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Jaime Arellano Quintana con SERVICIO DE SALUD IQUIQUE Rol: C866-12 y C867-12

Consejo para la Transparencia, 28/09/2012

Se dedujo amparo en contra del Servicio de Salud de Iquique, fundado en que habría recibido una respuesta denegatoria a ambas solicitudes formuladas sobre copia del o los estudios, informes u otros documentos que den cuenta, ya sea de manera total o parcial, del resultado de cualquier estudio, revisión, examen, investigación o auditoría efectuada durante los años 2010, 2011 y 2012 respecto de la Red Asistencial de Salud de la Región de Tarapacá, copia de todos los documentos que sirvan de sustento o complemento directo y esencial a los documentos señalados en el numeral i. precedente y la descripción detallada de los procedimientos que se hayan utilizado en su oportunidad para la elaboración y recopilación de la información contenida en los documentos indicados en los numerales i. y ii. precedentes. El Consejo señaló que que gran parte de la información requerida es de aquella que, según el art. 7º de la Ley de Transparencia, debe encontrarse disponible por transparencia activa, por lo que el SSI podrá dar cumplimiento a lo requerido indicando, con precisión, la fuente, el lugar y forma en que se puede tener acceso a dicha información. En efecto, sólo restaría por informar la nómina de funcionarios que participaron en la elaboración del respectivo estudio, como las horas destinadas a tal función, lo que no importa un costo excesivo para el organismo.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente


Descriptores analíticos:

Tema Salud
Materia Regulación Interna
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Consejeros:

  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPAROS ROLES C866-12 Y C867-12

Entidad pública: Servicio de Salud Iquique

Requirente: Jaime Arellano Quintana

Ingreso Consejo: 11.06.2012

En sesión ordinaria N° 376 de su Consejo Directivo, celebrada el 28 de septiembre de 2012, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de los amparos Roles C866-12 y C867-12.

VISTO:

Los artículos 5° inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y, los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 17 de mayo de 2012 don Jaime Arellano Quintana realizó sendas solicitudes de información al Servicio de Salud de Iquique –en adelante también SSI–, requiriendo, de conformidad con lo dispuesto en el punto 4.2 de la Instrucción General Nº 10 de este Consejo, se indique en las copias de la información entregada que se trata de una copia fiel a su original o que es copia del documento tenido a la vista. En ambas solicitudes, requirió exactamente la misma información, respecto de la Red Asistencial de Salud de la Región de Tarapacá. En específico, requirió la siguiente información:

a) Copia del o los estudios, informes u otros documentos que den cuenta, ya sea de manera total o parcial, del resultado de cualquier estudio, revisión, examen, investigación o auditoría efectuada durante los años 2010, 2011 y 2012 respecto de la Red Asistencial de Salud de la Región de Tarapacá.

b) Copia de todos los documentos que sirvan de sustento o complemento directo y esencial a los documentos señalados en el numeral i. precedente.

c) La descripción detallada de los procedimientos que se hayan utilizado en su oportunidad para la elaboración y recopilación de la información contenida en los documentos indicados en los numerales i. y ii. precedentes. En particular:

i. Indicar en cada caso, si los mismos fueron elaborados con capacidad interna del SSI, o fueron encomendados a terceros.

ii. Si han sido elaborados con capacidad interna, informar lo siguiente: nómina de personas que han participado; cargo, profesión y grado de las mismas; horas que cada uno haya destinado al cargo; relación jurídica que cada uno haya tenido a la fecha y tenga en la actualidad con el SSI; si, como contraprestación al encargo, han percibido honorarios, remuneraciones, estipendio, u otra forma de compensación monetaria o de otra especie, indicando cuál en el caso afirmativo; fuente presupuestaria específica que se empleó para el financiamiento, indicando año del presupuesto empleado, partida, capítulo, programa, subtítulo, ítem, subítem y glosa correspondiente.

