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Catalina Andrea Gaete Salgado con ARMADA DE CHILE Rol: C3086-19

Consejo para la Transparencia, 10/03/2019

Se acoge el amparo deducido en contra de la Armada de Chile, requiriendo la entrega de la Hoja de Vida y Calificaciones del exfuncionario por cuyos antecedentes se consultan, debiendo tarjar, en forma previa, los datos personales de contexto contenidos en ésta -domicilio, teléfono, correo electrónico, RUN-, como también los referidos a datos sensibles, las sanciones prescritas o cumplidas y aquellos referidos a su cónyuge. Lo anterior, toda vez que se trata de información pública que obra en poder del órgano, acerca del desempeño funcionario, respecto de la cual no se acreditó que su divulgación afecte las funciones del órgano, la Seguridad de la Nación, el interés nacional, los derechos de las personas, la vida privada ni el derecho a la honra del funcionario y su familia. Se representa a la Armada de Chile su falta de colaboración en la tramitación del presente amparo, al no remitir bajo reserva a este Consejo para su análisis, la información reclamada. Aplica criterio contenido en las decisiones Roles C727-18, C1579-18, C1617-18, C1961-18, C2047-18, C2048-18 y C1222-19, entre otras.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento

Sentencias o resoluciones sobre esta decisión:




Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3086-19

Entidad pública: Armada de Chile

Requirente: Catalina Andrea Gaete Salgado

Ingreso Consejo: 29.04.2019

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de la Armada de Chile, requiriendo la entrega de la Hoja de Vida y Calificaciones del exfuncionario por cuyos antecedentes se consultan, debiendo tarjar, en forma previa, los datos personales de contexto contenidos en ésta -domicilio, teléfono, correo electrónico, RUN-, como también los referidos a datos sensibles, las sanciones prescritas o cumplidas y aquellos referidos a su cónyuge.

Lo anterior, toda vez que se trata de información pública que obra en poder del órgano, acerca del desempeño funcionario, respecto de la cual no se acreditó que su divulgación afecte las funciones del órgano, la Seguridad de la Nación, el interés nacional, los derechos de las personas, la vida privada ni el derecho a la honra del funcionario y su familia.

Se representa a la Armada de Chile su falta de colaboración en la tramitación del presente amparo, al no remitir bajo reserva a este Consejo para su análisis, la información reclamada.

Aplica criterio contenido en las decisiones Roles C727-18, C1579-18, C1617-18, C1961-18, C2047-18, C2048-18 y C1222-19, entre otras. 

En sesión ordinaria N° 1080 del Consejo Directivo, celebrada el 10 de marzo de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C3086-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 28 de marzo de 2019, doña Catalina Andrea Gaete Salgado solicitó a la Armada de Chile "Hoja de calificaciones y hoja de vida del funcionario Valentín Alfonso Díaz Gracia (...) Si la hoja de vida solicitada contiene información sobre diagnósticos médicos y/o estados de salud, solicito que esta información sea tarjada, de acuerdo al principio de divisibilidad, establecido en el Artículo 11 de la Ley 20.285...".

2) RESPUESTA: La Armada de Chile mediante ordinario N° 12900/390, de fecha 25 de abril de 2019, informó que en atención a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, notificaron la solicitud de acceso al Capitán de Navío AB (R) Sr. Valentín Díaz Gracia. Así, mediante presentación, de fecha 10 de abril de 2019, aquel señaló "en resumen que los documentos requeridos, contienen información tanto profesional militar como personal y familiar, datos que evidentemente podrían ser mal utilizados al caer en manos de terceros cuyas intensiones se desconocen, lo anterior vulnera su derecho fundamental consagrado en el Art. 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en relación a lo dispuesto por la Ley N° 19.628, "Sobre Protección a la Vida Privada", por lo que de acuerdo al deber de reserva consagrado en el Art. 21 N° 2 de la Ley N° 20.285, "Sobre Acceso a la Información Pública", dicha información no debe ser entregada. Asimismo, argumentó secreto o reserva militar, como se indica más adelante".

