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N:N con Consejo para la Transparencia Rol: 416-2020

Corte de Apelaciones de Santiago, 01/02/2021

Se interpuso reclamo de ilegalidad en contra de la decisión del Consejo para la Transparencia, que acogió el amparo deducido por su parte en contra de la Dirección del Trabajo, disponiendo la entrega parcial de la información solicitada. Corte rechaza el recurso


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechazado


Ministros:

  • Jenny Book Reyes
  • Paula Rodríguez Fondón

Texto completo:

Santiago, uno de febrero de dos mil veintiuno.

Vistos:

Que comparece don N.N, ingeniero, domiciliado en Avenida Acueducto N° 2966, Peñalolén, y presenta reclamo de ilegalidad, conforme con lo dispuesto en los artículos 28 y 29 de la Ley N° 20.285, en contra de la decisión adoptada el 7 de julio de 2020, en los autos de Amparo Rol N° C 5317-2019, del Consejo para la Transparencia, que acogió el amparo deducido por su parte en contra de la Dirección del Trabajo, disponiendo la entrega parcial de la información solicitada.

Como antecedentes expone que:

1. - Con fecha 2 de julio de 2019, formuló, ante la Dirección del Trabajo, solicitud de información pública requiriendo lo siguiente: "informe con las conclusiones de la investigación por acoso sexual realizado por la empresa Banco de Crédito e Inversiones en el caso N.N- Claudia Romero entre las fechas 7 mayo - 7 junio 2019 (período de investigación) aprox."

2. El día 11 de julio de 2019, se comunicó la denegación de información conforme se señala en el Ordinario 1496 de 9 de julio de 2019.

Explica el reclamante que prestó servicios por aproximadamente tres años para el Banco Crédito e Inversiones, en calidad de Subgerente y luego Gerente del área de Riesgos y el 7 mayo del 2019 fue notificado acerca de una denuncia en su contra por acoso sexual, señalándole los altos ejecutivos del banco los detalles del proceso investigativo y los plazos para llevarlo a cabo, recibiendo al día siguiente un extracto de la denuncia.

Agrega que el día 14 de junio de 2019 fue citado para entregarle las conclusiones, comunicándole que "la acusación fue desechada" por falta de pruebas, sin entrar en detalles ni aceptar preguntas al respecto. Sin embargo, fue informado que un alto porcentaje (no definido) de las declaraciones de los entrevistados durante la investigación, le atribuyen "dichos sexistas y machistas" y "actitudes no apropiadas", por lo que se tomó la decisión de desvincularlo, ya que dichas acciones "no son aceptables para un gerente del BCI, el cual debe serlo las 24 horas del día".

Indica que solicitó que se le entregaran detalles de los supuestos dichos sexistas y machistas o se especificaran las actitudes inapropiadas a las que se referían, cuándo o dónde se habrían proferido, pero la respuesta fue "ese es un tema que tienes que analizar tú".

Refiere que no le entregaron información verbal ni escrita y tampoco el informe con las conclusiones de la investigación, vulnerando de esta manera lo estipulado en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad del Banco.

Añade que a partir de esa fecha y de esas infundadas, injustas y estigmatizantes acusaciones su vida comienza a sufrir un vuelco radical que, con el paso del tiempo le produciría secuelas físicas, fisiológicas y psicológicas.

Por las razones señaladas, señala que el 3 de septiembre de 2019 interpuso demanda judicial de Tutela Laboral en contra de su ex empleador, el Banco de Crédito e Inversiones, la que es seguida ante el 1° Juzgado del Trabajo de Santiago, RIT T-1496-2019, que actualmente se encuentra con audiencia de juicio pendiente, producto de la situación de excepción constitucional por la pandemia de Covid19. La mencionada demanda tiene por fundamento, precisamente, la lesión en contra de su honra y los efectos que ello ocasiona a su integridad psíquica, por lo que resulta esencial acceder a las declaraciones que constan en el informe de la Inspección del Trabajo, para lograr acreditar la falta de rigurosidad, veracidad y respeto a sus derechos fundamentales por parte de su ex empleador, al investigar las "supuestas" denuncias existentes en su contra.

Señala que por ello requirió la información a la Dirección del Trabajo, la cual denegó lo solicitado, conforme con la respuesta transcrita precedentemente, en virtud de la causal del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada.

En lo pertinente, agrega, el Ordinario 1496 referido, expresa que la parte interesada, previa acreditación de su condición de tal, puede consultar personalmente al órgano público sobre las conclusiones de la investigación interna por acoso sexual entregadas por la empresa.

