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Cristóbal Ríos con DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS (DGA) Rol: C6970-20

Consejo para la Transparencia, 23/02/2021

Se rechaza el amparo en contra de la Dirección General de Aguas (DGA), relativo a la entrega de los listados de los derechos de agua subterráneos y superficiales fiscalizados en los procesos de fiscalización por pago de patentes por no uso del derecho entre los años 2006 a 2019 correspondientes a los siguientes SHAC: Chicureo, Las Gualtatas, Lo Barnechea, Vitacura, Santiago Central, Cholqui, Laguna de Aculeo, Paine, Puangue Alto, Yali Medio, San Vicente, con los códigos de expedientes de los derechos, propietarios y caudales. Lo anterior, debido que la recopilación de la información requerida implica procesar datos disponibles en documentos del Servicio, construir una base de datos geoespacial y georreferenciar fiscalizaciones en que no existan dichas coordenadas, tratándose por tanto de un producto de información a pedido de características altamente demandantes, cuya elaboración implicaría que un funcionario dedicara un mínimo de 300 días laborales, por lo que, otorgar acceso a lo pedido conllevaría la distracción de los funcionarios de la DGA del cumplimiento habitual de sus funciones, con el evidente perjuicio del normal quehacer institucional de la Dirección General de Aguas. Sin perjuicio de lo anterior, se hace presente al reclamante que nada obsta que pueda formular nuevas solicitudes de acceso a la Dirección General de Aguas, que abarquen un universo más acotado de antecedentes, de forma que su satisfacción no entorpezca las funciones habituales del referido organismo. Asimismo, se recomienda al órgano reclamado adoptar las medidas necesarias y ajustes pertinentes, de forma tal de disponer de un mecanismo de gestión documental que facilite la búsqueda y sistematización de los antecedentes pedidos, de modo tal de hacer efectivo el ejercicio del derecho de acceso a información pública. El Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Bienes Públicos
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:



Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C6970-20

Entidad pública: Dirección General de Aguas (DGA)

Requirente: Cristóbal Ríos

Ingreso Consejo: 29.10.2020

RESUMEN

Se rechaza el amparo en contra de la Dirección General de Aguas (DGA), relativo a la entrega de los listados de los derechos de agua subterráneos y superficiales fiscalizados en los procesos de fiscalización por pago de patentes por no uso del derecho entre los años 2006 a 2019 correspondientes a los siguientes SHAC: Chicureo, Las Gualtatas, Lo Barnechea, Vitacura, Santiago Central, Cholqui, Laguna de Aculeo, Paine, Puangue Alto, Yali Medio, San Vicente, con los códigos de expedientes de los derechos, propietarios y caudales.

Lo anterior, debido que la recopilación de la información requerida implica procesar datos disponibles en documentos del Servicio, construir una base de datos geoespacial y georreferenciar fiscalizaciones en que no existan dichas coordenadas, tratándose por tanto de un producto de información a pedido de características altamente demandantes, cuya elaboración implicaría que un funcionario dedicara un mínimo de 300 días laborales, por lo que, otorgar acceso a lo pedido conllevaría la distracción de los funcionarios de la DGA del cumplimiento habitual de sus funciones, con el evidente perjuicio del normal quehacer institucional de la Dirección General de Aguas.

Sin perjuicio de lo anterior, se hace presente al reclamante que nada obsta que pueda formular nuevas solicitudes de acceso a la Dirección General de Aguas, que abarquen un universo más acotado de antecedentes, de forma que su satisfacción no entorpezca las funciones habituales del referido organismo. Asimismo, se recomienda al órgano reclamado adoptar las medidas necesarias y ajustes pertinentes, de forma tal de disponer de un mecanismo de gestión documental que facilite la búsqueda y sistematización de los antecedentes pedidos, de modo tal de hacer efectivo el ejercicio del derecho de acceso a información pública.

El Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.

En sesión ordinaria N° 1157 del Consejo Directivo, celebrada el 23 de febrero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6970-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 2 de septiembre de 2020, don Cristóbal Ríos solicitó a la Dirección General de Aguas la siguiente información: "Listados de los derechos de agua subterráneos y superficiales fiscalizados en los procesos de fiscalización por pago de patentes por no uso del derecho entre los años 2006 a 2019 correspondientes a los siguientes SHAC: Chicureo, Las Gualtatas, Lo Barnechea, Vitacura, Santiago Central, Cholqui, Laguna de Aculeo, Paine, Puangue Alto, Yali Medio, San Vicente. Solicito que el listado incluya códigos de expedientes de los derechos, propietarios y caudales. En el caso de haber información correspondiente al año 2020, solicito que se incluya".

