logo
 

Tania Contreras Aranda con GENDARMERÍA DE CHILE Rol: C6979-20

Consejo para la Transparencia, 09/03/2021

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de Gendarmería de Chile, referido a traslado de reos producto de la pandemia según indica. Lo anterior, por cuanto se trata de información estadística de naturaleza pública, respecto de la cual se descartó la hipótesis de distracción indebida y la afección a los derechos cautelados por la ley 20.584. Asimismo, se rechaza el amparo respecto de los traslados regionales que indica. Lo anterior, por cuanto la respuesta entregada por la reclamada permite satisfacer el requerimiento de acceso a la información.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C6979-20

Entidad pública: Gendarmería de Chile

Requirente: Tania Contreras Aranda

Ingreso Consejo: 29.10.2020

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de Gendarmería de Chile, referido a traslado de reos producto de la pandemia según indica.

Lo anterior, por cuanto se trata de información estadística de naturaleza pública, respecto de la cual se descartó la hipótesis de distracción indebida y la afección a los derechos cautelados por la ley 20.584.

Asimismo, se rechaza el amparo respecto de los traslados regionales que indica.

Lo anterior, por cuanto la respuesta entregada por la reclamada permite satisfacer el requerimiento de acceso a la información.

En sesión ordinaria N° 1163 del Consejo Directivo, celebrada el 9 de marzo de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6979-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 18 de agosto de 2020, doña Tania Contreras Aranda solicitó a Gendarmería de Chile la siguiente información: "Copia de los documentos que contengan el número de internas e internos que han sido trasladados, producto de la pandemia, a otros centros penales del país, con el desglose de los centros de origen y de destino, el motivo del traslado, si a estos se les había aplicado el test PCR COVID-19 previo al cambio y con qué resultado, desde marzo a agosto de 2020, ambos meses incluidos".

2) PRORROGA DE PLAZO: Mediante Carta NUM 4274, de 15 de septiembre de 2020, el órgano notificó a la parte solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en 10 días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia.

3) RESPUESTA: Mediante Carta N° 4688/20, de 13 de octubre de 2020, el órgano reclamado otorgó una respuesta al requerimiento, en ella señala que, a excepción de la Región del Maule, a la cual se trasladó una persona privada de libertad, producto de la pandemia (se le aplicó el examen P.C.R, saliendo este negativo), no se registran traslados producto de la pandemia en las restantes regiones.

En cuanto a la Región Metropolitana adjunta las planillas del traslado de las Unidades Penales, en relación a dicha información, indica que no es posible determinar si efectivamente todos o parte de los traslados se efectuaron por efectos del COVID, pues los tribunales ordenan un determinado traslado, pero no necesariamente señalan el motivo de estos, en razón de ello, los casos en los cuales se efectuó el traslado por descongestión puede o no ser producto de la pandemia y en consecuencia se desconoce si se les realizó el examen P.C.R.

Además, indica que revisar cada ficha clínica de las personas privadas de libertad que fueron trasladas en el periodo solicitado, configura la causal de secreto y reserva establecida en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, aquello por el elevado número de ficha que habría que revisar para efecto de conocer si se aplicó el examen PCR y el resultado de éste.

4) AMPARO: El 29 de octubre de 2020, doña Tania Contreras Aranda dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en respuesta incompleta o parcial a su requerimiento. Además la reclamante hizo presente que:" solicitó el número de traslados, en el contexto de la pandemia, durante el último año en todo Chile. Sin embargo, le enviaron solo los traslados (por diversos motivos) que fueron realizado al interior de la Región Metropolitana y no a regiones, mostrando una clara inconsistencia en aquellas cifras que existen y aquellas que no. Además, señalaron que "no hay registros de traslados producto de la pandemia" en regiones, lo cual le consta que es falso. Por otra parte, expresa que solicitó saber si en aquellos traslados se efectuó el examen PCR, datos que le fueron negados".

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional Gendarmería de Chile, mediante Oficio N° E19966, de 13 de noviembre de 2020, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; (3°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; (4°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida; (5°) indique si la publicidad de la información requerida, a su juicio, afecta derechos de terceros y, en la afirmativa, si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (6°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y en la afirmativa acompañe a este Consejo todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a los terceros, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y los antecedentes que den cuenta de la fecha en que ésta se presentó ante el órgano que usted representa; y, (7°) proporcione los datos de contacto de los terceros -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.

Mediante ORD. N° 14.00.00. 1515/20, de 4 de diciembre de 2020, el órgano reclamado hace llegar sus descargos a este Consejo, señalando, en síntesis, que en su respuesta dio cumplimiento cabal a la solicitud de información, indicando el número de traslados regionales, señalando que respecto a la Región Metropolitana, establecer si efectivamente todo o parte de los traslados se efectuaron por efecto del Covid, no es posible determinarlo, ya que, por ej. el Tribunal ordena un determinado traslado pero no necesariamente va a decir si es o no por motivo de la Pandemia. Así también, en aquellos casos en que se produzca un traslado por descongestión, podría ser que es por motivo de la pandemia y/o porque es necesario habilitar dependencias para otros fines. En ese entendido, la información no está sistematizada en los términos requeridos para esa región y para conocer si se les aplicó a los más de 184 internos trasladados de esa región el examen PCR, es necesario revisar cada una de las fichas clínicas de las personas privadas de libertad que fueron trasladadas, lo que implicaría perder la cadena de custodia de la información médica que se encuentra protegida por la ley 20.584, por lo que procede la reserva de la información por la causal del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en respuesta incompleta a la solicitud de información sobre los traslados de internos e internes producto del COVID-19, en el periodo que indica, por cuanto no se habría entregado la información correspondiente a las regiones ni respecto de la aplicación del examen PCR.

