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Branislav Marelic Rokov con ARMADA DE CHILE Rol: C5223-20

Consejo para la Transparencia, 27/10/2020

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Armada de Chile relativo a la entrega del número total anual de las solicitudes efectuadas y aceptadas sobre interceptaciones telefónicas con finalidades de inteligencia ante los Ministros de Corte de Apelaciones; y de las mismas, desagregadas por año y mes, y por Corte de Apelaciones a las que fueron dirigidas, entre los años 2015 y 2020. Lo anterior, por cuanto, si bien se trata de información a la que le resulta aplicable la Ley de Transparencia por obrar en poder de la reclamada, cuya elaboración no irrogaría un costo excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto institucional, se estima que su publicidad afectaría el debido cumplimiento de las funciones de la reclamada -en tanto implicaría infringir el deber de resguardo que sobre dicha información le impone el artículo 38 de la ley sobre el Sistema de Inteligencia del Estado-, pudiendo potencialmente entorpecer las eventuales acciones de inteligencia desplegadas por la recurrida. Aplica criterio decisiones de amparo roles C7659-19 y C5224-20, en relación con fallo que acogió recurso de queja Rol N° 29.507-2019, de la Excma. Corte Suprema.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento

Sentencias o resoluciones sobre esta decisión:


Reclamaciones contra esta decisión (Ver estado procesal):


Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C5223-20

Entidad pública: Armada de Chile

Requirente: Branislav Marelic Rokov

Ingreso Consejo: 26.08.2020

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Armada de Chile relativo a la entrega del número total anual de las solicitudes efectuadas y aceptadas sobre interceptaciones telefónicas con finalidades de inteligencia ante los Ministros de Corte de Apelaciones; y de las mismas, desagregadas por año y mes, y por Corte de Apelaciones a las que fueron dirigidas, entre los años 2015 y 2020.

Lo anterior, por cuanto, si bien se trata de información a la que le resulta aplicable la Ley de Transparencia por obrar en poder de la reclamada, cuya elaboración no irrogaría un costo excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto institucional, se estima que su publicidad afectaría el debido cumplimiento de las funciones de la reclamada -en tanto implicaría infringir el deber de resguardo que sobre dicha información le impone el artículo 38 de la ley sobre el Sistema de Inteligencia del Estado-, pudiendo potencialmente entorpecer las eventuales acciones de inteligencia desplegadas por la recurrida.

Aplica criterio decisiones de amparo roles C7659-19 y C5224-20, en relación con fallo que acogió recurso de queja Rol N° 29.507-2019, de la Excma. Corte Suprema.

En sesión ordinaria N° 1139 del Consejo Directivo, celebrada el 27 de octubre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5223-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 17 de julio de 2020, don Branislav Marelic Rokov solicitó a la Armada de Chile, la siguiente información:

"En relación a su Servicio de Inteligencia, se solicita la siguiente información entre los años 2015 al 2020:

1. El número total nacional de solicitudes de interceptaciones telefónica con finalidades de inteligencia a los Ministros de Corte de Apelaciones, reguladas en el artículo 25 de la Ley N° 19.974. Se pide indicar el número total por año.

2. El número de solicitudes de interceptaciones telefónicas con finalidades de inteligencia a los Ministros de Corte de Apelaciones, reguladas en el artículo 25 de la Ley N° 19.974. Pero se solicita desagregar en un mismo archivo con los siguientes criterios:

- Desagregar por año y mes y

- Desagregar por Corte de Apelaciones que se dirige la solicitud.

3. El número total nacional de solicitudes aceptadas de interceptaciones telefónica con finalidades de inteligencia a los Ministros de Corte de Apelaciones, reguladas en el artículo 25 de la Ley N° 19.974. Se pide indicar el número total por año.

4. El número de solicitudes aceptadas de interceptaciones telefónicas con finalidades de inteligencia a los Ministros de Corte de Apelaciones, reguladas en el artículo 25 de la Ley N° 19.974. Pero se solicita desagregar en un mismo archivo con los siguientes criterios:

- Desagregar por año y mes y -

- Desagregar por Corte de Apelaciones que se dirige la solicitud.

