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Asociación de Funcionarios de Atención Primaria de Salud Chillán con MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN Rol: C891-12

Consejo para la Transparencia, 14/09/2012

Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de Chillán, fundado en la denegación de información solicitada sobre el detalle del puntaje obtenido por la capacitación de la funcionaria del Centro de Salud Familiar (CESFAM) Sol de Oriente de esa comuna, en particular, el puntaje obtenido y validado para la carrera funcionaria del curso de gerontología general para profesionales, realizado en diciembre de 1999. El Consejo señaló que la reserva señalada cede ante el interés público existente –tanto para los funcionarios de la repartición reclamada, como para terceros ajenos al organismo–, en conocer la forma en que la autoridad califica o asigna puntaje a las capacitaciones que su personal aprueba, cuestión que agrega transparencia a estos procesos, toda vez que permite comparar las asignaciones de puntajes a capacitaciones iguales o similares que los funcionarios públicos de dichos establecimientos de salud municipal realizan. Por lo tanto, se acogerá el amparo deducido.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Trabajo
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Consejeros:

  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C891-12

Entidad pública: Municipalidad de Chillán

Requirente: Asociación de Funcionarios de Atención Primaria de Salud Chillán

Ingreso Consejo: 14.06.2012

En sesión ordinaria N° 373 del Consejo Directivo, celebrada el 14 de septiembre de 2012, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C891-12.

VISTOS:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1-19.653, del año 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; Ley N° 19.378, que Establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 3 de mayo de 2012, la Asociación de Funcionarios de Atención Primaria de Salud Chillán (AFUMAPS Chillán) solicitó a la Municipalidad de Chillán conocer el detalle del puntaje obtenido por la capacitación de la funcionaria del Centro de Salud Familiar (CESFAM) Sol de Oriente de esa comuna, doña Evita Merino Venegas, en particular, el puntaje obtenido y validado para la carrera funcionaria del curso de gerontología general para profesionales, realizado en diciembre de 1999.

2) RESPUESTA: Mediante oficio ord. N° 101/596/2012, de 4 de junio de 2012, la Municipalidad de Chillán respondió a dicho requerimiento de información, comunicando que, consultada la Sra. Merino Venegas acerca de la entrega de la información pedida, ella se opuso a la publicidad de la misma.

3) AMPARO: El 14 de junio de 2012, don Víctor Yevenes, en representación de la Asociación de Funcionarios de Atención Primaria de Salud Chillán, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano del Estado, fundado en la denegación de información solicitada, a raíz de la oposición de un tercero.

4) SUBSANACIÓN DEL AMPARO: Conforme a lo previsto en el artículo 46 inciso segundo del Reglamento de la Ley de Transparencia y por medio del oficio N° 2260, de 22 de junio de 2012, este Consejo solicitó a la AFUMAPS Chillán subsanar su reclamación de amparo, acompañando copia íntegra de su solicitud de información y acreditando el poder invocado, en los términos del artículo 22 de la Ley N° 19.880. Con fecha 27 de junio de 2012, la reclamante remitió por correo electrónico los documentos solicitados.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo mediante oficio N° 2594, de 23 de julio de 2012, al señor Alcalde de la Municipalidad de Chillán, quien a través del Administrador Municipal, presentó sus descargos y observaciones mediante el oficio N° 101/746/2012, del 9 de agosto de 2012, señalando lo siguiente:

a) La solicitud de información presentada por la AFUMAPS Chillán fue derivada vía correo electrónico a la Sra. Evita Merino Venegas, quien no autorizó la entrega de los antecedentes solicitados, argumentando que era “información personal”.

b) Teniendo a la vista dicha oposición, el Municipio despachó el oficio citado en el N° 2 precedente, adjuntando la notificación y posterior oposición de la funcionaria de salud municipal.

6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INVOLUCRADO: En virtud de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Transparencia y en el artículo 47 de su Reglamento, este Consejo dispuso trasladar el amparo en comento a doña Evita Merino Venegas, como tercero involucrado, a fin que presentara observaciones y descargos al mismo, materializándose ello a través del Oficio N° 2595, de 23 de julio de 2012. A la fecha, dicho traslado no ha sido respondido.

7) INFORMACION ADICIONAL: Revisada la página web del CESFAM Sol de Oriente (disponible en http://cesfamsoldeoriente.cl/index.html, consultada el 13.09.2012), se constató que dicha institución se define como un “centro de salud municipal primaria en la comuna de Chillán”.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el artículo 37 de la Ley N° 19.378, que Establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, señala que todo funcionario estará clasificado en un nivel determinado, conforme a su experiencia y su capacitación, debiendo ponderarse estos elementos a través de puntajes cuya sumatoria permitirá el acceso a los niveles superiores. Por su parte el artículo 42 del citado cuerpo legal, señala que un reglamento establecerá un sistema acumulativo de puntaje mediante el cual se reconocerán las actividades de capacitación que hayan sido aprobadas por los funcionarios como parte de su formación académica y durante su desempeño en establecimientos de atención primaria de salud municipal o en un servicio de salud.