iii. Si han sido elaborados por terceros, informar lo siguiente: individualizar las licitaciones, contrataciones directas u otro procedimiento que se haya empleado al propósito; indicar el procedimiento que se empleó para seleccionar o asignar el encargo; individualizar las personas naturales y/o jurídicas a las que se encomendó la elaboración o que participaron en su elaboración; indicar el plazo asignado y efectivamente empleado para la entrega; el valor o precio pagado; fuente presupuestaria específica que se empleó para el financiamiento, indicando año del presupuesto empleado, partida, capítulo, programa, subtítulo, ítem, subítem y glosa correspondiente.

d) Copia de todos los documentos que sirvan de sustento o complemento directo y esencial a los procesos y/o actos administrativos y/o contratos señalados en el numeral iii. Por ejemplo:

i. Instrucciones y términos de referencia para el desarrollo de los estudios, informes u otros documentos, decretos o resoluciones de nombramiento en planta, decretos o resoluciones de nombramiento a contrata, contratos a honorarios, resoluciones que disponen el pago de horas extras, recepción y evaluación conforme del trabajo.

ii. Bases de licitación, ofertas presentadas a la licitación, acta de apertura y acta de evaluación, resolución de adjudicación y sus anexos.

iii. Bases de licitación e invitaciones a la licitación privada, ofertas presentadas en dicho caso, acta de apertura y acta de evaluación, resolución de adjudicación y sus anexos.

iv. Resolución que dispone contratación directa, términos de referencia, propuesta u oferta presentada en tal caso, aceptación de la propuesta u oferta, trabajo elaborado, recepción y evaluación conforme del trabajo; etc.

2) RESPUESTA: El Servicio de Salud de Iquique respondió a ambas solicitudes de información, mediante Ordinario Nº 1.062, de 29 de mayo de 2012, de la Directora del órgano reclamado, indicando que no es posible proporcionar la información solicitada, en atención a que todos los documentos requeridos tienen importancia en la defensa del juicio caratulado “Optimiza con Servicio de Salud de Iquique”, Rol Nº 3704/2011, en el que el solicitante tiene la calidad de abogado patrocinante de la parte demandante, razón por la cual el requerimiento formulado se encuentra amparado en la causal de reserva o secreto del artículo 21 Nº 1, letra a, de la Ley de Transparencia.

3) AMPARO: Don Jaime Arellano Quintana dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del Servicio de Salud de Iquique, el 11 de junio de 2012, fundado en que habría recibido una respuesta denegatoria a ambas solicitudes formuladas, denegación que es infundada e ilegal, atendido los siguientes argumentos:

a) Señala que ya este Consejo se ha pronunciado sobre la publicidad o reserva de documentos, frente a la invocación de la causal contenida en el literal a) del Nº 1 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, estableciendo los supuestos que deben concurrir para declarar el secreto o reserva de la información. A mayor abundamiento, indica que este Consejo, en la decisión de amparo Rol C380-09, realizó una importante distinción entre los antecedentes de la estrategia jurídica del órgano reclamado –caso en el que aplicaba la causal de reserva invocada–, de otros documentos que sólo constituían medios de prueba –caso en el que no aplicaba la causal–. Sobre el particular, se estimó que si los documentos requeridos, si bien tenían vinculación con lo discutido en sede judicial, decían relación con cuestiones de hecho y no con la estrategia jurídica del órgano reclamado, no procedía su reserva.

b) Conforme a lo anterior, señala que la causal invocada por el SSI es improcedente, toda vez que en los hechos se solicitan copias de ciertos documentos no confidenciales, no se trata de los antecedentes originales, ni se requiere información que constituya la estrategia jurídica del servicio, por lo que no existe modo de que se prive al órgano reclamado de la posibilidad de contar con esos antecedentes para hacer valer sus pretensiones judiciales.