Observaciones: Se solicita solo el número. No se solicita ninguna otra información donde se pueda identificar datos personales de algún tipo, contenido de la escucha, u otra información diferente a un número, con las desagregaciones indicadas".

2) RESPUESTA: El 14 de agosto de 2020, la Armada de Chile respondió a dicho requerimiento de información, mediante O.T.A.I.P.A. Ordinario N° 12900/749 B.M.R., indicando, en síntesis, lo siguiente:

Lo requerido no cumple con los requisitos exigidos por los artículos 8 de la Constitución Política de la República y 5° y 10 de la Ley de Transparencia. En efecto, atender al requerimiento en la forma solicitada implicaría que la Institución emitiera un acto administrativo elaborando un informe, un listado o una certificación con lo requerido, lo cual corresponde más bien al ejercicio del derecho de petición, establecido en el artículo 19 N° 14, de la Constitución Política. Cita jurisprudencia de este Consejo y del Tribunal Constitucional sobre la materia.

Sin perjuicio de lo anterior, y aunque la Dirección de Inteligencia de la Armada recopilara la información solicitada y emitiera un acto administrativo que informe y certifique lo requerido en los términos solicitados, la Armada de Chile se encontraría, asimismo, imposibilitada de acceder a ello, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8 y cuarto transitorio de la Constitución Política, en relación con la Ley N° 19.974, "Sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y Crea la Agencia Nacional de Inteligencia", que en sus artículos 38 y siguientes, establecen el secreto y/o reserva de este tipo de información y las sanciones por su violación o mal uso, todo ello enmarcado dentro del principio de la juridicidad y legalidad consagrados en los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental.

Finalmente, el único sistema de control de la Ley N° 19.974, se encuentra establecido en sus artículos 33 y siguientes, el cual internamente se encuentra en manos del Director o Jefe de cada organismo de Inteligencia y externamente, le corresponde a la Contraloría General de la República, a los Tribunales de Justicia y a la Cámara de Diputados.

3) AMPARO: El 26 de agosto de 2020, don Branislav Marelic Rokov dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud. Se hace presente que si bien señala que se encuentra representado legalmente por persona que indica no acompaña poder de representación, por lo que el amparo se tuvo por presentado en forma personal.

Además, el reclamante hizo presente, en síntesis, que considera la negativa contraria al derecho, por vulnerar derechos fundamentales de la Constitución Política y no ampararse en ninguna causal legal admisible de reserva, además de ser abiertamente injusta y desproporcionada; fundado, en síntesis, en lo siguiente:

a) Negar la información es un acto contrario a derecho: el presente recurso versa sobre dos preguntas jurídicas centrales: ¿Procede qué ante la solicitud de un dato, que obra en poder de la Armada, no se entregue porque no está identificado en un documento único? y ¿Cómo la información de una cantidad de solicitudes de intercepciones telefónicas, expresadas en número, puede constituir una causal de secreto? En opinión jurídica de esta parte, es que dar un número no constituye una causal de secreto y corresponde a una solicitud amparada por la Ley de Transparencia.

b) Negar la información pública por cualquier causal vulnera el derecho fundamental a recibir información, pues es parte del derecho de acceso a la información reconocido por los artículos 8, 19 N° 12 y N° 14, de la Constitución Política, debiendo interpretarse de la forma más amplia posible, según lo contempla el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos aplicable a nuestro ordenamiento jurídico, por tanto un Estado respetuoso de este derecho, debe proporcionar la información solicitada sin restricciones o censura previa, toda vez que no afecta el derecho de otras personas, la seguridad nacional, el orden público, la salud, ni la moral pública.

c) Negar el requerimiento vulnera el artículo 8° de la Constitución, cuyo incumplimiento producirá la nulidad de dichas actuaciones o impondrá las responsabilidades requeridas para el caso. Por tanto, la vulneración o inobservancia a los límites propuestos por nuestra Constitución para el ejercicio válido de la potestad pública significan también una causal de ilicitud de estas mismas.

