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Moisés Alaluf con SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES Rol: C5973-18

Consejo para la Transparencia, 27/06/2019

Se acoge parcialmente el amparo en contra de la Subsecretaría de Transportes, ordenándose hacer entrega al reclamante de la(s) comunicación(es) (correos electrónicos) solicitadas, enviada(s) entre la SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones de Valparaíso y la División Legal del Ministerio, reguladas expresamente en el Oficio Circular N° 031, de 2015, del Sr. Subsecretario de Transportes, previa reserva de cualquier dato personal de contexto incorporado en la información pedida, así como las casillas de correo electrónico de los funcionarios involucrados en las comunicaciones cuya entrega se ordena. Lo anterior, por tratarse de información pública, pues dichos correos electrónicos constituyen fundamentos de un acto o decisiones administrativas y con mayor razón de aquellos actos que constan en dicho medio electrónico, sin que con su publicidad se afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano ni la esfera de la vida privada de los terceros afectados Se rechaza el amparo en lo relativo a la copia de la Carta Gantt que deberá ser controlada en el nuevo período por parte del órgano, por inexistencia, toda vez que no se dispone de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, en orden a que dicha información no obraría en su poder.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Transporte
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C5973-18

Entidad pública: Subsecretaría de Transportes.

Requirente: Moisés Alaluf.

Ingreso Consejo: 03.12.2018.

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo en contra de la Subsecretaría de Transportes, ordenándose hacer entrega al reclamante de la(s) comunicación(es) (correos electrónicos) solicitadas, enviada(s) entre la SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones de Valparaíso y la División Legal del Ministerio, reguladas expresamente en el Oficio Circular N° 031, de 2015, del Sr. Subsecretario de Transportes, previa reserva de cualquier dato personal de contexto incorporado en la información pedida, así como las casillas de correo electrónico de los funcionarios involucrados en las comunicaciones cuya entrega se ordena.

Lo anterior, por tratarse de información pública, pues dichos correos electrónicos constituyen fundamentos de un acto o decisiones administrativas y con mayor razón de aquellos actos que constan en dicho medio electrónico, sin que con su publicidad se afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano ni la esfera de la vida privada de los terceros afectados.

Se rechaza el amparo en lo relativo a la copia de la Carta Gantt que deberá ser controlada en el nuevo período por parte del órgano, por inexistencia, toda vez que no se dispone de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, en orden a que dicha información no obraría en su poder.

En sesión ordinaria N° 1005 del Consejo Directivo, celebrada el 27 de junio de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C5973-18.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 22 de octubre de 2018, don Moisés Alaluf solicitó a la Subsecretaría de Transportes, lo siguiente:

a) "Toda comunicación entre la empresa Systech Chile Ltda. y la Seremi de Valparaíso (en ambos sentidos) desde el 1° de septiembre de 2018;

b) Resolución que resuelve solicitud de prórroga de empresa Systech Chile Ltda. en la mencionada región;

c) De acuerdo a Of. Circular 31 de 2015 de la Subsecretaría de Transportes, previo a la dictación de la Resolución que autoriza una prórroga, ésta deber ser remitida a la División Legal para su revisión. Al respecto se solicita copia de esa comunicación en particular y la respuesta de la División Legal;

d) En el caso de que se haya autorizado dicha prórroga, copia de la Carta Gantt que deberá ser controlada en el nuevo período; y,

e) Toda comunicación que haya existido entre la Contraloría General (o Regional) de la República y la Secretaría Regional Ministerial de Transportes de Valparaíso (en ambos sentidos) que tenga alguna relación con la concesión de Systech Chile Ltda. posterior a la Toma de Razón de la Resolución que adjudicó la misma".

