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Francisco de Sarratea Valdés con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS (SII) Rol: C213-12

Consejo para la Transparencia, 29/08/2012

Se dedujo amparo en contra del Servicio de Impuestos Internos, fundado en que dicho órgano le denegó el acceso a la información requerida sobre la “lista a nivel nacional de de los inmuebles que gozan de la exención de la actual letra D N° 3 del Cuadro Anexo de la Ley N° 17235. Los datos son los siguientes: Rol del inmueble, Comuna, Dirección, RUT del beneficiario, giro, año de concesión de beneficio y última fiscalización”. El Consejo señaló que para la sistematización de dicha información, es menester efectuar la revisión de cada uno de los antecedentes de los bienes raíces registrados bajo los citados códigos 160 (789 predios) y 820 (11 predios), pues estos datos no se encuentran sistematizados en la base catastral mantenida por el Servicio ni es posible procesarlos automáticamente. En consecuencia, atendido el número de predios involucrados, la búsqueda y sistematización de los documentos en que consta dicha información y la extracción de los datos requeridos, exigiría al organismo destinar un tiempo excesivo de la jornada de trabajo de sus funcionarios, distrayéndolos del cumplimiento regular de sus labores habituales, en relación al resto de la información el SII ha informado la fuente, el lugar y la forma en que el particular podrá tener acceso a la información solicitada.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Sentencias o resoluciones sobre esta decisión:


Decisiones o sentencias citadas en documento:



Consejeros:

  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Ausente)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C213-12

Entidad pública: Servicio de Impuestos Internos (SII)

Requirente: Francisco de Sarratea Valdés

Ingreso Consejo: 07.02.2012

En sesión ordinaria Nº 368 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de agosto de 2012, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C213-12.

VISTOS:

Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; el D.F.L. N° 1, de 1998, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley Nº 17.235, sobre Impuesto Territorial; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 26 de diciembre de 2011 don Francisco de Sarratea Valdés solicitó al Servicio de Impuestos Internos (en adelante e indistintamente “SII”) que le otorgara la “lista a nivel nacional de de los inmuebles que gozan de la exención de la actual letra D N° 3 del Cuadro Anexo de la Ley N° 17235. Los datos son los siguientes: Rol del inmueble, Comuna, Dirección, RUT del beneficiario, giro, año de concesión de beneficio y última fiscalización”. Al efecto, solicitó se le enviará copia de ella al correo electrónico indicado en su requerimiento.

2) RESPUESTA: El Servicio de Impuestos Internos, por medio de la Resolución Exenta N° 259, de 20 de enero de 2012 –enviada por correo electrónico en la misma fecha al requirente–, dio respuesta a la solicitud del Sr. de Sarratea Valdés, denegando el acceso a la información requerida en virtud de lo dispuesto en los artículos 5°, 10, 13, 14 y 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. Además, indicó que apreciada la petición a la luz del citado artículo 5°, resulta improcedente confeccionar en forma especial la información requerida, ya que “no es competencia de este organismo fiscalizador elaborar estudios a requerimiento de los particulares, toda vez que para ello debería incurrir en dispendios económicos y de tiempo de sus funcionarios que exceden el uso eficiente de los recursos que el Estado le entrega para el cumplimiento de sus objetivos”. Al efecto invocó expresamente la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, “habida cuenta que no obra en poder de este organismo fiscalizador un estudio que cumpla con todos los requisitos considerados en la solicitud”.

