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Juan Hermocilla Ryks con TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rol: C857-12

Consejo para la Transparencia, 12/09/2012

Se dedujo amparo en contra de la Tesorería General de la República, fundado en que recibió respuesta parcial a su solicitud sobre el monto pagado a cada empresa por concepto de bonificación de acuerdo al artículo 10 de la Ley N° 18.392, para el período 1985-2011. El Consejo acoge el amparo ya que señaló que aplicando también los criterios expuestos por este Consejo, el razonamiento antes indicado lleva a concluir que, en este caso, la reserva de los datos personales solicitados –nombre y RUT de las personas naturales que percibieron la bonificación de la Ley N° 18.392–, y de los demás antecedentes requeridos –periodo del pago y monto pagado– debe ceder en beneficio de su publicidad, por el manifiesto interés público que revisten, no configurándose, tampoco, a su respecto, la causal de reserva señalada.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Presupuesto y Finanzas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:



Consejeros:

  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C857-12

Entidad pública: Tesorería General de la Republica

Requirente: Juan Hermocilla Ryks

Ingreso Consejo: 11.06.2012

En sesión ordinaria Nº 372 del Consejo Directivo, celebrada el 12 de septiembre de 2012, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C857-12.

VISTO:

Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; la Ley N° 18.392, que establece un régimen preferencial aduanero y tributario para el territorio de la XII Región de Magallanes y de la Antártica Chilena; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 15 de mayo de 2012, don Juan Hermocilla Ryks solicitó a la Tesorería General de la Republica, en adelante también TGR, el monto pagado a cada empresa por concepto de bonificación de acuerdo al artículo 10 de la Ley N° 18.392, para el período 1985-2011. Requirió específicamente:

a) Nombre o razón social de la empresa;

b) RUT;

c) Período de pago, y;

d) Monto pagado de bonificación.

2) RESPUESTA: El 4 de junio de 2012, la Tesorería General de la Republica respondió a dicho requerimiento de información mediante correo electrónico, señalando, en síntesis, que:

a) La información relativa al nombre y RUT de las personas que han recibido bonificación al tenor del artículo 10 de la Ley 18.392, son datos que en virtud del artículo 21 Nº 2 de la Ley de Transparencia, de la Ley 19.628 y de "variada jurisprudencia del Consejo para la Transparencia”, tendrían el carácter de reservados.

b) Sin perjuicio de lo señalado, adjuntó un archivo que contiene el monto total pagado en razón de dicha bonificación, para el periodo comprendido entre los años 1989-2011.

c) Respecto de la información relativa al período 1985 y 1988, señala que ésta no se encuentra disponible, pues no cuenta con detalle de los RUT de quienes solicitaron el beneficio esos años, por lo que no es posible realizar la búsqueda en las microfichas, formato que respalda cierta información de los años anteriores a 1989.

3) AMPARO: El 11 de junio de 2012, don Juan Hermocilla Ryks dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Tesorería General de la República, fundado en que recibió respuesta parcial a su solicitud, pues sólo se entregó el total pagado a título de bonificación, para el periodo 1989-2011. Además el reclamante hizo presente que:

a) El artículo 10 de la Ley N° 18.392, establece un régimen preferencial aduanero y tributario para el territorio de la XII Región de Magallanes y Antártica Chilena y otorga un 20% de bonificación de las ventas a las empresas beneficiarias y que el pago corresponde a la Tesorería General de la República.

b) Agrega que la Ley N° 19.862, que establece registros de personas jurídicas receptoras de fondos públicos, señala en su artículo 8° que cualquier persona puede solicitar, “tanto a las entidades que llevan registros sectoriales o municipales, como a la Subsecretaría de Hacienda o a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, la información contenida en el respectivo registro, la que será pública”.

