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Irene María Suazo Escobar con SUBSECRETARIA DEL INTERIOR Rol: C7672-20

Consejo para la Transparencia, 23/02/2021

Se acoge parcialmente el amparo en contra de la Subsecretaría del Interior, ordenándose la entrega de información sobre instructivo, matriz, memorándum, oficios y/o circular que instruyó método de evaluación a trabajadora social que se indica para realizar informes a todos los postulantes de pensión de gracia del año 2020. Lo anterior, por cuanto se trata de información de naturaleza pública, respecto de la cual, no se acreditó suficientemente la inexistencia esgrimida por el municipio requerido, respecto a la información solicitada, conforme al estándar fijado por esta Corporación en su Instrucción General N° 10, no advirtiéndose, además, la concurrencia de alguna causal de secreto o reserva que justifique la denegación de lo solicitado. No obstante lo anterior, en el evento en que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C7672-20

Entidad pública: Subsecretaría del Interior

Requirente: Irene María Suazo Escobar

Ingreso Consejo: 23.11.2020

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo en contra de la Subsecretaría del Interior, ordenándose la entrega de información sobre instructivo, matriz, memorándum, oficios y/o circular que instruyó método de evaluación a trabajadora social que se indica para realizar informes a todos los postulantes de pensión de gracia del año 2020.

Lo anterior, por cuanto se trata de información de naturaleza pública, respecto de la cual, no se acreditó suficientemente la inexistencia esgrimida por el municipio requerido, respecto a la información solicitada, conforme al estándar fijado por esta Corporación en su Instrucción General N° 10, no advirtiéndose, además, la concurrencia de alguna causal de secreto o reserva que justifique la denegación de lo solicitado.

No obstante lo anterior, en el evento en que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen.

La consejera doña Natalia González Bañados se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.

En sesión ordinaria N° 1157 del Consejo Directivo, celebrada el 23 de febrero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C7672-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 15 de octubre de 2020, doña Irene Suazo Escobar solicitó a la Subsecretaría del Interior, la siguiente información:

"1.- Copia del instructivo, matriz, memorándum, oficio, circular que instruyó el método de evaluación de postulación a la trabajadora social del DAS que indica, para realizar los informes a todos los postulantes de pensión de gracia 2020.

2.- Copia del modelo o formato de evaluación o matriz de los informes de evaluaciones realizado por la trabajadora social del DAS que se indica, para realizar los informes a todos los postulantes de pensión de gracia 2020.

3.- Copia del instructivo, matriz, memorándum, oficio, circular que instruyó a la trabajadora social que se indica, para realizar el informe socio económico por vía telefónica para realizar los informes a todos los postulantes de pensión de gracia 2020".

2) RESPUESTA: Mediante Ordinario N° 27.818 de fecha 10 de noviembre de 2020, la Subsecretaría requerida respondió el requerimiento de información y accedió a la entrega del instructivo de evaluación socioeconómica de los postulantes a pensión de gracia y el formato por el cual esta evaluación se materializa -adjuntándolos al efecto-. Por otra parte, informó que no existe un acto administrativo que instruya la realización de los informes socioeconómicos vía telefónica, cuestión directamente vinculada a la situación sanitaria en que se encuentra el país.

3) AMPARO: El 23 de noviembre de 2020, doña Irene Suazo Escobar dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta incompleta a su solicitud.

La reclamante hizo presente que no respondieron los puntos 1 y 2 de la solicitud de información, en circunstancias que el departamento de acción social DAS -en otros informes requeridos por trasparencia por otros particulares-, reconocen que ellos si trabajan con una matriz en el proceso de postulación a pensión de gracia.

