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María Antonieta Vega Castillo con CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA Rol: C648-12

Consejo para la Transparencia, 17/08/2012

Se dedujo amparo en contra del Consejo para la Transparencia, fundado en que habría recibido una respuesta incompleta a su solicitud de información sobre que le entregara información respecto de doña Adriana Sanhueza, profesional de la Unidad de Inteligencia del Negocio, perteneciente a la Dirección de Estudios, del señalado organismo. En específico, solicitó la siguiente información: a) Copia de todas sus evaluaciones de desempeño. b) La evaluación de su proceso de ajuste al perfil profesional requerido para su cargo. c) Causales de su desvinculación de la institución. El Consejo acogió el amparo y señaló que radicándose la decisión del presente amparo en el Consejo Directivo –órgano interno distinto al Director General, que tiene la representación legal de esta Corporación y la calidad de Jefe del Servicio reclamado–, se estima que este Consejo resulta ser competente para conocer de esta reclamación, no considerándose vulnerado ni afectado, en la especie, el principio de imparcialidad.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Trabajo
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:


Consejeros:

  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C648-12

Entidad pública: Consejo para la Transparencia

Requirente: María Antonieta Vega Castillo

Ingreso Consejo: 27.04.2012

En sesión ordinaria N° 365 de su Consejo Directivo, celebrada el 17 de agosto de 2012, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C648-12.

VISTO:

Los artículos 5° inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; Ley Nº 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; y, los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 29 de marzo de 2012 doña María Antonieta Vega Castillo requirió al Consejo para la Transparencia, a fin de que le entregara información respecto de doña Adriana Sanhueza, profesional de la Unidad de Inteligencia del Negocio, perteneciente a la Dirección de Estudios, del señalado organismo. En específico, solicitó la siguiente información:

a) Copia de todas sus evaluaciones de desempeño.

b) La evaluación de su proceso de ajuste al perfil profesional requerido para su cargo.

c) Causales de su desvinculación de la institución.

2) NOTIFICACIÓN AL TERCERO INTERESADO: Mediante Oficio Nº 1.105, de 5 de abril de 2012, el Consejo para la Transparencia notificó al tercero interesado, a fin de que ejerciera su derecho de oposición a la entrega de la información solicitada, haciendo mención expresa de los derechos que le asistían y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información requerida.

A través de presentación de 11 de abril de 2012, la tercero interesada informó al Consejo para la Transparencia que no manifestaba oposición alguna ni veía inconveniente personal en relación a la entrega de la información solicitada.

3) RESPUESTA: El Consejo para la Transparencia respondió a dicho requerimiento mediante Oficio Nº 1.344, de 23 de abril de 2012, del Jefe de la Unidad de Promoción y Clientes, informando lo siguiente:

a) Conforme a lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley de Transparencia, se notificó la solicitud a la tercera afectada con la publicidad de la información, quien manifestó no oponerse a la entrega de la información requerida.

b) Atendido lo anterior, se adjunta la evaluación de desempeño requerida.

4) AMPARO: Doña María Antonieta Vega Castillo dedujo amparo a su derecho de acceso a la información el 27 de abril de 2012 en contra del Consejo para la Transparencia, fundado en que habría recibido una respuesta incompleta a su solicitud de información, ya que no se le entregó la evaluación de proceso de ajuste al perfil profesional, ni se señalaron las causales de la desvinculación de la institución de la persona que indica.

5) COMPLEMENTACIÓN DE LA RESPUESTA: El Consejo para la Transparencia, mediante Oficio Nº 1.421, de 27 de abril de 2012, complementó la respuesta a la solicitud de información de la especie, informándole a la solicitante lo siguiente:

a) La causal invocada para poner término al contrato de trabajo de la persona señalada, fue la contemplada en el artículo 161, inciso 1º, del Código del Trabajo, esto es, “Necesidades de la empresa, establecimiento o servicio”, causal que fue informada oportunamente a la interesada, mediante carta de notificación de término del contrato de trabajo, de 28 de marzo de 2012.

b) Respecto a la solicitud de la evaluación al proceso de ajuste al perfil profesional requerido para el cargo, informa que dicha actuación se encuentra contenida en la evaluación de desempeño que le fuera remitida en el respectivo oficio de respuesta.

