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Javier Correa Ramos con SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS Rol: C2168-20

Consejo para la Transparencia, 11/08/2020

Se acoge el amparo deducido en contra de la Subsecretaría para Las Fuerzas Armadas, ordenándose la entrega de todas las resoluciones ministeriales dictadas en los últimos 20 años, que se hayan pronunciado respecto de solicitudes de autorización para realizar labores mineras en terrenos destinados a las Fuerzas Armadas, de conformidad al artículo 17 N° 5 del Código de Minería. Lo anterior, por cuanto se trata de información pública que se encuentra dentro de la esfera de competencias de la reclamada, respecto de la cual no se configura la causal de reserva de distracción indebida de las funciones del órgano.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Defensa
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:



Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2168-20

Entidad pública: Subsecretaría para Las Fuerzas Armadas

Requirente: Javier Correa Ramos

Ingreso Consejo: 27.04.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de la Subsecretaría para Las Fuerzas Armadas, ordenándose la entrega de todas las resoluciones ministeriales dictadas en los últimos 20 años, que se hayan pronunciado respecto de solicitudes de autorización para realizar labores mineras en terrenos destinados a las Fuerzas Armadas, de conformidad al artículo 17 N° 5 del Código de Minería.

Lo anterior, por cuanto se trata de información pública que se encuentra dentro de la esfera de competencias de la reclamada, respecto de la cual no se configura la causal de reserva de distracción indebida de las funciones del órgano.

En sesión ordinaria N° 1120 del Consejo Directivo, celebrada el 11 de agosto de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2168-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 19 de febrero de 2020, don Javier Correa Ramos solicitó a la Subsecretaría Para Las Fuerzas Armadas, la siguiente información:

"Estimados solicito copia de todas las resoluciones ministeriales dictadas en los últimos 20 años, que se hayan pronunciado respecto de solicitudes de autorización para realizar labores mineras en terrenos destinados a las Fuerzas Armadas, de conformidad al artículo 17 N° 5 del código de Minería".

2) PRORROGA DE PLAZO: Por Oficio - NUM. 236, de 2 de abril de 2020, el órgano notificó a la parte solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en 10 días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia.

3) RESPUESTA: Mediante Resolución Exenta N° 1784, de 13 de abril de 2020, la Subsecretaría Para Las Fuerzas Armadas respondió a dicho requerimiento de información indicando que se dispuso de un funcionario que buscara la información solicitada en la Base de datos y Acopios Documentales, por el transcurso de dos días, de la cual sólo se encontraron 10 resoluciones requeridas, que van desde 2011, 2012, 2016 y 2017, y las cuales se adjuntan. Señala que la imposibilidad de encontrar más información es porque el acopio está clasificado y ordenado según la numeración y fecha de los actos administrativos, razón por la cual la búsqueda por materia no es un criterio afinado en este archivo sino se cuenta con la identificación exacta de los actos que se requieren.

4) AMPARO: El 27 de abril de 2020, don Javier Correa Ramos dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en respuesta incompleta o parcial. Además, el reclamante hizo presente que: "la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas cuenta con más información que la entregada, pero por razones de diversa índole, como la falta de un archivo clasificado por materias, se me ha denegado el acceso a todos los documentos. Además, la referida Subsecretaría indica que solo un funcionario del Servicio recurrido buscó la información por dos días, lo que estima que fue acucioso y, por lo tanto, concluye que es imposible encontrar más antecedentes de la naturaleza solicitada. Al respecto, señalo a UD. que dicha respuesta niega parcialmente a esta parte, el acceso a la información requerida, excusándose A su turno, al tenor de lo señalado en el considerando 6, de la Resolución Exenta N° 1784, se da en una supuesta falta de índices, o por decirlo de otra manera, del mero desorden administrativo del órgano recurrido, lo que además de resultar vergonzoso, no es justificación suficiente para que dicho órgano deje de cumplir con su obligación de entrega de información, ya que vulnera el principio de apertura o transparencia y no constituye una causal legal para denegar el acceso a la información, al tenor del artículo 21, de la Ley 20.285.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario Para Las Fuerzas Armadas, mediante Oficio N° E6867, de 14 de mayo de 2020, solicitando que: (1°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida; (2°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (3°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; y, (4°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida.