Así, al existir oposición debidamente justificada, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, es su deber guardar secreto de los antecedentes personales y/o sensibles, según prescribe el artículo 7 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada - en adelante ley N° 19.628-, el artículo 21 N° 2 y N° 5 de la Ley de Transparencia, y teniendo presente la garantía contenida en el en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República.

Por otra parte, hacen presente que la información solicitada consigna hechos propios del servicio concerniente a la preparación y capacitación militar, que responden al estándar con que son preparados para operar en la Institución que, en otras palabras, dicen directa relación con el debido cumplimiento de sus funciones, rol, misión y estándares en los que operan para la seguridad y defensa nacional. De esta manera, acceder a la entrega de los antecedentes solicitados, implicaría transgredir normativa explícita concerniente a la Defensa Nacional que mandata el artículo 101 de la Constitución Política de la República e incurrir en algunos de los tipos penales, contenidos en los artículos 255 y siguientes del Código de Justicia Militar.

De esta manera, consideran que "no sólo se trata de información relativa al personal de las Fuerzas Armadas cuyo secreto lo dispone el Art. 436 N° 1 del Código de Justicia Militar, sino que fundamental y, para estos efectos, en los Arts. 21 N° 1, 3, 4 y 5 de la Ley de Transparencia, en relación al Art. 34 letras a) y b) de la Ley N° 20.424, "Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional"."

3) AMPARO: Con fecha 29 de abril de 2019, doña Catalina Andrea Gaete Salgado dedujo amparo a su derecho de acceso en contra de la Armada de Chile, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Comandante en Jefe de la Armada de Chile mediante oficio N° E8.836, de fecha 1° de julio de 2019, solicitando que al momento de formular sus descargos, se refiera a lo siguiente: (1°) causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información; (2°) detalle cómo la entrega de aquella afectaría la seguridad de la Nación; (3°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos del tercero; (4°) acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación de éste; (5°) proporcione los datos de contacto de aquel -por ejemplo: dirección, número telefónico y correo electrónico-, a fin de dar aplicación a los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento; y, (6) remita copia íntegra de la hoja de vida y calificaciones solicitadas.

El órgano reclamado por medio de ordinario N° 12900/717CPLT, de fecha 17 de julio de 2019, remitió sus descargos en los que reiteró lo señalado en su respuesta, agregando que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 101 de la Constitución Política de la República de Chile, son pilares fundamentales de las Fuerzas Armadas: el mando, la jerarquía y disciplina. De igual forma, dicha norma indica que aquellas son esencialmente obedientes y no deliberantes, profesionales, jerarquizadas y disciplinadas, las que existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional, ordenando que la Ley Orgánica Constitucional, regule normas básicas referidas a la antigüedad, mando y sucesión de mando. Así, consideran que la publicidad de las Hojas de Vida, ponen en peligro todos estos pilares y con ello, las bases de las Fuerzas Armadas y, consecuentemente, la Seguridad y Defensa Nacional.

Las Hojas de Vida forman parte del Sistema de Calificación y Proceso de Selección de las instituciones Armadas, así de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 24 y 26 de la ley N° 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, corresponde a las Juntas de Selección de Oficiales el conocimiento, estudio y valorización de las calificaciones, todo lo cual se ejecuta en sesiones que son secretas que constan en actas que son, también, secretas. De lo anterior consideran que fluye que los antecedentes que sirven de bases para las resoluciones adoptadas por dichos órganos, en ningún caso, pueden constituir información pública. De esta manera, el tratamiento que se les da a las Hojas de Vida, en toda la Carrera militar es reservada para el conocimiento único del militar y sus evaluadores, no solo por su contenido, sino por el daño y mal uso que se puede hacer en caso de su divulgación.

