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Daniela Guerra con JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (JUNJI) Rol: C963-19

Consejo para la Transparencia, 28/10/2019

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, teniendo por entregada copia de la declaración de patrimonio realizada por la ex funcionaria por cuyos antecedentes se consultan, conjuntamente con la notificación de la presente decisión. Se rechaza el amparo respecto de las votaciones, evaluaciones psicológicas y supervisiones realizadas a la ex funcionaria por la cual se consulta, debido a que no se disponen de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, en orden a que no obra en su poder dichos antecedentes, pues el cargo de Directora Regional Metropolitana, en el periodo consultado, era de exclusiva confianza de la Vicepresidencia de la JUNJI y no fue proveído por el Sistema de Alta Dirección Pública. Finalmente, se rechaza el amparo en lo relativo a las evaluaciones y/o calificaciones por haberse otorgado respuesta en su oportunidad.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Educación
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C963-19

Entidad pública: Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI)

Requirente: Daniela Guerra

Ingreso Consejo: 30.01.2019

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, teniendo por entregada copia de la declaración de patrimonio realizada por la ex funcionaria por cuyos antecedentes se consultan, conjuntamente con la notificación de la presente decisión.

Se rechaza el amparo respecto de las votaciones, evaluaciones psicológicas y supervisiones realizadas a la ex funcionaria por la cual se consulta, debido a que no se disponen de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, en orden a que no obra en su poder dichos antecedentes, pues el cargo de Directora Regional Metropolitana, en el periodo consultado, era de exclusiva confianza de la Vicepresidencia de la JUNJI y no fue proveído por el Sistema de Alta Dirección Pública.

Finalmente, se rechaza el amparo en lo relativo a las evaluaciones y/o calificaciones por haberse otorgado respuesta en su oportunidad.

En sesión ordinaria N° 1043 del Consejo Directivo, celebrada el 28 de octubre de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C963-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUDES DE ACCESO: Con fecha 26 de diciembre de 2018 y 2 de enero de 2019, doña Daniela Guerra solicitó a la Junta Nacional de Jardines Infantiles, lo siguiente:

a) "votaciones legales donde se acredita que Sra. Guida Rojas Noranbuena puede continuar como Directora Regional Metropolitana (desde el momento que fue nombrada) cuántos votos obtuvo".

b) "Evaluación sicológica de Guida Rojas Noranbuena desde el año 2003 en adelante, como requisito para ser transparente, Directora Regional".

c) "Evaluaciones de todos los años efectuadas a Guida Rojas para mantenerse en el cargo de Directora Regional (hasta 2013)".

d) "Informes de supervisiones realizadas a Guida Rojas Noranbuena desde que empezó como Directora Regional".

e) "Declaraciones de bienes de Guida Rojas Noranbuena como requisito para estar en el cargo público".

f) "Prueba de ingreso a Junji como funcionaria "Educadora de Párvulos", de Doña Guida Rojas (ella ingresó como Educadora de Párvulos) evidencias prueba de ingreso legal a Junji".

2) RESPUESTA: La Junta Nacional de Jardines Infantiles mediante oficio ordinario N° 015/213, de fecha 23 de enero de 2019, señaló que reiteran lo informado respecto de solicitud de acceso anterior, a saber:

a) En cuanto a lo solicitado en los literales a), b), d) y f) del requerimiento, que los cargos de Dirección Regional, antes del inicio del Sistema de Alta Dirección Pública, podían ser cubiertos sin la necesidad de un proceso de selección, ya que eran considerados cargos de confianza de la Vicepresidencia. Considerando lo anterior, y que el nombramiento como Director Regional de la persona por la cual se consulta es anterior a la vigencia de dicho sistema, no existen ni votaciones, ni los informes psicológicos solicitados. Así como tampoco, informes de supervisiones, ni prueba de ingreso.

b) Respecto a lo requerido en el literal c) de la solicitud, informan las calificaciones que su sistema registra respecto de la ex funcionaria consultada.

c) En lo relativo a lo pedido en el literal e) de la presentación, indican que no existe una "declaración de bienes para estar en el servicio público", lo que sí existe sobre este tema son declaraciones de patrimonio de funcionarios públicos sobre los que pesa la aquella obligación. En caso de ser ese el documento requerido, solicitan indique de manera específica el periodo consultado.

