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Shirley Trujillo Redroban con COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO Rol: C5752-20 / C6106-20

Consejo para la Transparencia, 26/01/2021

Se acogen parcialmente los amparos deducidos en contra de la Comisión para el Mercado Financiero, ordenando entregar a la reclamante el nombre de las empresas que obtuvieron el crédito con garantía estatal FOGAPE- COVID 19, y de proceder el identificador de aquellas empresas; señalando además, su ubicación (región, comuna y dirección); el sector económico en que operan; banco al que solicitaron el crédito; y la fecha en que postularon al crédito. Lo anterior, por cuanto se estima que dichos antecedentes constituye información pública, cuyo acceso permite ejercer un control social, con base a parámetros concretos, respecto al funcionamiento de este fondo estatal, orientados a impulsar la actividad comercial y económica del país. En tal sentido, proporcionar dichos antecedentes, facilita el conocimiento de la ciudadanía respecto a la ejecución de esta esta política pública, atendido el carácter preferentemente estadístico de la información publicada por el organismo al efecto; no advirtiendo en qué medida, la divulgación de dicha información podría menoscabar la función fiscalizadora de la recurrida y su participación en proyectos o estudios de investigación. En este mismo orden de ideas, en cuanto a la posible afectación de los derechos de los titulares de la información, se estima que la circunstancia de conocer que una empresa determinada accedió a este tipo de financiamiento, no reviste una entidad tal que comprometa los derechos comerciales o patrimoniales de aquella, y por tanto justifique la reserva de dicha información, atendida la generalidad de los antecedentes ya descritos. Finalmente, se desestima la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto Ley N° 3.538, modificado por la Ley N° 21.000, al no acreditarse una afectación presente o probable y con suficiente especificidad, que configure la causal en comento respecto de los antecedentes aludidos. En el evento que el identificador corresponda al RUT, y este antecedente se encuentre asociado a una persona natural, lo mismo que la ubicación (región, comuna y dirección), dichos datos deben ser reservados, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la vida privada y la Ley de Transparencia. Se rechazan los amparos respecto de aquellas empresas que no han recibido el financiamiento consultado, independiente de la causa, en atención a que versa en información sobre un crédito aun no cursado o denegado, no existiendo por tanto antecedentes que justifiquen la divulgación de dicha información, aplicando por analogía el razonamiento contenido en la decisión Rol C958-10. A su vez, se rechazan los amparos respecto a la entrega de información sobre el tamaño, monto de crédito solicitado y aquel que les fue aprobado, respecto de las empresas que efectivamente recibieron el financiamiento, puesto que la divulgación de los tópicos señalados, en virtud de normado y publicado, permite conocer con un leve margen de error, el nivel de ventas anuales de aquellas, su carga financiera y opción crediticia respecto de la institución financiera con la cual operan; todos antecedentes que efectivamente constituyen información de tipo comercial sensible, relativa al otorgamiento de un crédito, el cual fue solicitado para efectos de cubrir necesidades de capital de trabajo de la empresa, y subsanar el menor desarrollo económico y disminución significativa de sus ingresos, experimentados a causa de la crisis sanitaria; lo cual implicaría divulgar aspectos de tipo patrimonial y estratégicos de financiamiento de aquellas, considerando que existe un sistema especial de rendición de cuentas al efecto, establecido en la ley que regula la materia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento

Sentencias o resoluciones sobre esta decisión:


Reclamaciones contra esta decisión (Ver estado procesal):



Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPAROS ROLES C5752-20 y C6106-20

Entidad pública: Comisión para el Mercado Financiero (CMF)

Requirente: Shirley Trujillo Redroban

Ingreso Consejo: 14.09.2020 y 28.09.2020

RESUMEN

Se acogen parcialmente los amparos deducidos en contra de la Comisión para el Mercado Financiero, ordenando entregar a la reclamante el nombre de las empresas que obtuvieron el crédito con garantía estatal FOGAPE- COVID 19, y de proceder el identificador de aquellas empresas; señalando además, su ubicación (región, comuna y dirección); el sector económico en que operan; banco al que solicitaron el crédito; y la fecha en que postularon al crédito.

Lo anterior, por cuanto se estima que dichos antecedentes constituye información pública, cuyo acceso permite ejercer un control social, con base a parámetros concretos, respecto al funcionamiento de este fondo estatal, orientados a impulsar la actividad comercial y económica del país. En tal sentido, proporcionar dichos antecedentes, facilita el conocimiento de la ciudadanía respecto a la ejecución de esta esta política pública, atendido el carácter preferentemente estadístico de la información publicada por el organismo al efecto; no advirtiendo en qué medida, la divulgación de dicha información podría menoscabar la función fiscalizadora de la recurrida y su participación en proyectos o estudios de investigación. En este mismo orden de ideas, en cuanto a la posible afectación de los derechos de los titulares de la información, se estima que la circunstancia de conocer que una empresa determinada accedió a este tipo de financiamiento, no reviste una entidad tal que comprometa los derechos comerciales o patrimoniales de aquella, y por tanto justifique la reserva de dicha información, atendida la generalidad de los antecedentes ya descritos. Finalmente, se desestima la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto Ley N° 3.538, modificado por la Ley N° 21.000, al no acreditarse una afectación presente o probable y con suficiente especificidad, que configure la causal en comento respecto de los antecedentes aludidos.

En el evento que el identificador corresponda al RUT, y este antecedente se encuentre asociado a una persona natural, lo mismo que la ubicación (región, comuna y dirección), dichos datos deben ser reservados, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la vida privada y la Ley de Transparencia.

Se rechazan los amparos respecto de aquellas empresas que no han recibido el financiamiento consultado, independiente de la causa, en atención a que versa en información sobre un crédito aun no cursado o denegado, no existiendo por tanto antecedentes que justifiquen la divulgación de dicha información, aplicando por analogía el razonamiento contenido en la decisión Rol C958-10.