2) RESPUESTA: Por medio de Oficio GS N° 7.566 de 21 de noviembre de 2018, el órgano acompañó Memorándum N° 396, de 15 de noviembre de 2018, de la encargada IRS- Transporte Escucha de la Región de Valparaíso y Resolución Exenta N° 69, de misma fecha, de la Subsecretaría de Transportes, informando en resumen, lo siguiente:

a) Respecto de la letra a), se informa que desde la SEREMI de Transportes, no se han generado comunicaciones y/o reuniones con la Empresa Systech Chile desde la fecha indicada en la solicitud.

b) En cuanto a lo solicitado en el literal b), se adjunta resolución N° 4.340, de 18 de octubre de 2018, que aprueba solicitud de prórroga de puesta en marcha de plantas revisoras de la concesión N° 8.

c) En lo que atañe a la letra c), se indica que dichas comunicaciones se realizaron por medio de correo electrónico, razón por la cual resulta aplicable las causales de reserva del artículo 21 N° 1 y N° 2, de la Ley de Transparencia, por las razones que indica. Cita jurisprudencia del Consejo para fundar su procedencia.

d) Sobre lo pedido en la letra d), se adjunta copia de carta Gantt de concesión N° 8.

e) En relación con la letra e), se informa que no ha existido comunicación entre la Contraloría y la SEREMI, en ambos sentidos que tenga alguna relación con la concesión de Systech Chile.

3) AMPARO: El 3 de diciembre de 2018, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Administración del Estado, fundado en la falta de entrega de lo solicitado en los literales c) y d), del requerimiento de información.

El reclamante sostuvo, en síntesis, que: "El documento negado corresponde a un trámite que forma parte de un procedimiento reglado en el Oficio Circular 31 de 2015 del Subsecretario de Transportes, en consecuencia, es un fundamento de un acto administrativo que es público conforme al artículo 8 de Nuestra Constitución y la Ley 19880. Se adjunta copia de dicho Oficio Circular". Además, sobre el particular agregó que: "Asimilan erradamente el pretender acceder a correos electrónicos de carácter privado, cuando muy por el contrario, solo se trata de conocer una etapa de un proceso normado por el Oficio Circular 31 de 2015 del Subsecretario de Transportes, si es que este realmente se realizó".

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario de Transportes, mediante oficio N° E704, de 18 de enero de 2019, requiriendo lo siguiente: (1°) referirse, específicamente, a las causales de secreto o reserva que harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) señalar cómo la entrega de la información denegada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que representa y los derechos de terceros; (3°) referirse expresamente a la existencia de los correos electrónicos solicitados, y de ser efectivo, indicar si procedió conforme el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (4°) en la afirmativa, señalar si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y, en la afirmativa a lo anterior, acompañar todos los documentos del procedimiento de comunicación a los terceros, incluyendo copia de las respectivas comunicaciones, de los documentos que acrediten su notificación, de las oposiciones deducidas y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en que éstas se presentaron ante el órgano; (5°) proporcionar los datos de contacto de los terceros involucrados, entendiendo por éstos a los titulares de las casillas electrónicas respectivas, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento; y, (6°) referirse a las alegaciones del reclamante en relación a la falta de entrega de la Carta Gantt requerida, en particular, remitir los antecedentes que acrediten el envío respectivo. Se hace presente que mediante Oficio GS N° 1.380, de 1° de febrero de 2019, el órgano solicitó una ampliación del plazo para presentar sus descargos.

Mediante Oficio N° 1623, de 11 de febrero de 2019, el órgano presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis, lo siguiente:

a) Sobre los correos electrónicos se apuntó que el solicitante aclara en su reclamo que no pretendía tener acceso a ningún correo electrónico -a los que el mismo les concede el "carácter privado"- ya que, según expresa "la intención de mi requerimiento de transparencia pretendía conocer si aquel procedimiento se respetó o no". Frente a esta aclaración que el propio recurrente efectúa, esta Subsecretaría cumple con informar y certificar que el procedimiento contemplado en el Oficio Circular N° 31 de 2015, se cumplió íntegramente para el caso consultado. Lo anterior, para que pueda ser puesto en conocimiento del requirente, cumpliendo de esta manera con la solicitud que efectivamente requería de acuerdo a sus propios dichos.