6) SALIDA ALTERNATIVA DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIA (SARC): Mediante correo electrónico de 2 de mayo de 2012, el Consejo para la Transparencia, como una forma de facilitar la entrega de la información solicitada, dispuso la aplicación del procedimiento SARC, consultándole a la requirente si el Oficio Nº 1.421, a que se hizo mención en el numeral anterior, satisface o no su requerimiento de información. A través de correo electrónico de 3 de mayo de 2012, la solicitante informó lo siguiente:

a) Manifestó su no conformidad con la información entregada, ya que no se le entregaron todas las evaluaciones, ni algún tipo de documento que certificara el ajuste de perfil que había sufrido el cargo, proporcionándosele sólo una evaluación de su jefatura directa, de 16 de marzo de 2012.

b) No se constata en ningún documento la evaluación de su proceso de ajuste al perfil profesional requerido para su cargo, el cual debió ser realizado por una consultora especializada, o bien por la Unidad de Gestión de Personas de la institución. Adicionalmente, en ninguna de las respuestas entregadas se manifiesta la no existencia de otras evaluaciones, lo que debería haber sido explicitado.

c) En cuanto a la causal de desvinculación, señala que lo informado es un artículo que da para una amplia interpretación por parte de los interesados.

7) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo mediante Oficio Nº 1.610, de 9 de mayo de 2012, al Sr. Director General del Consejo para la Transparencia, solicitándole especialmente pronunciarse respecto de si en dicha Corporación constan otras evaluaciones de desempeño realizadas a la profesional sobre quien versa la solicitud de información, distinta de la ya entregada; y, si se realizó una evaluación del proceso de ajuste al perfil profesional de la misma. Mediante Oficio Nº 1.776, de 24 de mayo de 2012, el Director General del Consejo para la Transparencia evacuó sus descargos y observaciones al presente amparo, señalando lo siguiente:

a) Atendido la existencia de un tercero involucrado, se procedió de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, quien, a través de carta recepcionada el 11 de abril de 2012, manifestó no oponerse a la entrega de la información solicitada. Conforme a esto, se remitió respuesta a la solicitud de información, entregándose copia de la evaluación de desempeño de la persona indicada.

b) Habiéndose percatado de la omisión de respuesta del resto de las solicitudes efectuadas, de oficio se procedió a complementar la información mediante Oficio Nº 1.421, a que se hizo referencia en el numeral 5° precedente, todo dentro del plazo establecido en el artículo 14 de la Ley de Transparencia. Mediante el citado oficio se complementó la respuesta, señalando que la causal de desvinculación fue la contemplada en el artículo 161 del Código del Trabajo, y respecto de la evaluación al proceso de ajuste al perfil profesional requerido para el cargo, se indica que dicha actuación se encuentra contenida en la evaluación de desempeño que ya le fuera remitida.

c) En consecuencia, señala haber entregado toda la información disponible relativa a lo solicitado, sin negar documentación alguna sobre el particular, haciendo además a la requirente todas las aclaraciones respecto del contenido de lo facilitado. Agrega que la misma jurisprudencia de este Consejo ha dispuesto que en relación a solicitudes de acceso a la información, tan sólo puede ordenarse la entrega de información contenida en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, o en un formato o soporte determinado, según lo establecido en el inciso 2º del artículo 10 de la Ley de Transparencia, no pudiendo requerirse la entrega de información que resulta inexistente.