3) AMPARO: Con fecha 30 de enero de 2019, doña Daniela Guerra dedujo amparo a su derecho de acceso en contra de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información.

En cuanto a la inexistencia informada respecto de lo pedido en los literales a), b) y d) de la solicitud, requiere lo siguiente:

a) "Argumentar si no existen votaciones ni informes psicológicos antes del año 2003 donde están las votaciones e informes psicológicos desde el 2003 en adelante ya que comprende inicio del Sistema de Alta Dirección que Junji misma argumenta en esta respuesta oficio".

b) "Dónde están las supervisiones del 2003 en adelante?".

c) "Que Junji adjunte votaciones e informes psicológicos de Sra Guida Rojas como requisito fundamental para permanecer en cargo de Directora Regional (desde el 2003 en adelante, (Marzo-Abril 2013) hasta y si no los tienen, el por qué?".

d) "Qué Junji detalle en qué normativa se especifica que los puestos podían ser cubiertos sin necesidad de un proceso de selección, ya que eran considerados cargos de confianza a de la vicepresidencia. Se especifique normativa, año, etc.".

Respecto de lo solicitado en el literal c) del requerimiento señaló que "Solicito evaluaciones con indicadores (informe formal) firma de quien evalúa a (...) pues el informe adjunto en este oficio 213 es un rectángulo poco serio que cualquiera lo puede "Confeccionar" en un computador además de puras notas siete y 6.9 lo que es extraño (...) debe tener Carpeta de Evaluaciones y quien efectuó estas evaluaciones, a Junji solicito detalle de estas".

Finalmente, en cuanto a lo pedido en el literal e) de la presentación, indica que "requiero declaración de todos los años en adelante. Resolución N° 0085 de fecha 2 de julio del año 1998 donde esta sra fue nombrada como Directora Regional Metropolitana hasta el año 2013 Marzo-Abril. Como requisito para permanecer en Junji ya que ella figuraba en jefatura".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles mediante oficio N° E4.100, de fecha 31 de marzo de 2019, para que formule sus descargos y observaciones.

El órgano reclamado por medio de oficio ordinario N° 015/2035, de fecha 4 de septiembre de 2019, hizo presente que la reclamante es una ex funcionaria quien ha ingresado alrededor de 40 solicitudes de acceso desde su desvinculación a la fecha, las que han sido contestado siempre. Sin embargo, en reiteradas ocasiones ha recurrido ante este Consejo, por insatisfacción con el tenor de las respuestas y, en general, con la Institución, lo que estiman tiene que ver más con su desvinculación, que con un interés real de acceder de manera razonable a la información con que cuenta ese órgano de la Administración. Lo que, a su juicio, configura un abuso del derecho de, por cuanto, se han respondido reiteradas solicitudes, denuncias, reclamos y amparos, de la misma requirente, lo que ha implicado distraer indebidamente de sus funciones habituales a funcionarios de su Dirección Regional Metropolitana y de su Dirección Nacional.

Por otra parte, en cuanto a las solicitudes de acceso que dan origen al presente amparo reiteran que no existen las votaciones, informes psicológicos, ni las supervisiones pedidas en los literales a), b) y d) de la solicitud, ni antes ni después de 2003. Además, señalan que el primer cargo de Directora Regional Metropolitana proveído bajo la modalidad de Alta Dirección Pública fue el que ocupó doña María Teresa Vío Grossi. Por lo que, no es efectivo que dichos antecedentes sean "requisito fundamental para permanecer en el cargo" en el caso de la señora Guida Rojas. Al respecto, se debe tener presente que, de acuerdo a lo dispuesto por el inciso primero del artículo octavo transitorio de la ley N° 20.955, que perfecciona el Sistema de Alta Dirección Pública y fortalece la Dirección Nacional del Servicio Civil - en adelante ley N° 20.955-; la normativa aplicable al caso es aquella bajo la cual la ex funcionaria consultada cumplía su labor.