3) AMPARO: El 7 de febrero de 2012 el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del Servicio de Impuestos Internos, fundado en que dicho órgano le denegó el acceso a la información requerida. Al respecto, hizo presente lo siguiente:

a) “Se tiene conocimiento que dicha autoridad tributaria mantiene un sistema computacional establecido en sus Unidades Operativas, denominado Oracle Revisión y Control, el cual contiene una completa información sobre los bienes raíces del territorio nacional. Asimismo, también se tiene conocimiento que el propio SII, mediante su normativa interna, ha impartido diversos comunicados que otorgan instrucciones a sus dependientes de como utilizar y que información obtener del sistema referido…”. Asimismo, dicha respuesta no parece razonable si se considera que “…es el órgano que tiene a su cargo la fiscalización precisamente de dicho impuesto territorial y el otorgamiento y denegación de exenciones legales» y, además, el órgano “publica estadísticas generales en su sitio, informa sobre los gastos que constituyen los diferentes regímenes de exención tributaria al gobierno y Dipres”.

b) Agrega que, según ha tomado conocimiento, la información denegada puede ser obtenida en segundos a través de una aplicación denominada DATAWAREHOUSE, “…muy utilizada para generar programas de fiscalización, en la que se ingresan parámetros en forma de códigos por ejemplo de un formulario, una declaración jurada, etc.”. Asimismo, sostiene que “… las resoluciones y cobros de impuesto territorial precisamente son elaborados a través de sistemas informáticos, que imprimen una vez dichos documentos en un ejemplar por cuanto el sistema mantiene toda la información”.

c) Señala, además, que existe una situación análoga a la del presente amparo, donde la respuesta del SII fue diferente a la otorgada en la especie. Al respecto, sostiene que el 2 de enero de este año solicitó al mismo órgano que le otorgara un “…catastro de todos los recintos deportivos y estadios del país, indicando entre ellos cuales se encontraban afectos al pago de impuesto territorial por casinos u otras instalaciones como estacionamientos y otros. Posteriormente, con fecha 30 de enero del 2012, recibí respuesta por parte del SII, accediendo parcialmente a la información solicitada, enviándome una planilla Excel con un listado consistente en qué recintos deportivos están afectos al pago de impuesto territorial…”, razón por la cual “…resulta difícil de entender que frente a una petición de información sobre el status legal de inmuebles en relación a la misma Ley, a saber, la Ley de Impuesto Territorial, se pueda por una parte proporcionar la información pedida cuya respuesta está tabulada en una planilla Excel perfectamente ordenada, y por otra parte, el mismo organismo público señale que el entregar dicha información produciría un elevado número de actos administrativos o su antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales”.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, mediante Oficio N° 581, de 17 de febrero de 2012. Al respecto, el Subdirector Jurídico de dicho órgano, por medio de presentación efectuada el 13 de marzo recién pasado, evacuó el traslado conferido solicitando que se rechazara el amparo y formulando, en síntesis, los siguientes descargos y observaciones:

a) Este Servicio no posee la información solicitada en la forma que, con los requisitos copulativos que indica, requiere don Francisco de Sarratea Valdés, la que, por lo demás, no se enmarca dentro de las hipótesis establecidas en el artículo 5° de la Ley de Transparencia, requiriéndose, en definitiva, que se vinculen y procesen datos relativos a inmuebles que cumplan con una característica propuestas por el solicitante y, con ello, se cree o elabore una información nueva y actualmente inexistente, lo que, por su naturaleza, queda fuera del ámbito de aplicación de la mencionada Ley. De esta forma, lo que pretende el requirente es que el SII efectué un estudio que no realiza para los fines que la ley le encomienda, no siendo de su competencia elaborar estudios a requerimiento de los particulares, para lo cual debería incurrir en dispendios económicos y de tiempo de sus funcionarios que exceden del uso eficiente de los recursos que el Estado le entrega para el cumplimiento de sus objetivos.

b) De lo dispuesto en el artículo 8° de la Constitución Política, así como en los artículos 5°, 10 y 11, letra a), de la Ley de Transparencia, se concluye que no existe ninguna norma en éste cuerpo legal invocado, que imponga a la Administración efectuar labores de cruce de datos y/o análisis que originen una información nueva y distinta a la existente en el estado en que se encuentra para satisfacer las necesidades de los particulares.