b) Sin perjuicio de lo anterior -que a juicio de esta Subsecretaría sería suficiente para entender por cumplido el requerimiento-, precisa que el procedimiento contenido en la citada Circular N° 31, tuvo por objeto impartir instrucciones a las Secretarías Regionales Ministeriales de Transportes, para efectos de, entre otros aspectos, dictar resoluciones que autoricen prórrogas de puesta en marcha en el ámbito de las Plantas de Revisiones Técnicas, facultad privativa de los Secretarios Regionales Ministeriales de Transportes y Telecomunicaciones respectivos; estableciéndose que, previo a la dictación de las mismas, debían ser enviadas a la División Legal, lo que simplemente constituye una revisión formal del cumplimiento de los requisitos que en la misma circular se establecer. En este sentido, dicha revisión no constituye un acto administrativo o resolución alguna, así como tampoco se puede considerar que sea un fundamento o complemento de los mismos, ni constan en actas, expedientes u otro, por lo que se estima que a su respecto no se aplica la Ley de Transparencia.

c) Atendido que esta revisión se materializa a través del envío de un correo electrónico, remitido desde las Secretarías Regionales a la División Legal, se estimó que concurrían las causales legales para negar el acceso a los mismos, ya que la Ley de Transparencia da acceso a conocer los procedimientos para la dictación de un acto administrativo -en esta caso la Circular N° 31 de 2015-, pero en ningún caso esto implica que se puedan entregar comunicaciones de carácter privado, como el mismo recurrente reconoce que tienen los correos electrónicos y que indica no le interesa conocer su contenido.

d) Se alegan las causales de reserva de los artículos 21 N° 1 y N° 2, de la Ley de Transparencia, en base a la jurisprudencia de este Consejo -amparos roles C533-16, C474-17, C2810-17-.

e) Por último, respecto a la supuesta falta de entrega de la Carta Gantt, se debe precisar que, de acuerdo a las Bases de Licitación que regulan las concesiones de Plantas de Revisión Técnica, sólo es obligación presentar una carta Gantt con el Plan de Trabajo al momento de presentar la oferta técnica, no siendo requisito presentar una nueva carta Gantt al momento de solicitar una prórroga de la puesta en marcha de los servicios. En este sentido, se debe precisar que en la prórroga por la cual se consulta no se presentó una nueva carta Gantt, sino solo un documento que "Informaba estado de avance en Plantas de Revisión Técnica de concesión N° 8, del mes de octubre 2018", documento que fue enviado al recurrente, pero que la Secretaría Regional denominó carta Gantt, lo que produjo la confusión.

5) DESCARGOS U OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS AFECTADOS: Atendido lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, esta Corporación, mediante Oficios N° 821 y N° 822, ambos de 2 de mayo de 2019, notificó a los terceros involucrados el presente reclamo, adjuntando copia del mismo y sus documentos fundantes, requiriéndoles que hicieran mención expresa a los derechos que les asisten, y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información solicitada.

Mediante escrito ingresado con fecha 15 de mayo de 2019, doña Paola Vásquez Fierro, en su calidad de tercero, se opuso a la entrega de los correos electrónicos, señalando, en síntesis, que éstos no constituyen información pública, ya que no tienen carácter de actos administrativos o de resoluciones, ni constituyen fundamentos o documentos que sirvan de sustento o complemento directo o esencial a un acto o resolución, así como tampoco se encuentran contenidos en un expediente, acta, acuerdo u otro. Dichos correos no serían susceptibles de ser conocidos por vía de una solicitud de acceso a la información pública. No se cumplen los supuestos constitucionales ni legales para entender que este tipo de comunicaciones tienen el carácter de públicas, según lo prescrito en el inciso segundo del artículo 8° de la Carta Fundamental, así como los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia. Cita jurisprudencia de este Consejo al efecto. Por último, se cita la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 5 de la Constitución Política de la República (inviolabilidad de toda forma de comunicación privada) y N° 4 (respeto y protección a la vida privada). Finalmente, indica que se configura la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

Por escrito ingresado con fecha 16 de mayo de 2019, don Felipe Úbeda Ahumada, en su calidad de tercero, se opuso a la entrega de los correos electrónicos, invocando la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con las garantías constitucionales del artículo 19 N° 4 y N° 5 de la Carta Fundamental, por similares argumentos a los citados precedentemente.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la falta de entrega de lo requerido en los literales c) y d), de la solicitud de información.