Señala que la materia consultada se encuentra regulada en el Manual de Procedimientos de Fiscalización, relativo el proceso de investigación de acoso sexual establecido en el Título IV del Código del Trabajo, cuyo objetivo es verificar si el empleador adoptó las medidas de seguridad y/o efectuó la investigación ordenada en el 211-C del Código del Trabajo, cuando ha tomado conocimiento de un trabajador que está siendo víctima de acoso sexual y el sujeto acosador es una persona distinta del empleador, es decir, si el acoso se produce entre pares, no pudiendo desconocer la naturaleza especial de este tipo de denuncias, y como el riesgo de su divulgación puede afectar los derechos de la persona denunciante y trabajadores que prestan su declaración, en particular aquellos que versan y tratan respecto de la esfera de la vida privada o derechos de carácter económico.

El reclamante agrega que con fecha 24 de julio de 2019 interpuso amparo al derecho de acceso a la información en contra de dicho órgano de la Administración del Estado ante el Consejo para la Transparencia, el cual emitió la decisión de amparo Rol C5317-19, mediante la cual resolvió

"I. Acoger parcialmente el amparo deducido en contra de la Dirección del Trabajo, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director Nacional del Trabajo, que:

a) Entregue a la parte solicitante copia del documento en el cual van contenidas las conclusiones generadas con ocasión de la investigación que se consulta, tarjando previamente las declaraciones de testigos allí consignadas y el punto tercero de los hechos no acreditados."

Señala que no concurre la causal de reserva esgrimida y cita al efecto el fallo de 18 de mayo de 2017 de esta Corte y sostiene que el Consejo para la Transparencia ha debido tener en consideración en forma irrestricta lo dispuesto por el artículo 8 de la Constitución Política de la República y acoger íntegramente el amparo deducido y ordenar a la Dirección del Trabajo la entrega del informe con las conclusiones de la investigación por acoso sexual realizado por la empresa Banco de Crédito e Inversiones en el caso N.N-Claudia Romero entre las fechas 7 mayo - 7 junio 2019, tarjando u omitiendo sólo la individualización de los declarantes.

En definitiva, solicita se acoja el reclamo y, en consecuencia, se revoque la decisión recurrida, declarando la ilegalidad de ésta y se disponga se ordene a la Dirección del Trabajo la entrega del informe en los términos señalados.

En su informe, el Consejo para la Transparencia, solicita que el reclamo sea rechazado en todas sus partes y luego de referirse a los hechos y los aspectos procesales, explicó que la Decisión de Amparo Rol C 5317-19 se ajusta a derecho y al espíritu del constituyente en materia de transparencia y acceso a la información pública y no se ha incurrido en ilegalidad alguna. Agrega de acuerdo con el tenor del Reclamo de Ilegalidad, el recurrente sostiene que no se consideró el artículo 8° inciso 2° de la Constitución de forma irrestricta, por lo que debió acogerse íntegramente el amparo deducido, ordenando a la Dirección del Trabajo la entrega del informe con las conclusiones de la investigación por acoso sexual realizado por la empresa Banco de Crédito e Inversiones en el caso que indica, entre las fechas 7 mayo y 7 junio 2019, tarjando u omitiendo sólo la individualización de los declarantes.

En consecuencia, en relación al objeto del reclamo, sostiene que la controversia se circunscribe a resolver si el Consejo obró conforme a derecho al acoger parcialmente el amparo deducido y ordenar la entrega de copia del documento en el cual van contenidas las conclusiones generadas con ocasión de la investigación que se consulta, tarjando previamente las declaraciones de testigos allí consignadas y el punto tercero de los hechos no acreditados.

En cuanto a la información requerida, precisa que, por obrar en poder de un órgano de la Administración del Estado, ésta detenta solo en principio, el carácter de pública, pero no por ese hecho, se convierte o deviene automáticamente en pública.

Al efecto, cita lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución Política de la República y artículos 5 inciso 2° y 11 de la Ley de Transparencia y señala que al emitir la decisión, el Consejo concluye que la publicidad de las declaraciones consignadas y el punto tercero de los hechos no acreditados en el informe con las conclusiones de la investigación por acoso sexual requerido, afecta el debido cumplimiento de las funciones de la Dirección del Trabajo, por cuanto existe un riesgo de que su divulgación inhiba a otros testigos a entregar ciertas opiniones o juicios personales que sólo se emiten bajo una razonable y evidente expectativa de reserva, lo que, en definitiva afectaría sus derechos y futuras investigaciones, tal como se indicó en el considerando 4) de la decisión reclamada.