A su vez, se rechazan los amparos respecto a la entrega de información sobre el tamaño, monto de crédito solicitado y aquel que les fue aprobado, respecto de las empresas que efectivamente recibieron el financiamiento, puesto que la divulgación de los tópicos señalados, en virtud de normado y publicado, permite conocer con un leve margen de error, el nivel de ventas anuales de aquellas, su carga financiera y opción crediticia respecto de la institución financiera con la cual operan; todos antecedentes que efectivamente constituyen información de tipo comercial sensible, relativa al otorgamiento de un crédito, el cual fue solicitado para efectos de cubrir necesidades de capital de trabajo de la empresa, y subsanar el menor desarrollo económico y disminución significativa de sus ingresos, experimentados a causa de la crisis sanitaria; lo cual implicaría divulgar aspectos de tipo patrimonial y estratégicos de financiamiento de aquellas, considerando que existe un sistema especial de rendición de cuentas al efecto, establecido en la ley que regula la materia.

En sesión ordinaria N° 1152 del Consejo Directivo, celebrada el 26 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de las solicitudes de amparo al derecho de acceso a la información roles C5752-20 y C6106-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 7 de agosto de 2020, doña Shirley Trujillo Redroban presentó ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMC), la siguiente solicitud, código AE009T0000986: "En este momento me encuentro desarrollando un proyecto con (...) respecto a los créditos FOGAPE. Tenemos entendido que existe una base de microdatos correspondiente al funcionamiento de los créditos (ver adjunto). Quisiera solicitar de forma cordial la entrega de dicha base de datos con fines netamente académicos".

2) PETICIÓN DE SUBSANACIÓN: Por Oficio Ordinario N° 35640, de 11 de agosto de 2020, la Comisión de Mercado Financiero solicita a la peticionaria subsanar su requerimiento AE009T0000986, en orden a que identifique claramente la información que requiere. No obstante, señalaron que existen dos reportes institucionales de actualización periódica sobre el programa de garantías: "Reporte de Flujos de Créditos cursados FOGAPE y resumen de créditos del programa FOGAPE", disponibles en el siguiente enlace: http://www.cmfchile.cl/portal/estadisticas/606/w3-propertyvalue-28903.html.

Con misma fecha, la solicitante da cumplimiento a la subsanación requerida, expresando: "La solicitud es a los mismos datos que tuvo acceso el investigador (...). En este contexto, no estamos solicitando un esfuerzo adicional dado que esos datos ya fueron procesados y puestos a disposición del investigador mencionado. Estamos requiriendo igualdad al acceso de datos para el uso académico (...) solicito, entonces, acceso a la información de los créditos FOGAPE a nivel desagregado (a nivel de empresas) no a los datos agregados. Si pese a lo anterior es necesario mayores aclaraciones, la información que necesitamos es el nombre de la empresa (junto a su identificador) que postuló al crédito, su ubicación (región y dirección), el sector económico al que pertenece, el banco al que postuló, la fecha en la que postuló, el tamaño de la empresa, el monto al que postuló, el estado del crédito (en evaluación, cursada, sin cursar, desistida, rechazada), la razón por la que fueron rechazadas (de ser el caso)".

3) NUEVA SOLICITUD DE ACCESO: El 31 de agosto de 2020, doña Shirley Redroban Trujillo, presenta ante la Comisión para el Mercado Financiero, un nuevo requerimiento, código AE009T0001050, al siguiente tenor: "a inicios de mes envié una solicitud de información pero aún no tengo respuesta. En la única respuesta que tuve me indicaron que debía indicar con mayor claridad lo que necesitaba. Como mencioné la primera vez, la base de datos que requiero (MICRODATOS SOBRE CRÉDITOS FOGAPE COVID) ya fue procesada y entregada al economista (...), con lo que no debería demorar tanto en su entrega y no debería ser necesaria mayor explicación. Pese a ello, la información que requerimos como CLAPES UC sobre los créditos FOGAPE COVID, debe estar a nivel de empresa, indicando su identificador, nombre, localización (región y comuna), tamaño (mypyme, pyme, etc.), sector económico (servicios, transporte, construcción, etc.), el banco al que solicitó el crédito, el monto solicitado, el monto aprobado, estado de la solicitud (en estado de evaluación, aprobadas sin cursar, cursada, rechazada), en caso de que haya sido rechazada debe indicar la razón".

4) AMPARO: El 14 de septiembre de 2020, doña Shirley Redroban Trujillo dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Comisión para el Mercado Financiero, fundado en la ausencia de respuesta a la solicitud código AE009T0000986. La señalada reclamación ingresó a este Consejo con el Rol C5752-20.

5) RESPUESTA A SOLICITUD AE009T0001050: Por medio de OF. ORD. N° 45913, de 25 de septiembre de 2020, la Comisión para el Mercado Financiero, otorgó respuesta a la segunda solicitud presentada por la peticionaria el 31 de agosto de 2020, señalando lo siguiente:

- Es necesario informar que los proyectos de investigación que lleva a cabo la Comisión para el Mercado Financiero con la participación de colaboradores externos, se rigen por convenios que establecen las condiciones bajo las cuales se llevará a cabo la investigación. En este contexto, en cuanto al acceso y uso de la información utilizada se prevé que solo los funcionarios de la CMF pueden acceder a los datos reservados que son utilizados en la investigación, entre otros aspectos.

- La información que solicita corresponde a antecedentes conocidos por esta Comisión en el ejercicio de sus funciones, en los términos que establece el artículo 28 de la Ley N° 21.000, disposición que establece que la Comisión, Comisionados, funcionarios y las personas que, a cualquier título, presten servicios a dicha entidad, deberán guardar reserva de los documentos que tomen conocimiento con ocasión del ejercicio de sus funciones, así como de los documentos, informes y antecedentes que elaboren, preparen o mantengan en su poder, siempre que estos no tengan el carácter de públicos.

