logo
 

Carolina Gálvez Vidal con MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Rol: C3119-19

Consejo para la Transparencia, 28/10/2019

Se acoge el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, SUBDERE, teniéndose por entregadas, aunque extemporáneamente, junto con la notificación del presente acuerdo, las interrogantes que se señalan en los puntos 1, 4, 5, y 7 del requerimiento, relativas al adiestramiento de Perros Potencialmente Peligrosos. Lo anterior, atendido que el órgano remitió esta información durante la tramitación del presente amparo. Se rechaza respecto de las interrogantes 2, 3 y 6, sobre la misma materia, por haber sido contestadas con ocasión de la respuesta.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Grupos de interés especial
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3119-19

Entidad pública: Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE)

Requirente: Carolina Gálvez Vidal

Ingreso Consejo: 30.04.2019

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, SUBDERE, teniéndose por entregadas, aunque extemporáneamente, junto con la notificación del presente acuerdo, las interrogantes que se señalan en los puntos 1, 4, 5, y 7 del requerimiento, relativas al adiestramiento de Perros Potencialmente Peligrosos.

Lo anterior, atendido que el órgano remitió esta información durante la tramitación del presente amparo.

Se rechaza respecto de las interrogantes 2, 3 y 6, sobre la misma materia, por haber sido contestadas con ocasión de la respuesta.

En sesión ordinaria N° 1043 del Consejo Directivo, celebrada el 28 de octubre de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3119-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 20 de marzo de 2019, doña Carolina Gálvez Vidal solicitó a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, en adelante también SUBDERE, la siguiente información:

En relación a la respuesta ORD: N° 3659 del 25-10-2018 por la solicitud de información N° AB002T-0001298, se solicita lo siguiente:

1. ¿Cuáles son los requisitos técnicos, legales y otros que deben poseer los entrenadores autorizados para dictar cursos de adiestramiento de obediencia para PPP (Perros Potencialmente Peligrosos)? y ¿Cuál debe ser el contenido de dichos cursos?;

2. ¿Quiénes están facultados para dictar charlas de Tenencia Responsable de Mascotas y cuál es el contenido que debe tener dicho curso?;

3. Según el punto N° 12 de la misma respuesta, se hace alusión al "experto", ¿Cuáles son las características y requisitos que deben cumplirse para poder ser considerado como tal?;

4. Según el punto N° 13, ¿Ya se encuentran disponibles cuáles son las instituciones autorizadas para acreditar las competencias de un profesional adiestrador? y si es así, ¿Cuáles son los requisitos y características que deben cumplir dichas instituciones?;

5. ¿Cuáles son las sanciones a las que se arriesgan quienes sin tener la autorización oficial realicen cursos de adiestramiento de obediencia caninos, tanto para PPP y para las instituciones que acrediten a los anteriores?;

6. ¿Cómo se puede denunciar a quienes digan estar acreditados pero no lo estén realmente?; y,

7. ¿Existirá un registro nacional para los entrenadores y para las instituciones acreditadoras?.

2) RESPUESTA: El 17 de abril de 2019, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, respondió a dicho requerimiento de información mediante carta de misma fecha, señalando lo siguiente:

Que conforme a la Ley de Transparencia lo pedido no constituye una solicitud de acceso a la información pública. Cita el artículo 10 de la mencionada ley, destacando que esta normativa permite acceder a información que al momento de la solicitud obre en poder del órgano requerido y esté contenida en algún soporte, sin que obligue a generar, elaborar o producir información, sino a entregar la actualmente disponible.

Indica, que sin perjuicio de lo anterior, el "Programa Tenencia Responsable de Animales de Compañía" responde a cada una de las preguntas efectuadas números 1, 4, 5, 6 y 7, referidas a la institucionalidad sobre acreditación de los adiestradores caninos y reglas de funcionamiento en torno a las obligaciones para el tenedor responsable de animales potencialmente peligrosos de la especie canina, y que esta Subsecretaría se encuentra analizando los mecanismos adecuados para implementar la normativa sobre la materia, incluyendo lo relativo a las instituciones que acreditarán e impartirán los cursos.

Agrega, que quien imparta un curso de adiestramiento de obediencia para el tenedor responsable, con su animal potencialmente peligroso de la especie canina, sin poseer los conocimientos necesarios o atribuyéndose una calidad que no posee, podrá ser denunciado ante el Ministerio Público por el delito de estafa y eventualmente, en lo que corresponda, por ejercicio ilegal de la profesión.