Agrega que si bien la información solicitada obra en poder de la Administración Pública ello significa que sólo en principio dicha información tiene carácter público, pero no se transforma en pública per se, teniendo que entregarse a la solicitante por esa sola circunstancia, puesto que el derecho de acceso a la información no es de carácter absoluto, ya que tanto el artículo 8 inciso 2° de la Constitución Política, como el artículo 21 de la Ley N° 20.285, prevén la posibilidad de acreditar la afectación que la publicidad pudiere ocasionar a algunos de los bienes jurídicos protegidos por dichas normas, permitiendo configurar una o más de las causales de reserva previstas en la Ley de Transparencia.

De este modo, asevera, conforme a lo preceptuado en los artículos 5, 10 y 11 letra c) de la Ley de Transparencia, es posible concluir que si lo pedido obra en poder del órgano requerido, es susceptible de ser requerido en ejercicio del derecho de acceso a la información y constituye información que en principio es pública, salvo que a su respecto concurra alguna causal de secreto o reserva, de aquellas que reconoce la Constitución Política en su artículo 8 y que se desarrollan en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, que fue lo que precisamente aconteció con el documento en el cual constan las conclusiones de la investigación llevada a efecto por la empresa empleadora (Banco de Crédito e Inversiones) y remitidos a la Dirección del Trabajo, en cumplimiento del artículo 211-C del Código del Trabajo.

Dicho de otra manera, la Ley de Transparencia, continua, se limita a indicar qué información es potencialmente pública y señala luego que al momento de resolver una solicitud deberán considerarse las causales de reserva contenidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia o en una ley de quórum calificado, establecidas en resguardo de algunos de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 8° inciso 2° de la Carta Fundamental.

Así las cosas, en este caso, el órgano requerido logró acreditar que la publicidad de los antecedentes solicitados podría ocasionar afectación al debido cumplimiento de las funciones de la Dirección de Trabajo, y el derecho a la vida privada de los terceros involucrados, lo que permitió dar por configuradas las causales de reserva previstas en el artículo 21 numerales 1 y 2 de la Ley de Transparencia, respecto de las declaraciones de testigos allí consignadas y el punto tercero de los hechos no acreditados.

La publicidad de los antecedentes de la investigación afecta el debido cumplimiento de las funciones de la Dirección del Trabajo y el derecho a la vida privada de los terceros que intervinieron en dicha investigación por vulneración de derechos fundamentales, configurando las causales de secreto o reserva establecidas, en el artículo 21 N° 1 y 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Añade que el reclamante funda su impugnación en la relevancia que para su parte tiene la información, pero omite considerar que en las conclusiones de la investigación por acoso sexual, específicamente en el ítem "hechos acreditados", hay una serie de declaraciones que hacen imposible aplicar el principio de divisibilidad de un modo razonable, para efectos de conciliar los derechos en juego y resguardar adecuadamente el debido cumplimiento de las funciones de la Dirección del Trabajo y los derechos de las personas involucradas en la investigación, pues no solo basta con suprimir la individualización de los declarantes como pretende el reclamante, ya sea como que se trata de denunciantes, víctimas o afectados por las vulneraciones de derechos investigadas, o como testigos de dicha investigación, sino que debería además tarjarse todas las circunstancias de hecho que permitan su individualización, para no hacer identificable a las personas, lo que tornaría ininteligible la información para el reclamante.

En el mismo sentido, añade que los antecedentes solicitados se enmarcan dentro de un procedimiento investigativo referido a un eventual acoso sexual, por lo que no se puede desconocer la naturaleza especial de las denuncias realizadas por los trabajadores y el riesgo de que su divulgación, así como la identidad de los denunciantes o la de los trabajadores que han declarado, afecte su estabilidad en el empleo o los haga víctimas de represalias, lo que ratifica que no es posible aplicar el principio de divisibilidad en el caso concreto en la forma indicada por el reclamante.

En el caso sub lite, señala, dada la naturaleza de la investigación sustanciada, no es posible aplicar el principio de divisibilidad respecto de las declaraciones y el punto tercero contenidos en el ítem "hechos acreditados" de las conclusiones del informe, ya que atendida la sensibilidad de los hechos investigados, existen múltiples datos sensibles, circunstancias fácticas, informaciones y antecedentes de contexto que permitirían inferir, con cierto grado de certidumbre, la determinación de la identidad de los trabajadores involucrados, afectando con ellos sus derechos, debiendo resguardarse la información al tenor de lo preceptuado en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