Agregan, que las Hojas de Vida contienen información de funcionarios militares, no solo personal, sino que principalmente, relativa a su preparación, capacitación, formación, especialidad y funciones asumidas a lo largo de una carrera militar. Así como también, las cualidades, atributos y debilidades tanto militares y personales; destinaciones militares, ya sea nacionales e internacionales; sanciones y otras anotaciones que consideran que pueden dar cuenta de debilidades estratégicas como lo son, resultados de sumarios, sanciones y otros, relativos a su desempeño y que dicen relación con material de guerra o capacidades estratégicas. De esta forma, estiman que dan cuenta de hechos propios del estándar militar con que son preparados para operar y dicen directa relación con el debido cumplimiento de las funciones, rol, misión y estándares en los que opera la Armada de Chile; cuyo secreto se ve reflejado en el artículo 34 letras a) y b) de la ley N° 20.424 y artículo 21 N° 1, 2, 3, 4 y 5 de la Ley de Transparencia.

Por otra parte, sostienen que la Hoja de Vida de cualquier funcionario público no militar dice relación, principalmente, con su desempeño funcionario en general. Sin embargo, en el caso de los militares, además de registrarse datos de las funciones militares, se incorporan otros datos de carácter personal e íntimo, entendiéndose por tales a aquellos que el legislador ha denominado datos sensibles en el artículo 2 letra g) de la ley N° 19.628. Por lo que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 7 de la ley mencionada, su obligación de resguardo no cesa, cualquiera sea la razón de término de las actividades de los funcionarios, sin importar el tiempo transcurrido, ya que lo que se está protegiendo es un derecho fundamental garantizado por la Constitución en el artículo. 19 N° 4, lo que esta relacionado con la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, citando jurisprudencia de este Consejo en tal sentido.

Además, hacen alusión al denominado "derecho al olvido", pues consideran que lo pedido se trata de información personal que, por el lapso del tiempo, ha perdido su finalidad y por consecuencia, debe ser olvidada, sobre todo si ellos se oponen expresamente, evitando la "persecución constante del pasado". Por lo tanto, consideran que no se debe omitir el hecho de que este funcionario cesó en su cargo, por lo que hoy gozan del derecho al olvido respecto de la información contenida en dichas Hojas de Vida.

Finalmente, sostienen que las Hojas de Vida forman parte del Sistema de Calificación y Proceso de Selección de las instituciones Armadas, por lo que, han tenido y tienen un carácter reservado, en que sólo tiene conocimiento quien evaluó al funcionario y el evaluado, al que se le ha comunicado y garantizado que la información contenida en ella será resguardada. Por el contrario, estiman que su publicidad vulnera el principio de la protección de la confianza legítima instaurado en nuestro ordenamiento jurídico, detallando aquel.

En consecuencia, de conformidad al artículo 21 N° 1, N° 2, N° 3, N° 4 y N° 5 de la Ley de Transparencia, al artículo 101 de la Constitución Política de la República de Chile, al artículo 34, letras a) y b) de la ley N° 20.424 y al artículo 436 N° 1, del Código de Justicia Militar, a las Garantías Constitucionales del Art. 19 N°s 4, 5, 24 y 26 de la Carta Fundamental, como asimismo, sus artículo 6 y 7, el artículo 7 de la ley N° 19.628, es que se encuentran impedidos de acceder a la entrega de los antecedentes pedidos.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INVOLUCRADO: En conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación acordó conferir traslado del amparo deducido al ex funcionario por el cual se consulta, mediante oficio N° E10.021, de fecha 27 de julio de 2019, en su calidad de tercero a quien se refiere la información solicitada, a fin de que presente sus descargos y observaciones a este amparo.