En cuanto al punto 2) de la solicitud, cita el artículo 17, acápite d), del Reglamento, donde se indica que "(...) charla sobre tenencia responsable de mascotas o animales de compañía que sea dictada por un profesional competente"; agregando que este profesional competente se entiende como veterinario, técnico veterinario, quienes se hayan desempeñado como guías caninos o adiestradores de algunas de las instituciones o de administración del Estado como Gendarmería, PDI, SAG, entre otros, además de profesionales docentes con conocimientos en el área y grupos representantes de la sociedad civil, como agrupaciones animalistas promotoras de tenencia responsable, siempre a través de un profesional competente. El contenido lo determinará el profesional competente, en concordancia a las disposiciones contenidas en la ley 21.021, su Reglamento y las normas complementarias.

Por último, en lo tocante al punto 3) de la solicitud, indica que el experto es el profesional veterinario o etólogo que hace seguimiento de la salud y bienestar del animal en todo su espectro clínico y conductual de acuerdo a sus necesidades físicas y etológicas.

3) AMPARO: El 30 de abril de 2019, doña Carolina Gálvez Vidal dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa su solicitud.

Además, la reclamante hizo presente que "(...) la información entregada no corresponde a la solicitada: No se respondieron las preguntas que se hicieron, sólo parcialmente, y además incluyeron más información descontextualizada y poco clara, etc."

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación este amparo y, mediante oficio N° E8870, 03 de julio de 2019, confirió traslado al Sr. Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo.

Mediante ordinario N° 2579, de 17 de julio de 2019, el órgano presentó sus descargos señalando, en síntesis que:

Se reitera lo señalado en la respuesta en orden a que las preguntas ingresadas por la ciudadana no constituyen una solicitud de acceso a la información, agregando que estas están relacionadas con una explicación del contexto de una normativa y no a requerir documentos o información como señala el artículo 10 de la Ley de Transparencia y que sin perjuicio de ello, como una buena práctica, se dio respuesta a cada una de las preguntas formuladas, las cuales fueron elaboradas a raíz de la interpretación de un determinado documento normativo.

5) GESTIÓN OFICIOSA: Para una debida resolución del presente caso, mediante correo electrónico de fecha 15 de octubre de 2019, se requirió al órgano informar lo siguiente:

a) Revisado el "Programa Tenencia Responsable de Animales de Compañía" no fue posible identificar las respuesta a los puntos 1, 4 ,5 ,6 y 7, consultados. Por tanto se requiere responder derecha y separadamente cada uno de estos puntos, y/o indicar el texto específico donde se contiene esta información.

b) En caso que no existan soportes documentales a estas preguntas, señalarlo expresamente.

c) De las preguntas 2 y 3, además del artículo 17, acápite d), del Reglamento citado, existe otra documentación donde ello conste, en caso contrario especificar.

Mediante correo electrónico de fecha 17 de octubre de 2019, el órgano señaló, en síntesis, lo siguiente, respecto a cada una de las preguntas realizadas por la solicitante:

"1. ¿Cuáles son los requisitos técnicos, legales y otros que deben poseer los entrenadores autorizados para dictar cursos de adiestramiento de obediencia para PPP (Perros Potencialmente Peligrosos)? y ¿Cuál debe ser el contenido de dichos cursos?; (...)Dicha normativa, de la Ley 21.020 sobre Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, y su reglamento, Decreto 1007 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (D.O.17.08.2018), se encuentra en etapa inicial de implementación, por tanto, no es posible dar respuesta a la pregunta sobre "los requisitos técnicos, legales y otros que deben poseer los entrenadores autorizados para dictar cursos de adiestramiento de obediencia para PPP (Perros Potencialmente Peligrosos)" y sobre "Cuál debe ser el contenido de dichos cursos", toda vez que, en la actualidad, no existe en Chile un Sistema Nacional de Acreditación de Competencias Laborales en materia de adiestramiento canino. Es decir, no hay instituciones que acrediten a los adiestradores como tales, así como tampoco hay cursos de adiestramiento de obediencia reconocidos por el Estado, salvo el plan piloto (para aproximados 600 tenedores y sus perros) que se ejecuta bajo el Convenio de Colaboración 2019 entre la SUBDERE y PDI, y que se materializa en las jornadas de los fines de semana implementadas por el PTRAC y la Brigada de Adiestramiento Canino, BriACan.