En la especie, atendida la especial naturaleza de la materia sobre la cual versó la solicitud de información que dio origen al amparo Rol C5317-19, esto es, un procedimiento investigativo referido a hechos de acoso sexual, regulado en el artículo 211- A y siguientes del Código del Trabajo, hace presente que el Consejo ha mantenido una invariable jurisprudencia en orden a estimar que divulgar la información relativas a investigaciones sobre vulneración de derechos fundamentales -en contexto laboral- supone necesariamente restar efectividad a las labores que los órganos de la Administración del Estado puedan desplegar en el cuidado y protección de los trabajadores, por cuanto éstos podrían inhibirse no sólo de ingresar denuncias por concepto de hostigamiento laboral, acoso sexual, maltrato, etc., sino también negarse a colaborar con su testimonio en forma plena y veraz, al verse expuestos a que sus declaraciones, sus vivencias, sus datos o su comportamiento al interior de la empresa, como asimismo las eventuales vulneraciones o infracciones a sus derechos de los que pueden ser víctimas, u otros antecedentes aportados por éstos, puedan ser conocidos por terceros, todo lo cual afectaría claramente las funciones de la Dirección de Trabajo, y con ello, el debido cumplimiento de sus funciones, tal como quedó plasmado en el considerando 4° de la decisión reclamada, por lo que resultó plenamente aplicable la causal de secreto o reserva contenida en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, en su enunciado genérico, sin necesidad de encasillarla en algunos de los literales contenidos en dicha norma legal.

En este marco, sostiene, los actos constitutivos de vulneración de derechos fundamentales en tanto actos ilícitos de carácter laboral, lesionan los derechos que son inherentes a todo ser humano por el sólo hecho de ser tal, por lo que la intervención de la Dirección del Trabajo, en su prevención y sanción, requiere la existencia de acciones eficaces desde el orden jurídico y administrativo, para proteger a los trabajadores y trabajadoras que son víctimas de este tipo de asedio y a los medios generados a través de las instituciones públicas para denunciar y prevenir estos hechos, lo que explica que resulte forzoso establecer la reserva de los antecedentes solicitados, en virtud de la causal de secreto contemplada en el numeral 1° del artículo 21 de la Ley de Transparencia, en el entendido que los órganos de la Administración del Estado, deben constituirse verdaderamente como garantes del respeto de la dignidad de las mujeres y de los hombres que prestan servicios materiales o intelectuales bajo dependencia y subordinación para su empleador, detectando oportunamente y sancionando eficazmente las conductas constitutivas de vulneración de derechos fundamentales.

En el mismo sentido, agrega que una investigación por vulneración de derechos fundamentales, en el ámbito laboral, contiene una serie de datos personales y sensibles y testimonios relativos a quienes intervinieron en el procedimiento, de lo que se sigue que indudablemente el acceso a dicha información implicaría afectar su derecho a la vida privada, configurándose en la especie una segunda causal de reserva respecto de la investigación solicitada, esto es, aquella contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. En efecto, una investigación incoada por conductas que pueden ser constitutivas de vulneración de derechos fundamentales en contexto laboral, implica necesariamente traspasar la esfera de intimidad de la trabajadora o del trabajador que es víctima del hostigamiento, acoso, o infracción de sus derechos, cualquiera sea la conducta que lo quebranta, pues los hechos o actos investigados, ingresados al expediente de investigación a través de sus propias declaraciones o a través de declaraciones de testigos, conllevan una necesaria intervención y conocimiento explícito de un ámbito esencialmente privado y reservado de la persona, que se encuentra constitucionalmente protegido, en el artículo 19 N° 4 de la Carta Fundamental.

En este contexto, la Ley N° 19.628, sobre protección a la vida privada, regula el tratamiento de datos de carácter personal y sensibles, en registros o bancos de datos por organismos públicos o por particulares, tratamiento que debe ser realizado respetando el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de los titulares de los datos, como lo ordena el artículo 1 de la citada ley.

De este modo, refiere, tanto la Ley N° 19.628 y cuanto la Ley N° 20.285 establecen un marco general para el tratamiento de datos que se verifique en el sector público, considerando que esos datos están contenidos en bases de datos, actos, resoluciones o documentos en poder de la Administración del Estado, sobre los cuales existe una legítima aspiración de acceso y disponibilidad por y para los ciudadanos. En este sentido, ambas leyes son contrapesos de una misma situación, que consiste en cómo se deben tratar estos datos, cuáles son los derechos de los titulares y las limitaciones al derecho de acceso cuando la información solicitada contiene datos personales o sensibles, de terceras personas. Por dichas razones, en resguardo de los derechos de las personas, la Ley de Transparencia ha establecido la causal de reserva contemplada en el Art. 21 N° 2, que permite resguardar, en este caso, los derechos reconocidos por el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política y por la Ley N° 19.628 en el ámbito del tratamiento de datos personales, que formen parte de la esfera y de la vida privada o íntima de una persona y de su familia, principalmente, el derecho de acceder a ellos, de controlarlos y de autodeterminarlos al momento de su tratamiento o procesamiento, esto es, a controlar sus datos personales, incluso si éstos no se refieren a su intimidad.

