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Lucas Cifuentes Espinoza con DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS (DGA) Rol: C6963-20

Consejo para la Transparencia, 02/03/2021

Se rechaza el amparo interpuesto en contra de la Dirección General de Aguas, referido a la entrega del listado de los derechos de agua subterráneos y superficiales fiscalizados en los procesos de fiscalización por pago de patentes por no uso del derecho entre los años 2006 a 2020, correspondientes a una serie de Sectores Hidrogeológicos de Aprovechamiento Común. Lo anterior, por configurarse la causal de reserva invocada de distracción indebida de los funcionarios del órgano reclamado, atendido el volumen y naturaleza de la información solicitada, los que hacen razonable concluir la necesidad de destinar un número considerable de horas de trabajo de los funcionarios en las labores de identificación y sistematización de los antecedentes requeridos. Se recomienda al órgano reclamado implementar las mejoras necesarias en sus procesos que le permitan proporcionar antecedentes como los requeridos sin distraer indebidamente a sus funcionarios, ello, en virtud de los principios de máxima divulgación y facilitación, consagrados en la Ley de Transparencia. El Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Bienes Públicos
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Inhabilitación)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C6963-20

Entidad pública: Dirección General de Aguas

Requirente: Lucas Cifuentes Espinoza

Ingreso Consejo: 28.10.2020

RESUMEN

Se rechaza el amparo interpuesto en contra de la Dirección General de Aguas, referido a la entrega del listado de los derechos de agua subterráneos y superficiales fiscalizados en los procesos de fiscalización por pago de patentes por no uso del derecho entre los años 2006 a 2020, correspondientes a una serie de Sectores Hidrogeológicos de Aprovechamiento Común.

Lo anterior, por configurarse la causal de reserva invocada de distracción indebida de los funcionarios del órgano reclamado, atendido el volumen y naturaleza de la información solicitada, los que hacen razonable concluir la necesidad de destinar un número considerable de horas de trabajo de los funcionarios en las labores de identificación y sistematización de los antecedentes requeridos.

Se recomienda al órgano reclamado implementar las mejoras necesarias en sus procesos que le permitan proporcionar antecedentes como los requeridos sin distraer indebidamente a sus funcionarios, ello, en virtud de los principios de máxima divulgación y facilitación, consagrados en la Ley de Transparencia.

El Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.

En sesión ordinaria N° 1161 del Consejo Directivo, celebrada el 2 de marzo de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6963-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 15 de septiembre de 2020, don Lucas Cifuentes Espinoza solicitó a la Dirección General de Aguas (DGA), la siguiente información:

"Listados de los derechos de agua subterráneos y superficiales fiscalizados en los procesos de fiscalización por pago de patentes por no uso del derecho entre los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 correspondientes a los siguientes SHAC: TilTil, Chacabuco Polpaico, Lampa, Colina Inferior, Colina Sur, Colina Superior, Santiago Norte, Pirque, Puangue Alto, Puangue Medio, Puangue Bajo, La Higuera, Melipilla, El Monte Nuevo, Popeta, San Pedro, Yali Bajo el Prado, Estero Alhué, Yali Alto, Buin, Estero El Manzano, Río Maipo, Río Colorado, Río Yeso, Río Olivares, Río Colorado Alto, Río Volcán, Río Maipo Alto. Pido acceso al listado total de los derechos fiscalizados, no al listado de derechos afectos al pago de patente por no uso. Solicito que el listado incluya códigos de expedientes de los derechos, propietarios y caudales. En el caso de haber información correspondiente al año 2020, solicito que se incluya".

Agregó en sus Observaciones: "Los documentos se piden conforme al Principio de Divisibilidad, contenido en la Ley 20.285, para que se tarjen o editen los datos que eventualmente debiesen mantenerse bajo reserva según el artículo 21 de la misma ley. Se pide, asimismo, bajo el Principio de la Oportunidad, del mismo cuerpo legal, para que en caso de pedir una rectificación de la solicitud, requerir el pronunciamiento de terceros o darle traslado a otra entidad pública, se haga con la máxima celeridad a objeto de evitar trámites dilatorios. Por último, los documentos se solicitan teniendo en cuenta que de manifestarse la oposición de un tercero, para que esta proceda debe estar fundada en una de las causas de reserva contenidas en el artículo 21 ya citado".