2) Que, al respecto, la reclamada, tanto en su respuesta, como en los descargos evacuados ante esta sede, señaló respecto de los traslados regionales, que no hubo traslados de internos producto de la pandemia, a excepción de la Región del Maule en donde hubo un traslado, aplicándose PCR, el cual resultó negativo.

3) Que, a juicio de esta Corporación, la respuesta entregada por la reclamada permite satisfacer el requerimiento de acceso a la información, por cuanto se señala claramente que solo se realizó un traslado regional producto de la pandemia, cuyo PCR arrojó resultado negativo. En razón de lo anterior, se rechazará el amparo en cuanto a este punto.

4) Que, en cuanto a los traslados realizados en la Región Metropolitana, la reclamada aportó planillas de traslado entre las unidades penales, señalando que determinar si dichos traslados se produjeron por efecto de la Pandemia por Covid-19, es imposible, por cuanto ello implicaría la revisión de las fichas médicas de los internos, lo que vulneraría la cadena de custodia de la información médica que se encuentra protegida por la ley 20.584, por lo que reserva la información por la causal del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, ya que la revisión de cada una de las fichas médicas correspondientes a los 184 traslados efectuados requeriría de un elevado número de actos administrativos (búsqueda de expedientes, análisis, análisis del resultado del examen, afectación de derechos de terceros, etc.), por tanto, dedicación exclusiva de personal para estos fines.

5) Que, en cuanto a la hipótesis de reserva alegada por el órgano reclamado, cabe tener presente que dicha causal permite reservar aquella información referida a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. En tal sentido, el artículo 7° numeral 1° letra c) del Reglamento de la citada ley precisa, que se distrae a los funcionarios de sus funciones cuando la satisfacción de un requerimiento requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales.

6) Que, respecto de la interpretación de la causal en comento, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que: «la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado». Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras circunstancias. En la especie, éste no ha sido precisamente el estándar demostrado por el órgano reclamado.

7) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que «la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones..., mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales» (énfasis agregado).

8) Que, de acuerdo a lo anterior, esta Corporación debe analizar la naturaleza, origen y volumen de la información requerida. En este sentido, analizadas las alegaciones del órgano se advierte que, sus fundamentos no resultan suficientes para acreditar el supuesto establecido en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, como se señalará a continuación. Sobre el particular, se debe hacer presente que la materia requerida corresponde a información de tipo estadístico.

9) Que, en efecto, en el presente caso, si bien, el órgano indicó el volumen específico de la información solicitada, a saber, la revisión de 184 fichas clínicas, este Consejo estima que tal cantidad resulta del todo prudente, más aún considerando la naturaleza de la información requerida, referida a datos meramente estadísticos. A su turno, a juicio de esta Corporación, contar con la información requerida debidamente sistematizada da cuenta de una debida diligencia del órgano.

10) Que, por su parte, con respecto a la publicidad de los antecedentes consultados, es menester tener presente que, éstos son de naturaleza pública, por tratarse de información puramente estadística y anonimizada, relativa a la Administración del Estado, la cual no permite identificar a personas determinadas, ni devela información relativa a su estado de salud. Al efecto, se trata de antecedentes que no están asociados a un titular -o paciente- identificado o identificable, en conformidad de lo establecido en el artículo 2° letra e) de la Ley sobre Protección de la Vida Privada. En tal sentido, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, dispone que: «Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen». Por consiguiente, tratándose de información meramente estadística y de naturaleza pública y no resultando suficientes las alegaciones de hecho efectuadas por el órgano reclamado para tener por configurada la hipótesis de reserva de distracción indebida ni la afectación a los derechos protegidos por la Ley 20.584, se acogerá el presente amparo, ordenándose la entrega de la información requerida, referida al número de traslados de internas e internos que han sido trasladados, producto de la pandemia, a otros centros penales del país, indicando si a estos se les aplicó el test PCR COVID-19 previo al cambio y con qué resultado, desde marzo a agosto de 2020, ambos meses incluidos, respecto de la Región Metropolitana.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por doña Tania Contreras Aranda, en contra Gendarmería de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile, lo siguiente;

a) Entregue al reclamante la información referida al número de traslados de internas e internos que han sido trasladados producto de la pandemia a otros centros penales del país, indicando si a estos se les aplicó el test PCR COVID-19 previo al cambio y con qué resultado, desde marzo a agosto de 2020, ambos meses incluidos, respecto de la Región Metropolitana.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Rechazar el amparo en cuanto a los traslados regionales, por cuanto la respuesta entregada por la reclamada permite satisfacer la solicitud de acceso a la información.

IV. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Tania Contreras Aranda y al Sr. Director Nacional Gendarmería de Chile.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.