En consecuencia, estima que en el presente caso, atendida la materia sobre la cual versa la solicitud de acceso a la información pública, es indudable que la publicidad de los antecedentes contenidos en el informe con las conclusiones requeridas, corresponden a datos personales y sensibles de quienes intervinieron en la investigación, en especial de los trabajadores denunciantes, víctimas y testigos, cuya publicidad afectaría en forma cierta, probable y específica los derechos de dichas personas, relativos a su vida privada e intimidad, siendo por tanto, aplicable la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con las normas sobre protección de datos personales contenidas en la Ley N° 19.628 y en virtud de la facultad que le concede el artículo 33, letra j), de la Ley de Transparencia, que establece el deber de "velar por la debida reserva de los datos e informaciones que conforme a la Constitución y a la ley tengan carácter secreto o reservado".

Atendido todo lo expuesto, estima que la decisión objetada se encuentra absolutamente ajustada a derecho, habiéndose dictado dentro de las atribuciones y competencias que expresamente le encomendó el legislador, e interpretando la normativa conforme al artículo 8 de la Constitución y la Ley de Transparencia, no configurándose ninguna ilegalidad en su adopción.

Al informar la Dirección del Trabajo, solicita el rechazo del reclamo interpuesto, en atención a que tal como se dio respuesta al requerimiento efectuado al peticionario, la información requerida se encuentra afecta a la causal de reserva o secreto contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley N° 20.285. Al efecto señala que la materia consultada es relativa a acoso sexual, tramitada conforme a la normativa vigente por parte del Servicio. Agrega que no se puede desconocer la naturaleza especial de este tipo de denuncia o actuaciones realizadas por los trabajadores o empleadores ante la Dirección del Trabajo y el riesgo que su divulgación, así como la identidad de los denunciantes o la de los trabajadores que han declarado en un proceso de fiscalización determinado pueda afectar derechos de terceros ya sea del denunciante o de los que han prestado declaración, en particular aquellos que versan y tratan respecto la esfera de la vida privada o derechos de carácter económicos emanados de la relación laboral, configurándose de esta forma y respecto de aquellos, la causal señalad, la que se refuerza por el adecuado cumplimento de la Ley N° 19.628, sobre protección de datos de carácter personal, por parte de los Órganos de Administración del Estado.

En consecuencia, refiere, la publicidad en estas materias puede vulnerar la integridad física y psíquica de las personas, su intimidad, vida privada y/o la dignidad y honra de todos los involucrados en la investigación. Asimismo, se debe tener en consideración que la información requerida constituye un documento privado cuyo contenido afecta directamente a los involucrados, así como a terceros que pudieren haber participado, inclusive la empresa.

En virtud de lo señalado, añade, la respuesta al requerimiento de información del recurrente, mediante Ordinario N° 1496, se ajusta al criterio imperante en Procedimientos Investigativos por Vulneración de Derechos Fundamentales (acoso sexual) por el Consejo para la Transparencia, en que se hace necesario distinguir que las denuncias y las declaraciones de los trabajadores que en dichos procesos intervienen o participan de aquel, conforme lo señalan diversas decisiones de amparo en el mismos sentido, citando lo resuelto precedentemente.

Insiste que tratándose de un procedimiento por vulneración de derechos fundamentales ya tramitado, no resulta posible acceder a dicho requerimiento de información, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia según la cual se podrá denegar total o parcialmente la información requerida cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico. Ello se complementa con lo señalado en el numeral 2 del artículo 7 del Reglamento de la ley aludida, agrega que "Se entenderá por tales aquellos que el ordenamiento jurídico atribuye a las personas, en título de derecho y ni de simple interés", todo lo cual debe entenderse dando cumplimiento a los dispuesto en la Ley N° 19.628.

Sin perjuicio de lo expuesto, precisa, el Consejo para la Transparencia, en su decisión, ordenó la entrega a la parte solicitante de copia del documento en el cual van contenidas las conclusiones generadas con ocasión de la investigación que se consulta, tarjando previamente las declaraciones de testigos allí consignadas y el punto tercero de los hechos no acreditados.

Lo anterior conforme a lo señalado por el Consejo para la Transparencia en su Instrucción General N° 10 sobre Procedimientos Administrativos de Acceso a la Información, de fecha 28 de octubre de 2011.

