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Isabel Margarita Figueroa Tapia con CARABINEROS DE CHILE Rol: C2836-20

Consejo para la Transparencia, 11/08/2020

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de Carabineros de Chile, ordenándose la entrega de la información relativa al uso de armamento y municiones por parte del personal policial, que participó en el operativo realizado el día 23 de mayo de 2015 en el Fundo que se indica. Lo anterior, por haberse desestimado las alegaciones del órgano, fundadas en la afectación al debido cumplimiento de sus funciones, la seguridad de la Nación y orden público, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 436 N°2 y N°3 del Código de Justicia Militar. Aplica criterio contenido en las decisiones de amparo roles C8352-19, C55-20, C287-20, C C742-20 y C994-20.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2836-20

Entidad pública: Carabineros de Chile

Requirente: Isabel Margarita Figueroa Tapia

Ingreso Consejo: 28.05.2020

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de Carabineros de Chile, ordenándose la entrega de la información relativa al uso de armamento y municiones por parte del personal policial, que participó en el operativo realizado el día 23 de mayo de 2015 en el Fundo que se indica.

Lo anterior, por haberse desestimado las alegaciones del órgano, fundadas en la afectación al debido cumplimiento de sus funciones, la seguridad de la Nación y orden público, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 436 N°2 y N°3 del Código de Justicia Militar.

Aplica criterio contenido en las decisiones de amparo roles C8352-19, C55-20, C287-20, C C742-20 y C994-20.

En sesión ordinaria N° 1120 del Consejo Directivo, celebrada el 11 de agosto de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2836-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 14 de abril de 2020, doña Isabel Margarita Figueroa Tapia solicitó a Carabineros de Chile la siguiente información: «entregue información respecto al uso de armamento y municiones por parte del personal policial, que participó en el operativo realizado el día 23 de mayo de 2015 en el Fundo que se indica, en el cual resultaron personas lesionadas, en virtud del cual se está realizando una investigación en la causa que indica, para así poder determinar cuántas municiones fueron disparadas en ese procedimiento policial y cuánto armamento fue utilizado y porque funcionarios. En especial, se solicita la identificación del armero de la unidad policial o unidades policiales respectivas, para que den cuenta del registro de entrega y devolución de armamento y municiones por parte de los uniformados que participaron en el procedimiento señalado».

2) RESPUESTA: Mediante presentación, de fecha 13 de mayo de 2020, Carabineros de Chile respondió a dicho requerimiento de información en los siguientes términos:

2.1) Con respecto a la identidad del armero de la unidad policial, el órgano reclamado informó quién es el encargado de la sala de armas de la 2° Comisaría de Mulchén a la época de la consulta.

2.2) En cuanto a la entrega de la información referida al uso de armamento y municiones por parte del personal policial que participó en el operativo indicado, Carabineros de Chile denegó la entrega de los antecedentes consultados, pues dicha información da cuenta de los planes operativos elaborados con motivo de los servicios policiales que realizó el personal policial en procedimiento que indica. Sobre lo anterior, agregó que, la información requerida en la especie recae en Actas Circunstanciadas, de fechas 15 de junio de 2015, cuyo contenido comprende detalles específicos del plan operativo llevado a cabo, referidos al uso de armamento, consumo de munición y personal de dotación de la Unidad policial.

2.3) En este contexto, hizo presente que, entregar la información implica un riesgo de afectación -cierto, probable y específico- respecto al debido cumplimiento de las funciones de Carabineros y, en definitiva, a la seguridad pública. Al respecto, expuso que, la entrega de la descripción detallada de la cantidad de armamento y munición utilizada por Carabineros de Chile en el desarrollo de sus funciones de orden y seguridad, iría en desmedro de la prevención, investigación y la persecución de los hechos delictuales, cuyo conocimiento permitiría interferir en ellos y neutralizar una investigación penal en desarrollo, tal como acontece en la especie, teniendo en consideración que existe una causa penal sustanciada en el juzgado que indica.

2.4) Acto seguido, sostuvo que, dicha información es secreta, de acuerdo a las normas contenidas en el Código de Justicia Militar, en particular, según lo dispuesto en el artículo 436 N°2 y 3°: «se entiende por documentos secretos aquellos cuyo contenido se relaciona directamente con la seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas y entre otros: 2.- Los atinentes a planos o instalaciones de recintos militares o policiales y los planes de operación o de servicio de dichas instituciones con sus respectivos antecedentes de cualquier naturaleza, relativos a esta materia. 3.- Los concernientes a armas de fuego, partes y piezas de las mismas, municiones, explosivos, sustancias químicas y demás efectos a que se refiere la ley N° 17.798 usados por las Fuerzas Armadas o Carabineros de Chile, y (...)». Por lo anterior, expuso que, en la especie se configura la causal de reserva establecida en el artículo 21 N°5 de la Ley de Transparencia, toda vez que el Código de Justicia Militar tiene la calidad de ley de Quórum Calificado, al regular materias que son objeto de reserva o secreto.

