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Daniel Quinteros Rojas con CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN (CORFO) Rol: C8025-20

Consejo para la Transparencia, 09/03/2021

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Corporación de Fomento a la Producción, referido a las grabaciones de audio de las reuniones de la Mesa para el Desarrollo de Zona Franca. Lo anterior, debido a que aquellas fueron grabadas con los celulares personales de funcionarios públicos, por lo que, los insumos y artículos personales de estos, no se encuentran subsumidos dentro del Principio de Publicidad y Transparencia de la Función Pública, consagrados en la Carta Magna y en la Ley de Transparencia, toda vez que no se configuran como actos administrativos, resoluciones, documentos o soportes análogos, emanados por parte de un órgano de la administración del Estado, sino que son una manifestación inherente de la vida privada del sujeto. Por tal motivo, dicho instrumento -y su contenido- no detenta la calidad de información pública, en los términos previstos en la Ley de Transparencia. Además, se rechaza el amparo respecto de documento con propuestas y/o diagnóstico, debido a que no se disponen de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, en orden a que aquel no obra en su poder en atención a que no fue elaborado en su oportunidad.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C8025-20

Entidad pública: Corporación de Fomento de la Producción (CORFO)

Requirente: Daniel Quinteros Rojas

Ingreso Consejo: 08.12.2020

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Corporación de Fomento a la Producción, referido a las grabaciones de audio de las reuniones de la Mesa para el Desarrollo de Zona Franca.

Lo anterior, debido a que aquellas fueron grabadas con los celulares personales de funcionarios públicos, por lo que, los insumos y artículos personales de estos, no se encuentran subsumidos dentro del Principio de Publicidad y Transparencia de la Función Pública, consagrados en la Carta Magna y en la Ley de Transparencia, toda vez que no se configuran como actos administrativos, resoluciones, documentos o soportes análogos, emanados por parte de un órgano de la administración del Estado, sino que son una manifestación inherente de la vida privada del sujeto. Por tal motivo, dicho instrumento -y su contenido- no detenta la calidad de información pública, en los términos previstos en la Ley de Transparencia.

Además, se rechaza el amparo respecto de documento con propuestas y/o diagnóstico, debido a que no se disponen de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, en orden a que aquel no obra en su poder en atención a que no fue elaborado en su oportunidad.

En sesión ordinaria N° 1163 del Consejo Directivo, celebrada el 9 de marzo de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C8025-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 7 de octubre de 2020, don Daniel Quinteros Rojas solicitó a la Corporación de Fomento de la Producción - en adelante también CORFO-, "respecto al trabajo desarrollado por este organismo público en el marco de la Mesa para el Desarrollo de Zona Franca (Iquique)", lo siguiente:

a) "Las 18 horas de grabación con propuestas y/o diagnóstico".

b) "El enlace web al que hace referencia el portal ("Todas las posiciones quedaron en acta y serán públicas a través de una próxima publicación en la web")".

c) "Actas de las dos sesiones ordinarias y cuatro reuniones de las "comisiones de Diagnóstico", de "Condiciones actuales del sistema", de "Condiciones relevantes hasta el 2030", y la de "Condiciones relevantes desde el 2030"."

d) "El documento de 600 páginas con propuestas y/o diagnóstico".

2) RESPUESTA: La Corporación de Fomento de la Producción mediante carta N° 564, de fecha 19 de noviembre de 2020, informó, en lo pertinente, que no pueden proporcionar lo pedido en el literal a) del requerimiento, debido a que las grabaciones solicitadas fueron realizadas con teléfonos celulares personales de los participantes, no teniendo el carácter de oficiales. Por su parte, sostuvo que no existe el informe consolidado de las propuestas y/o diagnósticos pedido en el literal d) de la presentación.

3) AMPARO: Con fecha 8 de diciembre de 2020, don Daniel Quinteros Rojas dedujo amparo a su derecho de acceso en contra de la Corporación de Fomento de la Producción fundado en la respuesta incompleta o parcial, pues no le proporcionado lo requerido en los literales a) y d) de la solicitud de información.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción mediante Oficio N° E21.243, de fecha 19 de diciembre de 2020, para que formule sus descargos y observaciones.

El órgano reclamado por medio de correo electrónico, de fecha 5 de enero de 2021, adjuntó escrito en el cual informó que la denominada "Mesa para el Desarrollo de la Zona Franca de Iquique", fue una instancia conformada a comienzos del año 2019, en la comuna de Iquique, con el objetivo de generar espacios de diálogo entre actores relevantes de la Región de Tarapacá; y que tenía por finalidad afrontar los desafíos y oportunidades de la ZOFRI, considerando los nuevos escenarios de renovación de la concesión y rediseño de su matriz productiva, que estaba basada en un enfoque inmobiliario, por otro de manufactura inteligente y la importancia en la circularidad económica de los procesos productivos actuales. Así, para generar estas instancias de diálogo, realizaron varias reuniones de las que levantaron actas, las que fueron entregadas al requirente, y en las que consta lo tratado en cada una de ellas.

