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Pablo Aranda Valenzuela con DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Rol: C2611-20

Consejo para la Transparencia, 11/08/2020

Se acoge el amparo deducido en contra de la Dirección de Obras Hidráulicas, relativo a información sobre programas de agua potable rural (APR), en particular aspectos de ejecución presupuestaria, regularización de derechos de aguas y montos de transferencias efectuadas a empresas sanitarias urbanas. Lo anterior, por tratarse de información pública, desestimándose la causal de distracción indebida alegada por el órgano reclamado, por no haber sido suficientemente acreditados sus presupuestos, estimando que por la naturaleza de la información objeto del reclamo, ésta se debe encontrar previamente sistematizada; y, que el cumplimiento de las funciones habituales del órgano, en el actual contexto de emergencia sanitaria, no puede implicar desatender el ejercicio del derecho de acceso a la función pública. A su vez, se concluye que los antecedentes complementarios otorgados por el órgano recurrido con ocasión de los descargos, son insuficientes para estimar por cumplida la obligación de informar, sobre parte de lo reclamado, en lo relativa al presupuesto ejecutado vinculado a la ley N° 20.998, desagregado por región (punto 5 del requerimiento), en atención a que se hace entrega información general, sin la desagregación expresamente requerida ni por el todo el período solicitado. Se deja constancia que el Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Obras Públicas (Vialidad)
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:



Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2611-20

Entidad pública: Dirección de Obras Hidráulicas.

Requirente: Pablo Aranda Valenzuela

Ingreso Consejo: 19.05.2020.

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de la Dirección de Obras Hidráulicas, relativo a información sobre programas de agua potable rural (APR), en particular aspectos de ejecución presupuestaria, regularización de derechos de aguas y montos de transferencias efectuadas a empresas sanitarias urbanas.

Lo anterior, por tratarse de información pública, desestimándose la causal de distracción indebida alegada por el órgano reclamado, por no haber sido suficientemente acreditados sus presupuestos, estimando que por la naturaleza de la información objeto del reclamo, ésta se debe encontrar previamente sistematizada; y, que el cumplimiento de las funciones habituales del órgano, en el actual contexto de emergencia sanitaria, no puede implicar desatender el ejercicio del derecho de acceso a la función pública.

A su vez, se concluye que los antecedentes complementarios otorgados por el órgano recurrido con ocasión de los descargos, son insuficientes para estimar por cumplida la obligación de informar, sobre parte de lo reclamado, en lo relativa al presupuesto ejecutado vinculado a la ley N° 20.998, desagregado por región (punto 5 del requerimiento), en atención a que se hace entrega información general, sin la desagregación expresamente requerida ni por el todo el período solicitado.

Se deja constancia que el Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.

En sesión ordinaria N° 1120 del Consejo Directivo, celebrada el 11 de agosto de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C2611-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 08 de abril de 2020, don Pablo Aranda Valenzuela solicitó a la Dirección de Obras Hidráulicas, acceso a la siguiente información, relativa a los programas de agua potable rural (APR):

1) Cuánto es el porcentaje actual de mujeres dirigentes y trabajadoras de los sistemas de APR, tendrías algún informe con gráficos por regiones?, el programa incorpora el enfoque de género expresamente?;

2) Estimación de los derechos de aguas que no han sido regularizados (traspasos sendos u otras sanitarias) por los APR y los inmuebles que se encuentran en una situación irregular y que son ocupados por los APR?, indicar nombre de los APR, comuna y Región. La Subdirección está regularizando estos aspectos actualmente (elementos clave para la entrada en vigencia de la LEY 20.998);

3) Cortes no programados por regiones que han tenido los APR cuantos han ocurrido en los ultimos 3 años, ¿Cuáles fueron los motivos?, ¿hay % por motivo?;

4) Numero de APRs que se alimentan por camiones aljibes, señalando el periodo del año, región y su costo (dinero gastado por la DOH o el MOP), lo hacen porque no hay agua en el área? o porque no se cuenta con fuente o Derechos de Aprovechamiento?;

5) La ley cuenta con recurso financieros expresamente señaladas por el informe financiero (DIPRES), no asociados a la ley de presupuesto anual para la implementación la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales personal e infraestructura (computadores, camionetas etc.), ese dinero ya se ha ejecutado?, indicar su forma por región.

