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Carla Bravo Quintana con SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS Rol: C239-12

Consejo para la Transparencia, 01/06/2012

Se dedujo amparo en contra de la Superintendencia de Valores y Seguros, fundado en que sólo se le entregó parte de la información de todas las resoluciones que se hayan dictado por uso de información privilegiada, ya sea imponiendo multas, absolviendo o derivando a fiscalía los asuntos materia de formulación de cargos por parte de la SVS. El Consejo acogió el amparo y señaló que la divulgación de la información solicitada permite conocer los antecedentes ponderados por el organismo para resolver el cierre, sin sanciones, de sus investigaciones, a pesar de los hechos que motivaron su instrucción. Por lo tanto, su comunicación sirva al interés público implícito en el conocimiento público de los fundamentos de tales decisiones.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Justicia
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Reclamaciones contra esta decisión (Ver estado procesal):


Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Ausente), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C239-12

Entidad pública: Superintendencia de Valores y Seguros

Requirente: Carla Bravo Quintana

Ingreso Consejo: 13.02.2012

En sesión ordinaria Nº 343 del Consejo Directivo, celebrada el 1 de junio de 2012, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C239-12.

VISTOS:

Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 13 de enero de 2012, doña Carla Bravo Quintana solicitó a la Superintendencia de Valores y Seguros –en adelante también SVS– todas las resoluciones que se hayan dictado por uso de información privilegiada, ya sea imponiendo multas, absolviendo o derivando a fiscalía los asuntos materia de formulación de cargos por parte de la SVS.

2) RESPUESTA: El 27 de enero de 2012, la Superintendencia de Valores y Seguros respondió a dicho requerimiento de información mediante Of. Ord N° 2.987, en los siguiente términos:

a) Adjuntó un documento en formato Word que contenía un listado de todas las resoluciones de sanciones aplicadas por la SVS, por infracción a las conductas descritas en el artículo 165 de la Ley N° 18.045, sobre Mercado de Valores, o en el artículo 13 del mismo texto legal, derogado por la Ley N° 19.301, en materia de información privilegiada. Al respecto, hizo presente que se puede acceder directamente a las resoluciones dictadas a partir del año 2002, para su revisión o descarga, en el sitio electrónico de esa Superintendencia, siguiendo el link que indica, o bien pueden ser consultadas en el Centro de Documentación (CEDOC) de la Superintendencia, en la dirección que señala. Sin perjuicio de lo antes expuesto, se le despachó por correo certificado a su domicilio, un CD con todas las resoluciones de sanciones cursadas por esa Superintendencia, por faltas al deber de reserva o al deber abstención y por uso de información privilegiada.

b) En lo concerniente a las resoluciones por medio de las cuales se ha dictaminado el cierre sin sanciones de las respectivas investigaciones, en atención a lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley 20.285, denegó el acceso a las mismas, toda vez que su divulgación podría afectar aspectos relacionados a la esfera privada de las personas investigadas, particularmente, sus derechos comerciales o económicos, los que resultan de especial importancia para quienes participan como agentes de los mercados de valores.

c) Por último, hizo presente que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Transparencia, al señalar la fuente, lugar y forma en que se puede tener acceso a la información, la Superintendencia ha cumplido con la obligación de informar establecida en dicho cuerpo legal.

3) AMPARO: El 13 de febrero de 2012, doña Carla Bravo Quintana dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que sólo se le entregó parte de la información. Al respecto, hizo presente que:

a) Se negó injustificadamente aquellas resoluciones que absolvían de cargos por uso de información privilegiada.

b) La información solicitada no vulnera ningún derecho comercial ni económico, en tanto el Mercado de Valores y la Ley N° 18.045 imponen el deber de informar veraz y oportunamente toda información relevante. Por tanto, las resoluciones que han determinado el cierre sin sanción de una investigación, necesariamente se deben haber pronunciado sobre información que en algún momento debió divulgarse.

c) La solicitud tiene fines académicos y su denegación impide hacer una evaluación adecuada en torno a los criterios que tiene la SVS al momento de fallar.

4) SUBSANACIÓN REQUERIDA A LA RECLAMANTE: Mediante Oficio N° 651 de 2 de marzo de 2012, se solicitó a la reclamante, conforme a lo previsto en el artículo 46 inciso segundo del Reglamento de la Ley de Transparencia, subsanar su reclamación de amparo acompañando copia de la solicitud de información, así como de la información entregada por la SVS, lo que fue cumplido por ésta mediante presentación ingresada el 15 de marzo del año en curso.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Mediante el Oficio Ord. N° 895, de 23 de marzo de 2012, se confirió traslado del presente amparo al Sr. Superintendente de Valores y Seguros. Éste, a través de su Oficio Ord. N° 9.736, de 16 de abril de 2012, formuló los siguientes descargos y observaciones:

a) La SVS proporcionó a la reclamante un documento con el resumen de todos los casos en que aplicó sanciones por infracciones a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Mercado de Valores vigente hasta el año 2004, así como por las infracciones a lo dispuesto en el artículo 165 del mismo cuerpo legal vigente a partir del año indicado.

b) En el Mercado de Valores, la percepción que se tiene sobre la confianza en que los distintos agentes manejan la información a la que tienen acceso, constituye uno de los principales activos u atributos personales de los mismos. En consecuencia, aquellas personas que fueron sometidas a un procedimiento sancionatorio, aun cuando resulten exculpadas al final del respectivo proceso administrativo, puedan verse afectadas en sus derechos comerciales o económicos asociados a la imagen o prestigio que ellos detentan en el mercado, sin perjuicio de que la Superintendencia pueda divulgar el inicio de un proceso sancionatorio que por regla general se desarrolla bajo reserva, según lo establece el artículo 23, de su ley orgánica.

c) Los mencionados procedimientos, en general, afectan a personas que no están inscritas en ninguno de los registros que por ley lleva esa Superintendencia, por lo cual no tienen obligación de actualizar sus domicilios, de tal manera que en caso de verificarse el traslado a terceros establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, no es posible garantizar que la dirección corresponda a sus domicilios, con lo cual esa Superintendencia se vería obligada a conceder el acceso a la información solicitada, razón por la que ha optado por aplicar la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia.

