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Margarita Cockbaine Monsalve con MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS Rol: C3234-19

Consejo para la Transparencia, 26/09/2019

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Los Muermos, ordenando entregar copia de las actas de constitución y de los estatutos y sus modificaciones, de los comités de vivienda registrados desde el año 2005 a la fecha, desestimándose la concurrencia de la causal de reserva de distracción indebida alegada. Además, se dispone la entrega de la resolución del Tribunal Electoral Regional de Los Lagos requerida, por no haberse acreditado suficientemente por el órgano reclamado su inexistencia. Se rechaza el amparo respecto de la entrega de los antecedentes presentados al momento de la constitución de los comités y los del cumplimiento de los requisitos por parte de cada uno de sus integrantes, por no obrar en poder del órgano reclamado al no estar obligado a registrarlos, y en relación a las certificaciones solicitadas, por corresponder al ejercicio del derecho a petición y no al de acceso a la información pública.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Otros, especificar
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3234-19

Entidad pública: Municipalidad de Los Muermos.

Requirente: Margarita Cockbaine Monsalve.

Ingreso Consejo: 06.05.2019.

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Los Muermos, ordenando entregar copia de las actas de constitución y de los estatutos y sus modificaciones, de los comités de vivienda registrados desde el año 2005 a la fecha, desestimándose la concurrencia de la causal de reserva de distracción indebida alegada.

Además, se dispone la entrega de la resolución del Tribunal Electoral Regional de Los Lagos requerida, por no haberse acreditado suficientemente por el órgano reclamado su inexistencia.

Se rechaza el amparo respecto de la entrega de los antecedentes presentados al momento de la constitución de los comités y los del cumplimiento de los requisitos por parte de cada uno de sus integrantes, por no obrar en poder del órgano reclamado al no estar obligado a registrarlos, y en relación a las certificaciones solicitadas, por corresponder al ejercicio del derecho a petición y no al de acceso a la información pública.

Se representa al órgano reclamado la infracción a los principios de facilitación y oportunidad al tramitar la solicitud de acceso.

En sesión ordinaria N° 1035 del Consejo Directivo, celebrada el 26 de septiembre de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C3234-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 1 de abril de 2019, doña Margarita Cockbaine Monsalve solicitó a la Municipalidad de Los Muermos la siguiente información:

"1. Las actas de Constitución como COMITÉ DE VIVIENDA, de cada uno de los Comités de vivienda constituidos por ese Municipio desde el año 2005 a la fecha.

2. Los Estatutos de cada uno de los Comités de Vivienda constituidos desde el año 2005 a la fecha.

3. Los antecedentes presentados al momento de su constitución que son parte de los requisitos que se identifican en sus estatutos. Vale decir, social, vivienda, residencia, propiedades, etc.

4. Las MODIFICACIONES A SUS ESTATUTOS por cada uno de los Comités de vivienda constituidos durante sus años de vida.

5. El cumplimiento de estos requisitos por parte de cada uno de los integrantes de dichos Comité de vivienda al día de hoy que da constancia que los requisitos tenidos en cuenta al momento de su constitución y a la fecha los siguen manteniendo.

Además de ello,

Resolución o sentencia del TER que ordena a este Municipio, anular y rechazar el Libro de Registro de socios del Comité de vivienda Barrio Residencial Independencia con sus 117 socios activos y le ordena abrir uno nuevo con socios "reinscritos" acompañando la resolución que faculta al TER para ordenar dichas acciones como lo informaron las funcionarias de ese municipio a los asistentes a la convocatoria del municipio del día viernes 29 de marzo de 2019.

Resolución o sentencia del TER que ordena a ese Municipio el procedimiento a seguir producto de que los Estatutos nunca fueron modificados a fin de "agregar o cambiar" los requisitos originales al momento de la constitución del Comité de vivienda en el año 2005, e ir modificando a media que los socios fueran progresando en el tiempo en su calidad de vida.

Un certificado firmado por usted en su calidad de Alcalde de la Comuna y por el Secretario Municipal que indique expresamente cuales son las facultades que de acuerdo a la ley 19.418 y demás normas legales, le otorgan al Municipio de Los Muermos con respecto a lo que les corresponde específicamente con las organizaciones comunitarias.

Un certificado firmado por usted en su calidad de Alcalde y por el Secretario Municipal que indique cuales son las atribuciones y facultades que le corresponden por ley a los Tribunales Electorales del país y en especial al Tribunal Electoral Regional décima región de Los Lagos".

2) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 6 de mayo de 2019, doña Margarita Cockbaine Monsalve dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Municipalidad de Los Muermos, fundado en la ausencia de respuesta.

3) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Los Muermos, mediante oficio N° E9050, de fecha 5 de julio de 2019, requiriendo que: (1°) indique las razones por las cuales la solicitud de información no habría sido atendida oportunamente; (2°) en caso de haber dado respuesta al requerimiento de información, acredite dicha circunstancia, acompañando copia de la respuesta y los antecedentes que acrediten la fecha y medio de despacho de ésta, de conformidad a lo establecido en el artículo 17, inciso 2°, de la Ley de Transparencia y en el numeral 4.4., de la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; y, (5°) en el evento de pretender otorgar respuesta a la solicitud, remítasela directamente a la parte recurrente, con copia a este Consejo, a fin de evaluar la finalización del presente amparo, a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC).

