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Patricio Rojas Sáez con SEREMI DE BIENES NACIONALES REGIÓN DE ATACAMA Rol: C396-12

Consejo para la Transparencia, 01/08/2012

Se dedujo amparo en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Atacama, fundado en que no se entregó la información solicitada relativa al procedimiento de saneamiento de la propiedad raíz iniciado por la persona que indica. El Consejo señaló que de acuerdo a la información entregada por el organismo reclamado y habiendo hecho presente dicho organismo que no fue efectuada la notificación en comento, cabe concluir que, en esta parte, la solicitud del reclamante se refiere a información inexistente, por lo que no cabe pronunciarse sobre su carácter público o reservado. Con todo, se deberá acoger el amparo en esta parte, sólo en cuanto el organismo no informó en su respuesta la inexistencia de dicha información, sin perjuicio de entenderla respondida con la notificación de la presente decisión.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente


Descriptores analíticos:

Tema Vivienda
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C396-12

Entidad pública: Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales,Región de Atacama

Requirente: Patricio Rojas Sáez

Ingreso Consejo: 20.03.2012

En sesión ordinaria N° 355 de su Consejo Directivo, celebrada el 13 de julio de 2012, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C396-12.

VISTOS:

Los artículos 5° inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; D.L. Nº 2.695, de 1979, que fija normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella; y, los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 10 de febrero de 2012 don Patricio Rojas Sáez, invocando su calidad de comunero del proyecto parcelación Piedra Colgada, bien común Nº 2, requirió a la Secretaria Regional Ministerial (en adelante también SEREMI) de Bienes Nacionales de la Región de Atacama, la siguiente información relativa al procedimiento de saneamiento de la propiedad raíz iniciado por la persona que indica:

a) Plano de subdivisión del bien común.

b) Memoria de deslindes.

c) Nombre del solicitante registrado en esa SEREMI.

d) Carta certificada en la cual se notifica a los comuneros.

e) Cualquier otro antecedente tendiente a clarificar las gestiones que realizó don Gabriel Guggiana Aguirre ante el organismo.

2) OPOSICIÓN DE TERCERO: Mediante presentación de 16 de febrero de 2012, don Gabriel Guggiana Aguirre se opuso a la entrega de la información solicitada, por cuanto se afectaría la esfera de sus derechos personales. Al efecto, indicó que la solicitud de saneamiento que él hiciera ante el servicio reclamado contendría datos personales de carácter sensible.

3) RESPUESTA: El 2 de marzo de 2012 la SEREMI de Bienes Nacionales de la Región de Atacama respondió a dicho requerimiento mediante el Ordinario Nº 394, de 27 de febrero de 2012, denegando el acceso a la información solicitada, por la oposición del tercero.

4) AMPARO: El 20 de marzo de 2012 don José Lizana Berguecio, en representación del solicitante, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Atacama, fundado en que:

a) De manera casual, tomó conocimiento que el tercero pretendía derechos sobre el bien común indicado en su solicitud, en circunstancias que por no ser dueño de parcela en el citado proyecto, no tendría derechos sobre éste.

b) En razón de lo anterior, y atendidas las gestiones iniciadas por el tercero al amparo del D.L. Nº 2.695, que fija normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella, la solicitud de la especie tiene como fundamento conocer cuáles son los antecedentes tenidos a la vista por la SEREMI para pronunciarse sobre su petición, debido a la amenaza al derecho de propiedad del solicitante.