Mediante Ord. N° 1946/2020, de 5 de junio de 2020, el órgano reclamado hace llegar sus descargos a este Consejo, señalando que pese a que la solicitud tiene un carácter genérico, de todas formas se abocaron a la búsqueda de la información entregando 10 actos administrativos correspondientes a los años 2011, 2012, 2016 y 2017, lo que implicó que las acciones de búsqueda, reunión y envío de los antecedentes fueron realizadas con el único objeto de satisfacer la necesidad de información, así como el cumplimiento de los principios de eficacia, eficiencia, oportunidad, transparencia y publicidad de los procedimientos y actos de la Administración Pública. Señaló que en razón de lo anterior pudo haber utilizado la causal de reserva de la información establecida en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia.

Añadió que el desorden administrativo al que se refiere el solicitante no es tal, puesto que de acuerdo con la Guía Técnica N° 2: "Elementos para la organización de documentos de un archivo", del Consejo Para la Transparencia, esa Subsecretaría ha escogido y aplicado como criterio de ordenación de su documentación los métodos numérico y cronológico, tomando en consideración que estos se ajustan a su tipología documental. Por tanto, estiman que debido al carácter genérico y el volumen de información solicitada (todas las resoluciones ministeriales) y la extensión del período (en los últimos 20 años), asociado al método de ordenación documental que se sigue, acceder a lo solicitado en su totalidad resultaba del todo imposible, incluso aplicando la medida de dedicar a esa actividad a personal de manera exclusiva y con distracción de sus funciones habituales.

Señaló que, tratándose del presente caso y de la realidad de ese organismo, solo en el año 2019, esa Subsecretaría dictó un total de 9.617 resoluciones exentas, las que sumadas a los actos administrativos dictados durante 19 años anteriores, implicaría buscar la información solicitada en una cantidad aproximada de 180.000 actos administrativos y con una dotación de un funcionario que realiza labores presenciales en la sección Archivo Institucional y dado que la información que se encuentra contenida en los actos administrativos no se encuentra sistematizada en un registro que dé cuenta de cuales de esos corresponden a la materia específica solicitada, resulta del todo imposible acceder en términos distintos a los ya proporcionados. Con todo y para un celoso cumplimiento a los principios a que alude el artículo 11 de la Ley 20.285, se requirió al citado Archivo Institucional un Acta de Búsqueda que se acompaña a esta presentación.

Agregó el órgano que, a mayor abundamiento, que el Ministerio de Defensa Nacional fue objeto de una reforma orgánica con ocasión de la promulgación de la ley 20.424 Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional, lo que devino en la fusión de tres subsecretarías institucionales (Guerra, Marina, Aviación), en lo que hoy es la Subsecretaría Para las Fuerzas Armadas, debiendo unificar en un solo archivo la documentación que a la fecha de la fusión era administrada por tres servicios diferentes con criterios y métodos disímiles. Adicionalmente existió un cambio en las dependencias, lo que sumado a la Pandemia del virus Covid 19, ha ocasionado serias dificultades en el funcionamiento de la Administración Pública.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en respuesta incompleta o parcial a la solicitud de información referida a la entrega de copia de todas las resoluciones, dictadas en los últimos 20 años, que se hayan pronunciado respecto de solicitudes de autorización para realizar labores mineras en terrenos destinados a las Fuerzas Armadas. Al respecto, el órgano reclamado, con la finalidad de dar respuesta a la solicitud, acompañó una serie de actos administrativos, comprendidos en el período de tiempo solicitado, pero no su totalidad.

2) Que, del análisis de la respuesta y de los descargos evacuados por el órgano ante esta sede, es preciso señalar que, si bien es cierto, el órgano reclamado, no alegó la causal de reserva de la información contenida en el artículo 21 N° ° 1 letra c) de la ley 20.285, de su argumentación es factible reconducir a la señalada causal. Por lo anterior, corresponde a esta Corporación pronunciarse sobre las alegaciones del órgano reclamado, en orden la concurrencia de la hipótesis contenida en dicha causal, según se expondrá a continuación.

3) Que, al efecto conviene tener presente que las materias consultadas por el reclamante constituyen información pública, en la medida que se trata de información elaborada por la Administración del Estado, relacionada con el uso de recursos públicos. En tal sentido, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, dispone que: «Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen».