El órgano, por medio de presentación de fecha 9 de julio de 2019, realizó descargos señalando que la reclamante omitió un requisito de admisibilidad en su solicitud, ya que no registró dirección.

Luego, a requerimiento de este Consejo, el órgano complementó sus descargos, con fecha 17 de julio de 2019, argumentando, en síntesis:

Respecto de la solicitud de las actas de constitución y los estatutos de cada uno de los comités de vivienda constituidos desde el año 2005 a la fecha, alega la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 7, numeral 1, letra c), inciso tercero del reglamento de la mencionada ley, en atención al amplio margen de tiempo por el cual solicita información.

En relación con la solicitud de los antecedentes presentados al momento de la constitución, y del cumplimiento de los requisitos por parte de cada uno de los integrantes del Comité, el órgano señala no poseer en sus registros la mencionada documentación, invocando el artículo 13 de la Ley de Transparencia.

Finalmente, tratándose de la solicitud de las modificaciones de los estatutos de cada uno de los comités, informa que no existen modificaciones que estén registradas en el municipio.

4) PRONUNCIAMIENTO DEL RECLAMANTE: En virtud de lo anterior, este Consejo, mediante oficio N° E10142, de fecha 30 de julio de 2019, solicitó a la reclamante manifestar su conformidad o disconformidad respecto de la información que le habría remitido la Municipalidad, y en caso de disconformidad, detallar la infracción cometida por el órgano reclamado.

Posteriormente, mediante correos electrónicos de fechas 4 y 8 de agosto de 2019, la requirente manifestó su disconformidad con la respuesta, señalando que el municipio no ha hecho entrega de:

1.- Las actas de constitución de comité de vivienda desde el año 2005 a la fecha.

2.- Los estatutos de cada uno de esos comités de vivienda.

3.- Los antecedentes presentados al momento de su constitución.

4.- La modificaciones a sus estatutos.

5.- El cumplimiento de estos requisitos por cada uno de estos integrantes a la fecha y que deberían seguir manteniendo.

6.- La resolución del TER que ordena al Municipio anular y rechazar el Libro de Registro de socios del Comité de vivienda Barrio Residencial Independencia que data del año 2005 y ordena abrir uno nuevo.

7.- El certificado firmado por el alcalde y por el secretario municipal identificando cuales son las facultades que de acuerdo a la ley le otorgan con respecto a las organizaciones comunitarias.

8.- Un certificado que identifique cuales son las facultades que la ley le otorga a los Tribunales Electorales.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el objeto del presente amparo dice relación con lo siguiente: a) la falta de respuesta al solicitante por no registrar datos de contacto en la solicitud; b) la configuración de la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia respecto de parte de los antecedentes solicitados; c) la procedencia de la entrega de la información que el órgano señala no tener en su poder; y, d) la entrega de los certificados solicitados.

2) Que, de manera previa, es del caso referirse a la falta de respuesta por parte del órgano a la solicitud de acceso a la información, la que estaría justificada por el hecho de no haber indicado la requirente una dirección de contacto. Al respecto, se debe recordar que la Instrucción General N° 10 de este Consejo, establece en su punto 2.2 que procede declarar inadmisible provisoriamente la solicitud, dicha facultad exige como presupuesto el que "el órgano no tenga en sus bases de datos alguna información de contacto", hipótesis que no se verificaría en este caso, ya que, la solicitante señala haber efectuado diversos requerimientos de acceso a la información en el municipio, varios de los cuales han sido conocidos por este Consejo al deducirse amparos asociados a los mismos, lo que hace presumible que el organismo tenga en sus registros sus datos de contacto. En mérito de lo anterior, se representará al órgano su infracción a los principios de facilitación y oportunidad.

3) Que, el órgano reclamado deniega el acceso, en primer lugar, por considerar que concurre respecto de lo solicitado la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, ya que se trata de información correspondiente al periodo 2005 a 2019. En este punto, cabe hacer presente que este Consejo ha establecido que sólo puede configurarse aquella causal, en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que suponen tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información o el costo de oportunidad, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima que no se han acreditado por el órgano y que tampoco concurren en la especie.

4) Que, en dicho contexto, cabe considerar lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales".