2.5) Consiguientemente, hizo presente que, en la especie resulta aplicable las causales de secreto establecidas en el artículo 21 N°1 letra a) y N°3, en atención de lo dispuesto en la ley 18.961, que fija Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, en su artículo 4°: «Carabineros de Chile prestará a las autoridades judiciales el auxilio de la fuerza pública que éstas soliciten en el ejercicio de sus atribuciones. Además, colaborará con los fiscales del Ministerio Público en la investigación de los delitos cuando así lo dispongan, sin perjuicio de las actuaciones que en virtud de la ley le corresponde realizar sin mediar instrucciones particulares de los fiscales». Al respecto, señaló que, la institución se encuentra impedida de revelar el detalle de los planes operativos realizados, toda vez que la entrega de los antecedentes permitiría alertar y dar a conocer a terceros los cursos de acción que adopta la institución frente a hechos que revisten caracteres de delito, mermando la eficiencia de los servicios dispuestos, afectando el actuar policial en la prevención, investigación y persecución de los hechos delictuales, e impide el cumplimiento de la misión constitucional que ha sido encomendada al órgano,

2.6) Sin perjuicio de los preceptos legales esgrimidos precedentemente, hizo presente que, a raíz del procedimiento policial que se llevó a cabo con fecha que indica, la información solicitada es materia de una investigación penal en curso, y que generó los Partes policiales N°712, por Usurpación de terrero, N°713, por Maltrato de Obra a Carabineros y N°714, por Daños Calificados, todos de fecha 23 de mayo de 2015, los cuales fueron remitidos a la Fiscalía Local de Los Ángeles, existiendo una causa judicializada ante el Juzgado de Letras y Garantía de Mulchén, razón por la cual, la información requerida no puede, además, ser entregada, por ser antecedentes de actuaciones realizadas en el marco de una investigación en sede penal, estableciendo el artículo 80° del Código Procesal Penal que la dirección de la investigación le corresponde al Ministerio Público. En complementación de lo anterior, señaló que, la Institución se encuentra impedida de entregar información relacionada con investigaciones penales, ni a los terceros que la soliciten, ni a los propios intervinientes, pues rige plenamente el secreto de las actuaciones de investigación para terceros ajenos al procedimiento, consagrado en el artículo 182° del Código Procesal Penal. Por lo anterior, y en atención a lo establecido en el Instructivo FN N°27/2011, de fecha 14 de enero de 2011, derivó la presente solicitud de acceso al Ministerio Público, a fin de que se pronuncie sobre la entrega de los antecedentes requeridos.

3) AMPARO: El 28 de mayo de 2020, doña Isabel Margarita Figueroa Tapia dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la denegación de los antecedentes consultados.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. General Director de Carabineros de Chile, mediante Oficio N°E9512, de fecha 22 de junio de 2020 solicitándole que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) señale cómo la entrega de la información reclamada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa, específicamente, informe en qué medida su acceso iría en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o constituye un antecedente necesario para la defensa jurídica y judicial, explicando cómo dicha documentación está destinada a respaldar la posición del órgano ante una controversia de carácter jurídico; (3°) informe las partes, Tribunal, Rol, si procediere, y el estado en que se encuentra el procedimiento que sirvió de fundamento para denegar la entrega de la información reclamada; y (4°) detalle cómo la entrega de dicha información afectaría la seguridad de la Nación.

Mediante presentación, de fecha 3 de julio de 2020, el órgano reclamado presentó sus descargos y observaciones, reiterando en síntesis lo expuesto en su respuesta. Asimismo, agregó lo siguiente:

4.1) La situación a la que se refiere se encuentra inserta en una causa que tramitó el Ministerio Público, motivo para que el órgano reclamado debe abstenerse de entregar información, más aún cuando la recurrente tiene la calidad de querellante en la misma. Al respecto, informó que, la Fiscalía resolvió no perseverar, resolución que fue ratificada por el señalado tribunal y confirmada por la I. Corte de Apelaciones de Concepción con fecha 10 de junio de 2020.

4.2) A continuación, ilustró que, se trata de un operativo policial realizado por Carabineros de Chile y la Policía De Investigaciones, en el marco del conflicto que se desarrolla en la zona sur del país y que como es de público conocimiento requiere permanentemente de la intervención de las fuerzas de orden y seguridad. Por lo anterior, refirió que, la entrega de la información solicitada recae en los planes operativos que desarrolla la Institución en la zona y en particular relativos a una Unidad Policial, que debe efectuar labores de control de orden público.