c) En base a una interpretación extensiva del artículo 17 de la Ley de Transparencia, sostenida en una supresión parlamentaria de un texto que no llegó a cristalizar en ley, el Consejo ha concluido que esa omisión revela la voluntad del legislador en cuanto a que existiendo datos en poder de la Administración, el derecho de acceso a la información pública comprendería también el deber de los órganos públicos de elaborar con esos datos la información que hubiere sido solicitada ante el solo requerimiento del peticionario, pues la ley –se ha dicho– obliga a entregar la información en la "forma" solicitada. Esta interpretación contraría las normas del Código Civil en materia de exégesis legal, pues la piedra angular en esta materia es que “…cuando el sentido de la leyes claro, no se desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu”, y sólo cuando dicho texto es obscuro, ininteligible y no permite por sí sólo descubrir el sentido de la ley, es permitido indagar su alcance, recurriendo a la misma ley o a la historia de su establecimiento, debiendo tenerse presente que, en la especie, la Constitución y la ley definen qué es información pública, qué comprende el derecho de acceso, y lo hacen empleando términos claros y entendibles. Por lo tanto, no resulta pertinente recurrir a la historia de la ley para intentar demostrar la existencia de una intención del legislador contraria al texto expreso.

d) La imposibilidad para elaborar la información no es de orden técnico, ni obedece a la falta de antecedentes para su elaboración, como expone el reclamante. Por el contrario, la imposibilidad de proveer lo pedido es de orden jurídico. Al efecto, concluye que no resulta posible, jurídicamente, exigirle que efectúe procesos de datos a objeto de elaborar una información actualmente inexistente, para satisfacer fines ajenos al tributario o a su función pública, precisando que “… el Servicio en ningún momento ha negado que cuenta con los datos que servirían de base o fundamento para elaborar la información que el solicitante necesita, sólo ha sostenido que no los tiene procesados y que por ende, no tiene la información en la forma solicitada”.

e) Respecto a las supuestas respuestas dispares dadas a dos solicitudes similares formuladas por el mismo requirente, hace presente que la otra solicitud a que se refiere el reclamante fue presentada al Servicio el 2 de enero de 2012, y que, por medio de ella, se requería «…un catastro (Rol, Dirección; Comuna y Rut propietario) de todos los recintos deportivos y estadios del país, y entre ellos indicar cuales se encuentren afectos a impuesto territorial por casinos u otras instalaciones como estacionamientos, indicando éstas». Dicha solicitud fue contestada accediendo parcialmente a lo solicitado y proporcionándole al requirente un listado que contenía todos los roles cuyos bienes raíces son destino "DEPORTE", especificando para cada bien raíz los datos correspondientes a: Comuna; Rol; Dirección predial y RUT del propietario, indicando cuáles de ellos se encuentran afectos a Impuesto Territorial. «Sin embargo, lo que omite señalar el recurrente en su amparo, es justamente la causal de que la entrega fuera parcial y no total, causal que precisamente se refiere al artículo 13 de la Ley N° 20.285. Así, en la Resolución citada se le respondió que respecto a la información que se le entregó, era menester señalar que los recintos deportivos y estadios están afectos a las reglas generales de la Ley 17.235, salvo que concurra a su respecto una causal de exención del tributo, de aquellas contenidas en el Cuadro Anexo que contiene la Nómina de Exenciones al Impuesto Territorial. En consecuencia, este Servicio no contaba con una nómina de recintos afectos al impuesto señalado por la sola condición de contar con instalaciones, motivo por el cual no resultaba posible satisfacer su requerimiento en esa parte, haciendo aplicable la causal del Art. 13 de la Ley N° 20.285», razón por la cual, en definitiva, no existe la disparidad de criterios a que alude el reclamante, por el contrario, ambas respuestas aluden a la misma causal de la Ley de Transparencia.

5) AUDIENCIA PÚBLICA: El Consejo Directivo de esta corporación, en sesión ordinaria Nº 347, de 15 de junio de 2012, acordó convocar en el presente amparo a una audiencia de rendición y discusión de antecedentes y medios de prueba, conforme al artículo 25, inciso final, de la Ley de Transparencia. Dicha audiencia se llevó a cabo el 27 de julio de 2010, a las 9:45 horas, oyéndose los alegatos del reclamante y el Servicio de Impuestos Internos.

