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Jorge Orellana Iturra con MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA Rol: C917-12

Consejo para la Transparencia, 28/09/2012

Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de Rancagua, fundado en la denegación de la información solicitada sobre que le otorgara “información sobre inmuebles de propiedad municipal, ubicación, dimensiones, con y sin construcciones”. El Consejo acoge el amparo y señaló que estima que la Municipalidad de Rancagua debería contar con una nómina actualizada de los inmuebles de propiedad municipal, en la cual se indique, a lo menos, su ubicación, sin perjuicio de la información que debiera obrar en poder de la unidad de asesoría jurídica (los títulos de los bienes municipales), la cual, a su vez, debiera contener las dimensiones de dichos inmuebles.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente


Descriptores analíticos:

Tema Gestión y administración territorial (Urbanismo)
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C917-12

Entidad pública: Municipalidad de Rancagua

Requirente: Jorge Orellana Iturra

Ingreso Consejo: 22.06.2012

En sesión ordinaria N° 376 de su Consejo Directivo, celebrada el 28 de septiembre de 2012, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C917-12.

VISTOS:

Los artículos 5° inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y, los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Don Jorge Orellana Iturra, el 27 de abril de 2012, solicitó a la Municipalidad de Rancagua que, entre otros antecedentes, le otorgara “información sobre inmuebles de propiedad municipal, ubicación, dimensiones, con y sin construcciones”.

2) RESPUESTA: La Municipalidad de Rancagua, por medio de correo electrónico de 30 de mayo de 2012, remitió al requirente una copia del Ordinario N° 118, de la misma fecha, a través del cual responde su solicitud de información y que, en lo referente a los inmuebles de propiedad municipal, señala que su requerimiento es genérico, puesto que su atención requiere distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, según el artículo 21 N° 1, letra c, de la Ley de Transparencia, relación con el artículo 7 N° 1, letra c, de su Reglamento, ya que en la actualidad el municipio no cuenta con catastro actualizado de propiedad municipal, con los antecedentes solicitados, ello sin perjuicio de actualizar a la brevedad posible dicho catastro.

3) AMPARO: Don Jorge Orellana Iturra, el 31 de mayo de 2012, presentó en la Gobernación Provincial de Cachapoal amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Municipalidad de Rancagua, fundado en la denegación de la información referente a los inmuebles de propiedad municipal, el cual ingresó a este Consejo el 22 de junio recién pasado.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Rancagua, mediante el Oficio N° 2.364, de 5 de julio de 2012. El traslado fue evacuado, en representación de dicho órgano, por doña Alicia Forttes Lobos, quien por medio del documento adjunto al correo electrónico enviado por dicha entidad el 26 de julio recién pasado, e ingresado a la oficina de partes de este Consejo el día 27 del mismo mes, además de realizar una relación de los hechos ya expuestos en esta parte expositiva, indica lo siguiente:

a) La respuesta dada al requirente se funda en que, al momento de responder su solicitud, la Municipalidad, efectivamente, no contaba (y no cuenta hasta la fecha) con información actualizada y fidedigna respecto de los inmuebles municipales, su ubicación, dimensiones y construcciones.

b) Atendida las razones de disponibilidad de personal de la unidad de Obras Municipales, el trabajo de revisión y actualización de la información existente conllevaría destinar funcionarios a esa exclusiva tarea, postergando el cumplimiento de las innumerables y urgentes tareas que la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LOCM) y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) le impone a la Dirección de Obras Municipales (en adelante, también, “DOM”). La distracción de los funcionarios del cumplimiento regular de sus funciones se produce por el volumen de información a registrar, el limitado número de funcionarios de la DOM, en particular de la unidad de catastro (en la actualidad sólo tres), y el importante número de horas que dichos funcionarios deberían dedicar al análisis y registro de información ya mencionada.

c) Hace presente la complejidad de la cuantificación de inmuebles municipales, ya que no sólo se deben contemplar aquellas propiedad de dominio municipal que sirven para el cumplimiento de las funciones propias del Municipio, sino también aquellos inmuebles denominados “terrenos de equipamiento” que se transfieren a las Municipalidades, por el sólo ministerio de la ley, cuando se verifica la recepción, por parte de las DOM, de los trabajos o las obras de urbanización. Así las cosas, “resultan ser de dominio municipal, incluso propiedades raíces que no tienen su correspondiente título inscrito a nombre del municipio en el registro conservatorio correspondiente, dificultándose su catastro…”, motivo por el cual la Municipalidad está desarrollando esfuerzos para la debida inscripción de tales inmuebles a su nombre, lo que está radicado en su unidad jurídica.