6) Montos de dineros anuales entregados por la Subdirección /DOH a las sanitarias urbanas por convenios de Unidades Técnicas, por región, desglosado por años desde el 2016 al 2020, indicando asesoría regular y proyectos de inversión o conservación."

2) RESPUESTA: La Dirección de Obras Hidráulicas, mediante Oficio DOH N° 1585, fechada el 08 de mayo de 2020, respondió la solicitud de acceso, señalando:

a) Respecto del numeral 1, se adjunta estadística y desglose;

b) Sobre el numeral 2, se deniega su acceso en virtud de la causal del artículo 21 N° 1, letra c), según se fundamenta en el punto f).

c) En relación al numeral 3, se adjunta detalle de cortes de suministro durante los años 2017, 2018, 2019 junto con información sobre sus posibles causas;

d) En relación al punto 4), se informa que la Dirección de Obras Hidráulicas no efectúa gasto en el transporte de agua por camiones aljibe. El suministro de agua en situaciones de falla o emergencia es efectuado por la Gobernación mediante traspaso de fondos desde el Ministerio del Interior o bien por los municipios;

e) Respecto del numeral 5) se informa que la Ley 20.998 cuenta con un Informe Financiero de Respaldo; sin embargo, el Servicio se continúa rigiendo por la Ley de Presupuesto que se aprueba año a año, al respecto se adjunta detalle de gasto correspondiente a los dos últimos años; y

f) En lo concerniente al punto 6), la Dirección de Obras Hidráulicas procede a entregar parte de la información requerida, adjuntándose los pagos desglosados en relación a la asesoría y asistencia, teniendo en consideración que respecto de la gestión de proyectos, se debe considerar el análisis de reportes anuales de la totalidad de los proyectos ejecutados durante dichos años, información que si bien existe en poder del Servicio, debe ser procesada para obtener los montos requeridos, lo cual demandaría una importante cantidad de horas hombres enfocadas en esta materia, considerando que se debe involucrar a varios funcionarios de nivel central y regiones. Por esto, se adjunta el detalle solicitado de acuerdo a lo expuesto y a las posibilidades actúa les del Servicio. Que, en este sentido, es posible indicar que como es de público conocimiento, a partir del mes de diciembre de 2019, hasta la fecha se ha producido un brote mundial del virus denominado coronavirus-2 del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2) que produce la enfermedad del coronavirus 2019 o COVID-19. Que, en tal contexto, la Dirección de Obras Hidráulicas ha visto fuertemente afectado su funcionamiento; en particular la Subdirección de Agua Potable Rural ha estado operando con una dotación mínima de personal, toda vez que una parte de los funcionarios que pertenecen a ella no se encuentran presencialmente sino que están desempeñándose a través de la modalidad de trabajo a distancia, el que con esta fecha se encuentra completamente enfocado en la función primordial de la Subdirección, que es dotar y asegurar el funcionamiento de los Sistemas de APR en las localidad rurales en cuanto a cantidad, calidad y continuidad, asegurando su sostenibilidad administrativa, financiera, y técnico operacional. Que, en este sentido, dicha Subdirección se encuentra abocada además a la gestión del funcionamiento de los sistemas de APR y los contratos de emergencia que es necesario celebrar a la luz de la emergencia actual. Esto, además de abordar la situación de las obras que han debido paralizarse, y del urgente desarrollo de contrataciones que mitiguen la situación de sequía que afecta al país, la que se enfrenta mediante obras hidráulicas que requieren ser contratadas por este Servicio, y que en un contexto de crisis sanitaria son más urgentes aún y requieren la concentración total en dichas actividades. Que, de acuerdo a lo expuesto, la dotación de funcionarios que podría reunir la información señalada en los numerales 2 y parte del 6 representa una carga desmesurada, debido a que lo solicitado es información que sería necesario recopilar, incluso en terreno. En el caso del numeral 2) de la solicitud, relativa a la información sobre la regularización de los derechos de aguas, es necesario obtener coordinación con otras entidades involucradas que poseen titularidad sobre derechos relativos a APR cubiertos por el programa, lo que complejiza más aún la obtención de dicha información si no es con una dotación exclusiva dedicada a tal labor. Lo mismo cabe señalar en relación al numeral 6), sólo en lo relativo a la gestión de proyectos (pues se adjunta información sobre asesoría y asistencia), que requiere procesamiento y recopilación de información no disponible en estos momentos.