Don Valentín Díaz Gracia por medio de presentación ingresada con fecha 12 de agosto de 2019, reiteró su oposición a la entrega de la información solicitada, manifestada ante el órgano reclamado, refiriéndose al sistema de calificación anual y hojas de vida del período en que estuvo en la Armada de Chile - 1980 a 2011-, pues desconoce el actual sistema. Así señala, que "La Hoja de Vida y calificación anual es un hecho trascendente para cada Oficial de la Armada, va registrando paso a paso su desempeño profesional, desempeño militar y aspectos de su vida personal y familiar. Para el Superior Militar que califica, constituye un desafío permanente ir registrando todos los aspectos relevantes de cada uno de sus Oficiales subordinados, aspectos tanto positivos como negativos. En definitiva, va delineando la carrera del Oficial, siendo trascendente para los futuros ascensos y destinaciones. En la hoja de vida se van registrado los aspectos relacionados con sus desempeños como Jefe de Departamento o Jefe de División, en específico para mi caso, se registró mi desempeño como Oficial de Abastecimiento, Finanzas, Alimentación, Bienestar, mi liderazgo y mi grado de éxito en todos los puestos en que estuve. Hasta ahí todo bien y nada que no se pueda informar públicamente. Sin embargo, la Hoja de vida registra otros antecedentes. Se registran los cursos, entrenamientos, capacitaciones y evaluaciones de ejercicios en los puestos operativos en los buques de combate de la Armada. (...) En mi hoja de vida se registró cuáles fueron los cursos que hice para cubrir ese puesto, en cuales ejercicios participé y, lo más sensible, cuál fue mi grado de entrenamiento y acierto. Si alguien pudiera acceder a esta información y a la de un grupo similar de Oficiales, podría extrapolar cual es el verdadero nivel de entrenamiento de los Oficiales de control de averías de la Armada de Chile".

Además, señala que la hoja de vida contiene información personal y familiar, esto es, su conducta y comportamiento en su vida privada, en eventos sociales, de camaradería, como era su vida familiar, con quien se casé y varios aspectos más, incluida su presentación personal, uso del uniforme, como se vestía, su estado físico, sobrepeso, salud, enfermedades, licencias médicas, endeudamiento, etc. En definitiva, sostiene que, en un período anual de calificación, en promedio, un Oficial tiene más de 12 anotaciones de mérito, cada una con una redacción de más de 8 líneas. El proceso de evaluación termina con el cierre de la hoja de vida, pasando a la calificación anual, la que considera aspectos profesionales, militares, personales, de salud y familiares, con notas de 1 a 7 para cada uno de los 30 acápites evaluados, traduciéndose en la clasificación de listas 1 a la 4.

Por otra parte, informa que, a partir del 15 de julio de 2019, fue nombrado Director Nacional de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (CENABAST), escogido por medio del sistema de Alta Dirección Pública. Señalando que "Entiendo y acepto que mi accionar es público, debe ser probo y transparente, pudiendo cualquier particular requerir los antecedentes que estime pertinente. Sin embargo, en este caso podemos encontrar un mal uso y una mala intención del uso de datos", haciendo alusión a que la reclamante escribió un artículo periodístico respecto de su persona, realizando también publicaciones en sus redes sociales en tal sentido.

Y CONSIDERANDO:

1) Que el presente amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud, atendida la oposición manifestada por el exfuncionario cuya hoja de vida y calificaciones se requiere en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. Así como también, por tratarse de información reservada de acuerdo a lo establecido en artículo 21 N° 1, N° 2, N° 3, N° 4 y N° 5 de la ley citada; al artículo 19 N° 4 y N° 5 de la Constitución Política de la República; al artículo 34 letras a) y b) de la ley N° 20.424; al artículo 436 N° 1 del Código de Justicia Militar y al artículo 7 de la ley N° 19.628.

2) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales.

3) Que, el artículo 79 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1997, del Ministerio de Defensa Nacional, que estableció el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, "La hoja de vida es el documento que contiene un registro cronológico de todas las actuaciones del personal que incidan directamente en su desempeño durante el correspondiente período de calificación. En ella se efectuarán tanto las anotaciones de mérito como de demérito que lo afecten, como asimismo las que correspondan a su vida funcionaria, tales como, feriados, licencias, comisiones de servicio, resoluciones recaídas por investigaciones sumarias administrativas y sentencias definitivas en causas civiles y criminales. Podrá contemplar también todo otro antecedente que se considere útil para la posterior evaluación del personal, siempre que corresponda al período de calificación de que se trate".