- En atención a lo anterior, corresponde denegar la solicitud, conforme lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 28 de la Ley N° 21.000, recién citado, en cuanto a su carácter de ley de quorum calificado.

6) NUEVO AMPARO: El 28 de septiembre de 2020, doña Shirley Redroban Trujillo dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Comisión para el Mercado Financiero, fundado en la respuesta negativa a la solicitud código AE009T0001050. La señalada reclamación ingresó a este Consejo con el Rol C6106-20.

7) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación los señalados amparos, confiriendo traslado al Sr. Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, mediante los Oficios N° E16984, de 6 de octubre de 2020, respecto al Rol C5752-20, y N° E17830, de 19 de octubre de 2020, respecto al Rol C6106-20.

Posteriormente, por medio de los OF. Ord. N° 51543 de 21 de octubre de 2020 y N° 54546, de 4 de noviembre de 2020, la Comisión para el Mercado Financiero, en relación a los amparos deducidos, expresó:

- En relación a la falta de respuesta respecto al requerimiento AE009T0000986, expresan que por razones que actualmente se encuentran revisando, la subsanación de la reclamante no fue advertida oportunamente, tomando conocimiento de aquella solo con ocasión de la interposición del amparo C5752-20.

- Hacen presente un nuevo requerimiento efectuado por la solicitante, código AE009T0001233, de fecha 28 de septiembre de 2020, en el cual y con ocasión a la respuesta dada a la solicitud AE009T0001050, y que dio origen al amparo Rol C6106-20, consultó sobre la posibilidad y requisitos para suscribir convenios de investigación con la entidad relacionados a los créditos FOGAPE; requerimiento que, conforme expresan, fue denegado, al estimar que no constituye una solicitud de acceso a la información. Lo anterior, junto con indicar a la solicitante el canal de consultas existente al efecto; luego de ello, la reclamante procede a utilizar dicha plataforma, realizando dos consultas de idéntico tenor sobre los requisitos para la suscripción de convenios de investigación. En respuesta, se le indicó que el acceso a los microdatos, solo lo tienen los funcionarios de la CMF , quienes pueden trabajar con investigadores externos en proyectos de investigación conjunta, siempre y cuando el acceso a datos sea del funcionario, y el tema de investigación sea atractivo para ambas partes. El producto final es un trabajo coautoría y la base de datos es de la CMF. Actualmente, según le informaron, existen un par de proyectos internos sobre créditos FOGAPE COVID, por lo que ven difícil la posibilidad de un trabajo conjunto, sugiriendo contactar al Jefe del Departamento de Investigación y Riesgo de la Dirección de Estudios de la CMF, cuyos datos proporcionan.

- En definitiva, a través de las distintas presentaciones realizadas por la reclamante se le ha otorgado respuesta a su solicitud, indicándole el carácter de la información que solicita, las condiciones y requisitos que rodean su acceso.

- Ahora bien, y en cuanto al fondo de la materia pedida, aquella corresponde a "microdatos", es decir datos en detalle del funcionamiento de créditos, la cual responde a información en extremo sensible, ya que se refiere a una situación crediticia.

- El artículo 28 del decreto ley N° 3.538, cuerpo legal que fue reemplazado por la Ley N° 21.000 que crea la Comisión para el Mercado Financiero; si observamos la historia fidedigna de esta nueva ley, se estableció que la norma del artículo 28 fuera aprobada por el Congreso Nacional como una ley de quórum calificado, considerando la disposición cuarta transitoria de la Carta Fundamental y artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia. A su vez, el artículo 28 aludido establece una reserva de información respecto de documentos "(...) cuya divulgación pueda afectar el debido cumplimiento de sus funciones, así como los derechos a la intimidad, comerciales, económicos de las personas o entidades sujetas a su fiscalización, o que pudieren afectar la estabilidad financiera, en la medida que ella no tenga el carácter de público", ajustándose a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.

- Al efecto, el citado artículo 28, establece: "La Comisión, así como los Comisionados, funcionarios y las personas que, a cualquier título, presten servicios a dicha entidad estarán obligados a guardar reserva acerca de los documentos y antecedentes de los que tomen conocimiento con ocasión del ejercicio de sus funciones, así como documentos, informes y antecedentes que elaboren, preparen o mantengan en su poder o de los que hayan tomado conocimiento en el ejercicio de dichas funciones, siempre que éstos no tengan el carácter de públicos (...). La infracción de estas obligaciones se castigará con la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados y multa de diez a treinta unidades tributarias mensuales. Asimismo, dicha infracción dará lugar a responsabilidad administrativa y se sancionará con destitución del cargo". En este sentido, no hay norma alguna que permita desconocer o dejar sin efecto la aplicación de este precepto, la que no solo se traduce en un deber funcionario, sino que tiene por objetivo velar por el correcto funcionamiento, desarrollo y estabilidad del sistema financiero y órgano administrativo. Citan al efecto lo resuelto por la Excelentísima Corte Suprema, en sentencia de fecha 8 de mayo de 2020, dictada en causa Rol N° 13.182- 2013, considerandos 7° y 8°.

- En este caso, considerando que la materia versa en la base de datos sobre créditos, la cual es recibida por la CMF en virtud de su función fiscalizadora, y el nivel del detalle requerido, afectaría el debido cumplimiento de dichas funciones de revisión, en cuanto a su efectividad y los derechos económicos y comerciales de quienes pudiesen figurar en ella, por cuanto se refieren a datos de relevancia económica que les pertenece, vulnerando sus derechos.