Que, en este sentido, para llevar a cabo la recopilación de los antecedentes requeridos con motivo de los múltiples antecedentes y datos solicitados en la especie y con los que no se cuenta en estos momentos, es menester encomendar dicha gestión a funcionarios que ejerzan sus funciones de manera presencial en el Servicio, toda vez que gran parte de los antecedentes que es necesario revisar y recolectar para responder los numerales 2) y 6) (en relación a la gestión de proyectos) se encuentran en formato físico (no digitalizado) en dependencias del Ministerio de Obras Públicas, o en dependencias de las direcciones regionales, o incluso de las unidades técnicas o Comités o Cooperativas de APR correspondientes. Por ende, no es posible recabar los antecedentes de manera remota, quedando sólo la posibilidad de que esta información sea revisada por funcionarios que se encuentran desempeñando un sistema de turnos en la actualidad, turnos mínimos que permiten la revisión y gestión de los contratos de obra para los sistemas de APR y la asesoría y asistencia para el funcionamiento de los mismos. Que, de conformidad a lo anterior, y en el contexto en que actualmente se encuentra esta Dirección, para poder recopilar y acompañar dicha información se necesitaría un trabajo desproporcionado para las funciones que este Servicio debe cumplir en esta contingencia, que dicen relación con la provisión de infraestructura hidráulica para la comunidad, labores que como ha sido expuesto son más críticas y urgentes aún en un período de sequía como el que actualmente atraviesa el país y de emergencia sanitaria. En este sentido, el rol en particular de la Subdirección de APR es crucial, pues una de las medidas de prevención de mayor relevancia para enfrentar la citada emergencia, de acuerdo a las instrucciones impartidas por la autoridad sanitaria, es el lavado de manos con agua y jabón e higiene personal permanente por parte de la población.

Que por lo anterior, es de suma urgencia ejecutar las obras que permitan resolver el déficit de producción de las fuentes existentes mejorando el funcionamiento y operatividad de los Sistemas de Agua Potable Rural de diversas localidades a lo largo del país, con el fin de permitir el normal abastecimiento de agua potable, de manera tal que permita dotar a la población de agua suficiente tanto para el consumo humano como para higiene personal, dadas las actuales condiciones del país. Lo anterior, sumado a la necesidad de mantener los APR actualmente existentes en óptimo estado de funcionamiento, función de suyo crítica considerando la gravísima sequía que afecta al país.

g) Que, debido a lo anterior, es necesario denegar parcialmente la solicitud de acceso a la información pública, atendido que dentro de las excepciones al principio de transparencia y en virtud del artículo 21 ° N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia N° 20.285, se podrá denegar el acceso a la información "Tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales". En la especie, el volumen de información solicitada, en particular, el trabajo de revisión de antecedentes y posterior recopilación de la misma de conformidad a los parámetros establecidos en la solicitud, ciertamente exige un nivel de trabajo de los funcionarios de esta Dirección que los distraería de manera desproporcionada teniendo en cuenta el nivel de labores y metas que este Servicio debe abordar a diario, sobre todo en este período que atraviesa el país.

3) AMPARO: Con fecha 19 de mayo de 2020, don Pablo Aranda Valenzuela dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, fundado en la respuesta incompleta otorgada a la solicitud de información. Agregó: "La pregunta 5 no responde al detalle de lo solicitado (no responde si ha ejecutado o no el dinero establecido en la ley 20998) y las preguntas 2 y 6 fueron denegadas en su totalidad arguyendo sobre carga de la institución, llama la atención aquello es pues son datos, no requiere mayor complejidad".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional de Obras Hidráulicas, mediante oficio N° E8202, de fecha 02 de junio de 2020, para que formulara sus descargos y observaciones, solicitando especialmente: (1°) remita copia de la solicitud de información que dio origen al presente amparo; (2°) adjunte los antecedentes que acreditan la fecha de notificación de la respuesta reclamada; (3°) en relación a la respuesta otorgada a los puntos 2 y 6, se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (4°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; (5°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; (6°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida; (7°) en relación a la respuesta otorgada al punto 5, señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información; (8°) señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (9°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; y, (10°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada.