2) Que, a modo de contexto, se debe indicar que mediante Resolución N° 251, de 2012, modificada posteriormente por las Resoluciones N° 83 y N° 178, ambas de 2013, todas del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, se aprobaron las Bases de Licitación Pública para otorgar concesiones para operar establecimientos que practiquen revisiones técnicas de vehículos. En particular, mediante Resolución N° 3, de 2017, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, se llamó a licitación pública para otorgar dichas concesiones para operar los referidos establecimientos que practiquen dichos servicios en la Región de Valparaíso. A su turno, mediante Resolución N° 2232, de 2017, de la SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Valparaíso, se adjudicó la concesión N° 8, para operar dos plantas revisoras en la región de la Valparaíso al concesionario "Systech Chile Ltda.". Posteriormente, mediante Resolución Exenta N° 2922, de 2017, de ese órgano, se aprobó el contrato de concesión entre la empresa adjudicataria y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Por su parte, revisadas las referidas Bases de Licitación, el punto 2.2.14, párrafo primero, establece que "El hito de puesta en marcha de las plantas revisoras se alcanza sólo cuando se ha dado total cumplimiento a las siguientes etapas: a) Construcción, instalación y equipamiento de la planta revisora; b) Informe Vial Básico debidamente aprobado por el Secretario Regional competente; y, c) Marcha Blanca". Además, el punto 2.2.14, párrafo quinto, prescribe en lo que interesa: "El concesionario que por causa justificada no pudiere cumplir con la puesta en marcha en los plazos establecidos en las etapas señaladas, deberá solicitar fundadamente al Secretario Regional que fije una nueva fecha, quien podrá aceptar o rechazar la solicitud mediante Resolución fundada, debiendo aprobarla necesariamente cuando se trate de fuerza mayor. La aceptación o rechazo de la solicitud se hará teniendo a la vista el cumplimiento de los distintos hitos definidos en el Plan de Trabajo que señala el punto 2.2.7.1." (énfasis agregado).

3) Que, complementando lo anterior, cabe agregar que mediante Oficio Circular N° 031, de 9 de junio de 2015, del Subsecretario de Transportes, dirigido a las Secretarías Regionales Ministeriales de Transportes y Telecomunicaciones del país, se impartieron instrucciones a las autoridades regionales respecto del rol que corresponde a éstas como contrapartes de los contratos de concesión para operar plantas de revisión técnica, especialmente, en lo relativo a instar a los concesionarios al cumplimiento de los plazos establecidos en los respectivos acuerdos celebrados entre el órgano y los adjudicatarios de concesión. En lo que interesa al presente análisis, dicho instructivo precisa lo siguiente: "(...) una reciente Investigación de la Contraloría Regional de la II Región señala que las Resoluciones que autorizan las prórrogas de puesta en marcha no se encuentran debidamente fundadas". Sobre este punto se debe indicar que, la Investigación Especial N° 382, de 2015, de la Contraloría Regional de Antofagasta -que sirvió de antecedente al referido Oficio Circular- tuvo por objeto verificar diversas irregularidades administrativas referidas al proceso de licitación y puesta en marcha de las plantas de revisión técnica adjudicadas en la Región de Antofagasta. En lo sustantivo, se denunció en su oportunidad que no se habrían acatado los plazos establecidos en las bases para poner en marcha las concesiones adjudicadas, habiendo transcurrido más de un año desde la fecha en que se aprobaron los respectivos contratos. Además, conforme la denuncia, los hechos darían cuenta de eventuales negligencias por parte de la Autoridad, puesto que por diversas resoluciones administrativas se infringió lo establecido en las bases y en los respectivos convenios. Ello, porque según se precisó, dicha repartición pública habría otorgado hasta cuatro prórrogas de plazo para la puesta en marcha de las plantas concesionadas, en circunstancias que en las bases se faculta para conceder solamente una. Asimismo, se expuso que se recurrió a fundamentos que son ajenos a los criterios establecidos en los pliegos de condiciones, llegando al extremo de amparar situaciones eventualmente ilegales.