6) TÉNGASE PRESENTE: El 8 de agosto de 2012 el Subdirector Jurídico del SII hizo presente a este Consejo lo siguiente:

a) Hace presente que el reclamante solicitó una nómina o listado que no existe en la forma pedida y, además, requirió datos que no existen. Al respecto, explica que bajo la norma vigente del Cuadro Anexo N°1, con antelación al 1 de enero de 2006, se establecía la nómina de exenciones totales o parciales al impuesto territorial; entre las cuales se reconocía el 100% de exención al numeral 9 de la letra D) del referido cuadro anexo, relativo a: “Los hospitales, hospicios, orfelinatos y, en general, los establecimientos destinados a proporcionar auxilio o habitación gratuita a los indigentes o desvalidos, en la parte que estén afectos, exclusivamente a estos servicios, y siempre que no produzcan renta”. En los sistemas informáticos del SIl, los bienes que cumplían con dichos requisitos se marcaban con el código 160 en el respectivo catastro. Posteriormente, en virtud del artículo 2° de la Ley N° 20.033, publicada en el Diario Oficial el 1° de julio de 2005, se reemplazaron los Cuadros Anexos N°s 1 y 2 por el Cuadro Anexo actual de la Ley de Impuesto Territorial. Dicha modificación rige desde el 1 de enero de 2006 y establece la Exención del 100%, para “D) Bienes raíces de propiedad de las siguientes instituciones, siempre que cuenten con personalidad jurídica, que estén destinados al fin de beneficencia establecido en sus estatutos y no produzcan renta por actividades distintas a dicho objeto: 3) Establecimientos destinados a proporcionar auxilio o habitación gratuita a los indigentes o desvalidos”. Bajo este nuevo escenario legal, los códigos respectivos de los sistemas informáticos no fueron modificados, sino que los bienes raíces que cumplían con los requisitos para estar exentos del impuesto territorial en virtud de la letra D) del Número 3 del Cuadro Anexo, pasaron también a marcarse con el código 160. En consecuencia, el señalado código 160 identificó indistintamente a otros inmuebles además de los que específicamente regula la letra D) del Número 3 del actual Cuadro Anexo. Sólo el año 2011 se dictaron instrucciones respecto del uso de códigos referidos a nuevas exenciones y se indicó que a los bienes raíces con los requisitos de la letra D) del Número 3 del actual Cuadro Anexo, debe asignársele el código 820.

b) En este contexto, a la fecha hay 11 predios con código 820 y 789 predios con código 160. Gradualmente y a raíz de labores de fiscalización se irán revisando y actualizando los señalados códigos. En consecuencia, para determinar cuáles de los 789 predios que tienen el código 160 deben actualizarse al código 820, habría que revisarlos en forma individual, manualmente; y en razón de su situación particular asignarles dicho código o, en su caso, otro que corresponda.

c) Además, el reclamante solicitó el giro de los beneficiarios, antecedente que no se encuentra registrado en el catastro sino en otras bases de datos del servicio (Sistema Integrado de Información de Contribuyentes). Asimismo, se requirió el año de concesión del beneficio (exención) y año de última fiscalización, datos que habría que buscar respecto de cada inmueble, pues tampoco constan en la base catastral y no puede procesarse automáticamente. Por lo demás, sólo se cuenta con información de los últimos 6 años.

d) De lo expuesto, es dable concluir que no existe un listado en los términos requeridos por el peticionario, no encontrándose obligado el Servicio a elaborarlo a requerimiento de un particular en los términos de la Ley N° 20.285. Además, no es posible efectuar el procesamiento de la información solicitada, sin distraer del cumplimiento regular de las labores habituales a funcionarios de la Institución, pues se les impondría la tarea de visitar en terreno cada uno de los bienes raíces registrados con el código de exención 160 a lo largo del país, con el fin de determinar finalmente si al inmueble le corresponde la exención de “hospital, hospicio”, “orfelinato” o “establecimiento destinado a proporcionar auxilio o habitación gratuita a los indigentes o desvalidos”.