El órgano reclamado, por medio de presentación de 02 de julio de 2020, evacuó sus descargos, reiterando en síntesis, la causal de reserva invocada, respecto a los puntos 2) y 6) del requerimiento que funda el amparo, agregando al efecto que

"Como es de público y notorio conocimiento, la dramática situación vivida a nivel nacional producto de la contingencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID19 se ha prolongado hasta la fecha, motivo por el cual siguen siendo aplicables en la especie todas las consideraciones tenidas a la vista para dictar la Resolución DOH Exenta N° 1585/2020 adjunta a este proceso. Si bien lo solicitado es información pública, no se trata de información que se tenga disponible o pueda ser extraída de algún tipo de sistema; en ambos casos se requiere un trabajo de procesamiento y recopilación de datos que implica la ocupación de horas/funcionario que hasta la fecha continúan siendo inconcebibles en el contexto actual. Esto se ha desarrollado y explicado en la citada Resolución, que forma parte del presente expediente.

Sin perjuicio de lo anterior, en aplicación del principio de facilitación, y en el entendido que la información correspondiente al numeral 5 de la solicitud ha variado desde la fecha en que se entregó y es susceptible de ser actualizada, se está procesando dicha información a fin de remitirla al solicitante, lo que se realizará a la brevedad y será informado".

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo tiene por objeto acceder a la información concerniente a los puntos 2), 5), y 6) del requerimiento de acceso transcrito en el numeral 1 de la parte expositivo del presente acuerdo. Al respecto, la Dirección de Obras Hidráulicas, señaló que la unidad interna respectiva, se encontraba recopilando antecedentes para emitir la información actualizada relativa al punto 5). Respecto de aquella parte de la solicitud relativa a los puntos 2) y 6) el órgano recurrido sostuvo que dicha parte del requerimiento, resulta reservada por aplicación de la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia.

2) Que, respecto de la información reclamada en el amparo, cabe tener presente que el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, cabe tener presente que en virtud de lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. En razón de lo anterior, la información concerniente al uso y destinación de bienes raíces públicos reclamada en el amparo, es en principio, información pública, salvo concurra a su respecto alguna de las causales de reserva contempladas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, las que por ser de derecho estricto, y una excepción al régimen de publicidad, cuando se invocan, corresponde al órgano respectivo, desvirtuar la presunción legal de publicidad contemplada en el artículo 11 letra c) de la Ley de Transparencia, y en consecuencia, acreditar fehacientemente los hechos que la configuran.

3) Que, sobre el marco normativo aplicable, cabe tener presente lo dispuesto en el artículo 72°, inciso segundo de la Ley N° 20.998, Regula los Servicios Sanitarios Rurales, que crea la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, dependiente de la recurrida, y cuyas funciones consisten en efectuar los estudios, gestión comunitaria, inversiones de agua potable, inversiones de saneamiento, proyectos de agua potable, proyectos de saneamiento y llevar el registro de los operadores. A su vez, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 73, letra e) del mismo cuerpo normativo corresponde también a dicha Subdirección "Formular proyectos de servicios sanitarios rurales y evaluarlos económica, técnica y socialmente, directamente o a través de terceros debidamente inscritos en el registro señalado en la letra d) (...) " m) Estudiar, aprobar e informar al Ministerio las solicitudes de expropiaciones de bienes inmuebles y derechos de aguas requeridos para la prestación de los servicios sanitarios rurales, n) Comprar o adquirir bienes inmuebles y derechos de aprovechamiento de aguas, ya sea con fondos del Estado o con aportes de los operadores o beneficiados, para la prestación de los servicios sanitarios rurales (...).