Insiste que, por tratarse de una investigación realizada por el empleador, la información no se encuentra en el Servicio y aun cuando se encontrara se trata de un empresa y un denunciado individualizado, lo que se traduce en que el grupo de trabajadores declarantes es perfectamente identificadles para quien requiere la información, lo que puede causar una perturbación de la vida privada de los declarantes, considerando que la investigación por acoso sexual se encuentra en conocimiento y es parte de la controversia en el juicio RIT 1496-2019 del 1 Juzgado de Letras de Santiago.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

PRIMERO: Que con el propósito de analizar la materia de qué trata esta reclamación, cabe, primeramente, precisar cuál es el marco de normas legales y constitucionales que la regulan. El artículo 8 inciso segundo de la Constitución Política de la República dispone: "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés Nacional."

SEGUNDO: Que la Ley N° 20.285 sobre acceso a la información pública regula el principio de transparencia de la función pública, en virtud del cual los actos y resoluciones de los órganos de la administración del Estado, sus fundamentos, los documentos en que se sustentan o le sirvan de complemento directo o esencial y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, estableciéndose, sin embargo, algunas excepciones.

De lo anterior, no cabe sino deducir que la publicidad de los actos públicos es un principio que nuestro ordenamiento jurídico valora y protege a través de la propia Carta Fundamental -artículo 8- y la Ley de Transparencia -como se expresa en su artículo 1- sin embargo, el valor que se da a la publicidad de los actos de la administración no puede preponderar por sobre las funciones que la misma Constitución Política de la República y la ley entregan a los órganos de la administración del Estado. Es precisamente esta colisión de bienes los que el artículo 21 de la Ley de Transparencia resuelve, al establecer una excepción a la regla general de publicidad que rige a los órganos de la administración, basada en el fin específico que cada uno de ellos cumple.

TERCERO: Que el artículo 21 de la Ley N° 20.285 señala las hipótesis para la definición de secreto o reserva, toda vez que dicha disposición expresa: "Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes:

1. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente: a) Si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales, b) Tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas, c) Tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales.

2. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico.

3. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte la seguridad de la Nación, particularmente si se refiere a la defensa nacional o la mantención del orden público o la seguridad pública.

4. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el interés nacional, en especial si se refieren a la salud pública o las relaciones internacionales y los intereses económicos o comerciales del país.

5. Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución Política."

CUARTO: Que, de esta manera, el artículo 21 de la Ley N° 20.285, establece diversos casos de reserva, instituyendo aquellos en los cuales puede ser denegada cierta información cuando concurren determinadas circunstancias que le otorgan el carácter de reservado o secreto, concretizando las causales de reserva que prescribe la Constitución Política de la República, además de aquella contemplada en el artículo 8 de la misma.

QUINTO: Que, para un mejor entendimiento de los hechos, cabe hacer las siguientes precisiones, de acuerdo con los antecedentes de autos:

a. - El requirente solicita información relativa a una investigación por acoso sexual realizada por su ex empleador, en los meses de mayo y junio de 2019, en los que figura como denunciado.

b. - Dicha investigación se siguió conforme con el procedimiento contemplado en el Título IV del Código del Trabajo artículos 211- A y siguientes. En la especie se trató de una investigación interna practicada por el empleador conforme al artículo 211 C del citado código, que dispone que sus conclusiones deberán enviarse a la Inspección del Trabajo.

c. - Que, requerida la información, la Dirección del Trabajo, mediante Ordinario 1496 de fecha 9 de julio de 2019, deniega la solicitud.

En sustento de dicha decisión señala que la materia consultada es relativa a una investigación por actos constitutivos de un acoso sexual, que tiene una especial forma de tramitación, cuyo objetivo es verificar si el empleador adoptó las medidas de seguridad y/o efectuó la investigación establecida en el artículo 211- C del Código del Trabajo al tomar conocimiento de los hechos. También hace presente, que no se puede desconocer la naturaleza especial de este tipo de denuncias o actuaciones realizadas por los trabajadores o empleadores ante la Dirección del Trabajo y el riesgo de que su divulgación, así como la de la identidad de los denunciantes o la de los trabajadores que han declarado en un proceso de fiscalización determinado pueda afectar derechos de terceros ya sea del denunciante o de los que han prestado declaración, en particular aquellos que versan y tratan respecto de la esfera de la vida privada o derechos de carácter económico emanados de la relación laboral, configurándose de esta forma y respecto de aquellos datos la causal del artículo 21 numeral 2 de la Ley N° 20.285 en relación a la Ley N° 19.628, Sobre Protección de Datos de carácter personal, por parte de los órganos de la Administración del Estado.