c) La respuesta entregada por la Tesorería General de la República no guardaría relación con la propia información contenida en la página Gobierno Transparente, Sección “Transferencias”, “Registro de la Ley N° 19.862”, link http://www.registros19862.cl/institucion/60805000, dónde, conociendo el RUT o nombre o razón social de cualquier empresa, se puede acceder a la información que pide, relativa a transferencias efectuadas por la TGR en el marco de la norma señalada. Adjunta copia de información obtenida mediante el RUT de una empresa determinada, que el reclamante ingresó a ese sistema. Sin embargo, señala que, dado que desconoce la razón social y el RUT de todas las personas que han recibido tal bonificación, no puede llevar a cabo esa operación.

d) Agrega que, atendido lo informado por la TGR, en cuanto a que la información del periodo 1985-1989 no se encuentra disponible, pide modificar su solicitud, en el sentido de solicitar igual información, pero acotada para el periodo 1989-2011.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo al Sr. Tesorero General de la República, mediante Oficio N° 2.228, de 22 de junio de 2012, quien a través de Oficio N° 4.450, de 19 de julio de 2012, presentó sus descargos señalando, en síntesis, que:

a) Señala que accedió parcialmente a lo solicitado, entregando al requirente un archivo que contiene el monto total pagado por concepto de bonificación del artículo 10 de la Ley N° 18.392, llamada también “Ley Navarino”, para el periodo comprendido entre los años 1989 hasta 2011, explicando al solicitante que la información anterior al año 1989 no se encontraba disponible, cuestión que fue aceptada por el Sr. Hermocilla.

b) Respecto de la entrega del nombre o razón social y RUT de las empresas beneficiadas, periodos y montos pagados, dicha información se encontraba elaborada para efectos de contabilidad y requerimientos de áreas de negocios, según totales pagados por meses y años.

c) Agrega que dentro del listado de beneficiarios hay varias personas naturales, respecto de la cuales la mención de su número de RUT y nombre, podría afectar sus derechos, en su vida privada, lo que también se hizo extensivo para las personas jurídicas. Lo anterior se fundamenta, además en la Ley N° 19.628 y el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

d) Indica que con ocasión de la solicitud del Sr. Hermocilla, se formuló a las Divisiones respectivas de la TGR un requerimiento operativo para extraer la información pedida desde los sistemas por RUT, nombre o razón social, fecha o periodo de pago y montos pagados, lográndose obtener –a la fecha de la presentación de los descargos– la información solicitada.

e) Finalmente, adjunta archivo que contiene la información de 1.976 pagos efectuados a empresas y personas naturales correspondientes a la bonificación establecida en el artículo 10 de la Ley N° 18.392, desde 1989 hasta el año 2011, a objeto que el Consejo para la Transparencia determine si dicha información es pública y, por tanto, pueda entregarse al solicitante, o bien si deben omitirse datos como el RUT de las personas naturales.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, en la especie, se ha requerido diversa información relativa a las empresas que, en el periodo comprendido entre 1985 a 2011, percibieron la bonificación regulada en el artículo 10° de la Ley N° 18.392, que corresponde pagar a la Tesorería General de la República, y que asciende al 20% del valor de los bienes producidos por dichas empresas o del valor de los servicios por éstas prestados, según el caso, deducido el

impuesto al Valor Agregado que las haya afectado, que se efectúen o presten desde el territorio beneficiado al resto del país. En efecto, el solicitante pidió específicamente se le proporcionara el nombre o razón social y RUT de dichas empresas, además del periodo de pago y monto pagado por concepto de tal beneficio, dentro del referido periodo de tiempo. Posteriormente, y con ocasión de su amparo, el peticionario limitó su solicitud al periodo comprendido entre los años 1989 a 2011, debiendo, por ello, circunscribirse el análisis a dicho periodo.