d) El derecho de acceder a la información pública no es un "derecho a la copia". No concurre causal de inadmisibilidad. Según señala la Armada, el dato solicitado es una solicitud de información "nueva", que requeriría un acto administrativo, por lo que no estaría obligada a recopilar esta información. En este orden, luego de citar diversa jurisprudencia de este Consejo en favor de la entrega de información que requiere elaboración y obra en poder de los órganos del Estado, concluye que el derecho de acceso no constituye un "derecho a copiar" documentos, sino que exige un activo trabajo de ordenamiento y sistematización, tal como lo es pedir un número de actuaciones determinadas, sin que concurran en este caso, exceso de costos y/o inexistencia de la información-. Por lo tanto, la argumentación de la Armada es incorrecta.

e) Negar lo pedido vulnera la ley de transparencia al no configurarse una causal de secreto "de inteligencia" válido. Luego de referirse a la causal de reserva del artículo 21 N° 5, de la Ley de Transparencia, en concordancia con el artículo 38 de la citada Ley de Inteligencia, invocadas por la reclamada, cuestiona si es posible establecer, con criterio general, una prohibición de acceso a la información, sólo por el hecho de que la ley exige a los funcionarios de un organismo guardar secreto de los antecedentes que tomen conocimiento en el desempeño de sus funciones. Una correcta aplicación de estos preceptos llevaría al ejercicio de verificar que la causal de reserva invocada se relaciona, en los hechos, con alguna de las establecidas en el artículo 8 de la Constitución Política. En consecuencia, no sería admisible una prohibición con criterio general, que obligue a los funcionarios a denegar, en cualquier caso, la información solicitada. Cita jurisprudencia de este Consejo y de los tribunales superiores sobre la materia. Finalmente agrega que además no es válida la causal invocada, pues sólo se está solicitando un número cuantificador en materia de intercepción de comunicaciones.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo y mediante Oficio N° E15485, de 10 de septiembre de 2020, confirió traslado al Sr. Comandante en Jefe de la Armada de Chile, solicitante que: (1°) indique las razones por las que, a su juicio, lo requerido no constituye una solicitud de información amparable por la Ley de Transparencia; (2°) señale si la información solicitada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida; y, (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada.

Mediante O.T.A.I.P.A. Ordinario N° 12000/898 C.P.L.T., de fecha 28 de septiembre de 2020, efectuó sus descargos señalando, en síntesis, lo siguiente:

1. Reitera lo señalado en su respuesta en orden a que lo pedido no constituye una solicitud de información amparable por la Ley de Transparencia, agregando que además se requiere información desagregada de 5 años, en un momento en que debido al estado de excepción decretado por el Covid 19, la Institución no sólo debe desarrollar sus actividades normales con menos personal, sino que además, cumplir con las labores que se le han asignado para tales efectos.

2. Luego agrega que la información pedida es secreta en virtud de la ley 19.974, "Sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y Crea la Agencia Nacional de Inteligencia", en relación con el artículo 8° de la Constitución Política. Al efecto el artículo 38, de dicha ley, indica expresamente que los "antecedentes, informaciones y registros" que obren en poder del sistema o de los que tenga conocimiento su personal, son secretos. Así las cosas, la información solicitada se encuentra incluida entre aquellas declaradas secretas, motivo por el cual no puede ser entregada. Además, la violación del deber de secreto haría incurrir en el tipo penal establecido en el artículo 43 de dicho cuerpo legal, aplicable, según su artículo 40, no sólo a quienes sean funcionarios del sistema de inteligencia, sino a todos aquellos que "(...) tomaren conocimiento de las solicitudes para la ejecución de procedimientos especiales de obtención de información, de los antecedentes que las justifiquen y de las resoluciones judiciales que se dicten al efecto." Por tanto, al ser las interceptaciones de comunicaciones telefónicas un procedimiento especial de obtención de información, tanto los funcionarios del sistema de inteligencia como cualquier persona que tome conocimiento de ellas, está obligado a guardar secreto.

