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Claudia Alarcón Farías con MUNICIPALIDAD DE QUILICURA Rol: C2443-20

Consejo para la Transparencia, 07/08/2020

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Municipalidad de Quilicura, requiriendo la entrega de copia de informe redactado por el Director, el Jefe de UTP de Modalidad y la Inspectora General del Primer Ciclo del establecimiento educacional en el que se desempeñaba la reclamante. En el evento de que aquel no obre en su poder, deberá señalarlo expresa y fundadamente a la solicitante y a este Consejo, en los términos dispuestos en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10, de esta Corporación. Lo anterior, por tratarse de información pública que debe obrar en poder del órgano reclamado, respecto de la cual no se ha acreditado suficientemente la inexistencia alegada.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Otros, especificar
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2443-20

Entidad pública: Municipalidad de Quilicura

Requirente: Claudia Alarcón Farías

Ingreso Consejo: 08.05.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Municipalidad de Quilicura, requiriendo la entrega de copia de informe redactado por el Director, el Jefe de UTP de Modalidad y la Inspectora General del Primer Ciclo del establecimiento educacional en el que se desempeñaba la reclamante. En el evento de que aquel no obre en su poder, deberá señalarlo expresa y fundadamente a la solicitante y a este Consejo, en los términos dispuestos en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10, de esta Corporación.

Lo anterior, por tratarse de información pública que debe obrar en poder del órgano reclamado, respecto de la cual no se ha acreditado suficientemente la inexistencia alegada.

En sesión ordinaria N° 1119 del Consejo Directivo, celebrada el 7 de agosto de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C2443-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 8 de febrero de 2020, doña Claudia Alarcón Farías solicitó a la Municipalidad de Quilicura, lo siguiente: "El día lunes 6 de enero mediante correo electrónico, solicité a (...) director de la escuela básica y especial Profesora María Luisa Sepúlveda el número del acto administrativo donde informan mi inhabilidad señalada el día lunes 30 de diciembre por parte de la (...) Jefa de UTP del departamento de educación. Según lo indicado en la reunión de la que no tuve copia del informe redactado por el Director del Establecimiento, El Jefe de UTP de Modalidad (...) y La Inspectora General del Primer Ciclo (...) en el que mencionan mis supuestas conductas violentas sin haber cesado mis funciones, por lo que requiero sea enviado dentro del plazo establecido por la ley 20285, con el objetivo de regularizar mi situación".

2) PRÓRROGA: La Municipalidad de Quilicura mediante ordinario N° 4246, de fecha 9 de marzo de 2020, comunicó que en cumplimiento de lo dispuesto en el punto 6.2 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, efectuada la búsqueda de la información solicitada, se comprobó que existen circunstancias que hacen difícil reunirla, toda vez que debe ser recabada desde diversas oficinas del órgano, desde lugares de difícil acceso y/o reordenada en función de los criterios definidos por el solicitante. En razón de lo anterior y en conformidad a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, estimaron necesario ampliar el plazo para otorgar respuesta a la solicitud en 10 días.

3) RESPUESTA: La Municipalidad de Quilicura mediante oficio alcaldicio N° 373/20, de fecha 26 de marzo de 2020, remitió oficio Int. Educación N° 1312/20 remitido por su Departamento de Educación Municipal, en el cual informa sobre lo consultado. Así, en este último documento señaló que realizadas las consultas a su Unidad de Recursos Humanos y Remuneraciones y a la Unidad Técnica Pedagógica, la situación contractual de la reclamante es la siguiente: "Con fecha 01 de Agosto del año 2019 a través de Decreto Alcaldicio N° 3195/2019 se estableció la relación laboral con la requirente ya individualizada, en dicho acto administrativo se estableció que la relación tenía fecha de inicio el 01/08/2019 y fecha de término el 29/02/2020. Fechas por ambas partes conocidas. Cabe señalar que de acuerdo a la normativa vigente dicho decreto fue registrado en el sistema de administración de personal de la Contraloría General de la República. En ese orden de ideas con fecha 27/12/2019 se notificó a la consultante a través de carta aviso, el término de su nombramiento a contrata, estableciendo como causal "término del periodo por el cual se contrata" reiterando que ya era una fecha conocida por ambas partes". Finalmente, adjuntan decreto de nombramiento, certificado de registro en Contraloría General de la República y Carta de notificación de término de contrata.

4) AMPARO: La Contraloría General de la República, mediante oficio N° 4.839, de fecha 6 de mayo de 2020, ingresado a este Consejo con fecha 8 de mayo de 2020, derivó reclamo presentado por doña Claudia Alarcón Farías en contra de la Municipalidad de Quilicura, fundado en que la respuesta incompleta o parcial a la solicitud, pues no proporcionó acceso al informe requerido. En particular, sostuvo que "El, viernes 27 de diciembre firmo mi término de contrato, en el que no señalan los motivos de dicha decisión, esto se debe que al ser contrato a plazo fijo el establecimiento tiene el derecho de no renovar sin mayores explicaciones. El 30 de diciembre me dirijo al DEM del Municipio para hablar con (...) quien cumple el rol de Jefa de UTP. Al preguntarle por los motivos de la no renovación contractual, lee el informe elaborado por (...) (director del establecimiento), (...) (Jefe de UTP de Modalidad) y (...) (Inspectora General del primer ciclo...".

