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Jaime Retamal Silva con INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL (IPS) Rol: C844-12

Consejo para la Transparencia, 28/09/2012

Se dedujo amparo en contra del Instituto de Previsión Social, fundado en que recibió respuesta negativa de parte del órgano a la solicitud sobre que le otorgara acceso a los antecedentes que dieron la calidad a un exonerado político. El Consejo acogió parcialmente el amparo ya que señaló que constituye un beneficio que se financia con cargo al erario público, los cuales deben ser publicados en los sitios electrónicos de los órganos administrativos, ya que su publicidad permite el control de la ciudadanía de la acción de las autoridades en la correcta asignación de fondos públicos resultando un eficaz mecanismo de prevención de actos de corrupción, sin perjuicio de lo anterior, de conformidad con el principio de divisibilidad visto que en el expediente solicitado se incorporan datos personales de contexto, que no se refieren directamente a los fundamentos de beneficios entregado por la Administración, estos deberán mantenerse en reserva.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Justicia
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C844-12

Entidad pública: Instituto de Previsión Social (IPS)

Requirente: Jaime Retamal Silva

Ingreso Consejo: 04.06.2012

En sesión ordinaria N° 376 de su Consejo Directivo, celebrada el 28 de septiembre de 2012, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C844-12.

VISTOS:

Los artículos 5° inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; la Ley N° 19.234; el D.S. N° 39/1999, del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, que aprueba el Reglamento de la Ley de Exonerados; y, los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Don Jaime Retamal Silva, el 29 de febrero de 2012, y por vía electrónica, solicitó al Subsecretario del Interior que le otorgara acceso a los antecedentes que dieron la calidad de exonerado político a don Carlos Alberto Hidalgo Acevedo.

2) RESPUESTA Y DERIVACIÓN: La Subsecretaría del Interior, por medio del Oficio N° 4951, de 28 de marzo de 2012, dio respuesta al requirente remitiéndole copia de la resolución N° 7.178, de 1 de septiembre de 2009, del Ministerio del Interior –por medio de la cual se reconoció la calidad de exonerado político al Sr. Carlos Alberto Hidalgo Acevedo y se le concedió el beneficio de pensión no contributiva–, e informándole que el expediente administrativo respectivo se encuentra, desde el año 2009, en los archivos generales del Instituto de Previsión Social (en adelante, también, “IPS”), razón por la cual, en virtud de lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Transparencia, su solicitud será derivada al IPS, para que se pronuncie sobre la misma y entregue la información solicitada, si la tuviese y si así correspondiere.

3) RESPUESTA DEL ÓRGANO DERIVADO: El Instituto de Previsión Social, por medio de correo electrónico de 15 de mayo de 2012, dio respuesta al requirente, informándole que los documentos solicitados fueron remitidos al Centro de Atención Previsional IPS Concepción, a fin que concurra a retirarlos al mencionado Centro, “… donde se le hará entrega de ellos, previa presentación del poder notarial otorgado por el señor Hidalgo Acevedo, que lo autorice para acceder a los antecedentes que le dieron la calidad de exonerado político y fotocopia de los mismos”.

4) AMPARO: Don Jaime Retamal Silva, el 6 de junio de 2012, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del Instituto de Previsión Social, fundado en que recibió respuesta negativa de parte del órgano, ya que se le ha requerido el cumplimiento de exigencias no contempladas en la Ley, pues se le entregaría la información solicitada sólo en caso de contar con autorización previa del Sr. Hidalgo Acevedo, lo que no tiene sustento legal alguno, toda vez que, en último caso, el propio órgano reclamado debió haber solicitado la autorización de dicha persona, conforme a lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. Agrega que el Consejo ha resuelto que la información solicitada es pública, citando, al respecto, el considerando 15° de la decisión C449-09.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo al Sr. Director Nacional del Instituto de Previsión Social, mediante el Oficio N° 2.176, de 15 de junio de 2012. El traslado fue evacuado por la Sra. Jefa del Departamento de Transparencia y Documentación del citado organismo, quien, por medio del Ordinario N° 7073/2012, de 13 de julio de 2012, formuló los siguientes descargos y observaciones:

a) El 29 de marzo de 2012 la solicitud del requirente y el oficio de derivación de la Subsecretaría del Interior fueron entregados a un funcionario de la Unidad Convenios Internacionales y Leyes Especiales. El 2 de mayo recién pasado, el requirente consultó, por medio del sitio electrónico del Servicio, acerca del oficio de derivación de la Subsecretaría del Interior, y al consultar a la unidad indicada se constató que tales antecedentes no habían sido derivados al Departamento de Transparencia y Documentación del IPS. Se realizaron gestiones para dar prioridad y la mayor celeridad a lo solicitado, y el Jefe de la Unidad Convenios Internacionales y Leyes Especiales requirió, el 8 de mayo de 2012, a la Superintendencia de Pensiones, los antecedentes respectivos, debido a que el expediente en cuestión se encontraba en su poder producto de una fiscalización que el mencionado órgano lleva al efecto. El 11 de mayo se recibió un oficio de la Unidad Convenios Internacionales y Leyes Especiales, al cual se adjuntan los antecedentes requeridos en la especie.

