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Paz Estay Miño con SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESCOLAR Rol: C5175-20

Consejo para la Transparencia, 29/12/2020

Se acoge el amparo deducido en contra de la Superintendencia de Educación, ordenando entregar la información reclamada relativa a la declaración del año 2019 de la Corporación Educacional y de Promoción Juvenil Juan Diego de Guadalupe, sostenedora del Colegio San Juan Diego de Guadalupe, y de la Escuela de Párvulos San Juan Leonardi, RBD 25467, ambas de la comuna de Maipú. Lo anterior, por tratarse de información pública respecto de la cual no se acreditó suficientemente la inexistencia de dichos antecedentes. Con todo, en el evento de que dichos antecedentes no obren en poder de la reclamada deberá informarlo expresa y fundadamente al solicitante y a este Consejo.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Educación
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C5175-20

Entidad pública: Superintendencia de Educación

Requirente: Paz Estay Miño

Ingreso Consejo: 25.08.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de la Superintendencia de Educación, ordenando entregar la información reclamada relativa a la declaración del año 2019 de la Corporación Educacional y de Promoción Juvenil Juan Diego de Guadalupe, sostenedora del Colegio San Juan Diego de Guadalupe, y de la Escuela de Párvulos San Juan Leonardi, RBD 25467, ambas de la comuna de Maipú.

Lo anterior, por tratarse de información pública respecto de la cual no se acreditó suficientemente la inexistencia de dichos antecedentes. Con todo, en el evento de que dichos antecedentes no obren en poder de la reclamada deberá informarlo expresa y fundadamente al solicitante y a este Consejo.

En sesión ordinaria N° 1143 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de diciembre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5175-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 02 de agosto de 2020, doña Paz Estay Miño solicitó a la Superintendencia de Educación la siguiente información relativa a la Corporación Educacional y de Promoción Juvenil Juan Diego de Guadalupe, RUT 71.673.100-6, sostenedora del Colegio San Juan Diego de Guadalupe, y de la Escuela de Párvulos San Juan Leonardi, RBD 25467, ambas de la comuna de Maipú:

a) Copia íntegra de la Declaración de sostenedor del año 2019, de ambos establecimientos educacionales:

i. Información de contacto para todos los fines requeridos por la Superintendencia de Educación.

ii. Caracterización y constitución de las entidades sostenedoras.

iii. Caracterización y certificaciones de los locales escolares administrados.

iv. Entrega de información obligatoria a la comunidad escolar.

v. Caracterización y gasto de los directivos, miembros, asociados y administradores de la entidad sostenedora.

vi. Información sobre las Agencias de Asistencia Técnica Educativa que postularon a la licitación requerida para contratar sus servicios.

vii. Obligaciones transferidas y operaciones con personas relacionadas, en el contexto de la adecuación establecida en el artículo segundo transitorio de la ley N° 20.845.

viii. Evidencias del pago íntegro y oportuno de las cotizaciones previsionales de todo el personal.

b) Copia de acta notarial o símil que, comunique al MINEDUC y Superintendencia de Educación Escolar, el fallecimiento el año 2019 de Guillermo Víctor Arceu Jeffs, presidente y miembro del directorio de la Corporación indicada, y el nombramiento de su respectivo reemplazo en la conformación del directorio aludido.

2) RESPUESTA: La Superintendencia de Educación respondió a dicho requerimiento de información mediante oficio Ord. 10DJ-TRA N° 876, señalando, en síntesis, que sobre lo pedido no concurre la causal de reserva alguna que justifique la denegación, por lo que accede a la entrega de lo requerido adjuntando el link para dicho efecto, haciendo presente que dicho enlace tiene vigencia de un mes desde la notificación de la respuesta.

Finalmente, señala que toda aquella información que no se encuentra en el link, se debe a que la misma no fue declarada por el sostenedor ante la Superintendencia de Educación, razón por la cual la institución no cuenta con la misma.

3) AMPARO: El 25 de agosto de 2020, doña Paz Estay Miño dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Superintendencia de Educación fundado en que recibió respuesta negativa a su solicitud de información.