c) En consecuencia, resulta curioso el fundamento de la denegación de la información, ya que la resolución de saneamiento podría afectar el derecho del legítimo dueño. Es por esto, que a fin de preparar la respectiva defensa judicial para proteger los derechos del solicitante, resulta imprescindible contar con los antecedentes que habrían motivado la regularización al amparo del D.L. Nº 2.695.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo mediante Oficio Nº 1.031, de 2 de abril de 2012, a la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Atacama. Mediante Ordinario Nº 1.040, de 16 de abril de 2012, ésta evacuó sus descargos y observaciones al presente amparo, señalando lo siguiente:

a) Los antecedentes solicitados forman parte de la solicitud de saneamiento Folio Nº 528897, según las normas del D.L. Nº 2.695, promovida por don Gabriel Guggiana Aguirre, sobre el inmueble que señala. Al respecto, indica que conforme al mencionado Decreto Ley, cualquier persona que cumpla con los requisitos establecidos por él puede ingresar su solicitud para regularizar el dominio de una propiedad. Dentro de las distintas etapas que contempla la tramitación de regularización de la pequeña propiedad raíz, se encuentra la etapa de publicidad, que tiene por objeto permitirles eventualmente a terceros con mejores derechos sobre el inmueble a oponerse a la tramitación respectiva. En efecto, en el caso concreto, se efectuó la publicación en las fechas que indica, y no habiéndose deducido oposición al respecto, correspondía ordenar su inscripción en el Conservador de Bienes Raíces respectivo.

b) Por otra parte, teniendo presente que el conocimiento de los documentos solicitados pudiese afectar la esfera de la vida privada del tercero, en la especie se configuraría la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 Nº 2 de la Ley de Transparencia, razón por la cual se determinó aplicar el procedimiento establecido en el artículo 20 de la citada ley, teniendo como resultado la oposición del tercero, por lo que dicho servicio queda impedido de proporcionar la documentación solicitada.

6) AUSENCIA DE DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INTERESADO:

En virtud de lo previsto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento, el Consejo Directivo de este Consejo, mediante Oficio Nº 1.580, de 9 de mayo de 2012, notificó al tercero interesado del presente amparo, a fin de que presente sus descargos y observaciones al mismo, haciendo mención expresa a los derechos que le asisten y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información requerida. No obstante lo anterior, y constando la recepción de dicho oficio por parte del tercero el 18 de mayo de 2012, éste no evacuó descargos ni observaciones al presente amparo.

7) GESTIÓN OFICIOSA: A requerimiento de este Consejo, mediante correo electrónico de 29 de junio de 2012, el organismo requerido remitió copia del expediente folio Nº 528897, donde se contienen los antecedentes solicitados en el presente amparo. Posteriormente, a través de correo electrónico de 5 de julio de 2012, en cuanto a la solicitud de las cartas certificadas mediante las cuales se habría notificado a los comuneros acerca del proceso de regularización –literal d) de la solicitud–, el organismo agregó que, atendido que mediante Ordinario Nº 82, de 5 de abril de 2011, el Servicio de Impuestos Internos le señaló que no mantenía en sus registros información sobre el inmueble consultado, en el proceso en comento no fue posible notificar a los comuneros en conformidad con el artículo 10 del D.L. Nº 2.695.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, en la especie, lo solicitado por el reclamante dice relación con diversa información que forma parte de la solicitud de saneamiento Folio Nº 528897, formulada al amparo de lo dispuesto por el D.L. Nº 2.695, de 1979, que fija normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella. Dicho cuerpo legal otorga la posibilidad a los poseedores de bienes raíces que indica, que el Ministerio de Bienes Nacionales les reconozca la calidad de poseedores regulares de dichos bienes, de acuerdo al procedimiento que allí se establece, a fin de que, en definitiva, puedan adquirir el dominio de los respectivos inmuebles

2) Que, en particular, en mérito de lo indicado en el literal e) de la respectiva solicitud de información, el requerimiento de la especie importa el acceso a la totalidad del expediente que contiene la solicitud de saneamiento indicada, toda vez que el reclamante ha solicitado todo antecedente relativo a las gestiones realizadas por el tercero involucrado, información de la cual, precisamente, da cuenta el expediente indicado. En efecto, revisado dicho expediente por este Consejo, se ha podido constatar que efectivamente éste contiene los plano de subdivisión del bien objeto del procedimiento –literal a) de la solicitud–, la memoria o minuta de los deslindes del predio –literal b) de la solicitud–, el nombre de la persona que solicita se le reconozca su calidad de poseedor regular –literal c) de la solicitud– y los siguientes otros antecedentes relativos a las gestiones efectuadas ante el organismo –literal e) de la solicitud–, que consisten en los siguientes:

a) Comprobante de ingreso y formulario de postulación de saneamiento D.L. Nº 2695/79.