A mayor abundamiento, informan que el proceso de selección al que hace referencia la reclamante (de acuerdo a lo que desprenden de sus solicitudes), y para el cual se requieren evaluaciones psicológicas y otros antecedentes que son los que ella ha estado requiriendo, es el establecido para el sistema de Alta Dirección Pública, el que se rige por las normas previamente citadas y que establece en sus artículos transitorios la situación de los cargos que a la fecha de inicio de la normativa estaban ya siendo ejercidos por funcionarios nombrados al efecto. Respecto a la normativa previa que establece la posibilidad de nombramiento de personal con características de cargos de confianza, debe remitirse la peticionaria los artículos 7 y siguiente del decreto con fuerza de ley N° 29, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo - en adelante Estatuto Administrativo-. Así, de acuerdo al Dictamen N° 74183 de la Contraloría General de la República, del año 2010, en orden a que "acorde con lo previsto en la letra c) del artículo 7° de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, en los servicios públicos -condición que posee la Junta Nacional de Jardines Infantiles-, tienen la calidad de empleos de exclusiva confianza, entre otros, los directores regionales, condición que, de conformidad a lo señalado en el inciso final del artículo 49 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, significa que tales cargos quedan sujetos a la libre designación y remoción del Presidente de la República o de la autoridad facultada para disponer el nombramiento".

De igual manera, mencionan que no cuentan con antecedentes de que en el caso del cargo de Directora Regional en el año 1998 se haya efectuado algún concurso para proveerlo. Así, el acto administrativo de nombramiento corresponde a la Resolución N° 15/85 de 1998.

En cuanto a la disconformidad manifestada por la reclamada respecto de las evaluaciones proporcionadas como respuesta a lo pedido en el literal c) del requerimiento, sostienen que no cuenta con "evaluaciones con indicadores (Informe Formal) con firma de quién evalúa a Guida Roja", solo con las calificaciones obtenidas, las que fueron consultadas a través del sistema informático existente para ello en JUNJI y que fueron incorporadas en el oficio que da respuesta a las solicitudes.

Respecto a lo pedido en el literal e) de la solicitud, informan que no existen otros documentos distintos a los ya proporcionados por medio del oficio ordinario N° 618, de fecha 1° de marzo de 2019. Sobre esta materia se debe tener presente que a la época de nombramiento de la ex funcionaria consultada, la versión del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; que regía no contemplaba los artículos 57 al 60. No existía por ello, la obligación de realizar declaración patrimonial.

Finalmente, hacen presente que no existen circunstancias que hagan procedente denegación, por cuanto, toda la información solicitada que obra en su poder fue entregada a la reclamante.

5) GESTIÓN OFICIOSA: Con el objeto de resolver acertadamente el presente amparo este Consejo solicitó a la Junta Nacional de Jardines Infantiles, remita oficio ordinario N° 618, de fecha 1° de marzo de 2019, señalado en sus descargos.

El órgano reclamado por medio de correo electrónico, de fecha 14 de octubre de 2019, remitió los antecedentes consultados.

Y CONSIDERANDO:

1) Que el presente amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud, circunscribiéndose el objeto de éste a lo requerido en los literales a), b), c), d) y e) de la presentación. Al respecto, el órgano reclamado argumentó la inexistencia de la información solicitada, así como también, que los reiterados requerimientos de la reclamante constituyen un ejercicio abusivo del derecho de acceso.

2) Que en cuanto a la alegación realizada por el órgano reclamado con ocasión de sus descargos, en orden a que la reclamante ha hecho un ejercicio abusivo del derecho de acceso a la información, se debe hacer presente que aquel no otorgó mayores antecedentes en tal sentido, pues sólo informa que habría realizado un total de 40 requerimientos, sin identificarlos, señalar el periodo contabilizado o el contenido de cada uno de éstos, así como tampoco acredita, de forma fehaciente, cómo el conocimiento de éstas presentaciones obligaría a la JUNJI a destinar un tiempo excesivo y desproporcionado de la jornada de sus funcionarios a la atención de las solicitudes de una sola persona, comprometiendo, de esta forma, su debido funcionamiento, con el evidente perjuicio de su normal quehacer institucional. En consecuencia, este Consejo desestimará las alegaciones del órgano reclamado en tal sentido.

3) Que en cuanto a lo solicitado en los literales a), b) y d) del requerimiento, el órgano reclamado, tanto en su respuesta como en sus descargos, sostuvo que no contaba con los antecedentes pedidos. Al respecto, cabe hacer presente que la inexistencia es una circunstancia de hecho, cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. Esta alegación debe ser fundada, indicando en forma clara el motivo por el cual ésta no obra en su poder, y debe ser acreditada en forma fehaciente.