c) Por otra parte, el correcto funcionamiento del SSI, cuya perturbación es un requisito de la causal de reserva invocada por dicho órgano, debe ser ponderado en atención al cumplimiento de las funciones que le encomienda su ley, que se detallan en el D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud. De dicha normativa se desprende que la defensa judicial no corresponde a las funciones propias de dicho servicio, sin perjuicio de que pueda asumir su defensa propia en juicio. En efecto, en el proceso judicial que invoca el órgano reclamado, el patrocinio le ha sido otorgado al Consejo de Defensa del Estado.

d) Resulta evidente que los documentos requeridos en la especie, a lo sumo, serían “otros documentos que sólo constituían medios de prueba” y, por lo tanto, no son de aquellos amparados por la reserva del artículo 21 Nº 1, letra a), de la Ley de Transparencia, por no tratarse de antecedentes de la estrategia jurídica del órgano reclamado.

e) Agrega que la causal invocada por el servicio, tiene un peso menor respecto al derecho de acceso a la información. A este respecto, el artículo 28 de la Ley de Transparencia establece el reclamo de ilegalidad en contra de las resoluciones de este Consejo y, sin embargo, no autoriza a los órganos de la Administración del Estado a reclamar de la resolución del Consejo que otorgue acceso a la información denegada, cuando se hubiere fundado en la causal alegada. Lo anterior, apunta a evitar el abuso de dicha causal por parte de los órganos de la Administración.

f) Asimismo, en la respuesta denegatoria, el SSI no acredita de qué manera la eficacia del servicio para ejercer sus funciones se verá reducida por el hecho de permitir el acceso a la información requerida. En todo caso, el estándar para ello debiese ser superior a la simple negativa en bloque de todo lo solicitado, ya que una exigencia mínima consistiría en la identificación con precisión de cuál o cuáles documentos pudiesen ocasionar una afectación o daño cierto, probable y específico a la causal de debido cumplimiento de las funciones del órgano.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación los presentes amparos, trasladándolos mediante Oficio Nº 2.234, de 22 de junio de 2012, a la Sra. Directora del Servicio de Salud de Iquique. Mediante Ordinarios Nºs 1.501 y 1.502, ambos de 20 de julio de 2012, ésta formuló sendos descargos y observaciones a los amparos de la especie, en base a los siguientes fundamentos que se detallan a continuación:

a) Como cuestión previa, indica que el reclamante es actualmente mandatario judicial de la empresa Optimiza Asesores Consultores de Empresas Limitada, y, en tal calidad, patrocina una demanda civil interpuesta en contra del SSI, radicada en el Tercer Juzgado de Letras en lo Civil de Iquique, bajo el Rol Nº 3704/2011. La materia de dicho juicio dice relación con el término anticipado de un contrato de prestación de servicios suscrito entre la mencionada empresa y el órgano reclamado, por la supuesta verificación de la condición resolutoria tácita de haberse incumplido la obligación de pago del saldo del precio por parte del Servicio. Por lo tanto, existen intereses pecuniarios, con eventuales consecuencias adversas para dicho órgano, por lo que existe directa relación entre dicho litigio y los documentos solicitados.

b) Por su parte, el reclamante ha presentado por separado cinco solicitudes de información, a través de las cuales solicita una serie de documentos que, vistos en forma aislada, podrían eventualmente considerarse como información que no entorpece el buen funcionamiento del Servicio, pero que vistas en su conjunto dejan entrever con claridad que son fundamentales para la estrategia judicial del organismo.

c) Agrega, que de la lectura de la norma legal invocada para fundamentar el secreto o reserva de la información requerida se desprende que los requisitos exigidos para que se configure la causal son los siguientes:

i. Que exista un litigio pendiente entre el reclamante y el reclamado.

ii. Que exista una relación directa entre los documentos o la información requerida y el litigio.

iii. Que la publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido (que se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales).