d) En cuanto a la objeción relativa a la causal invocada para la desvinculación, indica que los funcionarios del Consejo para la Transparencia se rigen por las normas del Código del Trabajo, y sólo podrá ponerse término a su contrato invocando alguna de las causales contenidas en los artículos 159, 160 ó 161 del cuerpo legal citado, o alguna otra que se encuentre en legislación complementaria del mismo, sin que se pueda hacer uso de otra causal que no se encuentre dentro de las ya mencionadas, siendo irrelevante la conformidad o disconformidad de un tercero respecto de aquello, para efecto de invocarlas y poner término a una relación laboral.

e) Por lo tanto, dentro de las causales que la ley habilita al Consejo para la Transparencia para desvincular a sus funcionarios, fue la contemplada en el artículo 161 del Código del Trabajo la utilizada para desvincular a la funcionaria en cuestión, sin que exista otra información que la ya entregada sobre el particular.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, en primer lugar, y previo a pronunciarse sobre el fondo del asunto, cabe tener presente que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 33, letra b), de la Ley de Transparencia, corresponde a este Consejo resolver, fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados de conformidad con la Ley de Transparencia. En efecto, el artículo 24 de la citada ley faculta al solicitante de información para recurrir de amparo ante este Consejo, en contra del órgano de la Administración del Estado al que se le hubiere formulado la respectiva solicitud, cuando aquél le haya denegado su petición o no haya obtenido respuesta dentro del plazo legal. Conforme a ello, encontrándose el Consejo para la Transparencia dentro de aquellos órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, según lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley de Transparencia, le resultan aplicable las disposiciones contenidas en dicho cuerpo legal.

2) Que, sobre el particular, en decisión recaída en los amparos Roles C607-09 y C82-10, este Consejo estimó que carecía de competencia para pronunciarse sobre los amparos al derecho de acceso a la información presentados en su contra, atendido los principios de imparcialidad y abstención establecidos en la Ley Nº 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado. No obstante lo señalado, este Consejo estima necesario reexaminar dicho criterio, teniendo especialmente en consideración el principio de inexcusabilidad, consagrado en el artículo 14 de la citada Ley N° 19.880, según el cual “La Administración estará obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación”.

3) Que, al respecto, debe tenerse también presente que, conforme lo dispone el artículo 42 de la Ley de Transparencia, la representación legal del Consejo y, por tanto, la calidad de Jefe Superior del Servicio, recae en el Director General del mismo, a quien le corresponde ejercer todas aquellas atribuciones que expresamente le confiere el mencionado artículo, entre las que no se incluye intervenir en la resolución de los amparos que deba conocer este Consejo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Supremo Nº 20, de 2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que Aprueba los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. En efecto, es al Director General a quien corresponde dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información que ingresen al organismo, como también contratar al personal del Consejo y poner término a sus servicios (artículo 42, letra d), materia esta última sobre la que versa la solitud de información que se analiza.

4) Que, por su parte, la función de resolver los reclamos por denegación de acceso a la información, establecida en el artículo 33, letra b), de la Ley de Transparencia, corresponde ejercerla exclusivamente al Consejo Directivo de este Consejo, integrado en la forma señalada por el artículo 36 del mismo cuerpo legal. Dicho Consejo Directivo resolverá dichas reclamaciones en sesiones que cumplan con el quórum establecido en el artículo 9º de los citados Estatutos de Funcionamiento del Consejo, sesiones en las que el Director General participa sólo con derecho a voz, conforme lo dispone el mencionado artículo 14 de dichos Estatutos.

5) Que, en consecuencia, radicándose la decisión del presente amparo en el Consejo Directivo –órgano interno distinto al Director General, que tiene la representación legal de esta Corporación y la calidad de Jefe del Servicio reclamado–, se estima que este Consejo resulta ser competente para conocer de esta reclamación, no considerándose vulnerado ni afectado, en la especie, el principio de imparcialidad, máxime si, conforme lo expuesto en el considerando 2º, esta Corporación no puede abstenerse de ejercer su atribución de conocer y resolver esta reclamación en virtud del principio de inexcusabilidad. A mayor abundamiento, de abstenerse este Consejo de conocer y resolver fundadamente este amparo, se impediría a las partes y a los terceros involucrados su derecho a impugnar la decisión que, al efecto, pudiera dictarse, imposibilitando la revisión de lo resuelto en sede jurisdiccional por un órgano distinto al Consejo para la Transparencia.