b) El 15 de mayo se remitió al requirente, por medio de correo electrónico, la respuesta a su solicitud de información. A fin de no retrasar más la respuesta a la solicitud de información, se remitieron los antecedentes al IPS de Concepción para que el Sr. Retamal Silva tuviese acceso a ellos previa presentación del poder notarial respectivo, al no ser el titular quien requería dichos antecedentes y considerando que lo hacía en representación del titular.

c) Por último, informó acerca de los domicilios que don Carlos Hidalgo Acevedo registra en dicho Servicio.

6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó trasladar el presente amparo a don Carlos Hidalgo Acevedo, lo que realizó mediante el Oficio N° 2.685, de 30 de julio de 2012. Sin embargo, hasta la fecha, éste no ha formulado descargos u observaciones en el presente procedimiento.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, en primer término, se hace necesario precisar que “los antecedentes que dieron la calidad de exonerado político” a una persona determinada deben constar, necesariamente, en el expediente administrativo que concluyó con la resolución que reconoce a una persona dicha calidad, tal como lo entendió el ISP.

2) Que, en la especie, el órgano reclamado no denegó derechamente el acceso a la información solicitada –motivo por el cual no invocó causal alguna de secreto o reserva de la misma–. No obstante ello, requirió al solicitante, como condición para su entrega, que acreditara contar con un poder del Sr. Hidalgo Acevedo que lo autorice para acceder a los antecedentes que le dieron la calidad de exonerado político, debido, por una parte, a que el Sr. Retamal Silva no es el titular de tales antecedentes y, por otra, a que estimó que el requirente actuaba en representación del titular de los mismos. Sin embargo, del tenor de su solicitud, se aprecia que el requirente ha actuado a nombre propio, y no en representación de don Carlos Hidalgo Acevedo, resultando improcedente exigirle al Sr. Retamal Silva un poder o autorización del titular de la información solicitada para acceder a ella. Por el contrario, resultaba procedente en dicho caso haber comunicado al titular de la información la presente solicitud en los términos establecidos en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, informándole, además, su derecho a oponerse a su entrega, lo que no ocurrió.

3) Que, sobre el particular, se hace necesario recordar que la Ley N° 19.234, que establece beneficios previsionales por gracia para personas exoneradas por motivos políticos, regula los beneficios que se pueden otorgar a los exonerados políticos –los que son de cargo de recursos fiscales– y los requisitos que deben cumplir los beneficiarios de éstos, señalando, en su artículo 10, que la calificación de exonerado político la realiza, en forma privativa, el Presidente de la República, a través del Ministerio del Interior, una vez formada la convicción del carácter político de la misma (artículo 10 de la Ley N° 19.234), para lo cual debe acreditarse tal carácter por medio de los antecedentes y mecanismo que establecen los artículo 8° y 9° de la Ley N° 19.234 y el Reglamento de la Ley de Exonerados, aprobado por el Decreto Supremo N° 39, de 1999, del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.

4) Que, tras revisar la copia del expediente que concluyó con la resolución que otorga la calidad de exonerado político a don Carlos Hidalgo Acevedo –remitido a este Consejo por el órgano reclamado–, se ha constatado que este contiene los siguientes antecedentes:

a) Solicitud de reconocimiento de la calidad de exonerado por razones políticas, la cual, a su vez, contiene los datos de identificación del Sr. Hidalgo Acevedo (RUT, fecha y lugar de nacimiento, nombres y apellidos, estado civil, sexo, nombres del padre y la madre, fecha de exoneración o cese de funciones, nombre de la entidad estatal y/o empresa intervenida de la cual fue exonerado, dirección y copia de huella digital), beneficio solicitado, relato de los motivos políticos de la exoneración, períodos trabajados hasta el 10 de septiembre de 1994, información respecto a si se encuentra o no afiliado al sistema de AFP, si recibe o no alguna pensión, situación del servicio militar, régimen de salud, timbre y firma de la entidad y funcionario que recepciona los antecedentes y fecha de ingreso.

b) Certificado de imposiciones.

c) Fotocopia de Cédula Nacional de Identidad.

d) Copia de la sentencia para perpetua memoria, de 13 de enero de 2009, dictada por el Juzgado de Letras respectivo, que establece el lugar en el cual trabajó el Sr. Hidalgo Acevedo, la fecha en que fue exonerado y que su exoneración se debió a razones políticas.

e) Informe jurídico que se pronuncia sobre la sentencia para perpetua memoria indicada precedentemente.

f) Copia de la resolución N° 7.178, de 1° de septiembre de 2009, del Ministerio del Interior, que declara que don Carlos Hidalgo Acevedo tiene calidad de exonerado político.