4) Que, este Consejo ha sostenido reiteradamente que, atendido el tipo de función que desempeñan los servidores públicos, éstos están sujetos a un nivel de escrutinio de una entidad mayor, que supone un control social más intenso respecto de sus antecedentes profesionales. Luego, y en base a la referida premisa, ha ordenado la entrega de instrumentos de medición de desempeño, registros de asistencia, currículum vítae, liquidaciones y otros similares. Sobre este punto y a mayor abundamiento, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en los artículos 8° de la Constitución Política de la Republica y 3° de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser funcionarios públicos al servicio de la misma. Criterio contenido en las decisiones rol C727-18, C1579-18, C1617-18, C1961-18, C2047-18, C2048-18 y C1222-19, entre otras.

5) Que, los antecedentes requeridos en la especie fueron elaborados con presupuesto público, y han servido -tal como lo reconoce el órgano y el tercero- de fundamento de resoluciones dictadas por la Armada de Chile en los respectivos procesos calificatorios del funcionario a que se refiere el requerimiento, y, además, obran en poder de la Administración del Estado, por lo que, en virtud de lo dispuesto en los artículos 5, 10 y 11 letra c) de la Ley de Transparencia, constituye información que posee el carácter de información pública, salvo que concurra a su respecto alguna causal legal de secreto o reserva.

6) Que, con la finalidad de examinar en concreto la información solicitada, este Consejo solicitó a la reclamada, remitir copia íntegra de la hoja de vida y calificaciones requerida. Sin embargo, no dio cumplimiento a lo pedido, limitándose a efectuar una descripción genérica de la información contenida en dicho tipo de documentos. Así las cosas, la Armada de Chile ha situado a esta Corporación en la imposibilidad de analizar los antecedentes en concreto y ponderar las alegaciones que tanto la institución como el tercero involucrado han realizado respecto de las hipótesis de reserva que estiman aplicables, no obstante haberse señalado expresamente que dicho requerimiento se efectuaba conforme con lo dispuesto por el artículo 26 de la citada ley, esto es, manteniendo el carácter reservado de la información en tanto se tramitara este amparo y, por cierto, una vez resuelto éste, si se declarara -en definitiva- su carácter secreto, siendo sólo pública en la medida que la decisión definitiva declarase tal calidad y una vez ejecutoriada aquélla. Lo anterior, será representado al Sr. Comandante en Jefe de la Armada de Chile en lo resolutivo de la presente decisión, como una falta a la debida colaboración por parte de los órganos del Estado, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley de Transparencia.

7) Que, respecto de las hipótesis de reserva previstas en el artículo 21 N° 1, N° 3, N° 4 y N° 5 de la Ley de Transparencia, esta última en relación con el artículo 436 del Código de Justicia Militar y, especialmente, el artículo 34 letras a) y b) de la ley N° 20.424, es menester indicar que el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación -de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 21 de la Ley de Transparencia- debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se presume sino que debe ser acreditado por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad. En la especie, el órgano reclamado sólo ha realizado alegaciones genéricas sobre la materia, y no ha acreditado de qué modo concreto ni específico la entrega de los datos requeridos pueda afectar los bienes jurídicos cautelados por dichos preceptos, en el caso concreto. De hecho, es el exfuncionario por cuya hoja de vida y de calificaciones se consulta, quien nos informa que se desempeñó como "Oficial de Abastecimiento, Finanzas, Alimentación, Bienestar" durante el periodo que va del año 1980 a 2011.