6) Que, establecido lo anterior, y en cuanto al fondo del asunto, cabe consignar, en primer lugar que, atendido el contenido particular del informe de evaluación solicitado en la especie, el cual contiene juicios acerca de comportamientos y apreciaciones transversales de la personalidad de la funcionaria sobre quien se solicitó información, lo que eventualmente podría afectar su reputación laboral, se justificó en la especie la aplicación del procedimiento establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de lo señalado por este Consejo en orden a que, atendida la esfera de intimidad más reducida que tienen los funcionarios públicos, las calificaciones de éstos constituyen información pública –por ejemplo, en las decisiones recaídas en los amparos Roles A10-09, A126-09, C36-11, entre otras–.

7) Que, por su parte, atendido el contenido de la respuesta entregada el 23 de abril de 2012, como del tenor del amparo interpuesto por la solicitante –cuyo fundamento es que la respuesta dada fue incompleta, no habiéndosele entregado la evaluación de proceso de ajuste al perfil profesional ni el señalamiento de las causales de la desvinculación de la institución de la persona que indica–, este Consejo debe concluir que la antedicha respuesta satisfizo plenamente lo requerido en el literal a) de la solicitud de información, por no haberse manifestado disconformidad al respecto en el amparo, debiendo, en consecuencia, restringirse la presente decisión sólo a aquellos requerimientos contenidos en los literales b) y c) de la solicitud de información.

8) Que, sobre el particular, en relación con la evaluación del proceso de ajuste al perfil profesional requerido para el cargo de la persona sobre quien versa la solicitud de información, en la complementación de la respuesta de 27 de abril de 2012, el órgano reclamado informó que aquella se encuentra contenida, a su vez, en la evaluación de desempeño que ya había sido entregada a la peticionaria. Respecto de ello, y en base a los antecedentes que constan en este procedimiento, debe concluirse que no existe una evaluación de ajuste de perfil profesional en los términos solicitados por la reclamante, diversa de la que ya fuera entregada. Además, no existiendo norma legal que establezca la obligación de contar con un informe como el requerido, debe estimarse que, en virtud de la complementación de la respuesta dada el 27 de abril de 2012, se satisface también lo requerido en esta parte. Atendida la conclusión anterior, no procede que este Consejo emita un pronunciamiento acerca de la unidad interna o ente externo a quien eventualmente le habría correspondido efectuar la requerida evaluación.

9) Que, por su parte, respecto de las causales de la desvinculación de doña Adriana Sanhueza –literal c) de la solicitud–, en la complementación de la respuesta ya indicada, el órgano reclamado informó a la solicitante la causal legal –necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, prevista en el artículo 161 del Código del Trabajo–, en cuyo mérito se puso término al contrato de trabajo respectivo. Al respecto, y teniendo presente lo señalado por el órgano reclamado, debe concluirse que no existe otra información que la ya entregada, que explique la desvinculación de la trabajadora en cuestión, en los términos del artículo 10 de la Ley de Transparencia.