d) En relación con el primer requisito, señala que tal exigencia se cumple a cabalidad en el caso concreto, toda vez, que se acredita que el reclamante es abogado y mandatario judicial de la mencionada empresa, patrocinando sendas acciones civiles en contra del SSI. El contrato cuya resolución se solicita judicialmente por la Empresa Optimiza, fue adjudicado a esa empresa en el marco de una licitación pública ID Nº 1637-74-LP09, en virtud de la cual se contrató los servicios de dicha empresa para realizar un “Estudio de Red Asistencial de Salud”, que el Servicio encomendó a esa empresa y que, luego de diversas prórrogas de plazo para la entrega del trabajo, finalmente fue entregado con graves defectos y de manera incompleta.

e) Respecto a la existencia de una relación directa entre la información requerida y el litigio, indica que todos los documentos solicitados se encuentran estrechamente vinculados con la controversia judicial habida entre las partes, por cuanto se relacionan con un aspecto relevante de la defensa judicial de la demandada, constituido por el hecho que ante la ineptitud e inutilidad del producto entregado por Optimiza, el SSI debió desarrollar con recursos propios un estudio de reemplazo que sirviera para los fines a que estaba destinado aquel que originalmente debió desarrollar esa empresa, pero cuyo resultado o informe final fue inútil a su fin.

f) En relación con el tercer requisito, señala que tanto el D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud, como el D.S. Nº 140, que aprobó el Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud, contemplan expresamente dentro de las funciones de dichos organismos, las defensas judiciales en los juicios en que el Servicio sea parte o tenga interés, sin perjuicio que excepcionalmente pueda encomendarse la representación judicial al Consejo de Defensa del Estado, como ha ocurrido en la especie. Por lo tanto, la defensa judicial en los juicios en que el SSI sea parte o tenga interés, forma parte de las funciones del Servicio por expresa disposición del ordenamiento jurídico vigente.

g) En virtud de lo anterior, pretender diferenciar entre documentos de prueba y documentos integrantes de la estrategia judicial, entendiendo que éstos últimos sólo son necesarios para la defensa judicial del Servicio y son, por lo tanto, reservados, resulta un ejercicio imposible de realizar. Efectivamente, todos los documentos solicitados se encuentran íntimamente ligados al asunto litigioso, por lo tanto, éstos, y cualquier otro relacionado con el pleito judicial quedan prontamente resguardados por la reserva para elaborar una estrategia judicial que permita una defensa eficaz de los intereses del Servicio, pues serían precisamente esos documentos, entre otros, los que servirán para que se verifique un resultado de ganancia o pérdida para el Servicio, en tanto quedan comprendidos dentro de la estrategia jurídica para respaldar la posición del órgano en el litigio.

h) Sostener lo contrario, importaría un grave entorpecimiento y peligro para la defensa judicial de los intereses del órgano, el que al exhibir y entregar dichos documentos se expone a que sean utilizados en su contra por el mismo solicitante, lo que desvirtúa absolutamente la finalidad de la Ley de Transparencia, que no es otra que promover la transparencia de los actos de la administración pública, con miras a evitar conductas que podrían ser constitutivas de una falta de probidad, lo que no resulta en el caso concreto.

i) En conclusión, la publicidad de todos los documentos solicitados, afecta gravemente el cumplimiento de las funciones del SSI, particularmente, la defensa judicial del Servicio en el juicio de resolución de contrato e indemnización de perjuicios, iniciado por el reclamado en su contra, ya que todos los antecedentes requeridos forman parte de su estrategia judicial destinada a respaldar la posición del órgano ante la controversia jurídica existente entre las partes.

5) GESTIÓN OFICIOSA: A requerimiento de este Consejo, mediante correo electrónico de 25 de septiembre de 2012, don Fernando Canales, Asesor Jurídico del SSI, en relación a la existencia y características de la información solicitada, informó lo siguiente:

a) En relación con la materia objeto de la presente solicitud de información, el SSI confeccionó un solo estudio de la Red Asistencial de Tarapacá, el que fue elaborado con recursos propios. Dicho estudio fue elaborado ya que el presentado por el reclamante resultó inoficioso y no cumplió con lo exigido en los términos de referencia, razón por la cual se puso término al contrato suscrito con éste.

b) En síntesis, el estudio elaborado por el SSI, contiene un catastro del estado de la Red de Salud de la Primera Región, que sirve, entre otras cosas, para determinar brechas, carencias y necesidades que posteriormente serán satisfechas con los proyectos de salud que existen en cartera y que a la fecha se encuentran terminados y en ejecución.

c) Dicho informe tiene directa relación con el litigio pendiente, y si el demandante quiere usar éste en el juicio, existen mecanismos procesales para aquello.