4) Que, el Programa de Agua Potable Rural obtiene financiamiento a través de los Fondos denominados Iniciativas de Inversión, (ex ISAR), asignados anualmente al Ministerio de Obras Públicas y a través de los Fondos de Provisión de Infraestructura Rural de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE), que corresponde al fondo estatal que destina anualmente presupuesto para materializar obras de agua potable rural. Estos fondos son canalizados a los respectivos Gobiernos Regionales. La supervisión técnica de estos proyectos es responsabilidad de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas. Asimismo, es importante consignar que partir de la entrada en vigencia de la ley 20.998, la dotación máxima de personal de la Dirección de Obras Hidráulicas, se incrementó en 223 funcionarios, según información que se mantiene disponible la página 4 del documento digital denominado "Implementación de la Ley N° 20.998, Regulación Servicio Sanitarios Rurales" (información disponible en el enlace https://www.mop.cl/participacion_ciudadana/Documents/cosoc/actas/ANEXO_SESION_26_N_1_COSOC_MOP_29112018.pdf

5) Que, en cuanto a la causal de reserva invocada, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, se podrá denegar el acceso a la información cuando su comunicación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente, tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes, o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. Al respecto, el Reglamento de la citada Ley, al precisar los supuestos de dicha causal, señala en su artículo 7° N° 1, literal c), inciso tercero, que "se considerará que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando sus satisfacción requiera por parte de estos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo o un alejamiento de sus funciones habituales". A su vez, cabe considerar como elementos para la ponderación de esta causal los siguientes: a) tipo de información, distinguiendo si esta se encuentra en formato digital o físico tradicional; b) disponibilidad de la información de forma permanente al público, tratándose de aquella que debe publicarse en los sitios web de los órganos requeridos, conforme lo establecido en el artículo 7° de la Ley de Transparencia; c) ubicación material de lo solicitado, sea en las dependencias del órgano reclamado, o bien, en lugares especialmente destinados para el archivo y resguardo de la información requerida, circunstancia que debe acreditarse detallada y suficientemente, tanto desde el punto de vista geográfico como desde la perspectiva del acceso directo e inmediato a dichas dependencias; d) medida de tiempo que comprende la solicitud de información, la que puede referirse a días, semanas, meses o años; e) número de documentos que han sido requeridos lo que debe ser explicitado suficientemente por el órgano requerido; y f) funcionarios encargados de la búsqueda, recopilación y entrega de la información pedida y horas hombre destinadas especialmente a dichos efectos

6) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden gestiones de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos, el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras circunstancias. Adicionalmente, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales".

7) Que, de acuerdo a lo anterior, y analizando las alegaciones del servicio, se advierte que sus fundamentos constituyen invocaciones que si bien dan cuenta de circunstancias propias e inherentes al contexto de emergencia sanitaria que se vive en el país desde fines del mes de marzo recién pasado, éstas no resultan suficientes para acreditar ante este Consejo el supuesto establecido en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, teniendo en especial consideración la naturaleza esencialmente pública de la información solicitada, relativa a los antecedentes en formato documental, que dan cuenta del ejercicio de funciones públicas del órgano reclamado. En efecto, la Dirección de Obras Hidráulicas sostuvo que atender el requerimiento supone distraer indebidamente a los funcionarios, quienes deberían efectuar búsquedas en documentos que se encuentran respaldados en formato papel, lo que implica un esfuerzo desproporcionado de su personal en el contexto actual; a juicio de esta Corporación dichas circunstancias no son suficientes para derribar la presunción de publicidad de la información, por cuanto la reclamada no señala en forma pormenorizada en qué forma afectaría al debido cumplimiento de sus funciones la entrega de la información requerida, justificando lo anterior tanto desde la cantidad de funcionarios y tiempo específico que debería ser utilizado en dicha tarea; carga procesal que corresponde específicamente al órgano reclamado. Lo anterior resultaba relevante atendido que no resulta plausible que información de alta sensibilidad que obra en poder de la Dirección de Obras Hidráulicas en el contexto del cumplimiento de sus funciones pública, como aquella relativa a regularización de derechos de aguas y los montos transferidos a empresas sanitarias urbanas se encuentren únicamente en soporte documental material (papel), atendidos los montos involucrados y las formas de financiamiento, que requieren un ejercicio previo de sistematización de información, lo que no se condice con tener que efectuar búsquedas particulares en formato papel. En este contexto, se estima que ni el período consultado, ni la cantidad de antecedentes que deben ser sistematizados, en el entendido que las consultas se formulan en términos bastante generales, sin requerir desagregación que pudiese complejizar su entrega, son de una magnitud tal que permitan configurar válidamente los presupuestos para hacer concurrente la causal de reserva alegada, considerando adicionalmente que la planta de personal del órgano recurrido fue reforzada con ocasión de la entrada en vigencia de la ley N° 20.998; y que el cumplimiento de sus funciones habituales, como las señaladas latamente en el escrito de descargos, en el actual contexto de emergencia sanitaria, no puede implicar desatender el ejercicio del derecho de acceso a la función pública, por parte de la ciudadanía. En consecuencia, admitir los fundamentos aportados por la recurrida, no solo dejaría establecido que la Dirección de Obras no posee un mecanismo de gestión documental y administrativa eficaz, eficiente y con el suficiente desarrollo técnico, en el cual se administren y sistematicen los antecedentes solicitados para efectos de realizar un efectivo control social e interno sobre la materia; sino que además tornaría impracticable el derecho de acceso a la información, infringiendo los principios de transparencia, máxima divulgación y facilitación contemplados en las letras c), d) y f) del artículo 11 de la Ley de Transparencia, razón por la causal será rechazada la invocación de la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia.