Precisado lo anterior, cabe señalar que en el actual escenario, los privados (con y sin fines de lucro, que cuenten con los profesionales idóneos) pueden tener iniciativa en esta materia y no requieren autorización previa para impartir el curso de adiestramiento de obediencia; sin embargo, las personas que adquieran o paguen por este servicio deberán tener presente que el documento mediante el cual se acredite la realización del curso debe, necesariamente, subirse a la plataforma del Registro Nacional, el cual será visado por la Municipalidad, pudiendo rechazar el documento que no aparezca con las mínimas formalidades de seriedad. Recordemos que todo documento que se sube al portal de registro es revisado por los encargados municipales y su deber funcionario es velar por el correcto uso del sistema de registros.

2. ¿Quiénes están facultados para dictar charlas de Tenencia Responsable de Mascotas y cuál es el contenido que debe tener dicho curso?; R.- Las normas legales y reglamentarias sobre la materia consultada se encuentran (....) en el artículo 17, inciso primero, letra d ("Asistir, en un plazo de 6 meses desde su inscripción en el registro respectivo, a lo menos a una charla sobre tenencia responsable de mascotas o animales de compañía que sea dictada por un profesional competente"). Este profesional competente se entiende como médico veterinario, técnico veterinario, también quienes se hayan desempeñado como guías caninos o adiestradores de algunas de las instituciones uniformadas o de administración del Estado como Gendarmería, Policía de Investigaciones, SAG u otros, además de profesionales docentes con conocimientos en el área y grupos representantes de la sociedad civil como agrupaciones animalistas promotoras de tenencia responsable, siempre a través de un profesional competente.

El contenido de las charlas lo determinará el profesional competente, en concordancia a las disposiciones contenidas en la ley 21.020 y normas complementarias, por ejemplo, con lo establecido en el reglamento, Decreto 1007, en su Título IV De los requisitos de las campañas de educación en tenencia responsable de mascotas o animales de compañía para toda la comunidad.

3. Según el punto N° 12 de la misma respuesta, se hace alusión al "experto", ¿Cuáles son las características y requisitos que deben cumplirse para poder ser considerado como tal?; R. En el caso de la especie, la norma reglamentaria señala, puntualmente, que la charla de tenencia responsable de mascotas o animales de compañía, a la cual debe asistir el tenedor responsable de un perro potencialmente peligroso, debe ser "dictada por un profesional competente" (artículo 17 letra d, Decreto 1007). El empleo de la expresión experto sólo se ha utilizado en el sentido natural y obvio de las palabras (artículo 20 Código Civil) para ilustrar -al consultante- el alcance del concepto "profesional competente" como una persona especializada o con grandes conocimientos en una materia (RAE),

4. Según el punto N° 13, ¿Ya se encuentran disponibles cuáles son las instituciones autorizadas para acreditar las competencias de un profesional adiestrador? y si es así, ¿Cuáles son los requisitos y características que deben cumplir dichas instituciones?;

R. Como se mencionó en la respuesta al punto uno no existe al día de hoy un sistema regulatorio específico sobre competencias laborales del adiestrador/a canino o de las instituciones que acreditarán al adiestrador/a. Al respecto, es dable señalar que, entre la fecha de la solicitud de información por parte del consultante, al presente, el Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía Mascota Protegida, ha realizado gestiones con ChileValora para efectos de avanzar en la creación de un perfil de adiestrador canino y en la implementación de un sistema de acreditación con instituciones reconocidas por el Estado. Sin embargo, el trabajo con ChileValora no tendrá resultados en el corto plazo.

5. ¿Cuáles son las sanciones a las que se arriesgan quienes sin tener la autorización oficial realicen cursos de adiestramiento de obediencia caninos, tanto para PPP y para las instituciones que acrediten a los anteriores?; R. Como se explicó en el punto uno, no existe en Chile un Sistema Nacional de Acreditación de Competencias Laborales en materia de adiestramiento canino. Es decir, no hay instituciones que acrediten a los adiestradores como tales, así como tampoco hay cursos de adiestramiento de obediencia reconocidos por el Estado (salvo el plan piloto referido anteriormente). Mientras no se implemente el sistema nacional de acreditación (con reglas, sanciones, requisitos, perfiles, evaluadores oficiales, etc.), la toma de decisiones en torno al curso de adiestramiento de obediencia se encuentra en la órbita de competencias de cada municipio o entidad privada que quiera impartir dicho curso. Los municipios que deseen implementar o validar estos cursos en sus comunas, deben poner especial cuidado en ello (ya sea que se trate de validación o de elección de los adiestradores/as), debiendo ser personas que sean capaces de acreditar seriamente competencias suficientes en la materia.