4) Que, en la especie, el órgano reclamado sostuvo que no obran en su poder las votaciones, evaluaciones psicológicas ni supervisiones respecto de la ex funcionaria por la cual se consulta, la que se habría desempeñado como Directora Regional Metropolitana durante el periodo 1998-2013, en virtud de designación de la Vicepresidencia de la JUNJI por tener el carácter de empleo de "exclusiva confianza". En tal sentido, precisan que la primera vez que se proveyó dicho cargo mediante la aplicación del Sistema de Alta Dirección Pública fue respecto de doña María Teresa Vío Grossi. Así de la revisión de los antecedentes de la designación aquella, se constata que se verificó durante el año 2015.

5) Que, en este punto se debe considerar que tanto en las solicitudes de la reclamante, como en sus argumentos de disconformidad con la inexistencia informada por el órgano reclamado, hace alusión a la aplicación, para el caso por el cual se consulta, del procedimiento establecido por el Sistema de Alta Dirección Pública. Sin embargo, la persona en cuestión, se desempeñó en la Dirección Regional por designación directa de la Autoridad competente, por tratarse de un cargo de exclusiva confianza. Razón por la cual, resulta plausible la inexistencia alegada por el órgano reclamado. Además, éste informó que no cuentan con antecedentes de que en la designación de aquella, en el año 1998, se haya efectuado algún concurso para proveerlo.

6) Que en virtud de lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, sólo será pública la información que efectivamente obre en poder de los órganos de la Administración, no pudiendo requerirse la entrega de aquella inexistente. En consecuencia, sin que se dispongan de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de la sostenida por el órgano requerido, se rechazará el amparo en estos literales, por no obrar en su poder lo pedido.

7) Que en cuanto a lo pedido por la reclamante, en su amparo, respecto de estos literales, se hace presente que aquello excede al tenor literal de la solicitud de acceso que dio origen a esta reclamación. Además, en aquellas peticiones que dicen relación con argumentaciones y motivaciones del actuar de la JUNJI, se concluye que no dicen relación con el derecho de acceso a la información pública, sino que más bien corresponde al ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República. En consecuencia, este Consejo no se pronunciará al respecto por resultar improcedente. Sin perjuicio de lo cual, y en atención a que el órgano reclamado se hace cargo de alguna de dichas peticiones con ocasión de sus descargos, se remitirá copia de aquellos, conjuntamente con la notificación de la presente decisión. Lo anterior, en virtud del principio de facilitación establecido en el artículo 11 letra f) de la Ley de Transparencia.

8) Que respecto a lo pedido en el literal c) del requerimiento, la disconformidad de la reclamante dice relación más bien con la forma y contenido de la información proporcionada, más que a una falta de entrega de aquella. Razón por la cual, se rechazará el amparo en este literal, por haberse otorgado acceso a lo requerido en su oportunidad. Sin perjuicio de lo cual, cabe hacer presente que, con ocasión de sus descargos, el órgano reclamado precisó que no contaba con más antecedentes que los otorgados conjuntamente con su respuesta.

9) Que, finalmente, en cuanto a las declaraciones solicitadas en el literal e) de la presentación, el órgano reclamado hace alusión que el único antecedente con el que cuenta fue remitido a la reclamante, por medio de oficio N° 618, de fecha 1° de marzo de 2019. Sin embargo, por medio de dicho acto administrativo otorgaron respuesta a un requerimiento posterior presentado por la reclamante. En este punto, cabe hacer presente que una misma persona puede ejercer el derecho de acceso a la información ante determinado organismo en más de una ocasión, incluso respecto de los mismos antecedentes, siempre que no implique un abuso de aquel derecho. Asimismo, se debe considerar que cada requerimiento ha de activar un procedimiento administrativo particular que debe estimarse distinto de otros que puedan haberle precedido. De esta forma, al no constar, en esta instancia, la entrega de la declaración en cuestión, se acogerá el amparo en este literal, teniendo por entregado lo pedido conjuntamente con la notificación de la presente decisión.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por doña Daniela Guerra en contra de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, teniendo por entregado lo solicitado en el literal e) del requerimiento, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Rechazar el amparo respecto de lo pedido en los literales a), b), c) y d) de la solicitud, por no obrar en poder del órgano reclamado y por haberse otorgado acceso en su oportunidad, respectivamente, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a la Sra. Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y a doña Daniela Guerra, remitiéndole a ésta última copia de los descargos realizados por el órgano reclamado y de ordinario N° 618.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.