- Ahora bien, y entendiendo el valor de la información como herramienta estadística y de estudio, es que fue sometida a un régimen especial, de acuerdo a lo establecido en el artículo 23 de la Ley N° 21.000, disposición que otorga a la CMF, la atribución de "Suscribir convenios o memorandos de entendimiento con organismos nacionales, internacionales o extranjeros, sean estos públicos o privados. Dichos convenios o memorandos podrán versar, entre otras materias, sobre cooperación técnica, capacitación y asistencia recíproca, investigación conjunta de eventuales infracciones a la normativa correspondiente, intercambios de información, ingreso a organismos internacionales, interconexión de sistemas de información en línea o cualquier otra que estime conveniente para el ejercicio de sus atribuciones y cumplimiento de sus fines". En tal sentido, y como fue indicado a la reclamante, los proyectos de investigación que lleva a cabo la CMF con la participación de colaboradores externos, se rigen por convenios que establecen las condiciones bajo las cuales se llevará a cabo la investigación, situación que corresponde exactamente a la planteada por la solicitante, quien expresó que la información sería utilizada para fines de investigación, esto es, reconociendo su valor como herramienta académica y de estudio, procediendo por el canal de consultas a indicarle la forma de poder realizar el respectivo convenio y los datos de contacto directo de los funcionarios encargados de dicha materia, haciendo presente que la reclamante, en acto posterior a la interposición del presente amparo, ha tomado contacto con el funcionario encargado del convenio respectivo, y que se encuentra en conversaciones para evaluar la viabilidad del mismo, lo cual torna inoficiosa los amparos deducidos.

- Finalmente, argumentan, se estimó innecesario realizar un análisis sobre la posibilidad de "anonimizar" los respectivos datos o de realizar una entrega parcial de la información. Lo anterior, atendido a que la reserva ya mencionada afecta a toda la información solicitada, y desnaturalizaría lo originalmente requerido por la solicitante.

8) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: Por medio de oficio N° E246, de 6 de enero de 2021, este Consejo solicita a la CMF el envío de la base de datos que incluya los tópicos solicitados por la requirente, profundizando, además, en qué medida la entrega de lo pedido, podría conllevar una afectación en las funciones de la CMF y los derechos de los beneficiarios de esta garantía, considerando la información estadística que sobre la materia ya tienen publicada en su sitio web.

En respuesta, emitida por OFORD. N° 2388, de 13 de enero de 2021, el organismo expresa, lo siguiente:

- Proporcionar la información con los tópico requeridos "se trataría, en definitiva, de divulgar datos que esta Comisión tiene a la vista en el desarrollo de su función fiscalizadora, evidenciando y concretizando los antecedentes que son sujetos a revisión y, por lo tanto, poniendo en peligro la efectividad de la revisión que se realiza de ellos, y, al mismo tiempo, de divulgar datos que se refieren a sujetos determinados y que versan sobre información de relevancia económica que les pertenece, vulnerando sus derechos".

- Respecto de la afectación del debido cumplimiento de las funciones de esta Comisión que implicaría la divulgación de la información en los términos en que es solicitada, indican que conforme lo dispone el artículo 1° del Decreto Ley N° 3538 de 1980, en su inciso tercero, señala que corresponde a esta Comisión "(...) velar porque las personas o entidades fiscalizadas cumplan con las leyes, reglamentos, estatutos y otras disposiciones que las rijan, desde que inicien su organización o su actividad, según corresponda, hasta el término de su liquidación; pudiendo ejercer la más amplia fiscalización sobre todas sus operaciones.", es decir, se consagra legalmente que una de las funciones de esta entidad es la de fiscalizar. Ahora bien, uno de los elementos que dan efectividad a la función fiscalizadora que por ley se ha encomendado a esta Comisión corresponde a los requerimientos de informaciones que son realizados de manera ordinaria o extraordinaria a las distintas entidades fiscalizadas. Dicho flujo de información descansa, no sobre la obligatoriedad con que se deba cumplir con ello sino, además, bajo la confianza de que esta entidad guardará reserva de la misma, utilizándola para los fines establecidos y autorizados por ley. Aseveran que, el permitir la divulgación de dichos datos pone en peligro la mantención de la ya mencionada confianza, ya que generaría, a nivel de nuestros fiscalizados, la convicción de que, la información que remiten puede ser accedida por cualquier ciudadano y, por ende, ante la posibilidad de divulgación, podría llevarlos a tomar ciertos "resguardos" que restrinjan la amplitud de la información remitida, limitando con ello el campo de acción de nuestra función fiscalizadora y, con ello, la eficacia de la misma. Finalmente, manifiestan que de hacer pública información que corresponde a una visión general de todos los fiscalizados respecto de un producto bancario determinado, permitiría efectuar comparaciones entre entidades.

- El artículo 5° del Decreto Ley N° 3538, en su numeral 23, establece como atribución de la CMF, la siguiente: "Suscribir convenios o memorandos de entendimiento con organismos nacionales, internacionales o extranjeros, sean estos públicos o privados. Dichos convenios o memorandos podrán versar, entre otras materias, sobre cooperación técnica, capacitación y asistencia recíproca, investigación conjunta de eventuales infracciones a la normativa correspondiente, intercambios de información, ingreso a organismos internacionales, interconexión de sistemas de información en línea o cualquier otra que estime conveniente para el ejercicio de sus atribuciones y cumplimiento de sus fines.". Dicha atribución corresponde a una herramienta otorgada en razón de la función establecida en el artículo 1° inciso 2° de dicho cuerpo legal, esto es "(...) velar por el correcto funcionamiento, desarrollo y estabilidad del mercado financiero, facilitando la participación de los agentes de mercado y promoviendo el cuidado de la fe pública. Para ello deberá mantener una visión general y sistémica del mercado, considerando los intereses de los inversionistas, depositantes y asegurados, así como el resguardo del interés público". En tal sentido, argumentan, la reclamante pretende acceder a la información fuera del régimen de convenios de colaboración establecido, lo cual implica afectar las funciones de la Comisión ya que se afectaría la atribución soberana de establecer y regular dichos convenios, transformando dicha atribución en "letra muerta", atentándose, además, contra el carácter eminentemente técnico de esta institución, quien podría dejar de cumplir su rol expresado, al no poder canalizar ni participar de las investigaciones relevantes que se realicen.

