de Santiago respondió al requerimiento de información indicando que, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la ley N° 19.418 y el artículo 71 del Reglamento 914 sobre Estructura, Funciones y Coordinación Interna de la Ilustre Municipalidad de Santiago, la información solicitada no corresponde al Registro Público que mantienen las Municipalidades.

4) AMPARO: El 12 de mayo de 2020, doña Wilma Varela Gutiérrez dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada. Además, el reclamante hizo presente que: "La Municipalidad, al publicar el padrón electoral para participar en las elecciones del COSOC tiene que corroborar que las organizaciones cumplan con la normativa, por lo tanto tienen que tener la calificación de las elecciones realizadas antes de la vigencia de la ley 21.146 y posterior a la entrada en vigencia de la misma".

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Santiago, mediante Oficio E8021, de 29 de mayo de 2020, solicitando que: (1°) considerando lo expuesto por el reclamante y la respuesta proporcionada por el órgano que Ud. representa, aclare si la información requerida obra en su poder, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (2°) se refiera a las circunstancias de hecho que hacen procedente la denegación de la información solicitada; y, (3°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información requerida.

Con fecha 12 de junio de 2020, mediante Ord. N° E0297, el órgano reclamado presentó descargos, en los que, en síntesis, manifestó que, según indica el punto 2.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, se han agotado todos los medios a disposición para encontrar la información requerida. Señala que han insistido con la Subdirección de Participación Ciudadana, la que ha ratificado y complementado la respuesta original mediante correo electrónico de fecha 8 de junio de 2020. Aclara que la información solicitada no ha sido denegada, sino que, entregada a satisfacción de la solicitante, por cuanto ella no obra en poder de la Municipalidad. Indica que no existen circunstancias de hecho que harían procedente la denegación de la información, como tampoco concurre ninguna de las causales de secreto o reserva señaladas en el artículo 21 de la Ley 20.285.

Respecto a lo indicado por la solicitante, en el sentido de que la Municipalidad estaría obligada a calificar las elecciones de cada organización comunitaria o a mantener registro de dichas calificaciones en un registro público, previo a la renovación del COSOC, ello constituye un error. Es efectivo que, hasta la entrada en vigencia de la ley 21.146, dicha calificación debían hacerla los Tribunales Electorales Regionales y que se estilaba acreditar dicha circunstancia ante la Municipalidad para participar de las elecciones de COSOC. No obstante, con la entrada en vigencia de la mencionada ley, que vino a simplificar el procedimiento de calificación de las juntas de vecinos y organizaciones comunitarias, dicho trámite se eliminó expresamente al modificarse el artículo 10 de la ley 18.593 sobre Tribunales Electorales Regionales, que ahora dispone, en la enumeración de sus competencias, en el número uno, lo siguiente: "1°.-Calificar las elecciones de carácter gremial y las de los grupos intermedios que tengan derecho a participar en la designación de los integrantes de los consejos comunales de organizaciones de la sociedad civil. Lo anterior no se aplicará respecto de las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias regidas por la ley N° 19.418, cuyas elecciones no serán calificadas por los tribunales electorales regionales, sin perjuicio del derecho que tiene cualquier vecino afiliado a la organización para reclamar ante éstos".

Como se puede apreciar, el trámite fue eliminado de la enumeración de las competencias del Tribunal Electoral Regional y de dicha eliminación no se sigue que deban ser las municipalidades las que deban seguir velando por la integridad de las elecciones internas de dichas organizaciones. En esta materia, a las municipalidades solo se exige la obligación de registro de los documentos indicados en el artículo 6 de la ley 19.418, que no incluye la calificación. Por otro lado, la eliminación del trámite no deja en la indefensión a cualquier afiliado que quiera solicitar la revisión de las elecciones reclamando ante los Tribunales Electorales Regionales, según la propia disposición indica. Así las cosas, si bien las municipalidades, existiendo el trámite, solían revisar las sentencias de calificación, con la simplificación del procedimiento ello carece de sentido. Finalmente, sería discriminatorio que la Municipalidad mantuviera registro de la calificación de las elecciones de las organizaciones que lo hicieron previo a la entrada en vigor de la ley 21.216 y que tuviera a la vista dichos antecedentes para el presente proceso de renovación de COSOC, que fue iniciado mediante decreto Sección 2a del 31 de enero de 2020, bajo el imperio de la ley 21.146. Mantener dicho registro y tenerlo a la vista solo para determinadas organizaciones constituiría una arbitrariedad, razón por la cual dicho registro ya no se mantiene.