CONSIDERANDO:

1) Que, en primer término, es necesario señalar que en virtud del principio de economía procedimental, contenido en el artículo 9° de la Ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, exige a estos últimos responder a la máxima economía de medios con eficacia, evitando trámites dilatorios, por lo tanto, atendiendo al hecho de que en los amparos Roles C866-12 y C867-12 existe identidad respecto del requirente, lo pedido y el órgano de la Administración requerido, este Consejo, para facilitar su comprensión y resolución, ha resuelto acumular los citados amparos, resolviéndolos a través de su revisión en conjunto.

2) Que, por otra parte, cabe precisar que la circunstancia que el solicitante sea actualmente mandatario judicial de la Empresa Optimiza Asesores Consultores de Empresas Ltda., patrocinando, en tal calidad, una demanda civil contra el órgano reclamado, –como lo ha sostenido el órgano reclamado– no es óbice para que éste requiera el acceso de información en poder del SSI ni puede implicar que sus solicitudes sean denegadas en virtud de tal consideración, pues de acuerdo con el principio de no discriminación, que establece el artículo 11, letra g), de la Ley de Transparencia, los órganos de la Administración del Estado “deberán entregar información a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivo para la solicitud”. Lo anterior, sin perjuicio del análisis que se hará respecto de las alegaciones formuladas por el SSI y, especialmente, en relación con la eventual concurrencia de la causal de reserva por éste invocada.

3) Que, establecido lo anterior, conviene precisar que, según lo informado por el SSI en la gestión oficiosa descrita en el numeral 5º de la parte expositiva de la presente decisión, este Consejo debe concluir que, en relación con la materia objeto de la presente solicitud de información, sólo obra en poder del órgano reclamado un solo estudio respecto de la Red Asistencial de Salud de la Región de Tarapacá, el que fue elaborado por el propio SII, y no fue encomendado a terceros. En consecuencia, este Consejo no se pronunciará respecto de lo requerido en el numeral iii del literal c), ni en literal d) de la solicitud de información, por cuanto dichos requerimientos suponían que existieran estudios sobre la Red Asistencial de Salud de la Región de Tarapacá, elaborados por terceros ajenos al órgano reclamado, lo que en la especie no aconteció.

4) Que el estudio o informe que obra en poder del SSI fue denegado en base a la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 Nº 1, letra a), de la Ley de Transparencia, atendido que, a juicio del SSI, éste revestiría importancia en la defensa del juicio que indica. Al respecto, el citado artículo dispone que será secreta o reservada aquella información cuya comunicación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente tratándose de “antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales”. Lo que ha sido desarrollado por el artículo 7°, letra b, del Reglamento de la Ley de Transparencia, indicando que dichos antecedentes comprenden, entre otros, “aquéllos destinados a respaldar la posición del órgano en una controversia de carácter jurídico”.

5) Que, en el caso que nos ocupa, efectivamente consta a este Consejo la existencia de un litigio pendiente entre la empresa Optimiza Asesores Consultores de Empresas Ltda. –cuyo mandatario y abogado patrocinante es precisamente el solicitante en el presente amparo–, que actúa como demandante, y el SSI, como parte demandada, litigio que actualmente se encuentra con la etapa probatoria vencida, habiéndose citado por el tribunal a las partes a oír sentencia . En la demanda interpuesta la citada empresa ha solicitado se declare la resolución del contrato que liga a Optimiza Asesores Consultores de Empresas Ltda. con el SSI, fundado en que se habría verificado la condición resolutoria tácita consistente en haberse incumplido la obligación de pago del saldo del precio por parte de la demandada, habiendo la demandante, por su parte, cumplido con sus obligaciones contractuales, más el pago de la correspondiente indemnización de perjuicios.