4) Que, tendiendo especialmente presente dicho contexto específico, la Autoridad, a través del citado Oficio Circular instruyó expresamente el año 2015: "(...) en caso que un concesionario presente una solicitud de prórroga deberá verificarse la exactitud de los hechos que plantea como motivo del atraso en la implementación de la puesta en marcha, y que los documentos que acreditan dicha circunstancia cumplan con las formalidades exigidas. En este sentido las resoluciones que dispongan de una prórroga deberán ser remitidas en forma previa a su dictación, vía correo electrónico, a la División Legal para revisión, debiendo adjuntar además todos los antecedentes fundantes de tal prórroga".

5) Que, atendido lo expuesto, luego, lo solicitado en el literal c) del requerimiento se relaciona con la solicitud de prórroga para la puesta en marcha de las plantas revisoras que presentare un concesionario ante la SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Valparaíso, conforme autoriza lo dispuesto en el numeral punto 2.2.14, párrafo quinto, de las citadas Bases de Licitación Pública. Específicamente, aquello que fue denegado corresponde a la "copia de la comunicación dirigida desde la SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones de Valparaíso a la División Legal del Ministerio y la respuesta de la División Legal", cuestión que debe entenderse circunscrita, al o los correo (s) electrónico (s) -que la Circular N° 031, de 2015, expresamente exigía enviar- mediante el (los) cual(es) se remitieron desde la SEREMI de Transportes de Valparaíso -en forma previa a su dictación- hacia la División Legal del Ministerio, la propuesta de resolución que dispuso una prórroga a la División Legal para la respectiva revisión por dicho Departamento, y a su turno, la respuesta otorgada a esa comunicación por parte de la mencionada División Administrativa.

6) Que, las comunicaciones requeridas se realizaron por medio de correos electrónicos, los cuales fueron denegados por el órgano reclamado, en virtud de las causales de reserva prescritas en los artículos 21 N° 1 y N° 2, de la Ley de Transparencia, en base a la jurisprudencia que cita de este Consejo. Por su parte, los terceros afectados alegaron la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con las garantías fundamentales consagradas en el artículo 19 N° 4 y N° 5 de la Constitución Política de la República, además de diversa jurisprudencia de este Consejo referida a la reserva de correos electrónicos.

7) Que, respecto a la alegación del órgano en orden a que el reclamante aclararía en su amparo que no pretendía tener acceso a ningún correo electrónico -a los que el mismo les concedería el "carácter privado", por cuanto a través de su requerimiento pretendía conocer si el procedimiento instruido se respetó o no, esta Corporación advierte que, de la revisión del reclamo presentado, no se desprende que el reclamante haya renunciado expresamente a su solicitud original de información respecto de esta parte de lo requerido. En efecto, lo solicitado corresponde, precisamente, a la copia de la comunicación entre la SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones de Valparaíso y la respuesta de la División Legal del Ministerio, respecto a la revisión de la Resolución sobre solicitud de prórroga para la puesta en marcha de plantas revisoras por parte de un determinado concesionario, comunicaciones que, conforme fuere instruido expresamente en el procedimiento administrativo reglado mediante Oficio Circular N° 031, deben ser remitidas imperativamente vía correo electrónico (párrafo quinto de Oficio Circular N° 031). Por lo anterior, la alegación y errada interpretación que hiciere el órgano respecto de la presentación del reclamante será desestimada. Asimismo, esta Corporación hace presente al órgano que, la mera afirmación y certificación que hace la Subsecretaría en su escrito de descargos, en orden a que el procedimiento contemplado en el Oficio Circular N° 31 de 2015, se habría cumplido íntegramente en el caso consultado, no permite satisfacer el requerimiento de información en los términos planteados, toda vez que lo requerido -como se ha expuesto- corresponde a las comunicaciones contenidas y regladas en un determinado procedimiento administrativo.