- Respecto a los derechos de los terceros beneficiarios del crédito, considerando el nivel de detalle requerido por la solicitante, aquella comprende tanto a personas naturales como jurídicas, resultando evidente que la divulgación de dicha información afecta, en primer lugar, la vida privada de las de las personas naturales solicitantes, y, en segundo lugar, los derechos de carácter económico y comercial de todos los beneficiarios, ya que divulgar qué empresas han debido recurrir al beneficio, en qué fecha y por cual monto, implica dar a conocer su estado-situación financiera respecto de la pandemia, evidenciando si han debido recurrir al beneficio o no, permitiendo suponer o especular, respecto del actual estado de sus negocios, información de extrema relevancia para el mercado, y respecto de la cual esta Comisión tiene un especial deber de resguardo.

- En cuanto al contenido de la base de datos requerida, reiteran que aquella está asociada a personas naturales y jurídicas. En efecto, el Decreto Exento N° 130, que contiene el Reglamento de Administración del Fondo de Garantía para Pequeños y Medianos Empresarios, aplicable a las líneas de Garantía COVID-19, en su artículo 2, establece que "Podrán optar a financiamientos con Garantías COVID-19 las personas, naturales o jurídicas, que sean empresarios o empresas y cuyas ventas netas anuales no excedan de 1.000.000 de Unidades de Fomento".

- La base de datos solicitada, corresponde a dos Archivos del Sistema Estadístico del MSI (códigos E20 y E21), cuyo contenido es el siguiente: i. primer archivo Código E20, correspondiente al "Balance detallado de las solicitudes FOGAPE-COVID19", de periodicidad mensual, en el cual se informan todas las solicitudes asociadas al programa FOGAPE COVID-19. Lo anterior, entendiendo que una solicitud ha sido válidamente recibida por la institución financiera, para su análisis y tramitación, cuando aquella contenga, el nombre del solicitante, su RUT, el monto del crédito solicitado para este tipo de financiamientos y los antecedentes necesarios para la elegibilidad por ventas, establecida en el artículo 3 del Decreto Exento N° 130. Este archivo debe remitirse a través de la extranet de la CMF utilizando la aplicación de gestión de archivos normativos (GAN), con la indicación del RUT del solicitante; región de origen; fecha de la solicitud; estado de la solicitud; monto de la solicitud; monto asociado al último estado de la solicitud; tipo de persona (natural o jurídica); tipo de empresa; respecto al archivo ii. segundo archivo Código E21, correspondiente al "Balance agregado de las solicitudes FOGAPE-COVID19", de carácter semanal, se informa el stock acumulado del estado de solicitudes de este tipo de financiamiento, el cual debe ser remitido por la extranet de la CMF, utilizando la aplicación GAN, con la indicación del estado de la solicitud; tipo de persona (natural o jurídica); tipo de empresa; número de solicitudes; y, montos asociados al último estado de la solicitud.

- Atendido el detalle informado respecto del contenido de la base de datos requerida, se cumple el objeto de ilustrar a este Consejo sobre las materias que dicha base contiene, y considerando el carácter de la misma, se solicita reconsiderar la petición de remisión a esta Corporación la referida base, estimando que lo anterior se cumple con la descripción detallada que, de su contenido, se ha señalado.

- Refieren que la información que se encuentra publicada en el sitio web de la CMF no desagrega a cada una de las personas naturales o jurídicas solicitantes, sino que se presentan por grupos.

Finalmente, con fecha 21 de enero de 2021, en respuesta a gestión oficiosa, la CMF informa que las rendiciones que realizan ante el Congreso, es de tipo agregada, no identificando a las empresas ni instituciones financieras. A su vez, solicitan tener presente lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto Exento N° 130.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, en atención a que entre los amparos roles C5752-20 y C6106-20, existe identidad respecto del reclamante, del órgano de la Administración reclamado e información solicitada, a efectos de facilitar la comprensión y resolución de los mismos y en virtud del artículo 9° de la ley N° 19.880, que consagra el principio economía procedimental, este Consejo ha resuelto acumular los citados reclamos, resolviéndolos a través de su revisión en conjunto en la presente decisión.

2) Que, de los requerimientos presentados por la recurrente ante el organismo, es posible determinar que su solicitud recae en la entrega de la base de micro datos del Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios "FOGAPE" - Covid19, a nivel de empresa, que incluya su identificador , nombre, localización (región y comuna), tamaño (mi pyme, pyme, etc.), sector económico (servicios, transporte, construcción, etc.), el banco al que solicitó el crédito, el monto solicitado, el monto aprobado, estado de la solicitud (en estado de evaluación, aprobadas sin cursar, cursada, rechazada) y en caso de que haya sido rechazada debe indicar la razón. Antecedentes que fueron denegados por el organismo, con base a la causal del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el Decreto Ley N° 3538, modificado por la Ley N° 21.000, que crea la Comisión para el Mercado Financiero, específicamente en su artículo 28, disposición a su vez reformada por la Ley N° 21.130, que moderniza la legislación bancaria; por cuanto, conforme aseveran, atendida la especificación y naturaleza de lo pedido, afectaría las funciones fiscalizadoras, de revisión e investigación del organismo y derechos de los titulares de aquellos datos.