6) PRONUNCIAMIENTO DE LA RECLAMANTE: En virtud de lo anterior, este Consejo, mediante oficio E9586, de 23 de junio de 2020, solicitó a la reclamante manifestar su conformidad o disconformidad respecto de la información que le habría remitido el órgano, y en el último caso, detallar qué información de la solicitada no le habría sido entregada.

A través de presentación de fecha 1 de julio de 2020, la reclamante manifestó su disconformidad con la respuesta, señalando que se hacen aseveraciones que no se ajustan a lo mencionado en las solicitudes, lo que las desvirtúa. Así, nunca mencionó que la Municipalidad estaría obligada a calificar las elecciones, puesto que no es lo que indica la ley, tampoco a mantener un registro público, pero sí le corresponde tener los datos de las juntas de vecinos y organizaciones comunitarias que postulen a personas al cargo de consejeros del COSOC, porque es requisito tener la calificación del TER para las organizaciones que realizaron sus elecciones de directorio antes de la entrada en vigencia de la ley 21.146.

Además, en el oficio se menciona que "la Subdirección de Participación Ciudadana, la que ha ratificado y complementado la respuesta original mediante correo electrónico de fecha 8 de junio de 2020, el que se adjunta a los presentes descargos". No adjuntan ese correo electrónico a la respuesta que se le envió.

Destaca que el municipio señala que la información solicitada no obra en su poder, sin embargo, a su juicio, debieran tener al menos la calificación de las elecciones de las juntas de vecinos y organizaciones sociales que postularon en las elecciones del COSOC del período 2016-2020. Si no los tiene la Subdirección de Participación Ciudadana, debe tenerlos la Secretaría Municipal porque es requisito para la postulación al cargo.

Adjunta la información entregada por la Municipalidad en donde se incluyen las reclamaciones al TER y la respuesta a la misma para algunas de las organizaciones que realizaron elecciones con posterioridad a la publicación de la ley 21.146. No es discriminación, ni arbitrariedad mantener información que puede ser solicitada por ley de transparencia, porque dice que el registro "ya no se mantiene", es decir, que ¿se tuvo alguna vez? La municipalidad debe tener la información tanto antes o después de la entrada en vigencia de la modificación legal, ya que debe llevar el registro de las organizaciones y debe informar al Registro Civil.

Señala que además hay otro incumplimiento, ya que la modificación sólo corresponde a las organizaciones correspondientes a la ley 19.418, por lo que la municipalidad debería verificar el cumplimiento de las demás organizaciones que corresponden al padrón electoral del COSOC, ya que para ellas no hubo modificación legal.

En conclusión lo que está detrás de esta solicitud es verificar que todos los postulantes a las elecciones del COSOC, según indica la ley, deben tener la calificación de las elecciones de su directorio, sean estas anteriores a la entrada en vigencia de la ley 21.146, porque antes de ello le correspondía calificar al TER a las organizaciones territoriales y comunitarias, pero el requisito debía solicitarlo la Municipalidad en el momento de comenzar con las elecciones de ese cuerpo colegiado, por lo que debieran estar en su poder, y, con posterioridad a la entrada en vigencia le corresponde calificar las elecciones a las comisiones electorales de cada organización.

Solicito, por lo tanto, que la Municipalidad busque en sus archivos, porque me consta que hay organizaciones regidas por la ley 19.418 que entregaron la calificación de sus elecciones a la Municipalidad con anterioridad a la modificación realizada por la ley 21.146.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el objeto del presente amparo se circunscribe a la falta de entrega de la información solicitada, correspondiente a las calificaciones de las elecciones de las juntas de vecinos que participarán en las elecciones del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC) 2020, antecedentes que el órgano requerido señala no obrar en su poder.