4) PRESENTACIÓN DEL RECLAMANTE: Mediante correo electrónico de fecha 14 de noviembre de 2020, el peticionario, en relación a su solicitud de copia de matriz, instructivo, memorándum, oficio, circular que instruyo a la trabajadora social que indica para confeccionar y realizar informe socio económico por vía telefónica, advirtió que según la respuesta proporcionada por el organismo no existe matriz, circunstancia que se contradice con la respuesta -a otra solicitud que fuere realizada- mediante Oficio N° 18.078 de fecha 28 de junio de 2020 -que adjuntó al efecto-, en el cual se reconoce que el Departamento de Acción Social DAS, trabajan con matriz, adjuntando una planilla excel año 2018 -la cual remitió a este Consejo-.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario del Interior, mediante Oficio N° E20892 de fecha 11 de diciembre de 2020 solicitándole que: (1°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información; (2°) señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (5°) en caso de no existir inconvenientes para la entrega de la información pedida, se solicita la remisión de la misma a la parte recurrente con copia a este Consejo, a fin de evaluar el cierre del presente caso a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC). Lo anterior, dando aplicación de lo dispuesto en la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, al numeral 4.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo y a la Recomendación de esta Corporación sobre Protección de Datos Personales por parte de los Órganos de la Administración del Estado.

Al respecto, mediante correo electrónico de fecha 21 de diciembre de 2020, el órgano remitió Ordinario N° 30.321 con sus descargos en los siguientes términos:

Hizo presente que no obra en su poder lo requerido en el punto 3 de la solicitud, tal como da cuenta el certificado de búsqueda negativa de fecha 15 de diciembre de 2020, del Departamento de Acción Social, que adjuntó al efecto, así como tampoco existe la información pedida en el punto 1 del requerimiento.

Por otra parte, indicó que lo solicitado en el punto 2 del requerimiento, fue entregado con ocasión de su respuesta, siendo la única información que obra en su poder respecto de lo solicitado.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el objeto del presente amparo es la entrega de la información consignada en el numeral 1° de lo expositivo, sobre instructivo, matriz, memorándum, oficios y/o circular que instruyó método de evaluación a trabajadora social que se indica para realizar informes a todos los postulantes de pensión de gracia del año 2020 -así como para realizar el informe socio económico por vía telefónica-, y copia de formato de evaluación de dichos informes realizado por la trabajadora social que se indica, respecto de lo cual, la Subsecretaría reclamado adjuntó los antecedentes consignados en el numeral 2° de lo expositivo, y aclaró que corresponde a toda la información que obra en su poder.

2) Que, en relación a lo solicitado en los puntos 1 y 3 del requerimiento de información, la reclamada precisó con ocasión de sus descargos, que la información pedida es inexistente. Así, respecto de lo solicitado en el punto 3, adjuntó copia de certificado de búsqueda negativa emitido por el coordinador de la Unidad de Pensiones de Gracia del Departamento de Acción Social del organismo reclamado, en el cual se informó que en relación a la solicitud del instructivo, matriz, memorándum, oficios y/o circular que instruyó a trabajadora social que se indica para realizar informes socioeconómico por vía telefónica a todos los postulantes de pensión de gracia del año 2020, no existe tal documento que instruya a la realización de informes vía telefónica, sino que fue una instrucción que se dio de manera verbal dado el contexto de crisis sanitaria existente en el país, no existiendo un procedimiento establecido para la elaboración de informes sociales, y dado que la información que se buscaba recabar era posible efectuarla por vía telefónica, es que se optó por dicha vía.

3) Que, sobre la inexistencia esgrimida por la reclamada, cabe consignar que este Consejo ha sostenido reiteradamente en las decisiones de amparo Roles C1179-11, C409-13, C3691-17 y C3692-17, entre otras, que la inexistencia de la información solicitada constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder y debiendo acreditarla fehacientemente. (énfasis agregado).

4) Que, luego, según lo prescrito en el numeral 2.3. de la Instrucción General N° 10 de esta Corporación, "Si realizada la búsqueda, el órgano público constata que no posee la información deberá: (...) b) De no existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos pedidos, agotar todos los medios a su disposición para encontrar la información y, en caso de estimarse que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, instruir el correspondiente procedimiento sancionatorio. Si la información no fuere habida, deberá comunicarse esta circunstancia al solicitante, indicándole detalladamente las razones que lo justifiquen" (énfasis agregado).

