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Maribel Bustamante Moscoso con MUNICIPALIDAD DE PLACILLA Rol: C5276-20

Consejo para la Transparencia, 29/12/2020

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Municipalidad de Placilla, referido a la entrega de la nómina de personas -con indicación de su nombre y dirección de la propiedad respectiva-, a las cuales se les entregó Certificados de Información previa, con fines de regularización de posesión de la pequeña propiedad raíz. Lo anterior, por advertirse un interés público prevalente en la entrega de la información, toda vez que nómina consultada permite el debido control social sobre la verificación de los requisitos específicos y el cumplimiento de las normas procedimentales que regulan el procedimiento de regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz, dispuesto en el decreto ley N° 2.695, de 1979. Asimismo, el singularizado procedimiento de regularización contempla un régimen de publicidad, con respecto a los datos pedidos.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Otros, especificar
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C5276-20

Entidad pública: Municipalidad de Placilla

Requirente: Maribel Bustamante Moscoso

Ingreso Consejo: 28.08.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Municipalidad de Placilla, referido a la entrega de la nómina de personas -con indicación de su nombre y dirección de la propiedad respectiva-, a las cuales se les entregó Certificados de Información previa, con fines de regularización de posesión de la pequeña propiedad raíz.

Lo anterior, por advertirse un interés público prevalente en la entrega de la información, toda vez que nómina consultada permite el debido control social sobre la verificación de los requisitos específicos y el cumplimiento de las normas procedimentales que regulan el procedimiento de regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz, dispuesto en el decreto ley N° 2.695, de 1979. Asimismo, el singularizado procedimiento de regularización contempla un régimen de publicidad, con respecto a los datos pedidos.

En virtud del principio de divisibilidad, se deberán tarjar los datos personales y sensibles de contexto, que allí se contengan, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada.

En sesión ordinaria N° 1143 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de diciembre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5276-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 21 de julio de 2020, doña Maribel Bustamante Moscoso solicitó a la Municipalidad de Placilla -en adelante, indistintamente Municipalidad o Municipio- la siguiente información: «nomina entregada y nómina de los solicitantes por Dirección de Obras o quien en subsidio cumpla esta función, de los nombres personas y respecto a que propiedad con la dirección respectiva, que se les entregó certificados de informes previos con fines de regularización de posesión de la pequeña propiedad raíz amparados en el decreto ley N° 2695, de 1979 y modificado para resguardar derecho de terceros ley 2108 del 25 de septiembre 2018, durante los años 2018, 2019,2020».

2) RESPUESTA: Mediante presentación, de fecha 18 de agosto de 2020, la Municipalidad de Placilla respondió a dicho requerimiento de información, acompañando informe de la Dirección de Obras Municipales, que explica el procedimiento de emisión de los certificados de información previa que son expedidos por dicha unidad. Sobre lo anterior, puntualizó que, no se especifica que se extiendan para la regularización del dominio de una propiedad, de acuerdo al decreto ley N° 2695, de 1979.

Asimismo, hizo presente que, el certificado señalado indica los datos de la propiedad, como la identificación del sitio, las normas urbanísticas, los usos de suelo, líneas oficiales, urbanizaciones, y lo establecido por el Plan Regulador Comunal. A su vez, ilustró que, la finalidad del certificado es obtener los datos antes mencionados, independiente del uso que se le otorgue, ya sea regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz, subdivisiones y/o fusiones, permisos de edificación, entre otros.

3) AMPARO: El 28 de agosto de 2020, doña Maribel Bustamante Moscoso dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la información proporcionada no correspondería a lo solicitada. Al respecto, hizo presente que, no se le proporcionó los certificados expresamente solicitados, excusándose en la explicación de los procedimientos internos de la Dirección de Obras del Municipio.

4) SOLICITUD DE SUBSANACIÓN: Mediante Oficio N° E15641, de fecha 16 de septiembre, esta Corporación solicitó a la reclamante la subsanación de su requerimiento de acceso a la información en los siguientes términos: aclare el fundamento de su amparo, ya que usted solicitó la nómina de las personas a quienes se le entregaron los certificados de informes previos con fines de regularización de posesión de la pequeña propiedad raíz, pero no solicitó copia de dichos certificados, como reclama en su amparo.

Mediante comunicación electrónica, de fecha 24 de septiembre de 2020, la peticionaria subsanó su presentación, señalando lo siguiente:

4.1) Precisó que la infracción cometida es que no se proporcionó la nómina entregada y nómina de los solicitantes por Dirección de Obras o quien en subsidio cumpla esta función, de los nombres de las personas y respecto a qué propiedad, con la dirección respectiva, que se les entregó certificados de informes previos con fines de regularización de posesión de la pequeña propiedad raíz.