b) Carta de solicitud de saneamiento.

c) Certificado de nacimiento del solicitante y de su cónyuge, con el respectivo certificado de matrimonio y copias de cédulas de identidad.

d) Certificado de avalúo fiscal del inmueble cuya posesión se solicita regularizar.

e) Certificados de numeración y de línea oficial del respectivo inmueble.

f) Diversos certificados y boletas (electricidad, servicios sanitarios, junta de vecinos, declaración jurada de testigos) que certifican que el solicitante ocupa hace más de 10 años el inmueble en cuestión.

g) Diversos planos y croquis de la ubicación del inmueble.

h) Copia de sentencia del Juzgado de Familia de Copiapó en materia de filiación.

i) Análisis jurídico e Informe final de la respectiva postulación.

j) Resoluciones de la autoridad reclamada que acepta y acoge postulación.

k) Copia de diversos Ordinarios emitidos por el organismo reclamado y dirigidos a diversas autoridades, en cumplimiento con diversas disposiciones del D.L. Nº 2.695, a fin de tramitar la solicitud de saneamiento.

l) Informe técnico y jurídico D.L. Nº 2.695.

m) Minuta de deslindes.

n) Resolución que acepta solicitud y ordena publicaciones.

o) Resoluciones que ordenan publicar y extracto de publicaciones, en conformidad con el artículo 11 del citado Decreto Ley, y certificados de no haberse formulado oposición a la tramitación del expediente administrativo.

p) Resolución definitiva que regulariza la posesión de inmueble.

q) Ordinario dirigido al Conservador de Bienes Raíces de Copiapó solicitando la inscripción del respectivo inmueble, con copia de la respectiva inscripción.

r) Copia de la solicitud de información que originó el amparo de la especie, como de la oposición formulada por el tercero, y respuesta al requerimiento.

3) Que, establecido lo anterior, y de acuerdo a lo expuesto, consta que la información requerida en los literales a), b), c) y e) de la respectiva solicitud de información, se encuentra en poder de la SEREMI reclamada, para el ejercicio de sus atribuciones, por lo que debe concluirse, en base a lo dispuesto por el artículo 5º, inciso 2º de la Ley de Transparencia, que dicha información se trata, en principio, de información pública, salvo que se encuentre sujeta a alguna causal de secreto o reserva que impida la entrega de la misma.

4) Que, según lo indicado por el tercero opositor a la entrega de la información solicitada, en la especie la entrega de la misma afectaría la esfera de sus derechos personales, atendido que dicha información contiene datos de carácter personal y sensible, agregando el órgano reclamado que la entrega de dichos antecedentes, al afectar la esfera de la vida privada del tercero, configuraría la causal de secreto o reserva reconocida en el artículo 21 Nº 2 de la Ley de Transparencia.