5) Que, cabe tener presente además lo resuelto por este Consejo a partir de la decisión de amparo Rol C533-09. En dicha decisión, se resolvió que la información cuya entrega puede ordenar, debe contenerse "en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos" o en un "formato o soporte" determinado, según dispone el inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Transparencia. Por tal motivo, en relación a lo solicitado en el punto 3 de la solicitud de información, no resulta procedente requerir al órgano reclamado que haga entrega de información que, de acuerdo a lo aclarado por el mismo con ocasión de su respuesta y descargos, no obraría en su poder, toda vez que, conforme lo acredita el certificado de búsqueda negativa emitido por el Departamento de Acción Social de la reclamada, la instrucción realizada fue de manera verbal, no constando un procedimiento establecido en un instructivo para la realización de informes sociales por vía telefónica-. Por lo anterior, y atendida la falta de antecedentes suficientes en el procedimiento de acceso en análisis, que permitan desvirtuar lo expresado por el órgano requerido en esta sede, en cuanto a la inexistencia de la información en los términos pedidos, se rechazará el amparo en este punto.

6) Que, sin perjuicio de lo anterior, en relación a lo solicitado en el punto 1 del requerimiento, a juicio de este Consejo, el órgano reclamado, no ha dado cumplimiento al estándar de búsqueda de la información y acreditación de la inexistencia impuesto por la Instrucción General N° 10, de esta Corporación. En particular, la reclamada únicamente precisó que la información solicitada en inexistente, sin acompañar respecto a este punto en particular antecedentes suficientes que dieren cuenta de una gestión de búsqueda específica ni señalamiento de razones que justifiquen la inexistencia de lo solicitado. Por lo anterior, t tratándose de información de naturaleza pública al alero de los dispuesto en el inciso 2° del artículo 8° de la Constitución Política de la República, vinculada a la forma de tramitación del procedimiento que se indica, respecto de la cual no se alegó la concurrencia de causales de secreto o reserva que justifiquen la denegación de lo pedido, se acogerá el presente amparo en este punto, ordenándose la entrega de lo solicitado. No obstante, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen.

7) Que, en cuanto a lo pedido en el punto 2 de la solicitud de información, sobre copia de modelo o formato de evaluación o matriz de los informes de evaluaciones realizado por la trabajadora social que se indica para realizar los informes a todos los postulantes de pensión de gracia del año 2020, se advierte que, en su respuesta, la Subsecretaría reclamada remitió el formato de evaluación del informe social de pensión de gracias utilizado por la persona consultada -según lo aclarado por el organismo con ocasión de sus descargos- para realizar los informes de pensión de gracia consultados. En consecuencia, a juicio de este Consejo, los antecedentes remitidos permiten satisfacer el requerimiento en los términos consultados, por lo que se rechazará el amparo en este punto.

8) Que, por último, en virtud del principio de divisibilidad establecido en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia, en forma previa a la entrega de la información, el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, el numero de la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros, que pudieren estar contenidos en la información cuya entrega se ordena. Asimismo, el órgano reclamado deberá anonimizar los datos sensibles contenidos en la información solicitada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por doña Irene María Suazo Escobar, en contra de la Municipalidad de Villa Alegre, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Subsecretario del Interior, lo siguiente;

a) Entregue a la reclamante la información solicitado en el punto 1 del requerimiento de información consignado en el numeral 1° de lo expositivo, sobre instructivo, matriz, memorándum, oficios y/o circular que instruyó método de evaluación a trabajadora social que se indica para realizar informes a todos los postulantes de pensión de gracia del año 2020, en la forma señalada en el considerando 8° del presente acuerdo.

No obstante lo anterior, en el evento en que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Irene María Suazo Escobar y al Sr. Subsecretario del Interior.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. La Presidenta doña Gloria de la Fuente González no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Se deja constancia que la Consejera doña Natalia González Bañados, sin perjuicio de concurrir para formar quórum, en forma previa al conocimiento del presente caso, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el mismo, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido, solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.