8) Que, en efecto, respecto de las causales precisas de reserva alegadas por el órgano, es menester señalar que el artículo 34 letras a) y b) de la ley N° 20.424, prescribe: "Los actos y resoluciones presupuestarios de la defensa nacional son públicos. Los fundamentos de los actos y resoluciones presupuestarios de la defensa nacional, incluidos los que acompañan el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público, serán secretos o reservados en todo lo relativo a: a) Planes de empleo de las Fuerzas Armadas; b) Estándares en los que operan las Fuerzas Armadas (...)". Luego, procede ponderar el alcance del precitado artículo como motivo de reserva, debiendo adoptarse una interpretación restrictiva de la misma -al tratarse de una limitación de un derecho constitucional-, que delimite su alcance, para de ese modo evitar que se desvirtúe su carácter excepcional como regla de secreto. En tal orden de ideas, para este Consejo la información pedida no se vincula directamente con los planes de empleo de las Fuerzas Armadas ni los estándares en los que operan.

9) Que, de esta forma, la hipótesis de reserva en análisis no resulta aplicable a la información objeto del presente amparo, toda vez que la referida norma establece un nuevo esquema con respecto al tratamiento público o reservado del presupuesto y/o ciertas adquisiciones efectuadas por las Fuerzas Armadas, estableciendo con precisión los márgenes de la reserva cuando ésta resulta aplicable, la que en ningún podría vincularse a hojas de vida y calificaciones de los funcionarios que forman parte de dichas Instituciones. Más considerando que se trata de antecedentes relativos a un funcionario que hace más de 9 años se encuentra en retiro.

10) Que, a su turno, el órgano denegó la entrega de la información solicitada, por aplicación de la causal de secreto del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo prescrito en el artículo 436, numeral 1°, del Código de Justicia Militar. Al efecto, dicha disposición prescribe: "Se entiende por documentos secretos aquellos cuyo contenido se relaciona directamente con la seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas y entre otros: 1.- Los relativos a las Plantas o dotaciones y a la seguridad de las instituciones de las Fuerzas Armadas o de Carabineros de Chile y de su personal (...)". En este punto, cabe hacer presente que este Consejo, a partir de la decisión del amparo Rol C45-09, ha establecido que el si bien dicho artículo, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia (y puede por tanto ser objeto de reconducción formal), es igualmente menester determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente (es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material).

11) Que, la reconducción material señalada debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política, esto es, debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, derechos de las personas, seguridad de la Nación o el interés nacional. Pues bien, con respecto a la afectación de éstos y para justificar la causal de reserva alegada, la reclamada ha señalado que, en este caso se configura la causal de reserva establecida en el número 5 del artículo 21, en relación con el artículo 436 N° 1 del Código de Justicia Miliar, sin explayarse mayormente en tal sentido. Con todo, sobre el particular, la reclamada se limitado a señalar el contenido genérico de la Hoja de Vida como instrumento necesario para el desarrollo de sus funciones, sin efectuar ninguna invocación o alegación concreta relativa a cómo y por qué la divulgación de todo o ciertos datos contenidos en la documentación específicamente reclamada, provocaría un daño presente o plausible en la seguridad del Estado ni la Defensa Nacional. Tampoco ha fundado suficientemente la vinculación existente entre la protección de dichos bienes jurídicos -vía reserva de la información- y la seguridad de la institución ni de su personal.

12) Que, por lo anteriormente expuesto, aparecen infundadas las alegaciones del órgano para configurar la hipótesis de reserva descrita en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 34 letras a) y b) de la ley N° 20.424 y artículo 436 N° 1 del Código de Justicia Militar, respectivamente, razón por la cual serán desestimadas.

13) Que, a mayor abundamiento, el órgano ha invocado bajo las mismas alegaciones que también se configurarían las causales de reserva del artículo 21 N° 1, N° 3 y N° 4 de la Ley de Transparencia. Sobre la materia, además de tenerse por reproducidos los razonamientos descritos en los considerandos precedentes -que permiten desestimar las causales de reserva prescritas-, no logra acreditarse la afectación a los bienes jurídicos protegidos por dichas hipótesis de reserva. En otras palabras, tampoco se advierte de las alegaciones presentadas, cómo se afectarán el debido cumplimiento de las funciones del órgano, la seguridad de la Nación, particularmente en lo relativo a la Defensa Nacional o el interés nacional del país.