2) RESPUESTA: El 16 de octubre de 2020, la Dirección General de Aguas respondió a dicho requerimiento de información indicando que la recopilación de lo requerido implicaría en la práctica la recopilación y el respectivo procesamiento de informes técnicos de verificación de derechos de aprovechamiento de aguas, informes técnicos de procesos de fiscalización, listado de derechos de aprovechamientos de aguas afectos al pago de patente por no uso de dos regiones del país, identificación y estandarización de coordenadas geográficas/UTM y finalmente una validación punto por punto con las áreas comprendidas en los denominados Sectores Hidrogeológicos de Aprovechamiento Común (SHAC) definidos por el Servicio e identificados en la solicitud de información; lo que en la práctica involucraría reasignar las funciones del personal especializado en estas materias del Departamento de Fiscalización de la Dirección General de Aguas por un tiempo estimado de 4 semanas. Asimismo, citan la causal de secreto o reserva del articulo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, el cual indica que se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información cuando ésta trate de "un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales."

3) AMPARO: El 29 de octubre de 2020, don Cristóbal Ríos dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director General de Aguas, mediante Oficio E19724 - 2020 de 11 de noviembre de 2020 solicitante que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; (3°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; (4°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida; (5°) indique si la publicidad de la información requerida, a su juicio, afecta derechos de terceros y, en la afirmativa, si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (6°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y en la afirmativa acompañe a este Consejo todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a los terceros, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y los antecedentes que den cuenta de la fecha en que ésta se presentó ante el órgano que usted representa; y, (7°) proporcione los datos de contacto de los terceros -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.

En respuesta, con fecha 16 de diciembre pasado, se recepcionó en este Consejo el Ord. DGA N° 610, de fecha 15 de diciembre de 2020, en el cual se hace presente que el requerimiento involucra la recopilación y el procesamiento de un gran volumen de documentos e información comprendida entre los años 2006 y 2020. En síntesis, indican:

- Se debe realizar un análisis manual de cada uno de los documentos denominados "Ficha de verificación", documento que corresponde a uno de los resultados de consultorías anuales realizadas por este Servicio de los procesos de verificación de derechos de aprovechamiento de aguas afectos al pago de patente por no uso. Posteriormente, se deberá confeccionar una base de datos para traspasar la información recopilada manualmente a un Sistema de Información Geográfico (SIG) y cruzar uno a uno con los límites de cada Sector Hidrogeológico de Aprovechamiento Común (SHAC) identificados por el requirente. Al respecto, se señala que la información solicitada en dichas consultorías se organiza a nivel comunal. En este punto, deben considerarse dos posibles limitantes a la recopilación y procesamiento: la primera, dice relación con la completitud de los datos previo al año 2013, frente a lo cual podrían enfrentarse a derechos de aprovechamiento de aguas sin coordenadas en la ficha de verificación, por lo que se deberá recurrir al acto constitutivo del citado derecho.

- Considerando lo expuesto, la actividad principal para dar respuesta a este requerimiento de información pública implica revisar unas 7.200 Fichas de Verificación (considerando aproximadamente 600 entre 2007 y 2017, y 300 entre 2017 y 2020). Adicionalmente, se deberán revisar las fichas de verificación generadas por las Direcciones Regionales de Aguas, las que no se encuentran sistematizadas para años anteriores.

- Además, se ha estimado un promedio de 20 minutos de revisión por cada Ficha de Verificación, para efectos de obtener las coordinadas geográficas, por lo que concluye que se requieren 144.000 minutos, sólo para analizar las fichas consultoras. Considerando la dedicación exclusiva de un funcionario/a, sus 8 horas diarias de trabajo, corresponden a 480 minutos, por lo que, para la revisión de las Fichas de Verificación, deberán destinarse 300 días laborales por persona. Aclaran que no es posible utilizar la información contenida en los listados de patente por no uso, puesto que el usuario solicita la información relativa a todos los derechos de aprovechamiento de aguas que fueron sometidos a verificación, y no sólo a aquellos que quedaron en el listado respectivo (puesto que, en dichos listados, sólo se registran aquellos que fueron sometidos a verificación, pero de los cuales no se encontró obra para su ejercicio).