3) Que, es necesario destacar que el artículo 28 precitado, dispone lo siguiente: "La Comisión, así como los Comisionados, funcionarios y las personas que, a cualquier título, presten servicios a dicha entidad estarán obligados a guardar reserva acerca de los documentos y antecedentes de los que tomen conocimiento con ocasión del ejercicio de sus funciones, así como documentos, informes y antecedentes que elaboren, preparen o mantengan en su poder o de los que hayan tomado conocimiento en el ejercicio de dichas funciones, siempre que éstos no tengan el carácter de públicos. Del mismo modo, deberán abstenerse de formular opiniones o emitir juicios respecto de los asuntos de que estuvieren conociendo con ocasión de los procedimientos sancionatorios en curso y cuya resolución se encontrare pendiente. La infracción de estas obligaciones se castigará con la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados y multa de diez a treinta unidades tributarias mensuales. Asimismo, dicha infracción dará lugar a responsabilidad administrativa y se sancionará con destitución del cargo. Lo anterior es sin perjuicio del deber de abstención de participar y votar a que se refiere el artículo 16.

Sin perjuicio de los deberes de reserva de que trata este artículo, y con el objeto de velar por el cumplimiento de sus respectivas labores, la Comisión, el Banco Central de Chile y la Superintendencia de Pensiones podrán compartir cualquier información. Lo anterior no regirá tratándose de aquella información a que se refiere el inciso primero del artículo 154 del decreto con fuerza de ley N° 3, del Ministerio de Hacienda, de 1997, que fija el texto refundido, sistematizado y concordado de la Ley General de Bancos y de otros cuerpos legales que se indican, salvo lo dispuesto en el numeral 34 del artículo 5 de esta ley. Cuando la información compartida sea reservada, deberá mantenerse en este carácter por quienes la reciban.

La Comisión deberá mantener a disposición permanente del público, a través de su sitio web institucional, las resoluciones por medio de las cuales se haya sancionado a personas o entidades fiscalizadas. Para efectos de la publicación de las resoluciones referidas podrán elaborarse versiones públicas de las mismas, cuando a juicio de la Comisión ello sea necesario o recomendable para el adecuado funcionamiento del mercado financiero o para resguardar la información protegida por alguna causal de reserva.

Para todos los efectos legales, se entenderá que tiene carácter de reservada cualquiera información derivada de los documentos, antecedentes, informes a que se refiere el inciso primero y cuya divulgación pueda afectar el debido cumplimiento de sus funciones, así como los derechos a la intimidad, comerciales, económicos de las personas o entidades sujetas a su fiscalización, o que pudieren afectar la estabilidad financiera, en la medida que ella no tenga el carácter de público.

Lo dispuesto en los incisos anteriores no obstará a que el Consejo pueda difundir o hacer difundir por las personas y medios que determine, la información o documentación relativa a las personas o entidades fiscalizadas con el fin de velar por la fe pública, el interés de los accionistas, inversionistas, depositantes y asegurados". (El destacado es nuestro).

4) Que, a modo de contexto, el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (FOGAPE), fue creado en el año 1980 por decreto ley N° 3.472, y financiado con aportes fiscales . Es administrado por el Banco Estado y fiscalizado por la Comisión para el Mercado Financiero , el cual no quedará sujeto a las normas de Administración Financiera del Estado ni a las demás disposiciones aplicables al sector público, sino que aquellas condiciones que fije la CMF, previa autorización del Ministerio de Hacienda . En tal sentido, el artículo 1° del señalado decreto, establece "Créase una persona jurídica de derecho público, de duración indefinida, con domicilio en la ciudad de Santiago, denominada "Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios", en adelante "el Fondo", destinada a garantizar los créditos, las operaciones de leasing y otros mecanismos de financiamiento autorizados por la Comisión para el Mercado Financiero (...) que las instituciones financieras públicas y privadas y el Servicio de Cooperación Técnica otorguen a los pequeños empresarios (...)". El artículo 5° de la citada normativa, señala que el FOGAPE con acuerdo de la Comisión para el Mercado Financiero, deberá licitar total o parcialmente entre las diversas instituciones financieras, incluyendo el Banco del Estado de Chile, y el Servicio de Cooperación Técnica, la utilización del fondo. Finalmente, la CMF resuelve las controversias que se susciten entre el administrador del fondo y las instituciones adjudicatarias .

5) Que, sobre el particular, la Ley N° 21.229, aumenta el capital del Fondo de Garantía para pequeños y medianos empresarios (FOGAPE) y flexibiliza temporalmente sus requisitos, modificando el decreto ley N° 3.472 , hasta el 30 de abril del año 2021, para que las empresas puedan continuar con sus operaciones, junto con autorizar un aumento de capital al señalado fondo hasta de 3.000 millones de dólares, como parte del plan económico de emergencia que busca mitigar el descenso en la actividad económica producto de la pandemia ocasionada por el Coronavirus. Dicha ley, en su artículo segundo transitorio, reemplaza hasta el 30 de abril de 2021, el artículo 3° del decreto ley N° 3.472, al siguiente tenor: "Podrán optar a la garantía del Fondo los empresarios cuyas ventas netas anuales no excedan de 1.000.000 de unidades de fomento, y los exportadores cuyo monto exportado haya sido en los dos años calendarios anteriores, en promedio, de un valor FOB igual o inferior a US$16.700.000, reajustado anualmente en el porcentaje de variación que en el año precedente haya experimentado el índice de precios promedio relevante para el comercio exterior de Chile, según lo certifique el Banco Central de Chile, que tengan necesidades de capital de trabajo o proyectos de inversión" (El destacado es nuestro).