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Quilicura mediante Oficio N° E8.074, de fecha 29 de mayo de 2020, para que formule sus descargos y observaciones solicitando, especialmente, lo siguiente: (1°) indique las razones por las cuales la solicitud de información no habría sido atendida oportunamente; (2°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente su denegación;(4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente su denegación; y, (5°) de encontrarse disponible la información reclamada, remita la misma al solicitante, con copia a este Consejo, a fin de evaluar la finalización del presente amparo, a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC).

El órgano reclamado por medio de oficio alcaldicio N° 638/20, de fecha 26 de junio de 2020, reiteró lo señalado en su respuesta, en orden a que la relación laboral consultada inicio el 1° de agosto de 2019 y tenía como fecha de término el día 29 de febrero 2020, que estos periodos fueron siempre conocidos por ambas partes, donde la única motivación para el Departamento de Educación Municipal de Quilicura para poner término a la contrata fue la llegada del plazo convenido, tal cual lo señala el artículo 72 letra d) del decreto con fuerza de ley N° 1, año 1997, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.070 que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación, y las leyes que la complementan y modifican. Por lo expuesto, no existe ningún informe que inhabilite a la recurrente, para desempeñar funciones, si el servicio así lo requiere.

Y CONSIDERANDO:

1) Que el presente amparo se funda en la respuesta incompleta pues no se otorga acceso al informe solicitado, al respecto el órgano reclamado alegó que aquel no existe.

2) Que en cuanto a lo alegado por el órgano reclamado, se debe tener presente que la inexistencia de la información es una circunstancia de hecho, cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla; sino que ésta debe ser fundada, indicando en forma clara el motivo de aquello, lo que debe ser acreditado de manera fehaciente. Al respecto, la Instrucción General N° 10, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información, en el acápite sobre búsqueda de la información requerida, numeral 2.3, en su párrafo segundo, dispone que, en caso de no existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos pedidos, si el órgano público constata que no posee la información, luego de realizada su búsqueda, deberá agotar todos los medios a su disposición para encontrarla y, en caso de estimar que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, instruir el correspondiente procedimiento sancionatorio, estándar de búsqueda que no se cumplió en el presente caso.

3) Que, en la especie, la Municipalidad de Quilicura se limitó a argumentar la inexistencia del informe pedido, sólo en la condición contractual de la reclamante, en orden a que el plazo de término de su contrata era conocido por las partes contratantes desde la suscripción de aquella. Sin embargo, dicha alegación no es incompatible con el hecho de que se haya elaborado un informe relativo al desempeño profesional de la reclamante, aunque aquello no hubiese sido la causal legal de ponerle fin a su contrata. En tal sentido, se debe tener presente que la solicitante sostiene que aquel fue elaborado por el Director, el Jefe de U.T.P. de Modalidad y la Inspectora General del primer ciclo del establecimiento educacional en el que se desempeñaba; cuyo contenido fue puesto en su conocimiento por la Jefa de U.T.P.

4) Que, en este punto, cabe hacer presente que lo pedido es información elaborada por funcionarios municipales respecto del desempeño de una de sus profesionales. Por lo que, según lo dispuesto en el artículo 8 inciso segundo de la Constitución Política de la República, "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Así como también, lo establecido en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, aquello tendría el carácter de información pública.

5) Que, además, debe considerarse que al tratarse de funcionarios municipales y en atención al tipo de labores que debe desempeñar, está sujeto a un nivel de escrutinio de una entidad mayor, que supone un control social más intenso respecto de sus antecedentes profesionales. Luego, y en base a la referida premisa, este Consejo ha requerido la entrega de instrumentos de medición de desempeño, registros de asistencia, currículum vítae, liquidaciones y otros similares, respecto de los servidores públicos.

6) Que, a mayor abundamiento, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en los artículos 8 de la Constitución Política de la Republica y 3 de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre el particular, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios públicos ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser tales y de encontrarse al servicio de aquella.

7) Que, por lo anteriormente expuesto, se acogerá este amparo requiriendo la entrega de lo reclamado, o en su defecto, una vez efectuada una búsqueda exhaustiva, señalar expresa y fundadamente, tanto a la reclamante como a este Consejo, si dichos antecedentes no existieran, con los detalles que justifiquen aquello, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10, de esta Corporación.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo interpuesto por doña Claudia Alarcón Farías en contra de la Municipalidad de Quilicura, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente.

II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Quilicura, lo siguiente:

a) Entregar a la reclamante copia de informe respecto de su desempeño en el establecimiento educacional correspondiente, elaborado por el Director, el Jefe de U.T.P. de Modalidad y la Inspectora General del primer ciclo de aquel; o en su defecto, una vez efectuada una búsqueda exhaustiva, señalar expresa y fundadamente, tanto a la reclamante como a este Consejo, si dichos antecedentes no existieran, con los detalles que justifiquen aquello, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10, de esta Corporación.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), remitiendo copia de la información proporcionada al solicitante, de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a doña Claudia Alarcón Farías y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Quilicura.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.