La parte reclamante fundamenta su amparo en la respuesta incompleta o parcial a su solicitud de información, señalando que además de la falta de claridad y orden sobre los antecedentes proporcionados, no se le proporcionó lo siguiente:

Respecto de lo pedido en la letra a) no se le entregó los siguientes antecedentes:

i. La caracterización y gasto de los directivos, miembros, asociados, y administradores de la entidad sostenedora.

ii. Los datos del Director del Colegio San Juan Diego desde marzo de 2019, Carlos Serrano Bobadilla, toda vez que se le entregó el contrato de la ex Directora Romina Roseti, quien fue despedida en diciembre de 2018.

iii. Las actas de Consejo Escolar, que son 4 mínimo al año, enviándole un acta del 31 de marzo del 2020, la que en realidad nunca se concretó.

iv. El Estado Financiero del año 2018, que debió presentarse en la declaración del año 2019.

En relación a lo requerido en la letra b), indica que no se le entregó respuesta de ningún tipo.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Superintendente de Educación mediante N° E15201, de fecha 07 de septiembre de 2020. Se solicitó expresamente al órgano: remita nuevamente un enlace para acceder a la información entregada, debido a que aquel ha caducado antes de la fecha señalada en la respuesta; señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información; señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; en cuanto a la solicitud relativa a "la información de contacto para todos los fines requeridos por la Superintendencia de Educación", indique si aquellos antecedentes pertenecen a una persona jurídica o una persona natural, en cuyo último caso resultan aplicables las disposiciones de la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada.

El órgano reclamado formuló sus descargos u observaciones a través de oficio Ord. 10DJ N° 1248, de fecha 22 de septiembre de 2020, señalando, en síntesis, que proporcionó enlace que contiene la información entregada por la División de Fiscalización respecto de la declaración del sostenedor correspondiente al año 2019.

Agrega, que la información entregada sí contenía (y contiene), todos los antecedentes con que cuenta la División de Fiscalización de la SIE, proporcionados en su oportunidad en la declaración del sostenedor, y de ahí que sostiene que no cuenta con todos los antecedentes requeridos por doña Paz Estay.

En efecto, explica que la reclamante afirma que no se le ha entregado el Estado Financiero del año 2018; afirmación que resulta efectiva considerando que los Estados de Resultados de las Rendición de Cuentas del período 2018, no deben presentarse en la declaración de sostenedor 2019, ya que están en un proceso separado.

En el mismo sentido aclara que la Declaración del Sostenedor, información 2019 (DECSOST19) consistió en un proceso por medio del que se solicitó información relacionada con la gestión escolar de cada establecimiento, permitiendo también, cumplir con las exigencias de transparencia, mediante la entrega de información requerida en la plataforma institucional, y que por lo mismo, todos aquellos antecedentes y documentos que la recurrente alega que esta Institución no proporcionó en la respuesta a su solicitud de acceso a la información, se debe a que esta Superintendencia no cuenta con los mismos, por cuanto el Sostenedor en cuestión no los acompañó en su declaración correspondiente al año 2019.

Asimismo, explica que la confusión que menciona la reclamante, en la comprensión de los archivos entregados, puede tener origen en el hecho que los procesos de declaración se realizan por sostenedor y no por RBD o Establecimiento Educacional, por lo que, pudo existir alguna confusión entre los documentos de distintos establecimientos educacionales del Sostenedor.

Reitera que no concurre ninguna de las circunstancias descritas que hiciera procedente la denegación de la información reclamada.

5) PRONUNCIAMIENTO DEL RECLAMANTE: En virtud de lo anterior, este Consejo, mediante oficio N° E17329, de fecha 17329, remitió a la solicitante la información proporcionada por el órgano reclamado, requiriéndole manifestar su conformidad o disconformidad con la misma.

La solicitante, a través de correo electrónico de fecha 15 de octubre de 2020, manifestó su disconformidad con la información proporcionada por el órgano reclamado, señalando, en síntesis, que no se le ha respondido detalladamente a cada uno de los puntos reclamados en el amparo, información que debía haber sido declarada por la sostenedora del colegio. En este sentido, expresa que la información reclamada es la siguiente:

Respecto de lo pedido en la letra a):

i. La caracterización y gasto de los directivos, miembros, asociados y administradores de la entidad sostenedora.

ii. Los datos del Director del colegio San Juan Diego desde Marzo de 2019, Carlos Serrano Bobadilla, toda vez que, se me entrega contrato de la ex Directora Romina Roseti, quien fue despedida en Diciembre de 2018.

iii. Las Actas de Consejo escolar, que son 4 mínimo al año. Enviándome un acta del 31 de Marzo de 2020, la que en la realidad nunca se concretó.

iv. El Estado Financiero del año 2018, que debió presentarse en la declaración del año 2019.

