logo
 

Cristián Roa Galindo con SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Rol: C105-19

Consejo para la Transparencia, 03/10/2019

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Salud Pública, relativo a la entrega de todas las resoluciones que constituyan un acta de fiscalización, en el periodo que comprendido desde abril del 2000 a la fecha de la solicitud de información. Lo anterior, por acreditarse la configuración de la causal de reserva de distracción indebida de los funcionarios del órgano reclamado. Sin perjuicio de lo anterior, se representa el hecho de no haber otorgado respuesta dentro del plazo establecido para ello, una vez subsanada por el requirente la solicitud formulada


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Salud
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:



Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C105-19

Entidad pública: Subsecretaría de Salud Pública

Requirente: Cristián Roa Galindo

Ingreso Consejo: 04.01.2019

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Salud Pública, relativo a la entrega de todas las resoluciones que constituyan un acta de fiscalización, en el periodo que comprendido desde abril del 2000 a la fecha de la solicitud de información.

Lo anterior, por acreditarse la configuración de la causal de reserva de distracción indebida de los funcionarios del órgano reclamado.

Sin perjuicio de lo anterior, se representa el hecho de no haber otorgado respuesta dentro del plazo establecido para ello, una vez subsanada por el requirente la solicitud formulada.

En sesión ordinaria N° 1038 del Consejo Directivo, celebrada el 3 de octubre de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C105-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 15 de noviembre de 2018, don Cristián Roa Galindo solicitó a la Subsecretaría de Salud Pública, todas aquellas resoluciones que constituyan un acta de fiscalización, en el periodo que comprendido desde abril del 2000 a la fecha actual.

2) SUBSANACIÓN SOLICITUD: La Subsecretaría de Salud Pública mediante correo electrónico de fecha 23 de noviembre de 2018, requirió al solicitante subsanar su solicitud de información, precisando los antecedentes pedidos.

El solicitante a través de correo electrónico de igual fecha, cumplió lo pedido señalando que las fiscalizaciones a las que se refiere la solicitud son aquellas derivadas de las condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo y toda otra relacionada a ésta, como por ejemplo las fiscalizaciones de las bodegas de sustancias peligrosas. Hace presente que lo anterior se pide, en relación a todas las regiones del país.

3) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 04 de enero de 2019, don Cristián Roa Galindo dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Subsecretaría de Salud Pública, fundado en que no recibió respuesta a su solicitud de información.

4) SISTEMA ANTICIPADO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, de acuerdo al procedimiento del "Sistema Anticipado de Resolución de Controversias" (SARC), y mediante correo electrónico de fecha 19 de febrero de 2019, se ofreció a la Subsecretaría de Salud Pública aceptar dicho procedimiento, sin que se haya recibido la respuesta del órgano reclamado a la solicitud formulada, razón por la cual se dio por fracasado el referido procedimiento.

5) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario de Salud Pública mediante oficio N° E3117, de fecha 13 de marzo de 2019. Se solicitó expresamente al órgano: indique las razones por las cuales la solicitud de información no habría sido atendida oportunamente; en caso de haber dado respuesta al requerimiento de información, acredite dicha circunstancia, acompañando copia de la respuesta y los antecedentes que acrediten la fecha y medio de despacho de ésta, de conformidad a lo establecido en el artículo 17, inciso 2°, de la Ley de Transparencia y en el numeral 4.4., de la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información; se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida; y, se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que harían procedente la denegación de la información solicitada.

El órgano reclamado, a través de oficio Ord. A/102 N° 1706, de fecha 08 de abril de 2019, presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis que teniendo en consideración la solicitud de información inicial como su posterior aclaración, estima que corresponde denegar la información pedida por concurrir la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, por cuanto su entrega afecta el debido cumplimiento de sus funciones, toda vez que lo pedido se refiere a un elevado número de actos administrativos cuya atención requiere distraer indebidamente a sus funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales.

En este sentido, explica que para dar respuesta al solicitante cada Secretaría Regional Ministerial de Salud, debería revisar, uno por uno, cerca de mil expedientes tramitados por año, además de analizar todo el resto de sumarios sanitarios ordenados instruir por los correspondientes Servicios de Salud desde el año 2000 al 2004, puesto que a contar de la entrada en vigencia del DFL N° 1 de 2005, a las Seremis de Salud se le otorgaron las facultades fiscalizadoras, entre otras, que tenían los Servicios de Salud.