8) Que, establecido lo anterior, se hace presente que el artículo 5° de la Ley N°19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, consagra el Principio de escrituración, en virtud del cual "El procedimiento administrativo y los actos administrativos a los cuales da origen, se expresarán por escrito o por medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija o permita otra forma más adecuada de expresión y constancia".

9) Que, el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por otra parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales (énfasis agregado).

10) Que, a juicio de este Consejo, del análisis de los antecedentes; el marco regulatorio descrito; y, especialmente, el contexto que motivó en su oportunidad a la Autoridad Ministerial instruir a las Secretarías Regionales Ministeriales con el objeto que, remitieran a la División Legal del Ministerio todas las propuestas o borradores de resoluciones que dispongan una prórroga de puesta en marcha de una planta revisora, junto con todos los antecedentes fundantes de tal prórroga, con el objeto preciso de que dicha División Ministerial, a través de su equipo, procediera a su revisión, luego, es dable concluir que los correos electrónicos solicitados forman parte -por expresa instrucción de la Autoridad competente- de un procedimiento de validación de un acto administrativo final (Resolución que concede la prórroga de puesta en marcha de la planta revisora), debiéndose reiterar -al efecto- lo prescrito en el citado Oficio Circular que regula la materia, en cuanto a que: "las resoluciones que dispongan de una prórroga deberán ser remitidas en forma previa a su dictación, vía correo electrónico, a la División Legal para revisión". Lo anterior, da cuenta que lo solicitado constituye uno de los fundamentos del acto por medio del cual se dispuso la prórroga solicitada, en la medida que se vinculan necesariamente al referido acto administrativo, al constituir comunicaciones destinadas a obtener y otorgar el visto bueno respectivo de parte de la División Legal, sin el cual, éste no habría nacido a la vida del derecho.

11) Que, así las cosas, de los antecedentes del caso particular, se concluye que los correos electrónicos requeridos deben dar cuenta única y exclusivamente -tal como lo reconoce el órgano- de las comunicaciones instruidas y regladas, sostenidas entre la SEREMI de la Región de Valparaíso y la División Legal del Ministerio, con el único y específico objeto de obtener la revisión de un acto administrativo final (Resolución que concede la prórroga de puesta en marcha de la planta revisora), cuestión que dado el contexto de la instrucción formal y reglada impartida por la Autoridad Ministerial, excluye la posibilidad de envío de comunicaciones con contenido de carácter privado para este caso particular. En tal contexto, cabe consignar que este Consejo de manera unánime se ha pronunciado a favor de la publicidad de los emails que constituyen el o los fundamentos de un acto o decisiones administrativas y con mayor razón de aquellos actos que consten en dicho medio electrónico. Ello por aplicación de lo dispuesto en los artículos 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, artículo 5°, inciso primero y artículo 10 de la Ley de Transparencia. Así se ha resuelto además en las decisiones recaídas en los amparos Roles C864-12, C1320-12, C2757-17, C2128-18, entre otras. Adicionalmente, cabe hacer presente que este criterio ha sido ratificado por la Excma. Corte Suprema en la sentencia recaída en el Recurso de Queja Rol 4060-2013 caratulada "Subsecretaría de Transportes con CPLT".