4.2) Acto seguido, hizo presente que, ante el hecho de la supuesta inexistencia de las nóminas solicitadas, le pidió a funcionario que indica la copia de los certificados de informes previos solicitados, con fines de regularización, sin embargo, ninguna información se le entregó. Sobre este punto, expuso que, ambos requerimientos -nóminas y certificados- no fueron entregados.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Placilla , mediante Oficio N° E17689, de fecha 16 de octubre de 2020, solicitándole que: (1°) señale si la nómina de los solicitantes de certificados de informes previos con fines de regularización de posesión de la pequeña propiedad raíz amparados en dl 2695 de 1979, obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (2°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; (3°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (4°) indique si la entrega de dicha información afectaría a su juicio los derechos de terceros; de ser así, indique si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y, en la afirmativa, acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; y, (5°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.

Mediante presentación, de fecha 10 de noviembre de 2020, el órgano reclamado evacuó sus descargos y observaciones, señalando que, los certificados de informaciones previas contienen datos, tanto de la propiedad como de las normas urbanísticas, los cuales pueden ser utilizados para diferentes fines -regularización de posesión de la pequeña propiedad raíz, subdivisiones y/o fusiones, permisos de edificación y/o regularizaciones-.

Asimismo, hizo presente que, debe indicarse el sector en que se necesitan estos datos, pues el listado es muy extenso. Asimismo, reseñó que, el convenio que mantiene la Municipalidad con el Ministerio de Bienes Nacionales data del año 2018, y se han extendido -hasta la fecha- más de 200 certificados de esa índole por año. A fin de complementar su presentación, acompañó listado de beneficiarios del convenio entre la Municipalidad de Placilla y el Ministerio de Bienes Nacionales.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, previo a pronunciarse sobre el fondo del asunto, esta Corporación advierte que, con ocasión de su amparo y subsanación, la peticionaria excede la órbita de la solicitud de acceso a la información que dio origen al amparo. Al efecto, la peticionaria expresó que, no se le proporcionó copia de los Certificados de Informaciones Previas con fines de regularización de la pequeña propiedad raíz de aquellas personas consultadas, petición no contenida en el requerimiento de acceso primitivo, excediendo, consecuencialmente, lo requerido inicialmente, consistente en la nómina de los solicitantes -con indicación del nombre y la dirección de la respectiva propiedad- a quienes se les entregó los Certificados de Informes Previos con fines de regularización de posesión de la pequeña propiedad raíz. Por lo anterior, esta Corporación se pronunciará única y exclusivamente acerca de la información referida a las nóminas solicitadas (énfasis agregado).

2) Que, establecido lo anterior, el presente amparo se funda en la falta de satisfacción de la peticionaria con la información proporcionada con el órgano reclamado, toda vez que ésta no correspondería a la solicitado, referida a la nómina entregada por la Dirección de Obras Municipales y la nómina de los solicitantes -con indicación del nombre y la dirección respectiva de la propiedad- a quienes se les entregó los Certificados de Informes Previos con fines de regularización de posesión de la pequeña propiedad raíz.

3) Que, primeramente, del análisis de la presente solicitud de acceso, bajo una primera aproximación, cabe advertir que, la identidad y dirección de la respectiva propiedad de la nómina de personas consultadas corresponden a datos personales distintos de la reclamante, en los términos dispuestos por el literal f) del artículo 2° y el artículo 4° de la Ley sobre Protección de la Vida Privada, siendo éstos los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables.

4) Que, sin perjuicio de lo precedentemente expuesto, esta Corporación estima que, existe un interés público prevalente en la divulgación de los referidos antecedentes, toda vez que su develación permite el debido control social sobre el procedimiento de regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz, dispuesto en el decreto ley N° 2.695, de 1979. Al efecto, la publicidad de la nómina -o listado- de aquellas personas a quienes se les otorgó el singularizado certificado posibilita a la ciudadanía, tomar noticia y ejercer control social, respecto de una materia particularmente relevante, como lo es la consolidación de una nueva titularidad respecto de un bien inmueble. Al efecto, dicho procedimiento tiene por objeto que los poseedores materiales de determinados inmuebles soliciten al Ministerio de Bienes Nacionales que se les reconozca la calidad de poseedores regulares de aquéllos, a fin de que puedan adquirir su dominio por prescripción. En este sentido, es menester tener presente que, conforme lo establece el considerando 2° del referido cuerpo legal, éste «tiene por objeto regularizar la situación del poseedor material que carece de títulos o que los tiene imperfectos, lo que es previo, en el caso de la pequeña propiedad agrícola, a la elaboración de planes de desarrollo y de asistencia técnica o crediticia, así como a cualquier reordenamiento destinado a atacar e impedir el minifundio»