e) Sobre el particular, hace presente que la tarea que tendría que realizar un funcionario para informar el Rol de inmueble, comuna, dirección y RUT del beneficiario y desarrollar la nómina solicitada, sería la siguiente: Ingresar a la base que contiene la información de los bienes raíces, conformado por los sistemas Cobol y Oracle, revisar manualmente y uno a uno los 789 registros de los inmuebles que tienen el código 160; construir los filtros pertinentes para que el sistema informático genere un listado con el fin estadístico requerido por el ocurrente; el área informática debe diseñar el algoritmo que traduzca la simbología empleada en la base de datos que sean entendibles por legos en el lenguaje informático que emplea la máquina; e imprimir o dar el formato solicitado. En conclusión, la búsqueda de estos datos dependería de la construcción de un programa computacional.

f) Sin perjuicio de lo antes expuesto, hace presente que la siguiente información es susceptible de ser entregada al reclamante:

i) Listado que incluya Rol del inmueble, comuna, dirección y RUT del beneficiario, de todos aquellos inmuebles marcados con el Código 160 y 820 en los sistemas informáticos del organismo. Ello, con las salvedades indicadas en los párrafos precedentes, que implican que el mencionado listado no se refiere únicamente a los bienes amparados con la actual exención de la letra D) del número 3 del Cuadro Anexo de la Ley sobre Impuesto Territorial.

ii) En cuanto al giro de los beneficiarios, con los números de RUT que le serán expuestos en el listado detallado precedentemente, podrá ingresar al sitio web del SII, opción “Consulta Tributaria de Terceros”, dónde podrá encontrar información referida al giro o actividad económica declarada ante este organismo.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, conforme a lo establecido en la letra D N° 3 del Cuadro Anexo de la Ley N° 17.235, sobre Impuesto Territorial, incorporado por la Ley N° 20.033, de 2005, gozan de exención del 100% del impuesto establecido en dicha norma, entre otros bienes raíces, los “establecimientos destinados a proporcionar auxilio o habitación gratuita a los indigentes o desvalidos”. Por su parte, con anterioridad a la citada modificación de la Ley de Impuesto Territorial, la derogada letra D de su Cuadro Anexo N° 1, en su numeral 9, reglaba que gozaban de dicha exención los citados establecimientos de auxilio, pero también otros inmuebles, a saber: “los hospitales, hospicios, orfelinatos y, en general, los establecimientos destinados a proporcionar auxilio o habitación gratuita a los indigentes o desvalidos, en la parte que estén afectos, exclusivamente a estos servicios, y siempre que no produzcan renta”.

2) Que hasta 2011 el SII registró indistintamente bajo el código 160 las exenciones concedidas a los establecimientos destinados a proporcionar auxilio o habitación gratuita a los indigentes o desvalidos, en aplicación, primero, del N° 9 de la modificada letra D del Cuadro Anexo N° 1 de la Ley N° 17.235, y luego, del actual Cuadro Anexo –modificado en 2005–. En consecuencia, bajo dicho código numérico también se registraron las demás hipótesis contempladas por el derogado N° 9, a saber: hospitales, hospicios y orfelinatos. En efecto, según ha informado el SII, sólo a partir de 2011 el organismo cuenta con un código único (820) para registrar “los establecimientos destinados a proporcionar auxilio o habitación gratuita a los indigentes o desvalidos”, que han sido exentos de impuesto territorial de conformidad con el N° 3, letra D, del Cuadro Anexo de la Ley de Impuesto Territorial vigente.

3) Que, conforme a lo expuesto, lo solicitado por el reclamante supone (a) la individualización de los inmuebles cuya exención de impuesto ha sido registrada por el SII, desde 2011, con el actual código 820; así como (b) la individualización de aquellos “establecimientos destinados a proporcionar auxilio o habitación gratuita a los indigentes o desvalidos” que fueron exentos de impuesto territorial desde la entrada en vigencia de la modificada Ley de Impuesto Territorial (2006), pero registrados por el SII bajo el código 160.