5) Que, conforme a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 5° de la Ley de Transparencia, son públicos “…los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, los documentos que le sirvan de sustento o complemento directo y esencial…” y, según el inciso segundo del artículo 10 del mismo cuerpo normativo, “El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones…, expedientes…”, todo ello a menos que concurra una causal legal de secreto o reserva. En consecuencia, en la especie, habiéndose adoptado una resolución respecto de la calidad de exonerado político de don Carlos Hidalgo Acevedo, los fundamentos de tal resolución, que constan en el expediente respectivo, son en principio públicos, a menos que concurra alguna causal legal de secreto o reserva.

6) Que, si bien en el presente caso no se ha invocado la concurrencia de una causal de secreto, conforme a lo dispuesto en el artículo 33, letras j) y m), corresponde a este Consejo velar “…por la debida reserva de los datos e informaciones que conforme a la Constitución y a la ley tengan carácter secreto o reservado” y “…por el adecuado cumplimiento de la ley N° 19.628, de protección de datos de carácter personal, por parte de los órganos de la Administración del Estado”, respectivamente. Por lo tanto, corresponde a este Consejo analizar los antecedentes requeridos, a fin de establecer si procede o no su entrega al Sr. Retamal Silva, de conformidad con la Ley de Transparencia y la Ley N° 19.628.

7) Que los antecedentes descritos en el considerando 4° precedente constituyen datos personales y, en su caso, datos personales sensibles en los términos establecidos en el artículo 2°, letra f) y g), de la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada –esto es, aquéllos relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables y aquéllos que se refieren a hechos o circunstancias de la vida privada o intimidad, tales como las ideologías y opiniones políticas–, todos los cuales han sido proveídos a la Administración por el propio Sr. Hidalgo Acevedo, lo que significa que han sido recolectados de una fuente no accesible al público. Por lo tanto, en principio, a ellos les resultaría aplicable la disposición de resguardo establecida en el artículo 7º de la citada ley, así como aquella del artículo 10 del citado cuerpo legal. En efecto, sobre este punto este Consejo en sus decisiones recaídas en los amparos Rol C449-09 –en el que se solicitaba diversa información en relación a los beneficiarios de las pensiones no contributivas otorgadas por la Ley N° 19.234– y Rol C363-10 –en el que se requería información referida al bono extraordinario concedido a los exonerados por motivos políticos en virtud de la Ley N° 20.134, de 2006–, estimó que el otorgamiento de tales beneficios suponía la consideración de datos personales, incluso de carácter sensible, de los beneficiarios de los mismos, ya que el reconocimiento de la calidad de exonerado por motivos políticos –en base a la cual dichos beneficios se conceden– podría implicar, en ciertos casos, conocer y hacer pública la ideología política de una persona. Lo anterior, teniendo presente lo establecido en el artículo 8° de la Ley N° 19.234 –aplicado por la derivación que realiza la propia Ley N° 20.134–, conforme al cual «…se considera como exonerados políticos a los ex trabajadores a que dicho artículo [3° de la Ley] se refiere y que en el periodo allí mencionado hayan sido despedidos por causas que se hubieran motivado en consideraciones de orden político y que consten de algún modo fehaciente, tales como el hecho de figuración del exonerado en decretos, bandos, oficios, o resoluciones, o en listas elaboradas por alguna autoridad civil o militar, como activista político o como miembro de partidos políticos proscritos o declarados en receso, o que hubieran sido privados de libertad, en cualquier forma…».

8) Que, no obstante lo anterior, este Consejo, en la citada decisión recaída en el amparo Rol C363-10 –criterio ratificado en decisión Rol C1441-11– concluyó que la comunicación de la calidad de exonerado no afectaría los derecho de quienes perciben un bono por este concepto, pues sólo se le vincularía con la opinión política que manifestara más de 30 años atrás, lo que no necesariamente representa su opinión actual. Además, para acceder a dicho beneficios no resultaba determinante compartir una cierta ideología u opción política, toda vez que si bien los exonerados podían ser asociados a determinadas convicciones políticas generales, éstas eran más de una y los beneficiarios pudieron no haber participado necesariamente de alguna de ellas. Además, atendida la data de las exoneraciones, dichas convicciones generales no necesariamente encuentran vínculo directo con su opinión política actual.