- Señalan que la información se encuentra en formato digital y en papel , y dos actividades propias del organismo se verían afectadas, a saber: la validación y elaboración del listado de derechos de aprovechamiento de aguas afectos al pago de patentes por no uso que debe publicarse anualmente en el Diario Oficial el 15 de enero de cada año; y, la elaboración de los informes técnicos derivados de los recursos de reconsideración que los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas presentan en la DGA anualmente, los que aproximadamente corresponden a 300 presentaciones que deben ser resueltas por el Servicio durante el año calendario.

- Finalmente, recalcan que el requerimiento de información implica procesar datos disponibles en documentos del Servicio, construir una base de datos geoespacial y georreferenciar fiscalizaciones en que no existan dichas coordenadas. Por tanto, sostienen que se cumplen las condiciones establecidas en la letra c) del artículo 21 N° 1, de la Ley N° 20.285.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la denegación de la información solicitada referente a los listados de los derechos de agua subterráneos y superficiales fiscalizados en los procesos de fiscalización por pago de patentes por no uso del derecho entre los años 2006 a 2019 correspondientes a los siguientes SHAC: Chicureo, Las Gualtatas, Lo Barnechea, Vitacura, Santiago Central, Cholqui, Laguna de Aculeo, Paine, Puangue Alto, Yali Medio, San Vicente según detalle que indica. Asimismo, se requiere que el listado incluya códigos de expedientes de los derechos, propietarios y caudales. En el caso de haber información correspondiente al año 2020, solicita que se incluya.

2) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales.

3) Que, la reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, estipula que se podrá denegar la entrega de la información cuando su publicidad "afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido por tratarse de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado números de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus funciones habituales". Dicha norma ha sido desarrollada en el artículo 7 N° 1 letra c) del Reglamento de la citada ley, señalando que "(...) un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales".

4) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva señalada en el considerando anterior, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo, este criterio, la decisión de amparo rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información o el costo de oportunidad.

5) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales".

6) Que el órgano reclamado informó que, el requerimiento de información implica procesar datos disponibles en documentos del Servicio, construir una base de datos geoespacial y georreferenciar fiscalizaciones en que no existan dichas coordenadas, tratándose por tanto de un producto de información a pedido de características altamente demandantes, cuya elaboración implicaría que un funcionario dedicara un mínimo de 300 días laborales.

7) Que, de esta forma, se concluye que otorgar acceso a lo pedido conllevaría la distracción de los funcionarios del cumplimiento habitual de sus funciones, con el evidente perjuicio del normal quehacer institucional de la Dirección General de Aguas, en los términos previstos en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia. Razón por la cual, se rechazará el amparo, por concurrir la causal de secreto o reserva señalada. Lo anterior, en ejercicio de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33 letra j) de la ley citada.

8) Que, finalmente, se hace presente al reclamante que nada obsta que pueda formular nuevas solicitudes de acceso a la Dirección General de Aguas que abarquen un universo más acotado de antecedentes, de forma que su satisfacción no entorpezca las funciones habituales del referido organismo. Asimismo, se recomienda al órgano reclamado adoptar las medidas necesarias y ajustes pertinentes, de forma tal de disponer de un mecanismo de gestión documental que facilite la búsqueda y sistematización de los antecedentes pedidos, de modo tal de hacer efectivo el ejercicio del derecho de acceso a información pública.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Cristóbal Ríos, en contra de la Dirección General de Aguas, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Cristóbal Ríos y al Director General de Aguas.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Consejera doña Natalia González Bañados y su Consejero don Bernardo Navarrete Yáñez. La Presidenta doña Gloria de la Fuente González no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Se deja constancia que el Consejero don Francisco Leturia Infante, sin perjuicio de concurrir para formar quórum, en forma previa al conocimiento del presente caso, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el mismo, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido, en razón de mantener un vínculo de parentesco con el Sr. Subsecretario de Obras Públicas, al ser hermano de dicha autoridad; solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.