4) Que, si bien inicialmente el SII denegó el acceso a la información requerida, fundado en que no poseería ella en los términos solicitados, de conformidad con lo informado en la audiencia llevada a efecto antes este Consejo y lo indicado por el Servicio en su presentación de 8 de agosto pasado, cabe concluir que parte de los datos solicitados obran en poder del SII en diversos formatos y fuentes, pudiendo éste hacer entrega al reclamante de la individualización de los bienes raíces cuya exención de impuesto ha sido registrada por el SII, desde 2011, bajo el código 820.

5) Que, por su parte, en cuanto a los demás inmuebles sujetos a la exención consultada, esto es, aquellos “establecimientos destinados a proporcionar auxilio o habitación gratuita a los indigentes o desvalidos” que fueron exentos de impuesto territorial desde la entrada en vigencia letra D N° 3 del Cuadro Anexo de la Ley N° 17.235 –pero registrados por el SII bajo el antiguo código 160–, cabe concluir que el SII no mantiene ningún registro de dichos inmuebles que permita diferenciarlos de aquellos relativo a las demás hipótesis de exención contempladas por el numeral 9 de la modificada letra D del Cuadro Anexo N° 1 de la Ley N° 17.235. En efecto, según ha expuesto el SII ante este Consejo, para diferenciar de entre sus antecedentes las distintas exenciones registradas bajo el código 160, éste requeriría visitar en terreno cada uno de los 789 bienes raíces registrados con dicho código. En consecuencia, la información solicitada por el reclamante, en esta parte, resultaría inexistente, por lo que no es posible a este Consejo ordenar su entrega. Con todo, visto que el SII ha hecho presente que es susceptible de ser entregado el listado de inmuebles exentos, individualizados bajo su código 160, con las salvedades ya indicadas, en virtud del principio de máxima divulgación contemplado en el artículo 11, letra d, de la Ley de Transparencia, se requerirá al organismo su entrega.

6) Que, por su parte, frente a lo indicado por el Servicio en orden a que no se encontraría obligado a generar información, aún cuando esta se encuentre diseminada entre distintas fuentes de información que obra en su poder, cabe hacer presente lo indicado por este Consejo en decisiones de amparo Roles C97-09 y C984-11, según las cuales, en aplicación del artículo 17 de la Ley de Transparencia y lo indicado en la historia fidedigna de la Ley Nº 20.285, son susceptible de amparo al derecho de acceso a la información pública aquellos casos en que la información requerida no consiste en un documento que ya obra en poder de la Administración ni puede reconducirse a alguno en particular, pero puede obtenerse de los registros que el órgano requerido se encuentra obligado a poseer, sin que ello resulte gravoso para dicho órgano. Lo anterior, sin perjuicio de la eventual concurrencia de las causales de secreto o reserva contempladas por el artículo 21 de la Ley de Transparencia.

7) Que, en ese sentido, en cuanto al acceso a la información relativa al año de concesión del beneficio de exención tributario prescrito por la actual letra D N° 3 del Cuadro Anexo de la Ley N° 17.235 y la última fiscalización efectuada a dichos inmuebles, conforme a lo indicado por el SII, para la sistematización de dicha información, es menester efectuar la revisión de cada uno de los antecedentes de los bienes raíces registrados bajo los citados códigos 160 (789 predios) y 820 (11 predios), pues estos datos no se encuentran sistematizados en la base catastral mantenida por el Servicio ni es posible procesarlos automáticamente. En consecuencia, atendido el número de predios involucrados, la búsqueda y sistematización de los documentos en que consta dicha información y la extracción de los datos requeridos, exigiría al organismo destinar un tiempo excesivo de la jornada de trabajo de sus funcionarios, distrayéndolos del cumplimiento regular de sus labores habituales, todo lo cual permite configurar la hipótesis de secreto establecida en el artículo 21, letra c, de la Ley de Transparencia, desarrollada en el artículo 7°, letra c, de su Reglamento.