8) Que, finalmente, respecto a aquella parte de la solicitud de acceso relativa al numeral 5) en que el peticionario solicita a la Dirección de Obras Hidráulicas, que informe respecto a "si la ley N° 20.998 cuenta con recurso financieros expresamente señaladas por el informe financiero (DIPRES), no asociados a la ley de presupuesto anual para la implementación la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales personal e infraestructura (computadores, camionetas etc..), ese dinero ya se ha ejecutado?, indicar su forma por región"; dicha parte del requerimiento fue parcialmente atendida por el órgano recurrido al momento de responder la solicitud de acceso; con ocasión de los descargos el órgano recurrido complementó, nuevamente en forma parcial la respuesta otorgada; informando el presupuesto ejecutado durante el presente año 2020. Ello no atiende la totalidad de lo requerido, por cuanto éste Consejo estima que el requirente se refiere a la ejecución presupuestaria desde la entrada en vigencia de la ley N° 20.998, desagregada por región; información respecto de la cual no consta su entrega satisfactoria al solicitante. Asimismo, no fueron invocadas causales de secreto o reserva que ponderar sobre la materia, razón por la cual el amparo será acogido en este parte.

9) Que, en conformidad a lo señalado el presente amparo será acogido, debiendo entregar acceso a la recurrida a la información como se señalará en lo resolutivo del presente acuerdo, otorgando un plazo prudencial para el procesamiento y entrega de lo requerido.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Pablo Aranda Valenzuela en contra de la Dirección de Obras Hidráulicas, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente.

II. Requerir al Director Nacional de Obras Hidráulicas:

a) Hacer entrega al reclamante de:

i. Informar la ejecución del presupuesto asignado a la institución, a partir de la entrada en vigencia de la ley N° 20.998, desagregado por región.

ii. Informar la estimación de los derechos de aguas que no han sido regularizados (traspasos sendos u otras sanitarias) por los APR y los inmuebles que se encuentran en una situación irregular y que son ocupados por los APR, indicando nombre de los APR, comuna y región.

iii. Informar si la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales se encuentra actualmente regularizando derechos de aguas.

iv. Montos de dineros anuales entregados por la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales /DOH a las sanitarias urbanas por convenios de Unidades Técnicas, por región, desglosado por años desde el 2016 al 2020, indicando asesoría regular y proyectos de inversión o conservación.

El evento de que alguna información específica de la previamente indicada no obre en su poder, deberá señalarlo expresa y fundadamente al reclamante y a este Consejo, en sede de cumplimiento, en los términos dispuestos en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10, de este Consejo, sobre el Procedimiento Administrativo de Acceso a la Información.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 15 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Pablo Aranda Valenzuela y al Sr. Director Nacional de Obras Hidráulicas.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y su Consejera doña Gloria de la Fuente González. Se deja constancia que el Consejero don Francisco Leturia Infante, sin perjuicio de concurrir para formar quórum, en forma previa al conocimiento del presente caso, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el mismo, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido, en razón de mantener un vínculo de parentesco con el Sr. Subsecretario de Obras Públicas, al ser hermano de dicha autoridad; solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.