6) Que, a su vez, el artículo tercero de la Ley N° 21.229, establece que durante el mes de mayo de 2021, el FOGAPE deberá informar a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Hacienda del Senado el destino de los recursos y los criterios de asignación del aporte o aumento de capital de 3.000 millones de dólares establecido en la señalada norma para la reactivación económica pretendida. No obstante, y previo a la rendición de cuentas aludida, la señalada disposición establece que "(...) el Ministerio de Hacienda entregará a las referidas comisiones, semanalmente, la información que reciba junto a la Comisión para el Mercado Financiero de parte del FOGAPE. Del mismo modo, cada quince días, elaborará un reporte con la información consolidada del período, la que será enviada a las mismas comisiones"; debiendo además el Ministerio de Hacienda y el administrador del FOGAPE exponer de forma mensual ante las comisiones de Hacienda de cada Cámara "un informe acerca del funcionamiento del Fondo, el que contendrá, al menos, los datos sobre el destino de los recursos y los criterios de asignación a las empresas clasificadas por tamaño y diferenciadas por ventas anuales en UF, así como los montos, plazos y tasas promedio de los créditos garantizados" (El destacado es nuestro).

7) Que, por su parte, el Decreto Exento N° 130, que contiene el Reglamento de Administración del Fondo de Garantía para Pequeños y Medianos Empresarios, aplicable a las líneas de Garantía COVID-19, en adelante Decreto Exento N° 130, en su artículo 4, clasifica a las empresas elegibles, según sus ventas netas anuales: "a. Micro y Pequeñas Empresas: Empresas cuyas ventas netas anuales no superen las 25.000 UF. b. Medianas Empresas: Empresas cuyas ventas netas anuales superen las 25.000 UF y no excedan de 100.000 UF. c. Empresas Grandes I: Empresas cuyas ventas netas anuales superen las 100.000 UF y no excedan de 600.000 UF. d. Empresas Grandes II: Empresas cuyas ventas netas anuales superen las 600.000 UF y no excedan de 1.000.000 UF". En este mismo orden de ideas, el artículo 12 del señalado decreto, establece los límites de financiamiento, según el siguiente gráfico:

Empresas con ventas netas de IVA anuales hasta: Límite máximo de financiamiento

1000 UF 250 UF

10.000 UF 2.500 UF

25.000 UF 6.250 UF

100.000 UF 25.000 UF

200.000 UF 50.000 UF

400.000 UF 100.000 UF

600.000 UF 150.000 UF

1.000.000 UF 250.000 UF

8) Que, en tal sentido, conforme la clasificación descrita en el considerando precedente, otorgado por la propia normativa aplicable en la especie; es posible determinar que asociar la identidad de una empresa, según su tamaño (pequeña, mediana y grandes empresas) y monto al cual postuló u otorgado, permite advertir su nivel de ventas netas anuales, información eminentemente comercial.

9) Que, luego, el artículo 5 del Decreto Exento N° 130, establece el destino de los financiamientos, señalando: "Los recursos provenientes de los financiamientos con Garantías COVID-19 solamente podrán ser utilizados para cubrir necesidades de capital de trabajo de la empresa, incluyendo, entre otros, pago de remuneraciones y obligaciones previsionales, arriendos, rentas de leasing, mercaderías y suministros, incluyendo aquellos documentados a través de cartas de crédito de importación, y facturas pendientes de liquidación, obligaciones tributarias, boletas de garantía, gastos de seguros, gastos asociados al otorgamiento de Líneas, y cualquier otro gasto que sea indispensable para el funcionamiento de ésta". Finalmente, el artículo 14, del señalado decreto, dispone: "Cada institución financiera será responsable por la decisión de otorgar financiamientos garantizados, de acuerdo a los criterios establecidos en sus políticas internas de riesgo de crédito"; a su vez, el señalado artículo establece que el plazo de los financiamientos que cuenten con la Garantía COVID-19, será entre 24 y 48 meses, incluido en dicho plazo al menos 6 meses de gracia para el pago de la primera cuota, las que deberán ser iguales y sucesivas.

10) Que, la entidad reclamada proporcionó un enlace en el cual disponen de información concerniente a lo solicitado, de cuya revisión se verifica que corresponden a planillas o informes estadísticos, siendo uno de ellos "Créditos FOGAPE-COVID-19", en el cual publican los reportes de flujos de créditos cursados actualizados según periodos (por ejemplo, al 14/06, 21/07, al 25/10, al 08/11, etc.), dando a conocer el número de operaciones cursadas con garantía FOGAPE-COVID19, agrupadas por institución financiera (por ejemplo: Banco de Chile, Scotiabank, BCI, Santander, ITAÚ, etc.); por tamaño de la firma según ventas (por ejemplo; Micro y Pequeñas Empresas, Medianas Empresas, Empresas Grandes); por sector económico (por ejemplo: comercio, construcción, transporte, restaurantes y hoteles, comunicaciones, alimentos, salud, etc.); y, por región. Luego, se informan los montos de los créditos por tamaño de la empresa, sector económico y región; la evolución del crédito; y, finalmente la participación, según tamaño de empresa, sector económico y región. A continuación, publican los derechos de garantía asociados al programa FOGAPE COVID, actualizados por periodos, conforme ya fue descrito , informando los montos de los derechos de garantía asignados y usados por institución y tipo de empresa; posteriormente, se informa el total - en número y monto- de solicitudes y curses de crédito por institución y tipo de empresa, con el desglose de: solicitudes registradas (ingresadas); solicitudes en estado de evaluación; solicitudes aprobadas sin cursar; solicitudes aprobadas y no concretada por el solicitante (desistimiento); solicitudes efectivamente cursadas; solicitudes rechazadas por falta de información; solicitudes rechazadas por incumplimiento de los requisitos del programa; y, solicitudes rechazadas por incumplimiento de las políticas propias de la institución financiera.