6) Que, sin perjuicio de encontrarse acreditada la existencia de un litigio pendiente, de acuerdo a los criterios sistematizados por este Consejo en su decisión de amparo Rol C729-12 , la causal de reserva alegada debe interpretarse de manera estricta, debiendo concluirse que la sola existencia de un juicio pendiente en que sea parte el órgano requerido no transforma a todos los documentos relacionados con él en secretos. En efecto, para que ello ocurra debe existir una relación directa entre los documentos o información que se solicita y el litigio que se sustancia y verificarse una afectación del debido funcionamiento del órgano en caso de revelarse aquéllos. Así, por ejemplo, se ha resuelto que:

a) Los documentos que dan cuenta de la estrategia jurídica del órgano reclamado, tales como minutas internas, informes técnicos o el expediente interno relativo al litigio, entre otros, son reservados por estimar que su comunicación afectaría la defensa jurídica en curso (decisión de amparo Rol C380-10, criterio ratificado en decisiones de amparos Roles C392-10, C648-10 y C787-10).

b) Los medios de prueba que el órgano pretende presentar en el juicio:

i. Son reservados de acreditarse la afectación señalada (p. ej., un Informe en Derecho) pero sólo hasta el vencimiento de las etapas probatorias respectivas, pues cerradas éstas ya no servirían a la defensa judicial del organismo (decisión de amparo Roles A68-09 y A293-09).

ii. Son públicos cuando no se acredita tal afectación, aunque con ello se persiga obstaculizar que la contraparte pruebe un hecho en un litigio pendiente (salvo que concurriese una causal de secreto diversa a ésta). En efecto, no puede admitirse que los juicios se resuelvan a favor del Fisco porque éste impida a sus contrapartes el acceso a información administrativa, ni mucho menos que esto fuera parte del “debido funcionamiento” estatal. Por el contrario, si de tales se deriva una condena fiscal el debido funcionamiento estatal deberá traducirse en la correspondiente reparación (decisión amparo A380-09).

7) Que, en la especie, y sin perjuicio que el estudio objeto de la presente solicitud de información, y que ha sido elaborado por el SSI, verse sobre la misma materia del estudio que debió haber sido elaborado por la empresa Optimiza en cumplimiento del contrato cuya resolución se demanda en el juicio respectivo, lo requerido en la especie no guarda relación directa con el juicio en cuestión, toda vez que la posterior realización de un estudio por parte del SSI de similar objeto al encargado por el contrato cuya resolución se demanda, no da cuenta de antecedentes relativos a la ejecución del contrato cuyo cumplimiento es controvertido entre las partes en juicio.

8) Que, en efecto, de acuerdo al contenido del estudio elaborado por el SSI –el que fuera informado a este Consejo en la gestión oficiosa descrita– no se desprende que éste pueda dar cuenta de la estrategia jurídica que dicho órgano pretende desplegar en el referido litigio, por cuanto el juicio en cuestión versa sobre la resolución de un contrato que no tiene por objeto el informe elaborado posteriormente por el Servicio. Además, la circunstancia eventual de que el informe solicitado pueda ser utilizado en el juicio para compararlo con aquél elaborado por Optimiza –el que, a juicio del órgano, no cumplió con lo estipulado en el respectivo contrato–, no justifica la denegación de su entrega, por cuanto, de acuerdo al criterio expuesto en la decisión de amparo A380-09, ya citado, si de la publicidad de determinada información resulta una condena fiscal, esto no constituye un antecedente suficiente para reservar la información en virtud de la causal de reserva alegada. Por lo tanto, este Consejo estima que, en el caso concreto, no se configura la causal de secreto o reserva alegada por el SSI, debiendo en consecuencia entregarse al requirente copia del estudio de la Red Asistencial de Tarapacá, elaborado por dicho órgano, como también de todos aquellos documentos que hayan servido de sustento o complemento directo y esencial para la elaboración del estudio cuya entrega ha sido denegada, conforme fuera requerido en el literal b) de la solicitud de información, y que obren en poder del servicio reclamado.