En relación a lo pedido en la letra b), no ha recibido ningún tipo de respuesta.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, presente amparo se funda en la respuesta incompleta obtenida por parte de la Superintendencia de Educación, por cuanto no se le entregó a información señalada en el N° 5 de lo expositivo, relativa a la Corporación Educacional y de Promoción Juvenil Juan Diego de Guadalupe, RUT 71.673.100-6, sostenedora del Colegio San Juan Diego de Guadalupe, y de la Escuela de Párvulos San Juan Leonardi, RBD 25467, ambas de la comuna de Maipú. Al efecto, el órgano reclamado sostiene haber proporcionado la información que obra en su poder en relación a la declaración del sostenedor correspondiente al año 2019, haciendo presente que no posee todos los antecedentes reclamados, y que no concurren causales legales de reserva que justifiquen denegarla.

2) Que, cabe tener presente que según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales.

3) Que, conforme ha resuelto previamente este Consejo, en las decisiones de amparo Roles C1179-11, C1163-11 y C409-13, entre otras, la inexistencia de la información reclamada constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder y debiendo acreditarla fehacientemente. Al respecto, la Instrucción General N° 10, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información, en el acápite sobre búsqueda de la información requerida, numeral 2.3, en su párrafo segundo, dispone que, en caso de no existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos pedidos, si el órgano público constata que no posee la información, luego de realizada su búsqueda, deberá agotar todos los medios a su disposición para encontrarla y, en caso de estimar que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, instruir el correspondiente procedimiento sancionatorio, estándar de búsqueda que no se cumplió en el presente caso.

4) Que, de los antecedentes examinados en el presente caso, a juicio de este Consejo la inexistencia de la información alegada por la reclamada no ha sido suficientemente fundada, toda vez que el órgano reclamado no ha acreditado al menos haber efectuado las búsquedas respectivas conforme al estándar exigido en dichos casos, particularmente considerando la reciente data de la información pedida, acotado periodo consultado, que no se constató la entrega de lo reclamado a la solicitante. Por consiguiente, no acreditada la entrega de la información reclama, como tampoco habiéndose expuesto alguna causal legal de reserva o circunstancia de hecho que justifique su denegación, este Consejo acogerá el amparo, ordenando entregar la información reclamada, tarjando previamente sólo aquellos datos personales de contexto incorporados en la información que se ordena entregar, por ejemplo, número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628. En su defecto deberá señalar expresa y fundadamente, tanto al reclamante como a este Consejo, si dichos antecedentes no existieran o no obraran en su poder, con los respectivos motivos, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por doña Paz Estay Miño en contra de la Superintendencia de Educación, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir Sr. Superintendente de Educación:

a) Entregar a la reclamante la siguiente información relativa a la Corporación Educacional y de Promoción Juvenil Juan Diego de Guadalupe, RUT 71.673.100-6, sostenedora del Colegio San Juan Diego de Guadalupe, y de la Escuela de Párvulos San Juan Leonardi, RBD 25467, ambas de la comuna de Maipú, tarjando previamente sólo aquellos datos personales de contexto incorporados en la información que se ordena entregar, por ejemplo, número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628:

i. De la Declaración de sostenedor del año 2019, de ambos establecimientos educacionales:

i.i) La caracterización y gasto de los directivos, miembros, asociados y administradores de la entidad sostenedora.

i.ii) Los datos del Director del colegio San Juan Diego desde Marzo de 2019, Carlos Serrano Bobadilla, toda vez que, se me entrega contrato de la ex Directora Romina Roseti, quien fue despedida en Diciembre de 2018.

i.iii) Las Actas de Consejo escolar, que son 4 mínimo al año. Enviándome un acta del 31 de Marzo de 2020, la que en la realidad nunca se concretó.

i.iv) El Estado Financiero del año 2018, que debió presentarse en la declaración del año 2019.

ii. Copia de acta notarial o símil que, comunique al MINEDUC y Superintendencia de Educación Escolar, el fallecimiento el año 2019 de Guillermo Víctor Arceu Jeffs, presidente y miembro del directorio de la Corporación indicada, y el nombramiento de su respectivo reemplazo en la conformación del directorio aludido.

En su defecto deberá señalar expresa y fundadamente, tanto al reclamante como a este Consejo, si dichos antecedentes no existieran o no obraran en su poder, con los respectivos motivos, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Paz Estay Miño y al Sr. Superintendente de Educación.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.