5) Que, tal orden de ideas, la publicidad de los antecedentes consultados supone un presupuesto necesario para facilitar el escrutinio público sobre la verificación de los requisitos específicos y el cumplimiento de las normas procedimentales que regulan la materia, respecto del bien inmueble que se pretende adquirir, evitando, consecuencialmente, la comisión de abusos y/o fraudes que puedan -eventualmente- perjudicar a los titulares originales de los bienes raíces rurales o urbanos objeto del procedimiento singularizado. Por tal motivo, atendido los efectos jurídicos -la extinción y/o consolidación de un derecho de propiedad-, queda de manifiesto la necesidad de conocer la identidad de aquellas personas -y la dirección del predio objeto del procedimiento administrativo- que inician el señalado trámite. En tal sentido, la divulgación de los antecedentes pedidos permite amparar y garantizar el control social sobre el debido ejercicio del derecho de propiedad, reconocido en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República: «La Constitución asegura a todas las personas: El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales».

6) Que, por consiguiente, realizando un balance entre el interés de retener la información y el de divulgarla, para determinar si el beneficio público resultante de conocer la información solicitada es mayor que el daño que podría causar su revelación, a juicio de esta Corporación, el conocimiento acerca de la información pedida posibilita a la ciudadanía, tomar noticia y ejercer control social, respecto a una materia particularmente relevante, como lo es la adquisición y/o extinción de derechos sobre la pequeña propiedad raíz.

7) Que, en armonía con lo expuesto precedentemente, el singularizado procedimiento de regularización contempla un régimen de publicidad, con respecto a la resolución que acepta la solicitud de saneamiento presentada, en cuanto a la identidad de los solicitantes y la ubicación del inmueble objeto del procedimiento. Al respecto, el artículo 11° del precipitado cuerpo legal dispone que: «la resolución respectiva deberá disponer que ella se publique por dos veces en un diario o periódico de los de mayor circulación en la región o comuna, que determine el Servicio, y ordenará, además, fijar carteles durante el proceso de saneamiento en los lugares públicos que él establezca y en el frontis de la propiedad correspondiente (...) Los avisos y carteles contendrán en forma extractada la resolución del Servicio, la individualización del peticionario, la ubicación y deslindes del inmueble (...)». De lo anterior, se advierte que, el propio ordenamiento jurídico reconoce un régimen de publicidad, con respecto a los datos consultados, toda vez que son un presupuesto necesario para formular la oposición de otros interesados que aleguen derechos sobre el inmueble, en conformidad de lo establecido en el artículo 11°, inciso final del Decreto Ley N° 2.695, de 1979: «No obstante, los terceros tendrán el derecho a oponerse desde el momento en que se acoja la solicitud a tramitación» (énfasis agregado).

8) Que, a mayor abundamiento, -por analogía- cabe tener presente que, esta Corporación ha razonado sistemática y reiteradamente -en las decisiones de los amparos Roles C396-12, C1196-12, C438-13, C1045-15, C2397-16, C1867-17, C6260-18, C1269-19, C593-20, entre otros-, que la información referida a los expedientes de regularización de un inmueble, conforme al procedimiento regido por el decreto ley N° 2.695, de 1979 -que fija normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella- es de naturaleza pública. En tal sentido, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que «son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen».

9) Que, en mérito de lo razonado precedentemente; advirtiéndose la existencia de un interés público prevalente que justifica la entrega de los antecedentes solicitados; verificándose un régimen de publicidad establecido por el ordenamiento jurídico sobre los datos requeridos; y, atendiéndose a lo razonado sistemáticamente por esta Corporación sobre la publicidad de los antecedentes referidos al procedimiento de regularización de la pequeña propiedad raíz, esta Corporación procederá a acoger el presente amparo, y conjuntamente con ello, requerirá la entrega de la nómina entregada por la Dirección de Obras Municipales y la nómina de los solicitantes -con indicación del nombre y la dirección respectiva de la propiedad- a quienes se les entregó los Certificados de Informes Previos con fines de regularización de posesión de la pequeña propiedad raíz.

10) Que, con respecto a la información que se ordenó entregar, en virtud del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11° letra e) de la Ley de Transparencia, en forma previa a la entrega de la información el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros. Asimismo, el órgano reclamado deberá tarjar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por doña Maribel Bustamante Moscoso, en contra de la Municipalidad de Placilla, por concurrir en la especie la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Placilla, lo siguiente:

a) Entregue a la reclamante copia de la nómina entregada por la Dirección de Obras Municipales y la nómina de los solicitantes -con indicación del nombre y la dirección respectiva de la propiedad- a quienes se les entregó los Certificados de Informes Previos con fines de regularización de posesión de la pequeña propiedad raíz.

No obstante lo anterior, en virtud del Principio de Divisibilidad, en forma previa a la entrega de la información, el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros. Asimismo, el órgano reclamado deberá tarjar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Maribel Bustamante Moscoso; y, al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Placilla

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Directivo Massouh.