Y CONSIDERANDO:

1) Que el artículo 20 de la Ley de Transparencia dispone que cuando la solicitud de acceso se refiera a documentos que contengan información que pueda afectar los derechos de terceros, la autoridad requerida deberá comunicar a dichos terceros la facultad que les asiste para oponerse a su entrega. Sin embargo, en el presente caso, visto que el organismo requerido ha justificado la imposibilidad fáctica de dar lugar a dicha comunicación, deberá resolverse el mismo, de conformidad con los antecedentes en conocimiento de este Consejo.

2) Que el artículo 8° de la Constitución y los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia disponen que los actos administrativos son públicos, salvo las excepciones legales.

3) Que el órgano requerido entregó las resoluciones de sanciones cursadas por esa Superintendencia, y denegó el acceso respecto de las que absolvían de cargos en dichos procedimientos, en aplicación de la causal de reserva contemplada en el artículo 21 Nº 2 de la Ley de Transparencia, argumentando que aquellas personas que fueron sometidas a un procedimiento sancionatorio, aun cuando resulten exculpadas al final del respectivo proceso administrativo, podían verse afectadas en sus derechos de carácter comercial o económico asociados a la imagen o prestigio que detentan en el mercado.

4) Que las resoluciones cuya entrega fuera denegada por el órgano reclamado, corresponden a actos administrativos terminales dictados por la Superintendencia de Valores y Seguros, en los procedimientos de fiscalización que instruye por infracciones a los deberes y prohibiciones establecidos en el artículo 165 de la Ley N° 18.045, de Mercado de Valores, relativos al uso de información privilegiada.

5) Que, mediante las precitadas resoluciones, la SVS determinó la exención de responsabilidad de las personas involucradas en las investigaciones efectuadas por el organismo, cerrando éstas, por lo que su comunicación, en sí misma, no puede importar el desprestigio de dichas personas. En consecuencia, el peligro de afectación a los derechos de los terceros, invocado por la SVS, no puede sino estimarse eventual, pues depende de contingencias ajenas a la sola divulgación de la información, e incierto, toda vez que se funda, exclusivamente, en su opinión sobre la percepción de los agentes de mercado. Por lo tanto, no existen elementos de juicio que permitan a este Consejo apreciar una razonable expectativa de que aquella afectación se provocará.

6) Que, por otra parte, la divulgación de la información solicitada permite conocer los antecedentes ponderados por el organismo para resolver el cierre, sin sanciones, de sus investigaciones, a pesar de los hechos que motivaron su instrucción. Por lo tanto, su comunicación sirva al interés público implícito en el conocimiento público de los fundamentos de tales decisiones.

7) Que, por último, la Superintendencia de Valores y Seguros ha señalado que mantiene en su sitio electrónico las resoluciones de cierre dictadas en las investigaciones por infracción a las conductas descritas en el artículo 165 de la Ley N° 18.045 a partir de 2002. Sin embargo, debe hacerse presente que el numeral 6.3. de la “Recomendación sobre Protección de Datos Personales por parte de los órganos de la Administración del Estado”, dictada por este Consejo (disponible en (http://www.consejotransparencia.cl/consejo/site/artic/20090812/asocfile/20090812122500/recomendacionespdp_do_pdf___adobe_acrobat_pro.pdf y publicada en el Diario Oficial de 14.09.2011), señala que al cumplir lo previsto en el artículo 7° g) de la Ley de Transparencia los organismos públicos deben abstenerse de publicar datos personales relativos a condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias una vez prescrita la acción penal o administrativa, o cumplida o prescrita la sanción o la pena, lo que exige aplicar el principio de divisibilidad respecto de los actos o resoluciones que contuvieran datos acogidos a esta hipótesis de reserva. Sin perjuicio de ello, agrega la recomendación que este Consejo puede, conociendo de un reclamo o un amparo, “…autorizar la comunicación de este tipo de datos cuando así lo exija el interés público, en aplicación de la Ley de Transparencia”.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por doña Carla Bravo Quintana en contra de la Superintendencia de Valores y Seguros, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Superintendente de Valores y Seguros que:

a) Entregue a la solicitante copia de las resoluciones que ha dictado en los procedimientos de fiscalización instruidos por infracciones a los deberes y prohibiciones establecidos en el artículo 165, de la Ley N° 18.045, relativos al uso de información privilegiada, que concluyeron sin establecer responsabilidad de los involucrados.

b) Cumpla el presente requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informe el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la dirección postal de este Consejo (Agustinas N° 1291, Piso 6°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente decisión a doña Carla Bravo Quintana y al Sr. Superintendente de Valores y Seguros.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que el Presidente del Consejo Directivo, don Alejandro Ferreiro Yazigi, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Certifica el Director General del Consejo para la Transparencia, don Raúl Ferrada Carrasco.