14) Que, en cuanto a la hipótesis de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en primer lugar, cabe señalar que las alegaciones efectuadas por la Armada de Chile sobre la materia no serán consideradas por carecer de titularidad para esgrimirla, toda vez que como se ha razonado aquélla está establecida en favor de los terceros a quienes se refiere la información, contando dichos terceros con el procedimiento de oposición establecido en el artículo 20 de la ley señalada, el cual fue aplicado en este caso.

15) Que, ahora bien, atendida la oposición formulada por el tercero involucrado, procede analizar la eventual afectación de sus derechos derivada de la publicidad de la información pedida, en el marco de lo establecido en la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Sobre el particular, se hace presente que tratándose de información que como se indicó es en principio pública, corresponde al tercero involucrado probar la concurrencia de la causal de excepción al principio general de publicidad invocada, debiendo acreditar una expectativa razonable de daño o afectación negativa de sus derechos, la que a su vez, debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la excepción al principio de publicidad de los actos de la Administración del Estado. En tal orden de ideas, analizados los argumentos utilizados, corresponde desestimar igualmente la causal de reserva invocada, toda vez que no efectuó alegación concreta respecto de cómo se vería afectado su "honor personal y de la familia" protegidos por la garantía constitucional dispuesta en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República. Además, se hace presente que dentro de los requisitos de admisibilidad del amparo no se encuentra la motivación o fundamentación de la solicitud de acceso, así como tampoco, el uso que podrá hacer el reclamante de aquella información, por lo que los argumentos esgrimidos en ese sentido se descartan por no ser atingentes para el caso.

16) Que, en consecuencia, al no configurarse las causales de reserva invocadas por la Armada de Chile y el tercero involucrado, fundadas en lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, 2, 3, 4 y 5 de la Ley de Transparencia, artículo 34 de la ley N° 20.434, y artículo 436 N° 1 del Código de Justicia Militar, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, requiriendo la entrega de la hoja de vida y calificaciones reclamada. Lo anterior, en aplicación del principio de divisibilidad contemplado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia, se deberá realizar, tarjando previamente de aquella, los datos personales de contexto, que en nada se relacionan con el cumplimiento de la función pública desempeñada, tales como el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, fotografía del funcionario, peso y altura, como también los referidos a las patologías médicas que afectaron o pudieron haber afectado al funcionario y aquello referidos a la religión que profesa, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 letras f) y g) y 4 de la ley N° 19.628. Asimismo, se deberán tachar las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de la misma ley; y los datos referidos su cónyuge. Todo ello, en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33 letra m) de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo interpuesto por doña Catalina Andrea Gaete Salgado en contra de la Armada de Chile, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente.

II. Requerir al Sr. Comandante en Jefe de la Armada de Chile, lo siguiente:

a) Hacer entrega a la reclamante de copia de la hoja de vida y calificaciones pedida. Lo anterior, previa reserva de todos aquellos datos personales que en nada se relacionan con el cumplimiento de la función pública desempeñada que puedan estar allí contenidos, tales como, el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, fotografía del funcionario, peso y altura, como también los referidos a las patologías médicas que afectaron o pudieron haber afectado al funcionario y aquello referidos a la religión que profesa. Asimismo, se deberán tarjar las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas y los datos referidos a su cónyuge.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Representar al Sr. Comandante en Jefe de la Armada de Chile su falta de colaboración en la tramitación del presente amparo, al no remitir bajo reserva a este Consejo para su análisis, la información reclamada. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reitere dichas actitudes e infracciones.

IV. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a doña Catalina Andrea Gaete Salgado, al Sr. Comandante en Jefe de la Armada de Chile y al tercero involucrado en el presente amparo.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.