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Carlos Manuel Roa Oppliger con SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES (SP) Rol: C1575-19 / C1577-19 / C1769-19

Consejo para la Transparencia, 27/06/2019

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Superintendencia de Pensiones, respecto de la información consistente en oficios y resoluciones referentes, en términos generales, a afiliaciones y desafiliaciones, desde el año 1982 a la fecha. Lo anterior, en la medida que entregar lo requerido, distraería indebidamente el cumplimiento de las funciones del órgano, por cuanto se trata de un gran volumen de documentos, que ascienden a más de 110.000 oficios y resoluciones, requiriendo un tiempo excesivo, no inferior a 1.848 horas hombre, equivalente a más de 200 días hábiles, para su búsqueda y tarjado de datos personales.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPAROS ROLES C1575-19, C1577-19 y C1769-19

Entidad pública: Superintendencia de Pensiones.

Requirente: Carlos Manuel Roa Oppliger.

Ingreso Consejo: 20.02.2019.

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Superintendencia de Pensiones, respecto de la información consistente en oficios y resoluciones referentes, en términos generales, a afiliaciones y desafiliaciones, desde el año 1982 a la fecha.

Lo anterior, en la medida que entregar lo requerido, distraería indebidamente el cumplimiento de las funciones del órgano, por cuanto se trata de un gran volumen de documentos, que ascienden a más de 110.000 oficios y resoluciones, requiriendo un tiempo excesivo, no inferior a 1.848 horas hombre, equivalente a más de 200 días hábiles, para su búsqueda y tarjado de datos personales.

En sesión ordinaria N° 1005 del Consejo Directivo, celebrada el 27 de junio de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de los amparos roles C1575-19, C1577-19 y C1769-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 23 de enero y 1 de febrero de 2019, don Carlos Manuel Roa Oppliger, dedujo ante la Superintendencia de Pensiones, las siguientes solicitudes de información:

a) Solicitud Código AL008T0001672: "solicito Oficios donde indica Otro, específicamente donde declara desistimiento, finalizado, improcedente, no especificado y reconsidera, como motivo de rechazo a la Desafiliación de la AFP, dichos Oficios los solicito mes a mes, desde el año 1998 a la fecha de hoy, de acuerdo a la información entregada por esa SP".

b) Solicitud Código AL008T0001692: "Resoluciones u Oficios de Desafiliaciones negadas a ciudadanos que no tienen derecho a Bono de Reconocimiento, Alternativa de Cálculo 9, sin cotizaciones e inscritos en el S.S.S. hasta el 31 de Diciembre de 1982. Dicha información la requiero desde el año 1982 a la fecha de hoy 01/02/2019".

c) Solicitud Código AL008T0001693: "Resoluciones de Desafiliaciones aprobadas a ciudadanos que no tienen derecho a Bono de Reconocimiento, Alternativa de Cálculo 9, sin cotizaciones e inscritos en el S.S.S. hasta el 31 de Diciembre de 1982. Dicha información la requiero desde el año 1982 a la fecha de hoy 01/02/2019".

2) RESPUESTA: Por medio de ordinarios N° 4370 y 5055, de 20 y 27 de febrero de 2019, respectivamente, la Superintendencia señaló en síntesis, que no se puede entregar la información en la forma requerida, puesto que los oficios y resoluciones solicitados, están dirigidas a los recurrentes, y contienen datos de carácter personal que son reservados, a la luz del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia. Por otra parte, se alegó también la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, por el alto volumen de información y tiempo necesario para tarjar los documentos y entregarlos.

3) AMPARO: El 20 y 28 de febrero de 2019, el solicitante dedujo tres amparos a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Administración del Estado, fundado en las respuestas negativas a las solicitudes de información.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Superintendente de Pensiones, mediante oficio N° E5709, de fecha 27 de abril de 2019, requiriendo entre otras cosas, que: (1°) se refiera a las circunstancias de hecho que hacen procedente la denegación de parte de la información solicitada; (2°) se pronuncie acerca de la concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de dicha información; (3°) señale cómo la entrega de la información denegada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa y los derechos de terceros; (4°) se refiera al volumen de la información denegada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilarla.

Posteriormente, el órgano por medio de memorándum N° 10777, de 14 de mayo de 2019, indicó en síntesis, lo siguiente:

a) Reitera lo señalado respecto de la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia, por contener los oficios datos personales.

b) Con respecto a la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, señaló que en el sistema de desafiliaciones de esta Superintendencia, hay un registro estadístico de todas las solicitudes de desafiliación recibidas por este organismo fiscalizador, clasificados según si las solicitudes fueron aprobadas o rechazadas. Sin embargo, no están clasificados de acuerdo a la ex-caja a la que estaban originalmente adscritos los trabajadores ni contiene información sobre las cotizaciones enteradas en ella.

Cabe señalar que los datos referidos a la caja de origen del trabajador y las cotizaciones enteradas en ella, sólo están registrados en el expediente elaborado por la Administradora de Fondos de Pensiones -AFP- en la que aquel está o estuvo afiliado, y no se ingresan al Sistema de Desafiliación de esta Superintendencia. Una vez que este Organismo emite el pronunciamiento respecto de la procedencia o improcedencia de la desafiliación del trabajador, el expediente es devuelto a la AFP respectiva, por lo que la información sobre el régimen en que estaba originalmente inscrito el trabajador y las cotizaciones enteradas en él, no obran en poder de este organismo fiscalizador.