2) PRÓRROGA DE PLAZO: Por oficio de fecha 15 de octubre de 2020, el órgano notificó a la parte solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en 10 días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia.

3) RESPUESTA: El 28 de octubre de 2020, a través de Resolución DGA N° 1953, la Dirección General de Aguas respondió al requerimiento, denegando el acceso a la información, al invocar la causal de reserva o secreto del artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, indicando que la solicitud requiere la recopilación y el procesamiento de un gran volumen de información comprendida entre los años 2006 al 2020, labores que, en la práctica, involucrarán: informes técnicos de verificación de derechos de aprovechamiento de aguas, informes técnicos de procesos de fiscalización, listados de derechos de aprovechamientos de aguas afectos al pago de patente por no uso de dos regiones del país, identificación y estandarización de coordenadas geográficas UTM y, finalmente, una validación punto por punto con las áreas comprendidas en los denominados Sectores Hidrogeológicos de Aprovechamiento Común (SHAC) definidos por el Servicio e identificados en la solicitud de información, cuando estos se encuentren delimitados. Lo anterior, involucraría en la práctica reasignar las funciones del personal especializado en estas materias del Departamento de Fiscalización de la Dirección General de Aguas por un tiempo estimado de 4 semanas, por lo que, la solicitud debe ser denegada.

4) AMPARO: El 28 de octubre de 2020, don Lucas Cifuentes Espinoza dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director General de Aguas, mediante Oficio E19816, de 13 de noviembre de 2020, solicitando que: (1°) señale las razones por las cuales la solicitud de información no habría sido atendida oportunamente, toda vez que la respuesta se habría notificado una vez vencido el plazo legal; (2°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (3°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; (4°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; y, (5°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida.

Mediante Ord. DGA N° 607, del 11 de diciembre de 2020, el órgano reclamando formuló descargos, en los que, en síntesis, manifiesta que, de acuerdo a los registros de la plataforma de atención ciudadana del Ministerio de Obras Públicas, la solicitud fue atendida dentro de plazo legal, ya que, el plazo original de respuesta vencía el 15 de octubre de 2020, siendo prorrogado por diez días hábiles, emitiendo respuesta con fecha 28 de octubre de 2020, dentro de plazo legal, según se desprende de bitácora de la plataforma de atención ciudadana que inserta.

Luego, respecto de la causal de reserva o secreto invocada, explica que el requerimiento involucra la recopilación y el procesamiento de un gran volumen de documentos e información comprendida entre los años 2006 al 2020. En términos específicos las labores que se requieren realizar para acceder a lo solicitado son las siguientes:

1.- Se debe realizar un análisis manual de cada uno de los documentos denominados "Ficha de verificación"; que corresponden a uno de los resultados de consultorías anuales realizadas por el Servicio de los procesos de verificación de derechos de aprovechamiento de aguas afectos al pago de patente por no uso. El objetivo de este análisis será el extraer las coordenadas geográficas o UTM de cada punto de fiscalización verificado.

2.- Posteriormente, se deberá confeccionar una base de datos para traspasar la información recopilada manualmente a un Sistema de Información Geográfico (SIG) y cruzar uno a uno con los límites de cada Sector Hidrogeológico de Aprovechamiento Común (SHAC) identificados por el requirente. Al respecto, la información solicitada en dichas consultorías se organiza a nivel comunal. En este punto, deben considerarse dos posibles limitantes a la recopilación y procesamiento: la primera, dice relación con la completitud de los datos previo al año 2013, frente a lo cual podríamos enfrentarnos a derechos de aprovechamiento de aguas sin coordenadas en la ficha de verificación, por lo que se deberá recurrir al acto constitutivo del citado derecho y, la segunda, es que existen, en un porcentaje menor, verificaciones que se realizan por los equipos regionales, por lo que se deberá rescatar información del Sistema de Seguimiento Documental (SSD) ministerial.

Considerando lo expuesto, la actividad principal para dar respuesta implica revisar unas 7.200 Fichas de Verificación (considerando aproximadamente 600 entre 2007 y 2017, y 300 entre 2017 y 2020). Adicionalmente, se deberán revisar las fichas de verificación generadas por las Direcciones Regionales de Aguas, las que no se encuentran sistematizadas para años anteriores.