12) Que, atendido lo razonado precedentemente, dado que en la especie no se verificaría una afectación presente o probable y con suficiente especificidad del debido cumplimiento de las funciones del órgano ni tampoco a la esfera de la vida privada de los funcionarios titulares de las casillas electrónicas involucrados en este procedimiento, se acogerá el amparo en este punto, ordenándose la entrega de las comunicaciones requeridas; previa reserva de cualquier dato personal de contexto incorporado en la información pedida, como por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en la ley N° 19.628 sobre protección a la vida privada, así como de las casillas de correo electrónico de los funcionarios involucrados en las comunicaciones cuya entrega se ordena, por tratarse de un dato que la jurisprudencia de este Consejo sostenidamente ha reservado, a partir de la decisión de amparo Rol C136-13, por estimar que su divulgación puede entorpecer el debido funcionamiento de los órganos al obviar los sistemas o canales oficiales de contacto que hayan implementado en sus plataformas electrónicas. Lo anterior, en virtud de las atribuciones otorgadas a este Consejo por el artículo 33, letras j) y m), de la citada Ley de Transparencia y el principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11, letra e), del mismo cuerpo legal.

13) Que, por último, respecto de lo requerido en la letra d), referido a la falta de entrega de copia de Carta Gantt que deberá ser controlada por la SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones de Valparaíso en el nuevo período, el órgano explicó fundadamente en sus descargos que de acuerdo a las ya citadas Bases de Licitación, sólo es obligación presentar una carta Gantt con el Plan de Trabajo al momento de presentar la oferta técnica, no siendo requisito presentar una nueva Carta Gantt al momento de solicitar una prórroga de la puesta en marcha de los servicios. Agrega "(...) se debe precisar que en la prórroga por la cual se consulta no se presentó una nueva Carta Gantt, sino solo un documento que "Informaba estado de avance en Plantas de Revisión Técnica de Concesión N° 8, del mes de Octubre de 2018", documento que fue remitido al recurrente, que la SEREMI denominó "Carta Gantt", cuestión que produjo la confusión del solicitante". Dado lo anterior, concluye que no existe Carta Gantt presentada para la solicitud de prórroga, ya que no es requisito exigible de acuerdo a las Bases de Licitación.

14) Que, al respecto, se ha de seguir lo resuelto por este Consejo a partir de la decisión de amparo Rol C533-09 en adelante. En dicha decisión, se resolvió que la información cuya entrega puede ordenar, debe contenerse "en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos" o en un "formato o soporte" determinado, según dispone el inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Transparencia. Por tal motivo, y no existiendo antecedentes que permitan desvirtuar lo expuesto por la reclamada en esta sede -referido a la inexistencia de la información consultada- no resulta procedente requerir al órgano que haga entrega de información que de acuerdo a lo señalado, no obraría en su poder. Por lo tanto, el amparo en esta parte será rechazado.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Moisés Alaluf en contra de la Subsecretaría de Transportes, por los fundamentos señalados precedentemente.

II. Requerir al Sr. Subsecretario de Transportes:

a) Entregar al solicitante copia de la(s) comunicación(es) (correos electrónicos) solicitadas, enviado(s) entre la SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones de Valparaíso y la División Legal del Ministerio, reguladas expresamente en el Oficio Circular N° 031, de 2015, del Sr. Subsecretario de Transportes.

Con todo, en forma previa a la entrega, se deberá tarjar cualquier dato personal de contexto incorporados en la información pedida, como por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en la ley N° 19.628, así como las casillas de correo electrónico de los funcionarios involucrados en las comunicaciones cuya entrega se ordena, por los fundamentos ya expuestos.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Rechazar el amparo en lo que referido a la letra d) de la solicitud, por cuanto no existe una Carta Gantt distinta de aquella que fuere entregada, en los términos planteados en el requerimiento.

IV. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Moisés Alaluf, al Sr. Subsecretario de Transportes y a doña Paola Vásquez Fierro y don Felipe Úbeda Ahumada, estos últimos en calidad de terceros afectados.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Marcelo Drago Aguirre. El Consejero don Francisco Leturia Infante no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Ricardo Sanhueza Acosta.