8) Que, por su parte, el Servicio ha indicado que a través de la entrega del RUT de los beneficiarios de la exención en comento, el reclamante podrá consultar al sitio electrónico del organismo y acceder al giro de las actividades desarrolladas por éstos. Así las cosas, la citada solicitud podrá estimarse contestada en los términos del artículo 15 de la Ley de Transparencia, una vez que le sea entregado el RUT de beneficiarios, pues el SII ha informado la fuente, el lugar y la forma en que el particular podrá tener acceso a la información solicitada.

9) Que, en este último sentido, cabe advertir que al requerirse la individualización de los beneficiario de la citada exención de impuestos –a través de la asociación del rol único tributario con la exención en comento–, el acceso a lo pedido importaría, respecto de las personas naturales-beneficiarias, la comunicación o tratamiento de datos personales de los que son titulares, pues corresponde a información asociada a su identidad, en los términos del artículo 2°, letra f), de la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada. Sin embargo, el artículo 4° del citado cuerpo legal autoriza, excepcionalmente, el tratamiento de dichos datos, entre otras hipótesis, cuando éstos “provengan o se recolecten de fuentes accesibles al público”, situación en la cual, según su artículo 9°, ellos podrán utilizarse para fines distintos de los de su recolección; todo lo cual acontece en el presente caso. En efecto, el legislador a definido las fuentes de acceso público como “los registros o recopilaciones de datos personales, públicos o privados, de acceso no restringido o reservado a los solicitantes” (art. 2°, letra i), y, en el presente caso, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 5° y 6° de la Ley Nº 17.235, formado el rol de avalúos correspondiente –en el que se individualizan la totalidad de los bienes raíces de cada comuna, el nombre de su propietario, su dirección, su avalúo y si goza de exención, entre otros datos de inmueble– una copia de éstos es remitida por el SII a la municipalidad respectiva para que su Alcalde lo haga fijar durante treinta días seguidos en lugar visible del local donde funciona la municipalidad respectiva, avisando de ello en un periódico local. Además, parte de la información requerida es conocida por el Servicio mediante el Formulario 2.890, “Declaración Sobre Enajenación e Inscripción de Bienes Raíces”, cuyo uso está regulado por la Circular N° 10, de 19 de febrero de 2004, del mismo SII, el que debe ser llenado por notarios y conservadores de bienes raíces, de conformidad con la información que consta en los registros públicos que éstos administran. Por consiguiente, cabe concluir que la información solicitada proviene de fuentes de acceso público, lo que implica que para su comunicación y tratamiento no se requiere autorización de los titulares de dichos datos, conforme a lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 4º de la Ley Nº 19.628, razón por la cual podrá ordenarse su entrega.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo presentado por don Francisco de Sarratea Valdés, en contra del Servicio de Impuestos Internos, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos que:

a) Entregue a don Francisco de Sarratea Valdés:

i) Un listado de todos aquellos inmuebles exentos registrado bajo el código 160 en la base catastral del Servicio, indicando: rol del inmueble, comuna, dirección y RUT del beneficiario.

ii) Un listado de los bienes raíces cuya exención prescrita por la actual letra D N° 3 del Cuadro Anexo de la Ley N° 17.235, ha sido registrada por el SII, desde 2011, bajo el código 820, indicando: rol del inmueble, comuna, dirección y RUT del beneficiario.

b) Dé cumplimiento a lo dispuesto en la letra anterior en un plazo de 5 días hábiles contados desde que quede ejecutoriada la presente decisión, bajo el apercibimiento de proceder conforme disponen los artículos 45 y siguientes de la Ley de Transparencia

c) Informe el cumplimiento de la decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Agustinas Nº 1291, piso 6º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que el cumplimiento de las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente decisión a don Francisco de Sarratea Valdés y al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en los artículos 28 y siguientes de la Ley de Transparencia, salvo en lo que respecta al rechazo de la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. No procede, en cambio, el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que el Consejero don Jorge Jaraquemada Roblero no asiste a esta sesión.

Certifica el Director General del Consejo para la Transparencia, don Raúl Ferrada Carrasco.