2) Que, a la luz del artículo 2°, letra f, de la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, los puntajes que la autoridad competente asignó a la capacitaciones realizadas por doña Evita Merino Venegas, funcionaria perteneciente a un establecimiento de atención primaria de salud municipal, constituyen datos personales y, por tanto, tienen el carácter de reservados, según el artículo 4° de la citada Ley 19.628. Sin embargo, según el criterio sostenido en decisión Rol C315-11 , no toda información subsumible en la categoría de dato personal es per se secreta, pues ello obviaría la inteligencia o sentido de la regla de publicidad de la información contenida en los artículos 5°, 11 letra c) y 21 de la Ley de Transparencia. Para abordar esta problemática este Consejo ha optado por circunscribir los efectos de sus decisiones al caso concreto utilizando los denominados tests de daños y de interés público: «Ambos, que pueden ser complementarios, consisten en realizar un balance entre el interés de retener la información y el interés de divulgarla para determinar si el beneficio público resultante de conocer la información solicitada es mayor que el daño que podría causar su revelación. El primero se centra en ponderar si la divulgación puede generar un daño presente, probable y específico a los intereses o valores protegidos de mayor entidad que los beneficios obtenidos; el segundo, en ponderar si el interés público a obtener con la entrega de la información justifica su divulgación y vence, con ello, la reserva» (Decisión C193-10).

3) Que, este Consejo ha sentado como principio fundamental que la esfera de privacidad de aquel personal que trabaja para la Administración del Estado es más reducida que la del resto de las personas, respecto de las funciones que ejercen. En refuerzo de esta tesis se ha sostenido que la Ley N° 19.733, conocida también como la Ley de Prensa, en su artículo 30 califica como hechos de interés público los referentes al desempeño de funciones públicas. Así se han considerado públicos los puntajes finales de las calificaciones de los funcionarios, en tanto “mecanismo de rendición de cuentas no sólo ante las jefaturas, sino también ante la sociedad, pues se trata de un procedimiento y de información referente al desempeño de funciones públicas” (decisiones A10-09 y A126-09). Idéntico criterio se ha aplicado respecto de otros instrumentos de medición de desempeño (decisión A323-09), los registros de asistencia (decisiones A181-09 y C434-09) y el currículum vítae de algunos funcionarios (decisión C95-10).

4) Que, teniendo presente la citada jurisprudencia, este Consejo estima que la reserva indicada en el considerando 2° precedente cede ante el interés público existente –tanto para los funcionarios de la repartición reclamada, como para terceros ajenos al organismo–, en conocer la forma en que la autoridad califica o asigna puntaje a las capacitaciones que su personal aprueba, cuestión que agrega transparencia a estos procesos, toda vez que permite comparar las asignaciones de puntajes a capacitaciones iguales o similares que los funcionarios públicos de dichos establecimientos de salud municipal realizan. Más aún considerando que dichos procesos de atribución de puntaje impactan en el encasillamiento en determinados niveles dentro de la carrera funcionaria de un trabajador, lo cual implica mejoras o retrocesos remuneracionales. Todo lo cual habilita para someter al escrutinio público las decisiones que la autoridad toma respecto a la movilidad del personal dentro de los servicios públicos, y consecuentemente al manejo de los fondos fiscales asignados para estos efectos. Por lo tanto, se acogerá el amparo deducido por la Asociación de Funcionarios de Atención Primaria de Salud Chillán

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por la Asociación de Funcionarios de Atención Primaria de Salud Chillán, de 14 de junio de 2012, en contra de la Municipalidad de Chillán, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al señor Alcalde de la Municipalidad de Chillán:

a) Informar a la reclamante el puntaje asignado al curso de gerontología general para profesionales, realizado en diciembre de 1999, por doña Evita Merino Venegas, para efectos de la carrera funcionaria establecida en la ley N° 19.378, que Establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Agustinas Nº 1291, piso 6º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente decisión al señor Alcalde de la Municipalidad de Chillán, a doña Evita Merino Venegas y a la Asociación de Funcionarios de Atención Primaria de Salud Chillán.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en los artículos 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. No procede, en cambio, el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu.

Certifica el Director General del Consejo para la Transparencia, don Raúl Ferrada Carrasco.