2) Que, a efectos de una cabal inteligencia de la solicitud que ha dado origen a este amparo, cabe indicar que la Ley N° 18.392, publicada el año 1985, también conocida como “Ley Navarino”, estableció, por un período de 50 años, una serie de franquicias tributarias y aduaneras en favor de los contribuyentes radicados en el territorio de la XII Región de Magallanes y Antártica Chilena, específicamente radicados en la Isla de Tierra del Fuego, Cabo de Hornos y parte de la costa sur del Estrecho de Magallanes. Dichos beneficios se encuentran dirigidos a las empresas que desarrollen exclusivamente actividades industriales, mineras, de explotación de riquezas del mar, transporte y turismo, siempre que su actividad signifique la racional utilización de los recursos naturales y que se asegure la preservación de la naturaleza y del medio ambiente. Dicho cuerpo legal entendió por empresas industriales aquellas que desarrollan un conjunto de actividades en fábricas, plantas o talleres destinados a la elaboración, conservación, transformación, armaduría y confección de sustancias, productos o artículos en estado natural o ya elaborados, o para la prestación de servicios industriales, tales como molienda, tintorería y acabado o terminación de artículos y otros que sean necesarios para la realización de los procesos productivos de las empresas señaladas (artículos 1° y 2° de la Ley N° 18.392) .

3) Que, por su parte, los incisos 4° y 5° del artículo 1° de la citada Ley N° 18.392, disponen que corresponde al Intendente Regional “aprobar por resolución la instalación de las empresas señaladas, con indicación precisa de la ubicación y deslindes de los terrenos de su establecimiento, y dicha resolución será reducida a escritura pública que firmarán el Tesorero Regional o Provincial respectivo, en representación del Estado, y el interesado. Esta escritura tendrá el carácter de un contrato en el cual se entenderán incorporadas de pleno derecho las franquicias, exenciones y beneficios de la presente ley y, en consecuencia, la persona natural o jurídica acogida a sus disposiciones, así como sus sucesores o causa habientes a cualquier título, continuarán gozando de los privilegios indicados hasta le extinción del plazo expresado en el inciso primero, no obstante cualquier modificación posterior que puedan sufrir, parcial o totalmente, sus disposiciones. A estas mismas normas se sujetará la ampliación de las referidas empresas. La resolución a que se refiere el inciso precedente, para su dictación, requerirá el informe favorable del Secretario Regional Ministerial de Hacienda”.

4) Que, a su vez, el artículo 10° del mismo cuerpo legal dispone que “El Estado de Chile otorgará una bonificación a las empresas referidas en el artículo 1° de la presente ley, equivalente al 20% del valor de las ventas de los bienes producidos por ellas o del valor de los servicios, según se trate, deducido el impuesto al Valor Agregado que las haya afectado, que se efectúen o se presten desde el territorio de la zona descrita en el mismo artículo, al resto del país, que no sea la Zona de Extensión de la Zona Franca de Punta Arenas”. Que, el inciso 2° del mismo artículo faculta al Servicio de Tesorerías “para que pague la bonificación a que se refiere el inciso anterior, una vez cumplida la obligación del Impuesto al Valor Agregado que les haya afectado y se haya acompañado declaración jurada ante notario en el sentido de que las mercancías por las cuales se solicita la bonificación han cumplido con la exigencia de integración a que se refiere el inciso tercero del artículo 1° de esta Ley. El Servicio de Tesorerías pagará este beneficio en el plazo de cinco días contados desde la presentación de la solicitud de bonificación por el contribuyente y se acredite el cumplimiento de las obligaciones señaladas”.

5) Que, la reclamada en su respuesta se limitó a adjuntar un archivo que contenía el monto total pagado en razón de la citada bonificación, en el periodo 1989 – 2011, denegando la entrega de la información específicamente requerida, fundado en que el nombre y RUT de personas naturales y de empresas que han recibido la bonificación del artículo 10 de la Ley N° 18.392, en virtud del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, Ley N° 19.628 y la jurisprudencia de este Consejo, tendrían el carácter de reservados. Posteriormente, la TGR remitió a este Consejo, junto a sus descargos, copia del archivo denominado “Beneficio Tributario Zonas Extremas “Ley Navarino 1989-2012”, tal y como consta en el literal e) del numeral 4° de la parte expositiva de este acuerdo, listado que contiene los datos solicitados por el requirente (el RUT, el nombre y razón social, la fecha de pago y el monto del mismo de los beneficiarios), a objeto que este Consejo determine la entrega íntegra de dicha información al solicitante o, bien, concluya que debe aplicarse divisibilidad respecto a ella.