d) Sin perjuicio de lo anterior, se remite al Consejo, para su debida ponderación, un cuadro informativo de inmuebles municipales, el cual fue elaborado por la unidad de catastro del municipio, dependiente de la DOM, y que contiene información de propiedades raíces de dominio municipal catastradas, el cual no se encuentra actualizado, sino que en estado de revisión y actualización, por lo cual puede inducir a error o equivoco a quien le fuere remitido, al no constituir un documento afinado, todo ello sin perjuicio de la causal de reserva expresa y justificada precedentemente.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, en primer término, se ha estimado necesario precisar que la solicitud de información que ha dado origen al presente amparo se refiere a la ubicación –o emplazamiento– de los inmuebles de propiedad municipal y sus respectivas dimensiones, ya que la expresión “con y sin construcciones”, a juicio de este Consejo, debe entenderse en el sentido de que la solicitud se refiere a todos los inmuebles, sin distinción de si poseen o no alguna construcción.

2) Que, conforme a lo establecido por el artículo 13, letra a, de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades (en adelante, e indistintamente, LOCM), el patrimonio de dichos órganos está constituido, entre otros, por “Los bienes corporales e incorporales que posean o adquieran a cualquier título”, debiendo entender que, conforme a lo dispuesto por el artículo 566 del Código Civil, la expresión “bienes corporales” hace referencia tanto a las cosas muebles como inmuebles.

3) Que, en la especie, se ha requerido información respecto a los bienes inmuebles de propiedad municipal, debiendo tenerse presente que, según el artículo 33 de la LOCM, “la adquisición del dominio de los bienes raíces se sujetará a las normas del derecho común”. Por lo tanto, esta solicitud se refiere a todos aquellos inmuebles que el órgano reclamado haya adquirido a cualquier título, ya sea compra, donación, permuta, mandato legal –como ocurre en el caso previsto en el artículo 135, letra b), de la LGUC, en relación con su artículo 70– u otro mecanismo.

4) Que, atendido que la Municipalidad ha señalado que no posee un catastro actualizado de propiedades municipales y, además, invocó la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia –según se ha señalado en la parte expositiva–, cabe tener presente que el artículo 28 de la LOCM encomienda a la unidad encargada de la asesoría jurídica de cada Municipalidad mantener al día los títulos de los bienes municipales. Asimismo, el artículo 27 de la LOCM asigna a la unidad encargada de administración y finanzas de cada municipio, entre otras, la función de “b) Asesorar al alcalde en la administración financiera de los bienes municipales, para lo cual le corresponde específicamente:… 4.- Llevar la contabilidad municipalidad en conformidad con las normas de la contabilidad nacional y con las instrucciones que la Contraloría General de la República imparta al respecto…”. Sobre el particular, dicho órgano fiscalizador dispuso, a través de su oficio C.G.R. N° 60.820, de 2005, sobre Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación, lo siguiente:

a) “Las entidades públicas deben habilitar los registros y comprobantes contables que les permita dejar constancia de las operaciones que realizan, los cuales forman parte integral de la contabilidad general de la Nación. Sin perjuicio de ello, deberán habilitar aquellos registros especiales que señalan las leyes o reglamentos u otros que la entidad contable requiera”, estableciendo como uno de los registros y comprobantes fundamentales el “Registro de Inventarios y Balances”, el cual debe contener “…el registro detallado de los activos, pasivos y patrimonio, tanto físico como financiero, con sus respectivos resúmenes”.

b) “Los bienes muebles e inmuebles que se adquieran para ser usados en la producción o para fines administrativos, y que se espera utilizarlos en más de un período contable, deben contabilizarse en las cuentas de Bienes de Uso correspondientes”.

c) Al regular los criterios de evaluación aplicables a las incorporaciones de bienes de uso, señala que “Tratándose de incorporaciones de bienes inmuebles, el valor del terreno y el de la construcción, deben contabilizarse separadamente”.

d) Al describir las cuentas de activo, específicamente en la cuenta contable del Título I Activo, Grupo 14 Bienes de Uso, señala que ésta “Comprende los bienes muebles e inmuebles de larga duración adquiridos con el ánimo de usarlos en las actividades institucionales”. Además, en lo que interesa al presente amparo, en el subgrupo de bienes de uso depreciables, establece las cuentas correspondientes a “edificaciones” y “obras de infraestructura”; y, en el subgrupo de Bienes no depreciables, la cuenta correspondiente a “terrenos”.