5) Que, sobre el particular, cabe hacer presente que de conformidad el artículo 2°, letra f, de la Ley Nº 19.628, sobre protección de la vida privada, la información solicitada contiene una serie de datos personales de terceros, tales como el domicilio, el estado civil o la condición de pertenencia a una junta vecinal, por parte de una persona. Asimismo, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 4º, 7º y 20 de la Ley Nº 19.628, dichos datos, en principio, sólo podrán tratarse cuando la ley lo autorice, el titular consienta expresamente en ello o hayan sido recolectados de fuentes accesibles al público, ninguna de cuyas hipótesis concurre en la especie. Sin embargo, aquella información contenida en el expediente administrativo que constituye el objeto de la solicitud, dice relación con antecedentes que deben ser tenidos a la vista por un órgano de la Administración del Estado, en la especie, la SEREMI de Bienes Nacionales de la Región de Atacama, a efectos de pronunciarse sobre una solicitud de regularización de la pequeña propiedad raíz, al amparo del D.L. Nº 2.695. Consecuentemente, éstos forman parte de los fundamentos y documentos que sirven de complemento directo y esencial del acto administrativo que resolvió la regularización de la propiedad raíz, los cuales, de conformidad con el artículo 5°, 10 y 11 de la Ley de Transparencia se presumen públicos. En ese contexto, este Consejo observa que, no obstante el resguardo que la citada ley le otorga a dichos datos, su conocimiento e información involucra un interés público que justifica su comunicación, dado que ésta posibilita a la ciudadanía conocer los fundamentos de la decisión de la autoridad.

6) Que, no obstante lo anterior, se debe tener presente lo dispuesto por el artículo 2º letra g), de la Ley Nº 19.628, que define dato sensible como “aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual”. En virtud de dicha norma, este Consejo entiende que la sentencia del Juzgado de Familia de Copiapó, contiene dato sensible del tercero, por tratarse precisamente de circunstancias de su vida privada o intimidad. En consecuencia, en virtud de lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley N° 19.628, que prohíbe el tratamiento de datos sensibles, y en aplicación del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia, deberá estimarse reservada dicha sentencia –la que se encuentra contenida entre las fojas 35 a 39, ambas inclusive, del expediente administrativo en cuestión–.

7) Que, a mayor abundamiento, la causal de secreto o reserva alegada dispone que la información solicitada tendrá el carácter de secreta o reservada “Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico”. Sin embargo, sobre el particular el tercero interesado no ha fundamentado de qué manera el conocimiento de la información solicitada afectaría otros derechos, diversos a los involucrados en la aplicación de la Ley N° 19.628, no siendo posible observar tal afectación, razón por la cual deberá desestimarse esta alegación.

8) Que, por último, en cuanto al acceso a las cartas certificadas mediante las cuales se debió notificar a los comuneros sobre el procedimiento de saneamiento en curso –literal d) de la solicitud–, cabe hacer presente que el artículo 10 del citado D.L. Nº 2.695 establece que el servicio reclamado deberá notificar de la solicitud de saneamiento al supuesto propietario del inmueble, mediante carta certificada y de acuerdo a la información remitida por el Servicio de Impuestos Internos. Sin perjuicio de lo anterior, el inciso final del citado artículo 10, dispone que de no existir respuesta por parte del Servicio de Impuestos Internos, se deberá continuar con la tramitación sin proceder a la respectiva notificación. En consecuencia, de acuerdo a la información entregada por el organismo reclamado a este Consejo, habiendo hecho presente dicho organismo que no fue efectuada la notificación en comento, cabe concluir que, en esta parte, la solicitud del reclamante se refiere a información inexistente, por lo que no cabe pronunciarse sobre su carácter público o reservado. Con todo, se deberá acoger el amparo en esta parte, sólo en cuanto el organismo no informó en su respuesta la inexistencia de dicha información, sin perjuicio de entenderla respondida con la notificación de la presente decisión.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo de don Patricio Rojas Sáez, en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, Región de Atacama, por los fundamentos señalados precedentemente.

II. Requerir a la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Atacama:

a) Entregar al solicitante copia del expediente administrativo folio Nº 528897, reservando las fojas 35 a 39, ambas inclusive, según se indicó en el considerando 11° de la presente decisión.

b) Cumplir el presente requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Agustinas Nº 1291, piso 6º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma

III. Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente acuerdo a don Patricio Rojas Sáez y a la Sra. Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Atacama.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu.

Certifica el Director General del Consejo para la Transparencia, don Raúl Ferrada Carrasco.