11) Que, en razón de lo señalado en los considerandos precedentes, se estima que la información relativa al nombre, y de proceder el identificador, de las empresas que obtuvieron el crédito, que incluya su ubicación (región, comuna y dirección); sector económico; banco al que solicitó el crédito; la fecha en que postuló; constituye información pública, conforme lo dispuesto en el artículo 8, inciso segundo, de la Constitución Política de la República, y los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, por cuanto su acceso permite ejercer un control social, con base a parámetros concretos, respecto al funcionamiento de este fondo estatal, orientados a impulsar la actividad comercial y económica del país. En tal sentido, proporcionar dichos antecedentes, facilita el conocimiento de la ciudadanía respecto a la ejecución de esta política pública, atendido el carácter preferentemente estadístico de la información publicada por la CMF al efecto; no advirtiendo en qué medida, la divulgación de dicha información podría menoscabar la función fiscalizadora de la CMF y su participación en proyectos o estudios de investigación. En este mismo orden de ideas, en cuanto a la posible afectación de los derechos de los titulares de la información, se estima que la circunstancia de conocer que una empresa determinada accedió a este tipo de financiamiento, el cual se sustenta en la ejecución de un medida de índole estatal producto de la crisis sanitaria , cuyos efectos han sido globales, no reviste una entidad tal que comprometa los derechos comerciales o patrimoniales de aquella, y por tanto justifique la reserva de dicha información, atendida la generalidad de los antecedentes ya descritos.

12) Que, además, el organismo invoca la causal del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto Ley N° 3538, modificado por la Ley N° 21.000. Al efecto, del tenor de lo dispuesto en el artículo 28 aludido, -transcrito en el considerando 3°-, se desprende que la reserva legal que rige en la actualidad, a diferencia del derogado artículo 7 de la Ley General de Bancos , no es absoluta, sino que se encuentra sujeta a una serie de excepciones, consecuentes con las causales de reserva o secreto contenidas en el artículo 8 inciso 2° de la Constitución Política de la República y el artículo 21 de la Ley de Transparencia, debiendo por tanto proceder en la medida que se acredite una afectación presente o probable y con suficiente especificidad que justifique la reserva de los antecedentes, lo que en este caso y sobre la información señalada en el párrafo precedente no se verifica.

13) Que, en sentido contrario es lo que acontece con la parte del requerimiento en la cual se solicita, tanto respecto de las empresas solicitantes y aquellas que obtuvieron el crédito, la indicación del tamaño de la empresa; monto solicitado; el monto aprobado; estado de la solicitud (evaluación, aprobadas sin cursar, cursada, rechazada); y, en caso de que haya sido rechazada, señalar la razón.

14) Que, respecto de aquellas empresas que no han recibido el financiamiento, independiente de la causa (ya sea porque su solicitud se encuentra en proceso, fue desistida o rechazada), procede denegar en su integridad la información solicitada, puesto que versa en la petición de un crédito no cursado o denegado, no existiendo por tanto antecedentes que justifiquen exponer dicha información a la comunidad, aplicando por analogía el razonamiento contenido en la decisión Rol C958-10. A su vez, en relación las empresas que efectivamente recibieron el crédito; informar el tamaño de aquella, el monto de financiamiento que solicitaron y aquel que les fue aprobado; en atención a la información que se encuentra disponible en el sitio web de la CMF y las descripciones otorgadas por la propia normativa, permitirían develar con un mínimo margen de error el nivel de ventas anuales de éstas, en relación a un rubro determinado, su carga financiera y opción crediticia respecto de la institución financiera con la cual operan; todos antecedentes que efectivamente constituyen información de tipo comercial sensible en los términos del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por cuanto su entrega, atendido el fin normativo que debe darse a dichos financiamientos, orientados a cubrir necesidades de capital de trabajo de la empresa y subsanar el menor desarrollo económico y disminución significativa de sus ingresos, experimentados a causa de la crisis sanitaria, implicaría divulgar aspectos de tipo patrimonial y estratégicos de financiamiento, al cual optaron en miras de continuar con el ejercicio de su actividad comercial; estimando que la información estadística que se encuentra disponible por parte del organismo, permite conocer el uso efectivo de los recursos y número de operaciones por categorías. Finalmente, es la propia ley la que establece un sistema especial de rendición de cuentas al efecto.

15) Que, finalmente y respecto de las empresas que obtuvieron el crédito con garantía estatal FOGAPE- COVID 19, en el evento que el identificador corresponda al RUT, y este antecedente se encuentre asociado a una persona natural, lo mismo que la ubicación (región, comuna y dirección), dichos datos deben ser reservados, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2, letra f) y 4 de la ley N° 19.628, sobre Protección de la vida privada y de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia.

16) Que, en consecuencia, se acogerán parcialmente los amparos deducidos, ordenando la entrega de la información que se consignará en lo resolutivo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente los amparos roles C5752-20 y C6106-20 deducidos por doña Shirley Trujillo Redroban en contra de la Comisión para el Mercado Financiero, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero:

a) Hacer entrega al reclamante de: el nombre de las empresas que obtuvieron el crédito con garantía estatal FOGAPE- COVID 19, y de proceder el identificador de aquellas empresas; señalando además, su ubicación (región, comuna y dirección); el sector económico en que operan; banco al que solicitaron el crédito; y la fecha en que postularon al crédito.

En el evento que el identificador corresponda al RUT, y este antecedente se encuentre asociado a una persona natural, lo mismo que la ubicación (región, comuna y dirección), dichos datos deben ser reservados, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2, letra f) y 4 de la ley N° 19.628, sobre Protección de la vida privada y de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Se rechazan los amparos respecto de aquellas empresas que no han recibido el financiamiento consultado, independiente de la causa, en atención a que versa en información sobre un crédito aun no cursado o denegado, no existiendo por tanto antecedentes que justifiquen la divulgación de dicha información; igualmente, se rechazan los amparos respecto a la entrega de información sobre el tamaño, monto de crédito solicitado y aquel que les fue aprobado, respecto de las empresas que efectivamente recibieron el financiamiento, al configurarse respecto de estos antecedentes la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

IV. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Shirley Trujillo Redroban y al Sr. Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.