Además, hace presente al solicitante que el procedimiento contemplado en la Ley de Transparencia impide a los entes públicos solicitar la identificación a los requirentes de información al momento de efectuar una solicitud y que el artículo 17° letra a) de la Ley N° 19.880, que regula las Bases de los Procedimientos Administrativos de los Actos de la Administración del Estado, le permite acudir personalmente al Órgano Público, en su calidad de parte interesada, previo a la acreditación de su condición de tal, para ser informado exclusivamente sobre las conclusiones de la investigación interna por acoso sexual entregadas por la empresa, así como la Instrucción General N° 10 Sobre el Procedimiento Administrativo de Acceso a la Información de fecha 28 de octubre de 2011 del Consejo para la Transparencia que refiere que la entrega de información de carácter personal e indica en su numeral 4.3 que cuando la información requerida contenga datos de carácter personal y el peticionario indique ser su titular, sólo procederá la entrega presencial y quien la efectúe deberá verificar que la información sea retirada por quien efectivamente tenga dicha calidad o por su apoderado, conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 19.880, y en la medida que sea procedente su entrega.

SEXTO: Que el Consejo para la Transparencia acogió parcialmente el amparo por denegación de acceso a la información deducido por el solicitante en contra de la Dirección del Trabajo y ordenó entregarle copia del documento en el cual van contenidas las conclusiones generadas con ocasión de la investigación que se consulta, tarjando previamente las declaraciones de testigos allí consignadas y el punto tercero de los hechos no acreditados.

Para adoptar dicha determinación tuvo en consideración que lo pretendido por la parte recurrente es el documento en el cual constan las conclusiones de la investigación llevada a efecto por la empresa empleadora y remitidos a la Dirección del Trabajo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 211-C inciso final del Código del Trabajo; que de los antecedentes expuestos se verifica que la parte solicitante tuvo la calidad de denunciado en la investigación, en virtud de la denuncia interpuesta por un par laboral y que el documento requerido fue emitido el 17 de junio de 2019, e ingresado ante el organismo el 18 de junio de 2019, señalando en sus conclusiones finales, en síntesis, que no fue posible acreditar conductas de acoso sexual.

Luego razona, que de la revisión de lo solicitado, las conclusiones pedidas se encuentran contenidas en un escrito único, en el cual se consignan ciertos relatos de los testigos y que fueron determinantes en la investigación, omitiendo señalar sus identidades - sin embargo, de aquellos relatos, se advierte que sería posible determinar quiénes prestaron aquellos testimonios-; a su vez, se verifica que tampoco figura la identidad de la parte denunciante u otro antecedente que pueda comprometer aspectos pertenecientes a la vida personal de ésta o sus derechos de carácter comercial o económico derivados de su relación laboral, en los términos del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia y normas contenidas en la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, a excepción de la conclusión señalada en punto tercero del ítem "hechos no acreditados", por cuanto de su tenor y especificación, comprometen la honra de la parte denunciante, derecho protegido en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República"

Y agrega "... atendida la naturaleza de la materia sobre la cual recae lo solicitado, quien es la persona interesada en su entrega, y considerando lo expuesto por la recurrida, en orden a que la calidad de la parte reclamante en la investigación, lo habilita a conocer las conclusiones pedidas, se estima que su acceso es procedente por esta vía"

Luego, dando aplicación al principio de divisibilidad establecido en el artículo 11 letra e) de la Ley N° 20.285, estipula que deberán reservarse "las declaraciones consignadas en el señalado documento, específicamente en el ítem "hechos acreditados", por cuanto existe un riesgo de que su divulgación inhiba a otros testigos a entregar ciertas opiniones o juicios personales que sólo se emiten bajo una razonable y evidente expectativa de reserva, lo que, en definitiva afectaría sus derechos y futuras investigaciones y, por tanto, el adecuado cumplimiento de las funciones del órgano, en los términos establecidos en el artículo 21 N° 1 y 2 de la Ley de Transparencia".

SÉPTIMO: Que en síntesis, la reclamante funda su reclamo de ilegalidad en lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución Política de la República y que no se configuran las causales de reserva esgrimidas, debiendo disponerse la entrega del informe con las conclusiones de la investigación por acoso sexual realizada por la empresa, tarjando u omitiendo sólo la individualización de los declarantes.

En consecuencia, debe determinarse es si la información cuya omisión se dispone se encuentra cubierta o no por las causales de reserva contempladas en el artículo 21 N° 1 y 2 de la Ley N° 20.285.