Por su parte, en cuanto a las grabaciones solicitadas en el literal a) del requerimiento, sostuvo que éstas no se realizaron por su Dirección Regional de Tarapacá, por no contar con presupuesto para ello. Al respecto, sólo dispone de copia de 4 grabaciones sonoras o de audio intermitentes de las reuniones realizadas, no continuas entre sí, equivalente a aproximadamente a 6 horas de grabaciones, que fueron realizadas con los celulares personales de sus funcionarios, sin utilización de ningún recurso público y sin que existiera una obligación legal de efectuarlas, ni edición de las mismas, ya que la Mesa de Trabajo en cuestión era sólo para generar instancias de diálogo, sin facultades consultivas, liberatorias o resolutivas. Además, precisan que las conversaciones sostenidas en las referidas reuniones no han dado origen a una resolución u otro acto administrativo sobre la materia tratada, y que no hay constancia autorización de los intervinientes para su realización.

5) SOLICITUD DE COMPLEMENTACIÓN DE LOS DESCARGOS: Este Consejo por medio de correo electrónico de fecha 27 de enero de 2021, solicitó al órgano reclamado complementar sus descargos, de acuerdo con lo siguiente: Se refiera, específicamente a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada en la letra d) del requerimiento, considerando las alegaciones planteadas por el reclamante.

El órgano reclamado mediante correo electrónico de fecha 28 de enero de 2021, informó que "no existe un documento de 600 páginas que contenga las propuestas o diagnósticos de la Mesa en cuestión, lo anterior, porque no fue confeccionado".Y CONSIDERANDO:

1) Que el presente amparo se funda en la respuesta incompleta o parcial, circunscribiéndose el objeto de éste a lo pedido en los literales a) y d) del requerimiento. Al respecto el órgano reclamado alegó que la información reclamada, por una parte, es de naturaleza privada, por lo tanto, no es susceptible a ser requerida mediante el procedimiento dispuesto en la Ley de Transparencia; y, por otra, que el documento solicitado no obra en su poder.

2) Que, lo requerido en el literal a) de la solicitud, según lo informado por el órgano reclamado, corresponde a grabaciones sonoras o de audio intermitentes de las reuniones realizadas, no continuas entre sí, realizadas con los celulares personales de sus funcionarios, sin utilización de ningún recurso público y sin que existiera una obligación legal de efectuarlas. Además, sostienen que la Mesa de Trabajo en cuestión era sólo para generar instancias de diálogo, sin facultades consultivas o resolutivas, por lo que, conversaciones sostenidas en las referidas reuniones no dieron origen a una resolución u otro acto administrativo sobre la materia tratada, y que no hay constancia autorización de los intervinientes para su realización. De esta forma, consideran que dichos registros no estarían contemplados en los supuestos de publicidad establecidos por el ordenamiento jurídico.

3) Que, el artículo 8 de la Constitución Política de la República, dispone que "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen". Acto seguido, el artículo 5 de la Ley de Transparencia consigna que "En virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, (...)". En idéntico sentido, el artículo 10 de la Ley de Transparencia dispone que "El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos (...)".

4) Que, conforme al marco normativo precedentemente expuesto, esta Corporación advierte que los insumos y artículos personales de los funcionarios públicos, como lo son los archivos que se encuentren almacenados en los aparatos de telefonía celular de su propiedad, no se encuentran subsumidos dentro del Principio de Publicidad y Transparencia de la Función Pública, consagrados en la Carta Magna y en la Ley de Transparencia, toda vez que no se configuran como actos administrativos, resoluciones, documentos o soportes análogos, emanados por parte de un órgano de la administración del Estado, sino que son una manifestación inherente de la vida privada de estos. Por tal motivo, dicho instrumento -y su contenido- no detenta la calidad de información pública, en los términos previstos en la Ley de Transparencia.