9) Que, adicionalmente, en su decisión Rol C449-09 este Consejo también ha concluido–criterio ratificado en decisión de amparo Rol C1441-11– que la comunicación de la información referida a los beneficios previsionales otorgadas por gracia a personas exoneradas por motivos políticos, reviste interés público, en tanto permiten verificar la existencia del beneficiario y la concurrencia de elementos que otorguen el carácter político a su exoneración, todo lo cual trae consigo que “disipada la inquietud en relación con la ideología política a la que pudiera dar lugar la reticencia para publicar la información respecto de las personas que fueron exoneradas, el control social y el debate público exigen que el procedimiento tanto de calificación de exonerado político como el de otorgamiento de los beneficios previsionales a los que se puede optar y que son de cargo al erario público, sean transparentes y públicos”. En ese contexto, en su decisión de amparo Rol C333-12, este Consejo se pronunció respecto a la publicidad de los expedientes administrativos correspondientes a solicitudes de reconocimiento de la calidad de exonerados políticos que fueron acogidas, señalando que “si bien los expedientes (relativos a los beneficios concedidos a exonerados político) que la Subsecretaría del Interior ha accedido a entregar (debido a la no oposición de sus titulares) contienen datos personales de los beneficiarios… lo cierto es que «…el hecho de recibir un beneficio del Estado de Chile hace que se reduzca el ámbito de la privacidad de las personas que gozan de estos, toda vez que debe permitirse un adecuado control social de a quién se le están otorgando dichos beneficios»”; reiterando los criterios antes indicados en lo que refiere a los datos sensibles que puedan contener los expedientes, especialmente en lo referido a la ideología política.

10) Que, a mayor abundamiento, y según se indicó en decisión de amparo Rol C1441-11, la conclusión anterior encuentra también su fundamento legal en el artículo 7°, letra i), de la Ley de Transparencia, toda vez que la pensión no contributiva otorgada por la Ley N° 19.234 –cuerpo legal al que, en definitiva, se refiere la solicitud de información– a los exonerados políticos, constituye un beneficio que se financia con cargo al erario público, los cuales deben ser publicados en los sitios electrónicos de los órganos administrativos, ya que su publicidad permite el control de la ciudadanía de la acción de las autoridades en la correcta asignación de fondos públicos resultando un eficaz mecanismo de prevención de actos de corrupción. Conforme a ello, en las ya mencionadas decisiones recaídas en los amparos Roles C449-09 y C363-10 este Consejo resolvió requerir al Instituto de Previsión Social, IPS, la divulgación de estos beneficios en cumplimiento de sus deberes de transparencia activa. En efecto, dicha información es publicada en el sitio electrónico del Instituto de Previsión Social, en su sección “Programas de subsidios y otros beneficios”, al interior de su sitio “Gobierno Transparente”, en http://www.ips.gob.cl/transparencia/portal/transparencia_activa/index.html.

11) Que, sin perjuicio de lo anterior, de conformidad con el principio de divisibilidad reglado en el artículo 11, letra e, de la Ley de Transparencia, visto que en el expediente solicitado se incorporan datos personales de contexto, que no se refieren directamente a los fundamentos de beneficios entregado por la Administración, estos deberán mantenerse en reserva, de conformidad con el artículo 7° y 10 de la Ley N° 19.628, a saber: estado civil, nombres del padre y la madre, dirección y copia de huella digital, información respecto a si se encuentra o no afiliado al sistema de AFP, situación del servicio militar y régimen de salud.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por Don Jaime Retamal Silva en contra del Instituto de Previsión Social, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director Nacional del Instituto de Previsión Social que:

a) Entregue a don Jaime Retamal Silva una copia del expediente que contiene los antecedentes en virtud de los cuales se otorgó a don Carlos Hidalgo Acevedo la calidad de exonerado político, tarjando, sin embargo, aquellos datos de contexto que no son necesarios para verificar la existencia del beneficiario ni la concurrencia o no de elementos que otorguen el carácter político a su exoneración, esto es, su estado civil, nombres del padre y la madre, dirección y copia de huella digital, información respecto a si se encuentra o no afiliado al sistema de AFP, situación del servicio militar y régimen de salud.

b) Dé cumplimiento a lo dispuesto en la letra anterior en un plazo de 10 días hábiles contados desde que quede ejecutoriada la presente decisión, bajo el apercibimiento de proceder conforme disponen los artículos 45 y siguientes de la Ley de Transparencia

c) Informe el cumplimiento de la decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Agustinas Nº 1291, piso 6º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que el cumplimiento de las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente acuerdo a don Jaime Retamal Silva, al Sr. Director Nacional del Instituto de Previsión Social y a don Carlos Hidalgo Acevedo.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia, don Enrique Rajevic Mosler.