3. Además, el sistema de inteligencia cuenta con sus propias y estrictas vías de control, tanto internas como externas. Las primeras de ellas corresponden a facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, al Senado, los Tribunales de Justicia, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. Estos organismos pueden solicitar esta información, la cual les será proporcionada exclusivamente por intermedio del Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa o por el Director de la Agencia Nacional de Inteligencia. Así está expresamente preceptuado en el artículo 39 de la norma analizada, la que además indica de modo expreso que quienes accedan a esta información, estarán obligados a guardar secreto de ella, y quedan sujetos en cuanto a su infracción al mismo tipo penal establecido en su artículo 44.

4. En este caso, la Armada de Chile se encuentra imposibilitada de otorgar acceso a los datos solicitados, por la existencia de una ley sobre el sistema de inteligencia de Estado de quórum calificado que los declara reservados, vinculados directamente con las causales de secreto establecidas en el artículo 8 de la Constitución Política, esto es, "cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional", configurándose la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, según fundamenta latamente.

5. Para mayor precisión, el artículo 20 de la citada ley N° 19.974, al referirse a los servicios de inteligencia militar, en este caso particular, la Inteligencia Naval, destaca que esta función corresponde exclusivamente a las Fuerzas Armadas. Con esa asignación exclusiva de competencia, el mismo artículo agrega que el ejercicio de la función de inteligencia y de contrainteligencia comprende las tareas necesarias para "detectar, neutralizar y contrarrestar, dentro y fuera del país, las actividades que puedan afectar la Defensa Nacional".

6. Finalmente, y aun cuando la información estuviera procesada y correspondiera a información que pudiese ser solicitada mediante la Ley de Transparencia, ésta tampoco podría ser entregada, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 21 N° 5, en relación con los artículos 8 de la Constitución Política y la citada Ley N° 19.974.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega del número total anual de las solicitudes efectuadas y aceptadas sobre interceptaciones telefónicas con finalidades de inteligencia ante los Ministros de Corte de Apelaciones; y de las mismas, desagregadas por año y mes, y por Corte de Apelaciones a las que fueron dirigidas, entre los años 2015 y 2020, según se señala en el N° 1 de lo expositivo. Al efecto la Armada de Chile denegó la entrega de esta información por no constituir una solicitud de información amparada por la Ley de Transparencia, fundada en que su atención requeriría elaborar información; y en su defecto, por concurrir la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 5, de la Ley de Transparencia, en concordancia con el artículo 8 de la Constitución Política de la República y del artículo 38, inciso primero, de la Ley 19.974, sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia.

2) Que, en cuanto a lo alegado por el órgano en orden a que lo pedido no constituye una solicitud de información amparada por la Ley de Transparencia, cabe señalar, que si bien este Consejo ha concluido que la información cuya entrega puede ordenar debe contenerse "en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos" o en un "formato o soporte" determinado, según reza el inciso 2° del artículo 10 de la Ley de Transparencia, no pudiendo ordenarse la entrega de información que no obra en poder del órgano, ello no obsta a que en aplicación de lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de Transparencia y conforme a la historia fidedigna de la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, se encuentren amparadas por la Ley de Transparencia aquellas solicitudes que implican elaborar documentos o respuestas, en tanto la información que allí se vuelque obre en poder de la Administración y no suponga un costo excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto institucional (decisión de amparo Rol C97-09). En efecto, según se indicó en la precitada decisión, "la supresión (en la historia de la Ley) de la norma que establecía que los órganos de la Administración del Estado no estaban obligados a elaborar información y restringía su obligación a entregar sólo información ya existente no fue una omisión involuntaria del legislador. Por el contrario, la intención del legislador fue eliminar esta restricción lo que permite solicitar a los órganos de la Administración elaborar documentos, en tanto la información que allí se vuelque obre en poder de la Administración y con un límite financiero: no irrogar al Servicio un costo excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto institucional". Si bien en este caso se requiere procesar información, se trata de antecedentes que obran en poder de la reclamada -circunstancia que queda de manifiesto de la normativa señalada y de lo señalado por la reclamada-, cuya elaboración no irrogaría al órgano un costo excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto institucional. Siendo así, la información debiera proporcionarse, salvo que concurra alguna de las causales de secreto o reserva que establece esta misma Ley, lo que este Consejo deberá determinar.