Se ha estimado un promedio de 20 minutos de revisión por cada Ficha de Verificación, para efectos de obtener las coordenadas geográficas, por lo que, se requieren 144.000 minutos, sólo para analizar las fichas de las consultoras. Considerando la dedicación exclusiva de un funcionario, sus 8 horas diarias de trabajo, corresponden a 480 minutos, por lo que, para la revisión de las Fichas de Verificación, deberán destinarse 300 días laborales/persona.

Aclara que no es posible utilizar la información contenida en los Listado de Patente por no Uso, puesto que el usuario solicita la información relativa a todos los derechos de aprovechamiento de aguas que fueron sometidos a verificación, y no sólo a aquellos que quedaron en el Listado respectivo (puesto que, en dichos Listados, sólo se registran aquellos que fueron sometidos a verificación, pero de los cuales no se encontró obra para su ejercicio).

Paralelamente, a fin de realizar la revisión de las fichas provenientes de las Direcciones Regionales, se estiman al menos una semana de dedicación exclusiva de un funcionario para recopilar dicha información, y una semana más, para realizar el análisis que se requiere para la entrega.

Recalca que el requerimiento implica procesar datos disponibles en documentos del Servicio, construir una base de datos geoespacial y eventualmente georreferenciar fiscalizaciones en que no existan dichas coordenadas, tratándose por tanto de un producto de información a pedido de características altamente demandantes.

Por tanto, sostiene que se cumplen las condiciones establecidas en la letra c) del artículo 21, N° 1, de la Ley N° 20.285.

Agrega, que la entrega de la información afectará el normal cumplimiento de las labores que el Servicio debe realizar en materias de máxima relevancia, como son la supervisión de procesos de fiscalización a nivel nacional. La eventual elaboración de la información deberá ser abordada por el personal especializado en estas materias del Departamento de Fiscalización del Nivel Central.

Adicionalmente, existen dos actividades que se verán afectadas de acceder a la solicitud: a) la validación y la elaboración del listado de derechos de aprovechamiento de aguas afectos al pago de patentes por no uso que debe publicarse anualmente en el Diario Oficial el 15 de enero de cada año, de acuerdo a lo contemplado en el artículo 129 bis 7 del Código de Aguas; y, b) la elaboración de los informes técnicos derivados de los recursos de reconsideración que los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas presentan a la Dirección General anualmente, producto de la publicación del citado listado, los que aproximadamente corresponden a 300 presentaciones que deben ser resueltas por el Servicio durante el año calendario. Esta labor se encuentra considerada como uno de los indicadores del Servicio, asociados a incentivo del denominado Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG).

6) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: En sesión 1154 de 2 de febrero de 2021 el Consejo Directivo para los efectos de resolver acertadamente el presente amparo acordó solicitar a la reclamada lo siguiente:

a) Considerando que la información solicitada dice directa relación con el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras se le solicita detallar de manera pormenorizada de qué modo se acredita la necesidad de realizar el conjunto de actividades que ha indicado con el objeto de obtener los antecedentes requeridos. En este sentido se requiere además que ahonde en la procedencia de efectuar una revisión manual de la información incluso respecto de sus propias fiscalizaciones efectuadas en la actualidad.

b) Atendido que el requerimiento comprende información de años recientes a la solicitud informe los medios de que dispone para proporcionar antecedentes de un período más acotado de tiempo.

A través de correo electrónico de fecha 19 de febrero de 2021 el órgano reclamado informó lo siguiente:

a) Respecto de lo consultado en el literal a) precedente, aduce que el proceso de fiscalización tiene dos orígenes, que verifican las obras para los Listado de Patentes por no Uso que pueden generar un numeral. El primer origen es aquel que entrega la empresa consultora anualmente (que se licita) y del cual existe respaldo virtual; sin embargo, el segundo origen, corresponde a aquel que se incorpora mediante Informes Técnicos de las Direcciones Regionales o de Nivel Central o fichas de verificación, la que no se encuentra de manera digital, ni tampoco sistematizada en papel, pues se realizan a solicitud, mediante un recurso de reconsideración o en función de otras tramitaciones (incluso pueden realizarse con mucho tiempo de desfase, más de un año) y solo se encuentran en cada carpeta de tramitación, en formato papel. Por lo tanto, la primera dificultad que se provoca con este doble origen de la información, es que no la podemos entregar en su totalidad, sin primero buscar en cada carpeta en papel, y ello además se complejiza, porque podría no encontrarse la totalidad de las carpetas en papel de un año, pues, por espacio, pudo haberse enviado a bodega.