5) Que, conforme a lo expuesto precedentemente, especialmente lo relativo a las normas de contabilidad general de la Nación, este Consejo estima que la Municipalidad de Rancagua debería contar con una nómina actualizada de los inmuebles de propiedad municipal, en la cual se indique, a lo menos, su ubicación, sin perjuicio de la información que debiera obrar en poder de la unidad de asesoría jurídica (los títulos de los bienes municipales), la cual, a su vez, debiera contener las dimensiones de dichos inmuebles.

6) Que, por otro lado, aquella información relativa a los terrenos de equipamiento incorporados al dominio municipal por haberse verificado, por parte de la DOM, la recepción de las obras de urbanización y que no han sido inscritos a nombre de la entidad edilicia Municipalidad en el registro de propiedad del respectivo Conservador de Bienes Raíces, desde la entrada en vigencia de la Ley N° 20.218 –que reemplazó el texto del artículo 135 de la LGUC por el actual– deben obrar en poder de la mencionada DOM, de conformidad con lo establecido por el artículo 135, letra b, de la LGUC en relación con los artículo 70 y 134 del mismo cuerpo legal.

7) Que, conforme a lo señalado en el considerando 1°, el requerimiento del Sr. Orellana Iturra se vería satisfecho con la entrega de los antecedentes que contengan la información requerida, esto es, la parte respectiva del “Registro de Inventarios y Balances” municipal –elaborado por la Dirección de Administración y Finanzas–, los títulos de dichos bienes –que debieran obrar en poder de la unidad de asesoría jurídica–, así como los certificados de recepción definitiva de obras de urbanización de aquellos terrenos de equipamiento que el Municipio no haya inscrito a su nombre en el registro de propiedad del respectivo Conservador de Bienes Raíces –que debieran constar en los registros de la DOM–.

8) Que, por lo expuesto precedentemente, se desvirtúa la alegación formulada por la Municipalidad en el sentido de que debería destinar a los funcionarios de la unidad de catastro de la Dirección de Obras a elaborar un catastro o nómina que contenga los antecedentes requeridos, ya que, como se indicó, para satisfacer la solicitud que ha dado origen al presente amparo, no se requiere elaborar nómina alguna sino reunir los antecedentes en que consta la información requerida. Por lo tanto, la entrega de la información solicitada no afectaría el debido funcionamiento del órgano, debiendo, consecuentemente, rechazarse la causal de secreto o reserva invocada.

9) Que, sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que la Municipalidad informó que se encontraba confeccionando un catastro de los inmuebles municipales, y acompañó a sus descargos una versión preliminar a este Consejo, en el cual, entre otras cosas, se singulariza la ubicación y dimensiones (bajo el título de superficie) de 176 inmuebles, razón por la cual, si ya hubiese concluido tal labor, podrá también satisfacerse el requerimiento del Sr. Orellana Iturra entregando copia del mencionado catastro.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Jorge Orellana Iturra en contra de la Municipalidad de Rancagua, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Rancagua que:

a) Entregue a don Jorge Orellana Iturra los documentos en los que conste la información relativa a los bienes inmuebles de propiedad municipal, su ubicación y dimensiones, ya sea en la forma indicada en el considerando 7°, o por medio de una nómina o catastro elaborado por dicha entidad edilicia, conforme a lo expuesto en el considerando 9°.

b) Dé cumplimiento a lo dispuesto en la letra anterior en un plazo de 15 días hábiles contados desde que quede ejecutoriada la presente decisión, bajo el apercibimiento de proceder conforme disponen los artículos 45 y siguientes de la Ley de Transparencia

c) Informe el cumplimiento de la decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Agustinas Nº 1291, piso 6º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que el cumplimiento de las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente acuerdo a don Jorge Orellana Iturra y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Rancagua.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia, salvo en lo que respecta al rechazo de la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia, don Enrique Rajevic Mosler.