10) Que, sobre el particular, y según se consignó en el considerando 4º de la decisión recaída en los amparos Roles C512-10, C516-10, C519-10, C522-10 y C524-10, debe tenerse presente que “los fundamentos y/o motivaciones de hecho en virtud de los cuales se le habría puesto término a su relación contractual bajo la modalidad de honorarios y a su empleo a contrata, no se refieren específicamente a un determinado acto, documento o antecedente en poder de la Administración del Estado, en los términos que dispone el artículo 5º y 10 de la Ley de Transparencia y que ha definido el artículo 3º, letra e), de su Reglamento, sino que constituye una consulta destinada a provocar un pronunciamiento por parte de la autoridad del Servicio en determinadas materias –tales como absolver una consulta o, en el caso sub lite, elaborar una explicación sobre eventuales circunstancias de hecho como las requeridas–, razón por la cual, la presente solicitud no constituye una de aquellas que tenga por objeto el acceso a información pública amparada por la Ley de Transparencia”. Conforme a dicho criterio, aplicándolo análogamente en el caso en análisis, debe estimarse que la referencia a la causa legal invocada para el despido satisface la solicitud de información en lo pertinente, no siendo exigible que, por la vía de acceso a la información, la autoridad reclamada emita un pronunciamiento que dé cuenta de los fundamentos fácticos que se tuvieron a la vista para la invocación de la misma, sin perjuicio del legítimo ejercicio del derecho de petición, consagrado en el artículo 19 Nº 14 de la Constitución Política.

11) Que, con todo, y sin perjuicio de entender que la respuesta complementaria, entregada por Oficio Nº 1.421, de 27 de abril de 2012, satisfizo íntegramente lo requerido en los literales b) y c) de la solicitud de información, el artículo 14 de la Ley de Transparencia establece que el órgano reclamado deberá pronunciarse sobre la solicitud de información dentro del plazo de 20 días hábiles desde la recepción de la misma, entregando la información o negándose a ello. En la especie, el Consejo para la Transparencia dio respuesta a la solicitud el 23 de abril de 2012, entregando sólo la información requerida en el literal a) –esto es, dando un respuesta sólo parcial–, sin emitir pronunciamiento alguno acerca de lo requerido en los demás literales de la solicitud, lo que sólo vino a ocurrir a través del Oficio N° 1.421, ya indicado, de fecha posterior a la respuesta original.

12) Que, por su parte, el artículo 24 de la citada ley, faculta al solicitante de información para recurrir ante este Consejo, una vez vencido el plazo establecido en el artículo 14, o desde que le fuera denegada la petición. En efecto, consta que la solicitante interpuso amparo el 27 de abril de 2012, aún encontrándose vigente el plazo de 20 días señalando el citado artículo 14. No obstante lo anterior, la primera respuesta proporcionada habilitó a la solicitante para deducir amparo, debiendo entenderse denegada la solicitud respecto de aquellas peticiones sobre las cuales omitió pronunciamiento, máxime si en dicha respuesta el órgano reclamado no hizo mención alguna a una posterior entrega de la información faltante. Lo anterior deriva del tenor del artículo 13, que impone al órgano requerido pronunciarse sobre la solicitud –entendiéndose que dicho pronunciamiento debe ser íntegro y completo–, sea entregando la información solicitada o negándose a ello. Por ello, la notificación de la primera respuesta puso término al procedimiento administrativo de acceso a la información, trabando el objeto de la controversia. De lo contrario, la interposición del presente amparo debió haberse estimado extemporáneo, por cuanto la presentación del mismo se habría efectuado aún vigente el plazo que se otorga al organismo reclamado para responder a la solicitud.

13) Que, en consecuencia, a juicio de este Consejo, la respuesta complementaria dada por el órgano reclamado, de 27 de abril de 2012, fue extemporánea, por lo que se deberá acoger el presente amparo, sin perjuicio de entender que la información solicitada fue entregada de manera extemporánea, conforme a lo antes expuesto.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo presentado por doña María Antonieta Vega Castillo, en contra del Consejo para la Transparencia, por los fundamentos señalados precedentemente, sin perjuicio de entenderse que la información solicitada fue entregada a la requirente, aunque de forma extemporánea.

II. Notificar el presente acuerdo a doña María Antonieta Vega Castillo, al Sr. Director General del Consejo para la Transparencia y a doña Adriana Sanhueza, en su calidad de tercera interesada en el presente procedimiento.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu.

Certifica el Director General del Consejo para la Transparencia, don Raúl Ferrada Carrasco.