4) Que, en cuanto a la hipótesis de reserva, cabe tener presente que dicha causal permite reservar aquella información referida a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. En tal sentido, el artículo 7° numeral 1° letra c) del Reglamento de la citada ley precisa, que se distrae a los funcionarios de sus funciones cuando la satisfacción de un requerimiento requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales.

5) Que, respecto de la interpretación de la causal en comento, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que: «la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado». Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras circunstancias.

6) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que «la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones..., mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales» (énfasis agregado).

7) Que, de acuerdo a lo anterior, esta Corporación debe analizar la naturaleza, origen y volumen de la información requerida. En este sentido, analizadas las alegaciones del órgano se advierte que sus fundamentos no resultan suficientes para acreditar el supuesto establecido en el artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia, como se señalará a continuación. Sobre el particular, se debe hacer presente que las materias requeridas corresponden copia de todas las resoluciones, dictadas en los últimos 20 años, que se hayan pronunciado respecto de solicitudes de autorización para realizar labores mineras en terrenos destinados a las Fuerzas Armadas, es decir, pese a la amplitud de la solicitud, ella se encuentra circunscrita a un tema en concreto: labores mineras.

8) Que, sobre el particular la ley 18.248, Código de Minería, en su artículo 17, señala que: "Sin perjuicio de los permisos de que trata el artículo 15, para ejecutar labores mineras en los lugares que a continuación se señalan, se necesitará el permiso o permisos escritos de las autoridades que respectivamente se indican, otorgados en la forma que en cada caso se dispone:

5°. También del Ministerio de Defensa Nacional, para ejecutar labores mineras en zonas y recintos militares dependientes de ese Ministerio, tales como puertos y aeródromos; o en los terrenos adyacentes hasta la distancia de tres mil metros, medidos horizontalmente, siempre que estos terrenos hayan sido declarados, de conformidad a la ley, necesarios para la defensa nacional, y."

9) Que, establecido lo anterior, respecto al volumen de la información y la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información solicitada, el órgano estima que ello implicaría buscar entre 180.000 archivos, por un solo funcionario, la información exclusivamente referida a la materia en análisis, lo que se dificultaría debido a que como lo indicara, la información que se encuentra contenida en los actos administrativos no se encuentra sistematizada en un registro que dé cuenta de cuales de esos corresponden a la materia específica solicitada. A su turno, a juicio de esta Corporación, contar con la información requerida debidamente sistematizada da cuenta de una debida diligencia del órgano. Asimismo, cabe hacer presente que, a diferencia de lo expuesto por la reclamada, el hecho de mantener sistematizada la información, acorde con la Guía Técnica N° 2: "Elementos para la organización de documentos de un archivo", del Consejo Para la Transparencia, más que provocar una distracción indebida de las funciones del órgano es de aquellas actividades que -precisamente- permiten rendir cuenta del correcto ejercicio de sus funciones públicas, y en particular, de una gestión eficiente de los recursos públicos, conforme los principios de eficiencia y eficacia que debe observar la Administración del Estado, consagrados en el inciso segundo del artículo 3° de la Ley N°18.575, de 1986, del Ministerio del Interior, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

10) Que, en consecuencia, en mérito de lo expuesto precedentemente, tratándose de información de naturaleza pública, respecto de la cual la reclamada no alegó de manera expresa una causal de reserva a ponderar, no obstante lo cual sus alegaciones de hecho no resultaron suficientes para tener por configurada la hipótesis de reserva de distracción indebida, se acogerá el presente amparo, ordenándose la entrega de la información requerida, otorgando un plazo adicional para la entrega de la misma.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Javier Correa Ramos, en contra de la Subsecretaría para Las Fuerzas Armadas, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Subsecretario para Las Fuerzas Armada, lo siguiente;

a) Entregue al reclamante copia de todas las resoluciones, dictadas en los últimos 20 años, que se hayan pronunciado respecto de solicitudes de autorización para realizar labores mineras en terrenos destinados a las Fuerzas Armadas

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 15 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Javier Correa Ramos y al Sr. Subsecretario para Las Fuerzas Armadas.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.