9) Que, en relación con lo requerido en el literal c) de la solicitud de información, esto es, descripción detallada de los procedimientos utilizados para la elaboración y recopilación de la información requerida, cabe tener presente lo señalado por este Consejo en la decisión de amparo Rol C533-09, en orden a que la información cuya entrega puede ordenar debe contenerse en “actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos” o en un “formato o soporte” determinado, no pudiendo requerirse la entrega de información que está en la “mente de la autoridad” o que resulta inexistente. En estos últimos casos, la solicitud no está cubierta por la Ley de Transparencia, sino que pasa a ser una manifestación del legítimo ejercicio del derecho de petición –establecido en el artículo 19 Nº 14 de la Constitución Política–, a tramitarse según las normas legales específicas que puedan existir o, en su caso, según las disposiciones de la Ley Nº 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos de los Órganos de la Administración del Estado, atendido su valor supletorio. En el presente caso, de conformidad con el criterio señalado, y analizado el requerimiento contenido en el literal c) de la solicitud, cabe concluir que dicha solicitud resulta objeto del derecho de acceso a la información, sólo en cuanto la descripción de dichos procedimientos sobre los que versa consten en algún antecedente escrito, en los términos ya señalados, no resultando aplicable, en la eventualidad de que exista dicha información, la causal de secreto alegada, por las mismas razones expuestas precedentemente.

10) Que, en particular, respecto de lo requerido en el numeral i del literal c) de la solicitud de información, y atendido lo informado por el SSI en la gestión oficiosa efectuada, este Consejo tiene por respondida la solicitud en esta parte, de manera extemporánea, conjuntamente con la notificación de la presente decisión. Por su parte, respecto del numeral ii del mencionado literal, conviene tener presente que gran parte de la información requerida es de aquella que, según el artículo 7º de la Ley de Transparencia, debe encontrarse disponible por transparencia activa, por lo que el SSI podrá dar cumplimiento a lo requerido indicando, con precisión, la fuente, el lugar y forma en que se puede tener acceso a dicha información, conforme al artículo 15 de la mencionada Ley. En efecto, sólo restaría por informar la nómina de funcionarios que participaron en la elaboración del respectivo estudio, como las horas destinadas a tal función, lo que no importa un costo excesivo para el organismo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger los amparos deducidos por don Jaime Arellano Quintana, en contra del Servicio de Salud de Iquique, por los fundamentos señalados precedentemente.

II. Requerir a la Sra. Directora del Servicio de Salud de Iquique:

a) Entregue al solicitante, indicando expresamente que las copias que se entreguen son fiel a su original o copia del documento tenido a la vista, conforme a punto 4.2 de la Instrucción General Nº 10 de este Consejo, la siguiente información:

i. Copia del estudio de la Red Asistencia de Salud de la Región de Tarapacá, elaborado por el SSI, como de todos aquellos documentos, que obren en su poder, y que hayan servido de sustento o complemento directo y esencial para su elaboración.

ii. Descripción detallada de los procedimientos utilizados en la elaboración del estudio a que se hizo mención en el numeral precedente, conforme al criterio expuesto en el considerando 8º de la presente decisión.

iii. Nómina de funcionarios que participaron en la elaboración del estudio en cuestión, y toda aquella otra información solicitada en el numeral ii. del literal c) de la solicitud de información, conforme al criterio expuesto en el considerando 10º de la presente decisión.

b) Cumplir el presente requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Agustinas Nº 1291, piso 6º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Jaime Arellano Quintana y a la Sra. Directora del Servicio de Salud de Iquique.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia, don Enrique Rajevic Mosler.