5) Que, en cuanto a la utilización de teléfonos celulares personales de los funcionarios públicos para la elaboración de información pública, cabe hacer presente lo razonado en el dictamen N° 35.523, del año 2016 de la Contraloría General de la República, en orden a que aceptar la utilización de aquellos "importaría que fuera de cargo del empleado mantener a disposición de la Administración un bien de su patrimonio -en la especie, un teléfono celular habilitado con redes sociales-, lo que produciría un enriquecimiento sin causa para el Fisco, ya que un desembolso de tal naturaleza sería a consecuencia del cumplimiento de una función pública y no de un acto personal y voluntario del afectado, acorde con el criterio que se desprende de los dictámenes Nos 32.808 y 99.140, ambos de 2015, de esta Entidad Fiscalizadora". En un sentido similar, se resuelve dictamen N° 59.711, del año 2016, que señala "en cuanto al uso del teléfono celular personal de los funcionarios como medio de comunicación institucional, esta Contraloría General cumple con hacer presente que en conformidad con lo indicado en el dictamen N° 43.233, de 2015, entre otros, se puede acudir al uso de tecnologías de la información para apoyar la labor administrativa, lo que encuentra su fundamento en los principios de eficiencia y eficacia antes mencionados. No obstante lo expresado, las comunicaciones a los servidores de un determinado organismo público se deben realizar a través de medios y mecanismos institucionales, sin que sea exigible a los respectivos funcionarios disponer al efecto de un bien de su patrimonio, como es el caso de un teléfono móvil particular (aplica criterio contenido en el dictamen N° 35.523, de 2016)".

6) Que, por otra parte, y sin perjuicio de que la información solicitada de naturaleza privada pueda obrar eventualmente en poder del órgano reclamado, y se genere presumiblemente en el ámbito del ejercicio de la función pública, es susceptible de ser reservada, en aplicación de la hipótesis de reserva prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Al efecto, su divulgación puede afectar el derecho a la privacidad de sus titulares, en tal sentido, es menester señalar que el Estado está al servicio de la persona humana y tiene el deber de respetar y promover los derechos fundamentales que emanan de su propia naturaleza, como lo señala expresamente la Constitución Política en sus artículos 1°, inciso cuarto, y 5, inciso segundo, sea que esos derechos se encuentren expresamente fijados en la Carta Fundamental, o bien, que se establezcan en los tratados internacionales, aprobados por Chile y que se encuentren vigentes. Así, el numeral 4 del artículo 19 de la Constitución, asegura a todas las personas el respeto y protección a la vida privada de sí misma y de su familia, y, asimismo, la protección de sus datos personales; mientras que los artículos 17 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y 11.2. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en términos similares indican que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación, agregando que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

7) Que, en el ámbito de la doctrina comparada se ha señalado que "la existencia de una esfera privada, en la que los demás (poderes públicos o particulares) no pueden entrar sin el consentimiento de la persona, no implica solo un reconocimiento del altísimo valor que tiene la faceta privada de la vida humana, sino que constituye también una garantía básica de libertad: en un mundo donde toda la actividad de los hombres fuera pública, no cabría la autodeterminación individual. El constitucionalismo, así, exige diferenciar entre las esferas pública y privada y, por tanto, entre lo visible y lo reservado" (Diez - Picazo, Luis, Sistema de Derechos Fundamentales, Editorial Aranzadi S.A., Navarra, 2008, p.297). De la misma forma y desde la óptica del derecho a la intimidad, se ha definido a ésta como "el derecho a no ser molestado, y a guardar la conveniente reserva acerca de los datos de una persona que ésta no quiere divulgar. Es el derecho a mantener una vida privada sin interferencias de otras personas ni del Estado" (Balaguer C., Francisco et. al, Derecho Constitucional, Volumen II, Editorial Tecnos, Madrid, 1999, p.102). Por último, se ha afirmado que: "sí hay acuerdo en que el derecho a la intimidad consiste en el derecho a disfrutar de determinadas zonas de retiro y secreto de las que podemos excluir a los demás" (Pérez Royo, Javier; Curso de Derecho Constitucional, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Políticas S.A., Madrid, 2000, p.395).

8) Que, de esta forma, se rechazará el amparo en este literal, por no constituir los antecedentes pedidos información pública, si no de naturaleza privada cuya divulgación puede afectar los derechos de sus titulares en los términos señalados en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 19 N° 4 de Constitución Política de la República y en la ley N° 19.628.

9) Que en cuanto a lo pedido en el literal d) de la presentación, el órgano reclamado alegó que aquello no obra en su poder, al respecto cabe hacer presente que la inexistencia de la información es una circunstancia de hecho, cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. Esta alegación debe ser fundada, indicando en forma clara el motivo por el cual ésta no obra en su poder, y debe ser acreditada en forma fehaciente. En la especie, la CORFO sostuvo que no cuentan con el documento solicitado puesto que aquel no fue confeccionado.

10) Que, en consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, que establece que sólo será pública la información que efectivamente obre en poder de los órganos de la Administración, no pudiendo requerirse la entrega de aquella inexistente. De esta forma, sin que se dispongan de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de la sostenida por CORFO en orden a que no elaboraron el documento pedido, se rechazará el presente amparo en este literal.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo interpuesto por don Daniel Quinteros Rojas en contra de la Corporación de Fomento de la Producción, por no constituir información pública en los términos dispuestos en la Constitución Política de la República y en la Ley de Transparencia y por no obrar en poder del órgano reclamado, respectivamente, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente.

II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Daniel Quinteros Rojas y al Sr. Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Javier Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.