3) Que, en lo que interesa, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.

4) Que, el artículo 25, de la Ley 19.974, sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia, señala que "Los directores o jefes de los organismos de inteligencia solicitarán, personalmente o por intermedio de un funcionario de su dependencia expresamente facultado para ello, la autorización judicial para emplear los procedimientos señalados en las letras a) a d) del artículo anterior. // Será competente para pronunciarse sobre la mencionada autorización un Ministro de aquella Corte de Apelaciones en cuyo territorio jurisdiccional se realizará la diligencia o donde se inicie la misma (...)".

5) Que, a modo de contexto, la citada ley N° 19.974, se aplica "a toda la actividad de inteligencia que realicen los órganos y servicios que integren dicho Sistema" (artículo 1°). A su vez, el Sistema es definido como "el conjunto de organismos de inteligencia, independientes entre sí, funcionalmente coordinados, que dirigen y ejecutan actividades específicas de inteligencia y contrainteligencia, para asesorar al Presidente de la República y a los diversos niveles superiores de conducción del Estado, con el objetivo de proteger la soberanía nacional y preservar el orden constitucional (...)" (artículo 4°). Dicho sistema se encuentra integrado, entre otros organismos, por "las direcciones o jefaturas de inteligencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública" (artículo 5°, letra d). Además, "Las unidades, departamentos o cualquiera otra dependencia de las Fuerzas Armadas o de Orden y Seguridad Pública que realicen tareas de inteligencia se considerarán, para los efectos de la aplicación de esta ley, como partes integrantes de las respectivas direcciones o jefaturas de inteligencia señaladas precedentemente" (artículo 5°, inciso final). En materia de obtención de información, el artículo 23 inciso 2° dispone que tales procedimientos "estarán limitados exclusivamente a actividades de inteligencia y contrainteligencia que tengan por objetivo resguardar la seguridad nacional y proteger a Chile y su pueblo de las amenazas del terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico".

6) Que, en tal sentido, la reclamada denegó la entrega de la información aludida en aplicación de lo dispuesto en el artículo 38 de la ley N° 19.974, el cual establece que "se considerarán secretos y de circulación restringida, para todos los efectos legales, los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de los organismos que conforman el Sistema o de su personal, cualquiera que sea su cargo o la naturaleza de su vinculación jurídica con éstos. Asimismo, tendrán dicho carácter aquellos otros antecedentes de que el personal de tales organismos tome conocimiento en el desempeño de sus funciones o con ocasión de éstas". Agrega su inciso 2°, que "Los estudios e informes que elaboren los organismos de inteligencia sólo podrán eximirse de dicho carácter con la autorización del Director o Jefe respectivo, en las condiciones que éste indique", finalizando que "Los funcionarios de los organismos de inteligencia que hubieren tomado conocimiento de los antecedentes a que se refiere el inciso primero, estarán obligados a mantener el carácter secreto de su existencia y contenido aun después del término de sus funciones en los respectivos servicios".

7) Que, complementando lo anterior, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 y del artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, esta Consejo ha concluido, que para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado, sino que, además debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que además establece el artículo 8, inciso 2, de la Constitución Política de la República. De este modo, si bien el artículo 38 de la ley mencionada, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia (y puede por tanto ser objeto de reconducción formal), es igualmente menester determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente, es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material; la que debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política, esto es, debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, derechos de las personas, seguridad de la Nación o el interés nacional. Lo anterior, en atención a la claridad del vocablo "afectare" que ha sido utilizado en el inciso segundo del precepto constitucional, por cuanto la referida afectación implica necesariamente la existencia de un perjuicio o daño al bien jurídico de que se trate, para el caso de divulgarse la información.

8) Que, en efecto, no basta sólo con que la información "se relacione" con el bien jurídico protegido o que le resulte "atingente" para los efectos de mantener tal información en secreto o reserva, sino que se precisa la afectación. En tal sentido, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que aquella debe ser presente o probable y con la suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se presume sino que debe ser acreditado por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad.