2) Que, de acuerdo con el artículo 8, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo las excepciones legales.

3) Que, en primer término, se debe hacer presente que por medio de la ley N° 21.146 que "Modifica diversos cuerpos legales, con el objetivo de simplificar el procedimiento de calificación de las elecciones de las juntas de vecinos y organizaciones comunitarias", que entró en vigencia en el mes de agosto del año 2019, se modificó el artículo 10 de la ley N° 18.593 de los Tribunales Electorales Regionales, excluyendo de su competencia el calificar las elecciones de las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias regidas por la ley N° 19.418, ello, por medio de la inserción del siguiente inciso a la norma: "Lo anterior no se aplicará respecto de las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias regidas por la ley N° 19.418, cuyas elecciones no serán calificadas por los tribunales electorales regionales, sin perjuicio del derecho que tiene cualquier vecino afiliado a la organización para reclamar ante éstos". De lo anterior, se concluye que dichas instituciones, desde la entrada en vigencia de la modificación legal aludida, se encuentran excluidas de la realización del aludido trámite.

4) Que, de manera coherente con lo establecido en el párrafo precedente, es posible concluir que, a la fecha, la Municipalidad no podría exigir como requisito para la inscripción de las juntas de vecinos que participarán en las elecciones del COSOC año 2020, la acreditación de la calificación de las elecciones de la organización, resultando improcedente, por ello, la solicitud de entrega a la solicitante de dicho antecedente respecto de cada una de las juntas de vecinos participantes del proceso eleccionario en comento. Lo anterior, se ve reforzado por el hecho de que el artículo 6 de la ley N° 19.418 sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias, que establece los registros que sobre estas entidades deben llevar públicamente las municipalidades, no contempla las mencionadas calificaciones de sus elecciones.

5) Que, sin embargo, y no obstante el marco legal explicado, la Municipalidad ha reconocido en sus descargos que las organizaciones solían acreditar la calificación de sus elecciones ante la Municipalidad para participar de las elecciones del COSOC, cuestión que conlleva implícita la posibilidad de que efectivamente algunas de las juntas de vecinos participantes del proceso 2020 y que hayan calificado sus elecciones con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley N° 21.146, acompañaran este antecedente al municipio, cuestión que es negada por el órgano reclamado, pues señala haber agotado todos los medios a disposición para encontrar la información requerida, según lo indica el punto 2.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, cuestión que sin embargo no ha sido acreditada en los términos que exige dicha norma. En efecto, y conforme se ha resuelto previamente por parte de esta Corporación en las decisiones de amparo Roles C4950-18, C4603-18 y C4846-18, entre otras, la inexistencia de la información solicitada constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. Así, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder, debiendo acreditarla fehacientemente.

6) Que, por consiguiente, no habiendo acreditado debidamente la búsqueda e inexistencia de la información requerida, ni alegado la concurrencia de alguna causal legal de reserva que justifique su denegación, este Consejo acogerá el amparo, ordenando a la Municipalidad de Santiago proporcionar a la reclamante la información correspondiente a las calificaciones de las elecciones de las juntas de vecinos que participarán en las elecciones del COSOC año 2020. No obstante, en el evento de no obrar en poder del órgano alguno de los antecedentes cuya entrega se ordena, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo al punto 2.3, de la instrucción general N° 10.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por doña Wilma Varela Gutiérrez en contra de la Municipalidad de Santiago, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Santiago, lo siguiente:

a) Hacer entrega a la reclamante de las calificaciones de las elecciones de las juntas de vecinos que participarán en las elecciones del COSOC año 2020.

Con todo, en el evento de no obrar en poder del órgano alguno de los antecedentes antes indicados, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo con el punto 2.3, de la instrucción general N° 10.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Wilma Varela Gutiérrez y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Santiago.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.