Y CONSIDERANDO:

1) Que el presente amparo se funda en la denegación de los antecedentes consultados por la peticionaria, referidos a la copia de información respecto al uso de armamento y municiones por parte del personal policial en procedimiento que se indica, y de la identificación del armero de la unidad policial o unidades policiales respectivas. Por lo anterior, se procederá a realizar un análisis separado de cada una de estas materias.

2) Que, con respecto a la entrega de la información sobre la identidad del armero de la unidad policial, este Consejo verificó que, con ocasión de la respuesta, Carabineros de Chile informó -debidamente- quién es el encargado de la sala de armas de la 2° Comisaría de Mulchén a la época de la consulta. Por lo anterior, advirtiéndose que la información proporcionada permite satisfacer el requerimiento en los términos planteados en este punto, se procederá a rechazar el amparo en esta parte. (énfasis agregado).

3) Que, con respecto a la entrega de la información referida al uso de armamento y municiones por parte del personal policial que participó en el operativo indicado, Carabineros de Chile denegó la entrega de la información solicitada, al tenor de lo dispuesto en los artículos 21 N°1 letra a) y N°3 de la Ley de Transparencia. Al respecto, dichas normas disponen que se podrá denegar el acceso a la información, cuando su entrega afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, y cuando su publicidad afecte la seguridad de la Nación, en relación con la mantención del orden o la seguridad pública. Adicionalmente, se opuso a la entrega de la información, por concurrir en la especie la hipótesis de reserva prevista en el artículo 21 N°5 de la Ley de Transparencia, este último en relación con lo expuesto en el artículo 436 N°2 y N°3 del Código de Justicia Militar. (énfasis agregado)

4) Que, primeramente, cabe señalar que el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que «son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional».

5) Que, en cuanto a la invocación de las causales de reserva previstas en los artículos 21 N°1 y N°3 de la Ley de Transparencia, atendido a lo señalado por el órgano reclamado en su respuesta y descargos, en orden a que la información consultada da cuenta de los planes operativos elaborados con motivo de los servicios policiales que realizó el personal policial en procedimiento que indica, lo cual iría en desmedro de la prevención, investigación y la persecución de los hechos delictuales, es menester hacer presente que, según la jurisprudencia reiterada de este Consejo, y lo razonado en la decisión del amparo rol C55-20, no basta con invocar una causal de secreto o reserva para eximir al órgano reclamado del cumplimiento de su obligación de entregar la información requerida, sino que, además, debe indicar los hechos que la configuran y aportar los antecedentes específicos que acrediten la afectación a los bienes jurídicos respectivos, circunstancias que no se advierten en la especie. En efecto, el órgano no especificó en forma concreta, ni detalló de qué manera la entrega de los antecedentes requeridos podría generar la afectación alegada, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N°1 y N°3, de la Ley de Transparencia, limitándose a consignar situaciones genéricas, hipotéticas y subjetivas, sin detallar, de manera específica, la forma en que la entrega de la información respecto al uso de armamento y municiones de un procedimiento policial determinado podría aumentar la sensación de inseguridad, afectar el desempeño de sus funcionarios, divulgar la capacidad de fuego de la organización, impedir que se apliquen técnicas o tácticas adecuadas, o alterar el orden público. En consecuencia, este Consejo desestimará dichas alegaciones.

6) Que, asimismo, la institución denegó la entrega de la información fundado en la causal de reserva del artículo 21 N°5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo que establece el artículo 436 N°2 y N°3 del Código de Justicia Militar. En dicho contexto, respecto de la hipótesis de reserva prevista en el artículo 436° del Código de Justicia Militar, este Consejo, a partir de la decisión del amparo rol C45-09, ha establecido que dicha disposición posee el carácter de ley de quórum calificado para efectos de establecer el secreto o reserva respecto de aquellos documentos que se relacionan directamente con la seguridad del Estado, la defensa nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas, algunos de los cuales menciona a título ejemplar. Ahora, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N°5 y del artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, este Consejo ha considerado que, para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado, sino que, además debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que además establece el artículo 8°, inciso 2°, de la Carta Fundamental. Por tanto, si bien el artículo 436 del Código de Justicia Militar, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia -y puede por tanto ser objeto de reconducción formal-, es igualmente menester determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente -es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material-.

7) Que, la reconducción material señalada debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política, esto es, debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, derechos de las personas, seguridad de la Nación o el interés nacional. Pues bien, con respecto a la afectación de éstos y para justificar la causal de reserva alegada, la reclamada se limitó a señalar que, en este caso se configura la causal de reserva establecida en el número 5° del artículo 21° de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 436 N°3 del Código de Justicia Miliar, toda vez que dicha disposición expresa que son documentos secretos aquellos que se relacionan directamente con la Seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas, especificando aquellos relativos a armas de fuegos, partes y piezas, municiones, explosivos, sustancias químicas, y los que se refieran a equipos y pertrechos militares o policiales.