6. ¿Cómo se puede denunciar a quienes digan estar acreditados, pero no lo estén realmente?; R. Quien imparta un curso de adiestramiento de obediencia, para el tenedor responsable con su animal potencialmente peligroso de la especie canina, sin poseer los conocimientos necesarios o atribuyéndose una calidad que no posee (por ejemplo, si afirma estar acreditado/a sin serlo), podrá ser denunciado ante el Ministerio Público por el delito de estafa y eventualmente, en lo que corresponda, por ejercicio ilegal de la profesión.

7. ¿Existirá un registro nacional para los entrenadores y para las instituciones acreditadoras? R. A diferencia de los Registros Nacionales que deben ser creados, de conformidad al artículo 15 de la Ley 21.020 sobre Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, la norma legal no contempla disposiciones relativas a la creación de un "registro nacional para los entrenadores y para las instituciones acreditadoras"."

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo versa sobre diversas interrogantes referidas, en términos generales, al adiestramiento de Perros Potencialmente Peligrosos (PPP), ello según lo señalado en el numeral 1) de lo expositivo, las cuales según el reclamante no habrían sido derechamente respondidas. Al efecto, el órgano señaló que lo pedido no constituye una solicitud de acceso amparada por la Ley de Transparencia, y que no obstante ello, como una buena práctica, dio respuesta a cada una de las preguntas efectuadas.

2) Que, en lo que interesa, cabe señalar que el artículo 3°, de la Ley 21.012, sobre Tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, dispone que "Los órganos de la Administración del Estado y, en especial, los Ministerios del Interior y Seguridad Pública, de Salud y de Educación, dentro de sus respectivas competencias, con la colaboración de las respectivas municipalidades, promoverán la tenencia responsable de mascotas o animales de compañía a fin de asegurar su bienestar y la salud de las personas y el medio ambiente"; luego, el artículo 15, de la misma Ley agrega que "Corresponderá al Ministerio del Interior y Seguridad Pública mantener y administrar: 1°. Un Registro Nacional de Mascotas o Animales de Compañía; 2°. Un Registro Nacional de Animales Potencialmente Peligrosos de la Especie Canina; 3° Un Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro Promotoras de la Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía (...)". (Énfasis agregado).

3) Que, atendido lo señalado y al tenor de las preguntas que han dado origen a este amparo, a juicio de este Consejo, el órgano requerido puede pronunciarse a su respecto, teniendo presente que dichas solicitudes se refieren a información que puede desprenderse fácilmente del contenido de los registros, documentos o antecedentes que plausiblemente mantiene la reclamada en lo relativo a la materia consultada. Consecuentemente, debe entenderse que dichas solicitudes, aunque formuladas como interrogantes, se encuentra amparadas por la Ley de Transparencia (aplica criterio adoptado a partir de las decisiones de los Amparos Rol C467-10 y C530-10, entre otras). En tal orden de ideas, la alegación del órgano relativa a que la petición objeto del presente amparo no se enmarca en el derecho de acceso a información pública, será desestimada.

4) Que, en cuanto al fondo del asunto, si bien el órgano señaló que como una buena práctica dio respuesta a cada una de las interrogantes, analizados los antecedentes tenidos a la vista, se advierte que con ocasión de la respuesta fueron contestadas, derechamente, sólo las interrogantes números 2, 3, y 6 de la solicitud, por tanto, se rechazará el amparo respecto de estos puntos, por haberse entregado esta información oportunamente con ocasión de la respuesta.

5) Que, a su turno, en lo tocante a las interrogantes números 1, 4, 5 y 7, del requerimiento, se constató que las respuestas a estas preguntas fueron derechamente respondidas en la gestión oficiosa decretada en esta causa, las cuales se transcriben en el numeral 5) de lo expositivo, por tanto, respecto de estos puntos se acogerá el presente amparo, teniéndose por entregada esta información, aunque de forma extemporánea, junto con la notificación del presente acuerdo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por doña Carolina Gálvez Vidal en contra de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, teniéndose por entregada, aunque extemporáneamente, la información relativa a los puntos 1, 4, 5 y 7 de la solicitud, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Rechazar el amparo respecto de los puntos 2, 3 y 6 del requerimiento, por haber sido respondidos oportunamente con ocasión de la respuesta.

III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión, a doña Carolina Gálvez Vidal y al Sr. Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.