5) Que en el presente caso, el órgano reclamado se limitó a señalar que la causal se configuraría en atención al amplio margen de tiempo por el cual se solicita la información, no cumpliendo, como resulta evidente, con el estándar que ha definido este Consejo para la configuración de esta hipótesis. Luego, sin perjuicio de la suficiencia de lo anterior para el rechazo de esta alegación, se debe considerar además que el artículo 5° bis de la Ley N° 19.483, establece que: "Para los efectos de esta ley, las municipalidades llevarán un registro público, en el que se inscribirán las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias que se constituyeren en su territorio, así como las uniones comunales que ellas acordaren. En este registro deberán constar la constitución, las modificaciones estatutarias y la disolución de las mismas". Por su parte, el artículo 15 de la citada ley, prescribe que "Cada junta de vecinos y demás organizaciones comunitarias deberá llevar un registro público de todos sus afiliados, en la forma y condiciones que determinen sus estatutos. Este registro se mantendrá en la sede comunitaria a disposición de cualquier vecino que desee consultarlo y estará a cargo del secretario de la organización. A falta de sede, esta obligación deberá cumplirla el secretario en su domicilio" (inciso 1°). Además se prescribe que "(...) Una copia actualizada y autorizada de este registro deberá ser entregada al secretario municipal en el mes de marzo de cada año y a los representantes de las diferentes candidaturas en elecciones de las juntas de vecinos al renovar sus directivas, por lo menos con un mes de anticipación y con cargo a los interesados" (inciso 2°). Agrega que su inciso 3° que "(...) cada junta de vecinos deberá remitir al secretario municipal respectivo, cada seis meses, certificación de las nuevas incorporaciones o retiros del registro de asociados". De lo anterior, se desprende que se trata de información cuyo registro y sistematización no es una labor ajena a las funciones propias del municipio, por lo que resulta improcedente alegar al respecto la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia. Razones por las que será acogido el amparo en este aspecto.

6) Que, tratándose de la información que el órgano señala no tener en su poder, esto es, los antecedentes presentados al momento de la constitución y los del cumplimiento de los requisitos por parte de cada uno de los integrantes de los comités, de las normas antes transcritas, así como de otras pertenecientes a la misma ley, no se desprende la obligación para los municipios de registrar información como la solicitada por la requirente en este punto, por lo que no es procedente exigir la entrega de la misma, debiendo rechazarse el amparo en este punto.

7) Que, no ocurre lo mismo en relación con las modificaciones a los estatutos presentados por cada uno de los comités de vivienda, respecto de las cuales el órgano se limita a señalar que no existe alguna registrada en el municipio, sin entregar ningún antecedente que este Consejo pueda ponderar, ello, en atención a que la inexistencia de la información solicitada constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla, pues su alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder y debiendo acreditarla fehacientemente, lo que no ha ocurrido en el presente caso, debiendo acogerse el amparo respecto de dicha información.

8) Que, en el caso de la solicitud de la resolución del Tribunal Electoral Regional que ordena al municipio anular y rechazar el Libro de Registro de socios del Comité de vivienda Barrio Residencial Independencia que data del año 2005 y ordena abrir uno nuevo, el órgano no se pronuncia en sus descargos, por lo que no existen antecedentes que este Consejo pueda ponderar, que permitan arribar a una conclusión diversa a la procedencia de su entrega, razón por la que se resolverá en dicho sentido.

9) Que, respecto de la solicitud de certificados emitidos por el Sr. Alcalde o por el Secretario Municipal, referidos a distintos hechos descritos por la reclamante, cabe tener presente que dicha solicitud no se refiere a un acto, documento o antecedente determinado en poder de la Administración del Estado, que obre en alguno de los soportes indicados en el inciso 2° del artículo 10 de la Ley de Transparencia y el artículo 3, letra e), del Reglamento de la misma ley, sino más bien al ejercicio del legítimo derecho de petición consagrado en el artículo 19 N° 14, de la Constitución Política de la República, toda vez que realiza una petición para que se emitan certificados que acrediten las facultades legales del Municipio y de los Tribunales Electorales. En virtud de lo anterior, tratándose del ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 19 N° 14, de la Constitución Política de la República, por no constituir una solicitud de acceso a información pública en los términos dispuestos en la Ley de Transparencia, no cabe pronunciarse a su respecto en esta sede, por lo que este Consejo procederá a rechazar el presente amparo en este aspecto.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por doña Margarita Cockbaine Monsalve en contra de la Municipalidad de Los Muermos, conforme a los fundamentos señalados precedentemente.

II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Los Muermos, que:

a) Entregue a la solicitante:

i. Las actas de constitución y los estatutos de los comités de vivienda registrados desde el año 2005 a la fecha.

ii. Las modificaciones de estatutos de los comités de vivienda registradas desde el año 2005 a la fecha.

iii. La resolución del Tribunal Electoral Regional de Los Lagos que ordena al municipio anular y rechazar el Libro de Registro de socios del Comité de vivienda Barrio Residencial Independencia que data del año 2005 y ordena abrir uno nuevo.

En caso que los antecedentes requeridos no existan, dicha situación deberá ser explicada en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de conformidad a la normativa aplicable en la especie.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Rechazar el amparo respecto de la solicitud de los antecedentes presentados al momento de la constitución y los del cumplimiento de los requisitos por parte de cada uno de los integrantes de los comités, así como también, de las certificaciones solicitadas.

IV. Representar al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Los Muermos la infracción a los principios de facilitación y oportunidad consagrados en el artículo 11 letras f) y h) de la Ley de Transparencia. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reiteren dichas infracciones.

V. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Los Muermos y a la requirente doña Margarita Cockbaine Monsalve.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Marcelo Drago Aguirre. El Consejero don Francisco Leturia Infante no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.