6) Que, en relación con las alegaciones planteadas por la TGR, cabe precisar, primeramente, que la invocación de la Ley N° 19.628 para denegar la información requerida sólo resultaría aplicable a las personas naturales –en virtud de lo dispuesto en el artículo 2°, letra f), de dicho cuerpo legal– que, en su calidad de empresas, hayan recibido dicha bonificación, y no respecto de aquellas personas jurídicas beneficiarias.

7) Que, con todo, este Consejo ha concluido en decisiones anteriores que no toda información subsumible en la categoría de dato personal es por sí misma secreta, pues ello obviaría la inteligencia o sentido de la regla de publicidad de la información que obra en poder de la Administración del Estado, contenida en los artículos 5°, 11 letra c) y 21 de la Ley de Transparencia. Por ello, y a efectos de abordar esta problemática, este Consejo ha optado por circunscribir los efectos de sus decisiones al caso concreto, utilizando los denominados tests de daños y de interés público: “Ambos, que pueden ser complementarios, consisten en realizar un balance entre el interés de retener la información y el interés de divulgarla para determinar si el beneficio público resultante de conocer la información solicitada es mayor que el daño que podría causar su revelación. El primero se centra en ponderar si la divulgación puede generar un daño presente, probable y específico a los intereses o valores protegidos de mayor entidad que los beneficios obtenidos; el segundo, en ponderar si el interés público a obtener con la entrega de la información justifica su divulgación y vence, con ello, la reserva” (decisión recaída en el amparo Rol C193-10).

8) Que, respecto de la información concerniente a las personas naturales que, como empresas, han percibido el beneficio previsto en el artículo 10° de la Ley N° 18.392, cabe concluir que reviste especial importancia e interés público conocer la identidad y RUT de las mismas, a fin de efectuar el debido control social en relación con el cumplimiento de los requisitos necesarios para percibir dicha bonificación excepcional por parte del Estado de Chile. De ese modo, el nombre y RUT de las personas naturales que han recibido la bonificación tributaria citada permitiría la cabal individualización de tales beneficiarios, favoreciendo y propiciando, de ese modo, un control social íntegro con respecto a los contribuyentes personas naturales que, en su desarrollo empresarial y en base a la observancia de determinados requisitos legales, han sido favorecidas con un beneficio estatal, lo cual que reviste un evidente interés público, que justifica suficientemente, en este caso específico, la divulgación de la información solicitada de manera completa, incluyendo el nombre y RUT correspondientes a los mismos. En similares términos lo ha planteado este Consejo, en relación a otro beneficio proporcionado por el Estado, al señalar que “…además, este Consejo considera que el hecho de recibir un beneficio del Estado de Chile hace que se reduzca el ámbito de la privacidad de las personas que gozan de éstos, toda vez que debe permitirse un adecuado control social de a quién se le están otorgando dichos beneficios. A mayor abundamiento, la propia Ley de Transparencia, en su artículo 7° letra i) ha establecido que esta materia debe hacerse pública de manera proactiva por los órganos de la Administración del Estado, mes a mes, con la única excepción de aquéllos casos en que se estime que dicha información constituye datos sensibles, lo que no ocurre en este caso, tal como ya se ha señalado en los considerandos precedentes, por tratarse de datos personales que obran en fuentes de acceso público” (considerando 12º de la decisión del amparo Rol C333-10, en que lo solicitado fueron las nóminas de los beneficiarios directos e indirectos de las becas educaciones creadas por la Ley Valech, cuyos nombres y RUT se encontraban publicados en diferentes páginas web).