OCTAVO: Que en cuanto a la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley N° 20.285, el Consejo reitera su criterio en orden a que la divulgación de información relativa a investigaciones sobre vulneración de derechos fundamentales en un contexto laboral, como en la especie, en que se trata de una investigación seguida por acoso laboral, conforme con el procedimiento contemplado en el Título IV del Código del Trabajo, necesariamente supone restar efectividad a las labores que los órganos de la Administración del Estado puedan desplegar en el cuidado y protección de los trabajadores, por cuanto éstos podrían inhibirse de ingresar denuncias por concepto de hostigamiento laboral, acoso sexual, maltrato u otras y también negarse a colaborar con sus testimonios, al verse expuestos a que sus declaraciones, sus vivencias, sus datos, sus comportamientos u otros antecedentes puedan ser conocidos por terceros, todo lo cual afectaría claramente el debido cumplimiento las funciones de la Dirección de Trabajo, tal como se señala en el motivo 4° de la decisión reclamada, lo que resulta efectivo, por cuanto divulgar los antecedentes importaría una pérdida de confianza de los trabajadores en esta materia y conduciría a que éstos no develaran las situaciones que pudieran afectarlos, desde que es claro que su participación en la investigación se realiza bajo una razonable y evidente expectativa de reserva, razón por la cual procede la reserva de las declaraciones consignadas en el ítem "hechos acreditados", lo cual se aprecia necesario y proporcional, configurándose así la causal legal de excepción a la publicidad.

NOVENO: Que en lo atinente a la reserva fundada en la norma del artículo 21 N° 2 de la Ley N° 20.285, el Consejo sostiene que una investigación por vulneración de derechos fundamentales, en el ámbito laboral, contiene una serie de datos personales y sensibles así como testimonios relativos a quienes intervinieron en el procedimiento, por lo que necesariamente su divulgación implica afectación de su derecho a la vida privada, pues una investigación que incide en conductas que pueden ser constitutivas de vulneración de derechos fundamentales en contexto laboral, sin duda traspasan la esfera de intimidad de la persona que es víctima del hostigamiento o acoso y los hechos o actos que se consignan en las pesquisas, a través de sus declaraciones o las de los testigos, refieren al conocimiento de un ámbito esencialmente privado de la persona.

En tal sentido, tanto la Ley N° 20.285 cuanto la Ley N° 19.628, sobre Protección a la Vida Privada, establecen el marco general para el tratamiento de datos que se verifiquen en el sector público, sirviendo ambas de contrapeso de una misma situación, en cuanto a la manera en que se deben tratar estos datos referidos a los derechos de los titulares y las limitaciones al derecho de acceso a la información, cuando la solicitada contiene datos personales o sensibles de terceros.

Considerando lo anterior, atendida la materia sobre la cual versa la solicitud de acceso a la información en esta causa, es fácil advertir que la publicidad de los antecedentes contenidos en el informe requerido, corresponden a datos personales y sensibles de quienes intervinieron en la investigación, en especial los trabajadores, denunciantes, víctimas y testigos, cuya publicidad claramente afectaría en forma cierta, probable y específica sus derechos relativos a su vida privada e intimidad, siendo por tanto, aplicable la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley N° 20.285 aplicada, correspondiendo al Consejo, además, dar protección a estos datos por mandato del artículo 33 letras j) y m) de la Ley de Transparencia.

DECIMO: Que de lo expuesto se colige que el Consejo para la Transparencia, al aplicar las causales de reserva contempladas en el artículo 21 N° 1 y de la Ley N° 20.285, ha actuado conforme a las atribuciones que la ley le entrega al resolver el conflicto sobre el acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, por lo que el reclamo interpuesto no puede prosperar.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 28 y 30 de la Ley N° 20.285, SE RECHAZA el reclamo de ilegalidad interpuesto por don N.N, en contra de la Decisión de Amparo Rol C 5317-2019 dictada por el Consejo para la Transparencia con fecha 7 de julio de 2020, que acogió el deducido en contra de la Dirección del Trabajo, disponiendo la entrega parcial de la información solicitada.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redactada por la Ministra interina señora Rodríguez.

Contencioso (Ilegalidad) N° 416-2020.

No firma el Abogado Integrante señor Peralta, por ausencia, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Jenny Book Reyes, conformada por la Ministra (I) señora Paula Rodríguez Fondón y el Abogado Integrante señor David Peralta Anabalón.

Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Jenny Book R. y Ministra Suplente Paula Rodríguez F. Santiago, uno de febrero de dos mil veintiuno.

En Santiago, a uno de febrero de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.