9) Que, a juicio de este Consejo, sin perjuicio de que la información reclamada en el amparo tiene carácter estadístico, atendida la materia específicamente consultada y la desagregación en la que se requiere, forma parte de aquellas materias que la referida norma resguarda en forma específica, por tratarse directamente del eventual ejercicio de actividades de inteligencia; en conformidad a lo indicado, el solo pronunciarse sobre lo requerido obliga necesariamente a la reclamada a divulgar si dispone o no de antecedentes sobre interceptaciones de comunicaciones telefónicas con finalidades de inteligencia solicitadas y autorizadas ante los Ministros de Corte de Apelaciones, lo que implica la posibilidad cierta de exponer información relacionada de manera directa con las actividades de inteligencia de la Armada de Chile, por cuanto supondría facilitar o alertar sobre el actuar de dicho organismo, todo lo cual supone divulgar aspectos cubiertos por la reserva dispuesta en el artículo 38 del cuerpo legal citado, dado que dicha hipótesis protege los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de ese organismo. En efecto, obligar a la reclamada a reconocer que ha procedido o no a ejecutar a ejecutar determinadas acciones, para luego, divulgar dicha información, a juicio de este Consejo, afectaría el debido cumplimiento de las funciones de la reclamada -en tanto implicaría infringir el deber de resguardo que sobre dicha información le impone el ya precitado artículo 38 y en su eventualidad se entorpecería las eventuales acciones de inteligencia sobre las materias relacionadas- bien jurídico protegido por el artículo 8° inciso segundo de la Constitución Política de la República.

10) Que, no obstante cabe hacer presente que, a juicio de este Consejo, existe un legítimo interés en conocer la información relativa a la interceptaciones telefónicas con finalidades de inteligencia solicitadas y autorizadas ante los Ministros de Corte de Apelaciones; sin embargo, la Ley de Transparencia no es la vía idónea para ejercer dicho control social, sino que este se manifiesta a través de las autorizaciones judiciales que deben ser recabadas por la institución castrense, para desplegar el tipo de actividades consultadas, en conformidad al procedimiento dispuesto en los artículos 24 a 29 de la ley citada ley N° 19.974.

11) Que, en virtud de lo razonado en los considerandos precedentes, se estima que concurre en la especie la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, por lo que se procederá a rechazar el presente amparo. Aplica criterio decisiones de amparo roles C7659-19 y C5224-20.

12) Que, finalmente, se hace presente que el razonamiento efectuado por este Consejo en el presente acuerdo, va en conformidad a lo resuelto por la Excma. Corte Suprema, en fallo rol N° 29.507-2019, de 14 de julio de 2020, que acogió recurso de queja, declarando como reservada información estadística que obra en poder de la Agencia Nacional de Inteligencia. El considerando 11° del referido fallo, señala que, "esos datos corresponden a registros, antecedentes e informaciones que obran en poder de la Agencia Nacional de Inteligencia, esto es, de un organismo que forma parte del Sistema de Inteligencia del Estado, y que tienen por finalidad servir al desarrollo de labores de inteligencia, es decir, aquellas dirigidas a la recolección y análisis de información que busca producir conocimiento útil para la toma de decisiones, y a tareas de contrainteligencia, esto es, aquellas concebidas para detectar y neutralizar las acciones de inteligencia desarrolladas por otros Estados o por personas, organizaciones o grupos extranjeros, dirigidas contra la seguridad del Estado y la defensa nacional. De este modo, su revelación supondría, indudablemente, un debilitamiento del rol esencial asignado al Sistema de Inteligencia del Estado, en tanto permitiría hacer públicos aspectos sensibles y relevantes de la labor que le ha sido encomendada, poniendo de manifiesto aspectos de su labor que podrían ser explotados en labores de contrainteligencia, pues podría permitir a un analista debidamente entrenado inferir debilidades, flaquezas o fragilidades de la labor realizada por la Agencia Nacional de Inteligencia".

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Branislav Marelic Rokov en contra de la Armada de Chile, por estimar concurrente la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General (S) y la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Branislav Marelic Rokov y al Sr. Comandante en Jefe de la Armada de Chile.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.