9) Que, en definitiva, y aplicando también los criterios expuestos por este Consejo en las decisiones de los amparos Roles C204-11 C214-11 y C399-11, entre otras, el razonamiento antes indicado lleva a concluir que, en este caso, la reserva de los datos personales solicitados –nombre y RUT de las personas naturales que percibieron la bonificación de la Ley N° 18.392–, y de los demás antecedentes requeridos –periodo del pago y monto pagado– debe ceder en beneficio de su publicidad, por el manifiesto interés público que revisten, no configurándose, tampoco, a su respecto, la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

10) Que, en cuanto a las personas jurídicas beneficiarias, y siguiendo lo resuelto en la decisión del amparo C361-10, este Consejo estima que, en este caso que se analiza, lo señalado en los considerandos anteriores resulta íntegramente aplicable a ellas, atendido el elevado interés público comprometido en la publicidad de la información pedida, no habiéndose acreditado por la reclamada ni advertido por este Consejo la afectación de alguno de sus derechos como consecuencia directa de la divulgación de su nombre o razón social y demás datos solicitados, toda vez que la circunstancia de gozar y divulgar la calidad de beneficiario de una franquicia tributaria no conlleva en sí misma una connotación negativa ni constituye un eventual agravio a la reputación o buen nombre de las empresas favorecidas, desde el momento que los requisitos para gozar de dicho beneficio los prevé la propia Ley N° 18.392, como una excepción al régimen general en materia tributaria y aduanera, por lo que ajustándose a ellos los favorecidos con el mismo éstos se encuentran amparados por el ordenamiento jurídico que consagra dicha excepción.

11) Que, a mayor abundamiento, es menester indicar que los pagos efectuados por Tesorería General de la República en el marco del beneficio o franquicia tributaria del artículo 10° de la Ley N° 18.392, se enmarcan en transferencias de fondos a entidades que deben estar registradas conforme a la Ley N° 19.862, normativa que establece registros de las personas jurídicas receptoras de fondos públicos y que entró en vigor el año 2003. En específico, cabe tener presente los siguientes artículos de dicha ley:

a) “Artículo 1º: Los órganos y servicios públicos incluidos en la Ley de Presupuestos y los municipios que efectúen transferencias, deberán llevar un registro de las entidades receptoras de dichos fondos.”

b) “Artículo 4º: En los registros se incorporará la información relativa a la individualización de las entidades mencionadas en esta ley, su área de especialización, su naturaleza jurídica, y sus antecedentes financieros. Deberán consignarse también las actividades, trabajos o comisiones que se hayan encargado por parte de las entidades públicas y municipios; los recursos públicos recibidos y el resultado de los controles efectuados por la Contraloría General de la República y otros órganos fiscalizadores, cuando corresponda.”

c) “Artículo 8º: Cualquier persona podrá solicitar, tanto a las entidades que llevan registros sectoriales o municipales, como a la Subsecretaría de Hacienda o a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, la información contenida en el respectivo registro, la que será pública.”

d) Artículo 1° transitorio: “Las instituciones a que se refiere esta ley deberán establecer los registros correspondientes en el curso del año 2003, en base a las transferencias que se efectúen en dicho año. La información de dichos registros deberá estar disponible a través de medios electrónicos.”