Por lo anterior, estima que proporcionar los antecedentes requeridos significaría distraer excesivamente a un gran número de funcionarios de sus labores habituales, imposibilitándoles el cumplimiento de sus funciones públicas.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, hace presente que la página oficial de cada una de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud en la casilla denominada "Transparencia Activa" en el punto 07. Actos y Resoluciones con efecto sobre terceras personas, submenú sanciones, submenú año, se encuentran publicadas las resoluciones que establecen sanciones por infracciones sanitarias, en caso que sea de utilidad para el requirente.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el artículo 14 de la Ley de Transparencia dispone que la autoridad o jefatura del organismo requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde la recepción de la misma. No obstante ello, en el presente caso, si bien se pidió subsanar el requerimiento de información de conformidad al artículo 12 de la Ley de Transparencia, una vez realizada la subsanación por el solicitante con fecha 23 de noviembre de 2018, el requerimiento en análisis no fue respondido. En razón de lo anterior, este Consejo representará al Sr. Subsecretario de Salud Pública en lo resolutivo de la presente decisión, la infracción tanto a la precitada disposición, como al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h), del cuerpo legal citado.

2) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega por parte de la Subsecretaría de Salud Pública de todas aquellas resoluciones que constituyan un acta de fiscalización, en el periodo que comprendido desde abril del 2000 a la fecha de la solicitud de información, en específico, las relativas a fiscalizaciones derivadas de las condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo y todo otra relacionada a ésta, y respecto de todas las regiones del país. Al efecto, el órgano reclamado denegó la información pedida por estimar que concurre la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia.

3) Que, sobre el fondo de lo reclamado, con ocasión de sus descargos el órgano reclamado explicó detalladamente que entregar la información pedida en los términos en que fue requerida, afecta el debido cumplimiento de sus funciones. Al respecto, cabe tener presente que en virtud del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, puede denegarse la entrega de la información cuando su publicidad "afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido por tratarse de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado números de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus funciones habituales". Dicha norma ha sido desarrollada en el artículo 7°, N° 1, letra c), del Reglamento de la citada ley, señalando que "...un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales".

4) Que, en virtud de lo expuesto, y según lo razonado por este Consejo en la decisión del amparo rol C1336-16, cabe determinar si, en la especie, concurren los hechos constitutivos de la referida causal, y teniendo en consideración que su atención podría implicar, para tales funcionarios, la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, al cumplimiento de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a esa persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás personas. En este sentido, acorde con lo dispuesto en el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, de MINSEGPRES, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado, dichos órganos se encuentran sujetos al deber de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, debiendo observar, entre otros, los principios de eficiencia y eficacia.

5) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que esta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". En dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima concurren en la especie.

6) Que, en efecto, de los antecedentes examinados en el presente caso, particularmente los descargos del órgano requerido, a juicio de este Consejo sus alegaciones resultan suficientes para tener por configurada la causal de reserva, por cuanto la Subsecretaría de Salud Pública señaló y acreditó detalladamente en el N° 5 de lo expositivo de la presente decisión, que para dar respuesta al solicitante cada Secretaría Regional Ministerial de Salud debería revisar uno por uno cerca de mil expedientes tramitados por año, y ello por los 18 años que abarca el periodo consultado, además de analizar todo el resto de sumarios sanitarios ordenados instruir por los correspondientes Servicios de Salud desde el año 2000 al 2004, puesto que a contar de la entrada en vigencia del DFL N° 1 de 2005, a las Seremis de Salud se le otorgaron las facultades fiscalizadoras, entre otras, que tenían los Servicios de Salud. Por consiguiente, este Consejo estima que los argumentos formulados son suficientes y revisten una magnitud tal que permiten tener por acreditada la hipótesis prevista en la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.

7) Que, en consecuencia, habiéndose acreditado la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, este Consejo rechazará el presente amparo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Cristián Roa Galindo en contra de la Subsecretaría de Salud Pública, por concurrir la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Representar al Sra. Subsecretaria de Salud Pública la infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad previsto en el artículo 11, letra h), del mismo cuerpo legal, al no haber otorgado respuesta a la solicitud dentro del plazo legalmente previsto para ello, una vez realizada la subsanación del requerimiento por parte del solicitante. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reiteren tales infracciones.

III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Cristian Roa Galindo y al Sra. Subsecretaria de Salud Pública.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Marcelo Drago Aguirre. El Consejero don Francisco Leturia Infante no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.