8) Que, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación debe ser presente o probable, y con la suficiente especificidad que permita justificar la reserva, de modo que no cabe presumirla, sino que debe ser acreditada por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad. En dicho contexto, sostener que la divulgación de información sobre el uso de armamento y municiones en un procedimiento concreto afectaría o pondría en riesgo la Seguridad de la Nación, no resulta plausible, pues el órgano no proporcionó suficientes antecedentes que hagan suponer una afectación presente o probable de los bienes jurídicos que se buscan proteger, tampoco justificó específicamente la causal de reserva y en ningún caso la acreditó. (énfasis agregado)

9) Que, en la misma línea, la I. Corte de Apelaciones de Santiago, en reclamo de ilegalidad N° 618-2017, razonó, en su considerando noveno, que «lo anterior supone que se debe acreditar una afectación de alguno de los bienes jurídicos establecidos en la norma constitucional citada, referidos a afectar el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional, a cuyo respecto el reclamante se limitó a expresar que la entrega de la información requerida produciría un daño o detrimento en el debido cumplimiento de las funciones de Carabineros, sin mencionar antecedente alguno que así lo comprobara, ya sea presente o eventual, para así asilarse en la reserva pedida». En la misma decisión, en su considerando décimo, resolvió «Que, asimismo, se comparte lo manifestado por el Consejo para la Transparencia, en orden a señalar que el criterio utilizado exige determinar el elemento que se viene señalando con la debida especificidad, pues la confidencialidad no se presume, solo así se podrá aquilatar que los daños que la publicidad provoque o pudiera causar sean superiores al perjuicio que genere su secreto, baremo que en el presente caso no se satisface, motivo por el cual solo cabía inferir que no se configuró la causal del artículo 21 N° 5 de la ley, que dispone como únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, entre otras, cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución Política; sin que corresponda entregar a la mera discrecionalidad del órgano requerido que le baste negarse, sin argumentar ni justificar que se encuentra dicha información en las causales de secreto, no explicitando el detrimento que ello provoca o pudiere provocar, impidiendo de facto el juicio de valor de la afectación dañosa que justifica su secreto que corresponde a la autoridad resolver» . (énfasis agregado).

10) Que, con respecto a la alegación sostenida por el órgano reclamado, en orden a que la entrega de dicha información neutralizaría una investigación penal en desarrollo, por constituir antecedentes de actuaciones realizadas en el marco de un procedimiento judicial, resultando aplicable lo dispuesto en el artículo 80° y 182° del Código Procesal Penal, esta Corporación verifica que, no se configuran los presupuestos necesarios para la reserva de los antecedentes consultados, por las consideraciones que se expondrán a continuación. Primero, el artículo 182° del Código Procesal Penal, relativo al secreto de las actuaciones de investigación indica: «Las actuaciones de investigación realizadas por el ministerio público y por la policía serán secretas para los terceros ajenos al procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior, esta Corporación procedió a revisar de oficio la causa RIT 390-2015, ventilada en el Juzgado de Letras y Garantía de Mulchén, constatando que, el Ministerio Público, con fecha 22 de abril de 2020, comunicó el cierre de la investigación y solicitó audiencia para comunicar lo anterior, petición que fue acogida por el órgano jurisdiccional, mediante resolución, de fecha 7 de mayo de 2020, que conjuntamente rechazó la reapertura de la investigación incoada por el Órgano Persecutor. Lo anterior, fue refrendado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, que confirmó dicha resolución, con fecha 1 de junio de 2020, rechazando, consecuencialmente, la reapertura de la investigación. Por tal motivo, este Consejo no advierte la necesidad de mantener en reserva los antecedentes pedidos, toda vez que no se trata de una investigación penal en curso, respecto de la cual, el propio Ministerio Público comunicó su decisión de no perseverar y solicitó el cierre de la investigación, por lo que, no se verifica en la especie una afectación al debido ejercicio de sus diligencias investigativas.

11) Que, en virtud de lo expuesto precedentemente, tratándose de información de naturaleza pública; habiéndose desestimado en la especie la concurrencia de las hipótesis de reserva previstas en el artículo 21 N°1, 3° y 5°, de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 436 N°2 y N°3 del Código de Justicia Militar, este Consejo procederá a acoger parcialmente el presente amparo, ordenando la entrega de la información consultada.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por doña Isabel Margarita Figueroa Tapia, en contra de Carabineros de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. General Director de Carabineros de Chile, lo siguiente;

a) Entregue al reclamante copia de la información respecto al uso de armamento y municiones por parte del personal policial, que participó en el operativo realizado el día 23 de mayo de 2015 en el Fundo que se indica.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Rechazar el presente amparo en lo referido a la entrega de la información sobre la identidad del armero de la unidad policial, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

IV. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Isabel Margarita Figueroa Tapia; y al Sr. General Director de Carabineros de Chile.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.