12) Que, por su parte, el Reglamento de la Ley N° 19.862, aprobado por el Decreto Supremo N° 375, de 2003, del Ministerio de Hacienda, establece en su artículo 4°, que los registros que deberán establecer cada uno de los órganos y servicios públicos o municipios, que asignen recursos de carácter público, serán llevados por medios computacionales y “serán permanentes y de conocimiento público”. Asimismo, el artículo 5° del mismo cuerpo reglamentario, dispone, en materia de inscripción de cada operación de transferencia, que la inscripción deberá contener, a lo menos, la “individualización del órgano o servicio público, o municipio que realice la transferencia” –literal a)–; “la individualización de la persona jurídica receptora de estos fondos públicos, su naturaleza jurídica, indicación de su constitución u obtención de su personalidad jurídica y su vigencia, su nombre o razón social, su Rol Único Tributario, su objeto social, la composición de su directorio, su domicilio, su área de especialización y sus antecedentes financieros –literal c)–; y “El monto y fecha de la transferencia, señalándose el marco legal de su aplicación” –literal d)–.

13) Que, en base a lo antes indicado y lo dispuesto en el artículo 7°, literal f), de la Ley de Transparencia, en cuanto establece el deber de los órganos de la Administración del Estado de mantener permanentemente a disposición del público “las transferencias de fondos públicos que efectúen, incluyendo todo aporte económico entregado a personas jurídicas o naturales, directamente o mediante procedimientos concursales, sin que éstas o aquéllas realicen una contraprestación recíproca en bienes o servicios”, este Consejo ha podido advertir que el sitio web del órgano reclamado, Sección “Transferencias correspondientes al Registro de la Ley N° 19.862”, disponible en el enlace http://www.registros19862.cl/institucion/60805000, mantiene actualizado los montos pagados a cada una de las personas, tanto naturales como jurídicas, a contar de la entrada en vigencia de dicha norma –año 2003–, en materia de transferencias de recursos públicos –incluyendo aquellos pagos por concepto de la franquicia tributaria establecida en el de la Ley Navarino– pudiendo acceder a tales datos mediante el RUT; nombre o razón social, fecha de ingreso de la transferencia, clase de entidad receptora (municipalidades, servicio público, institución pública o privada) y clasificación de las transferencias, tanto en subvenciones, subsidios, fondos concursables y otros. Al respecto, este Consejo pudo comprobar mediante una búsqueda aleatoria efectuada el 10 de septiembre de 2012, que los datos alojados en dicho registro web resultan coincidentes con los montos y demás antecedentes informados por la misma TGR en el archivo acompañado con ocasión de sus descargos, los cuales dan cuenta que la información solicitada, tanto de personas jurídicas como naturales, correspondientes al periodo 2003 en adelante, se mantiene alojada en dicha web, la cual registra las transferencias efectuadas a contar de la entrada en vigor de la norma que crea el registro señalado. Por lo dicho, puede concluirse que, manteniéndose en tal registro información relativa a tales pagos, en el marco de la bonificación tributaria analizada, específicamente los datos relativos al folio de la transferencia, el receptor –incluido su RUT– la fecha del decreto que autoriza el pago y el monto del mismo, el propio organismo le ha reconocido el carácter de información pública.

14) Que, atendido lo razonado, y habiendo el órgano remitido a este Consejo los antecedentes solicitados por el reclamante, excepcionalmente y en virtud del principio de facilitación reglado por el artículo 11, letra f), de la Ley de Transparencia, se remitirán al reclamante, conjuntamente con la notificación de esta decisión, los descargos evacuados por la TGR y los antecedentes proporcionados adjuntos a éstos, teniéndose por entregados los mismos, de manera extemporánea.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Juan Hermocilla Ryks, en contra de la Tesorería General de La Republica, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente, dando por entregada la información requerida, de manera extemporánea, con la notificación de la presente decisión.

II. Remitir al solicitante, conjuntamente con la notificación de la presente decisión, copia de los descargos presentados por la Tesorería General de la República, como de los documentos adjuntados a los mismos.

III. Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente decisión a don Juan Hermocilla Ryks y al Sr. Tesorero General de la República.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. No procede, en cambio, el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo, en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que la Consejera doña Vivianne Blanlot Soza no concurre al presente acuerdo.

Certifica el Director General del Consejo para la Transparencia, don Raúl Ferrada Carrasco.