Por lo tanto, sólo podría proporcionarse información sobre las desafiliaciones aprobadas por no tener el trabajador derecho a bono de reconocimiento o las rechazadas por tener derecho a bono de reconocimiento, y por la causal "otros".

Para obtener la información en comento, habría que efectuar una revisión manual de todas las resoluciones que autorizaron o rechazaron las desafiliaciones de los trabajadores desde el año 1983 a la fecha. Posteriormente, sería necesario tachar manualmente los datos personales del trabajador a que se refiere cada una de las resoluciones que autorizaron las desafiliaciones, pues tales datos están protegidos por la Ley N° 19.628.

Las actividades y tareas que comprende una eventual revisión de las desafiliaciones autorizadas y rechazadas desde el año 1983 a la fecha, y que serían necesarias para dar respuesta al requerimiento del recurrente, son las siguientes:

- Revisión de cada una de las resoluciones que autorizaron y rechazaron desafiliaciones

- Tachado de todos los datos personales de los trabajadores, contenidos en las respectivas resoluciones;

- Revisión de todos los oficios que rechazaron las desafiliaciones por causales clasificadas como Otros y tachado de los datos personales.

En consecuencia, las actividades comprendidas en esta revisión afectarían el debido cumplimiento de las funciones de este Servicio.

Las Resoluciones no están clasificadas según si acoge o rechaza la solicitud de desafiliación, ni menos aún por la causal invocada para emitir el respectivo pronunciamiento, por lo cual su revisión debe hacerse manualmente, una a una.

A este respecto cabe señalar que desde el año 1983 al 31 de diciembre de 2018, se han autorizado 65.134 desafiliaciones, se han rechazado 45.198 desafiliaciones, y desde el año 1998 a enero de 2019, se han emitido 562 Oficios correspondientes a "otras causales", lo que da un total de 110.894 documentos, y en el muy improbable caso que las etapas señaladas en los puntos 1, 2 y 3 pudiesen realizarse en un tiempo mínimo de 1 minuto por documento, tendríamos un total de 1.848 horas/hombre, lo que implicaría que un funcionario de este servicio se dedicara a recopilar la información solicitada, con dedicación exclusiva, durante 210 días hábiles, lo que claramente constituiría una distracción indebida de las funciones habituales de tal funcionario y representaría un obstáculo al normal funcionamiento de esta institución.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, en atención a que entre los amparos roles C1575-19, C1577-19 y C1769-19 existe identidad respecto del reclamante y del órgano de la Administración reclamado, a efectos de facilitar la comprensión y resolución de los mismos y en virtud del artículo 9° de la ley N° 19.880, que consagra el principio economía procedimental, este Consejo ha resuelto acumular los citados amparos, resolviéndolos a través de su revisión en conjunto en la presente decisión.

2) Que el presente amparo tiene por objeto la negativa del órgano en orden a entregar oficios y resoluciones que se detallan en el numeral 1°, de lo expositivo, desde el año 1982 a la fecha. Al efecto, el órgano alegó las causales de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), y N° 2, de la Ley de Transparencia.

3) Que, sobre la primera causal, cabe tener presente que aquella permite reservar información referida a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. En tal sentido el artículo 7° numeral 1° letra c) del Reglamento de la citada ley precisa, que se distrae a los funcionarios de sus funciones cuando la satisfacción de un requerimiento "requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales".

4) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado".

5) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones..., mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales".

6) Que de conformidad a lo preceptuado en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester determinar la afectación de alguno de los derechos subjetivos protegidos por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva.

7) Que, a fin de ponderar la causal de reserva invocada, resulta procedente atender al volumen, naturaleza y origen de la información solicitada. En dicho contexto, se advierte que para hacer entrega de la información requerida, sería necesario que la Superintendencia, destine a su personal a buscar y tarjar más de 110.000 documentos, requiriendo un tiempo excesivo, no inferior a 1.848 horas hombre, equivalente a más de 200 días hábiles, todo sobre la base de que cada oficio o resolución exija 1 minuto en total, lo cual llevaría a los funcionarios a no cumplir con sus labores habituales. En tal sentido, la alegación del órgano resulta plausible atendiendo que lo pedido dice relación con documentos que datan desde el año 1982 a la fecha.

8) Que, en virtud de lo anterior, este Consejo estima que la causal del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia concurre en el presente caso, toda vez que el conjunto de actividades descritas en el considerando precedente es de una entidad tal que afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano, ya que la atención del requerimiento implicaría para los funcionarios del órgano la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, a la atención de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el Servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a favor de esta persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás. Acorde con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado, dicha Administración del Estado está al servicio de la persona humana; su finalidad es promover el bien común atendiendo las necesidades públicas en forma continua y permanente y fomentando el desarrollo del país a través del ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución y la ley, y de la aprobación, ejecución y control de políticas, planes, programas y acciones de alcance nacional, regional y comunal.

9) Que en mérito de lo antes señalado, y resultando plausibles las alegaciones de la reclamada a fin de acreditar la causal consagrada en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, se rechazará el presente amparo.

10) Que, no se analizará la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia, por resultar inoficioso.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar los amparos interpuestos por don Carlos Manuel Roa Oppliger en contra de la Superintendencia de Pensiones, conforme a los fundamentos señalados precedentemente.

II. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo al Sr. Superintendente de Pensiones y a don Carlos Manuel Roa Oppliger.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Marcelo Drago Aguirre. El Consejero don Francisco Leturia Infante no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Ricardo Sanhueza Acosta.