b) A lo anterior agrega que, como la solicitud señala que desea la información distribuida por SHAC (sector hidrogeológico de aprovechamiento común), dato que no se considera en las fichas de verificación, ya sea que estas provengan de la consultora o de las regiones, pues conforme lo disponen los artículos 129 bis 4, bis 5 y bis 6 del Código de Aguas, la información relevante para fijar el valor de la Patente por no Uso es la Región donde se ubica el Derecho de Aprovechamiento de Aguas. Luego, para efectos del 129 bis 19 también resulta relevante la comuna, pero en ningún caso resulta legalmente relevante el SHAC. Por lo tanto, se tendría que procesar cada ficha (ya sea que venga de la consultora o de las Direcciones Regionales) para extraer las coordenadas que se consignaron, y una a una identificar el SHAC en el que se encuentra. Para el caso de las Fichas de Verificación que vienen de las regiones, se requeriría buscar cada carpeta en papel, lo que tal como se mencionó anteriormente se visualiza altamente complejo.

c) En cuanto a la posibilidad de entregar información de un período más acotado de tiempo, precisa que la dificultad no es la data de la información, sino también, la manera en que solicita el usuario que se entregue, pues se requiere procesarla de un modo diferente al que se dispone; en ese sentido, no es posible entregar ningún año (ni próximo ni remoto) en el formato (distribuido por SHAC) sin que necesariamente se distraiga indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores. Sin embargo, es efectivo que respecto a los años más próximos si se tiene la información entregada por la consultora de manera digital y ordenada, por lo que sí es posible entregar los estudios completos de las consultoras, según estimamos nosotros, desde el 2015 en adelante. Pero se reitera, dicha información no es "la totalidad de las fiscalizaciones" ni esta "distribuida por SHAC".

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el objeto del presente amparo dice relación con la falta de entrega de la información requerida, correspondiente al listado de los derechos de agua subterráneos y superficiales fiscalizados por pago de patentes por no uso del derecho entre los años 2006 a 2020 correspondientes a los Sector Hidrogeológico de Aprovechamiento Común (SHAC). Por su parte, el órgano reclamado ha denegado el acceso a la información invocando la causal de reserva o secreto del artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.

2) Que, de acuerdo con el artículo 8, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que: "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo las excepciones legales.

3) Que, respecto de la concurrencia de la causal de secreto o reserva de distracción indebida de los funcionarios del órgano, este Consejo ha establecido que sólo puede configurarse, en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que suponen tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información o el costo de oportunidad, relación entre funcionarios y tareas.

4) Que, en dicho contexto, cabe considerar lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales".

5) Que, como se enunció, la solicitud de información recae sobre el listado de los derechos de agua subterráneos y superficiales fiscalizados por pago de patentes por no uso del derecho entre los años 2006 a 2020 correspondientes a una serie de SHAC. En este sentido, el órgano reclamado ha especificado que la actividad principal para dar respuesta a la solicitud implica revisar unas 7.200 Fichas de Verificación (cerca de 600 entre 2007 y 2017, y, 300 entre 2017 y 2020), junto con las fichas generadas por las Direcciones Regionales. Luego, estimando un promedio de 20 minutos de revisión por cada ficha, para efectos de obtener las coordenadas geográficas, se requerirían 144.000 minutos, sólo para analizar las fichas, lo que exigiría el trabajo exclusivo de un funcionario por 300 días laborales. Asimismo, con ocasión de la respuesta a la medida para mejor resolver dispuesta por este Consejo, el órgano reclamado reiteró las razones por las cuales resultaría indispensable efectuar una revisión manual de la información con el objeto de atender el requerimiento, agregando que, para el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras no se considera la información en el modo solicitado por el reclamante -distribuida por SHAC (sector hidrogeológico de aprovechamiento común)-sino que en atención a la comuna. De esta manera, proyectado el volumen y naturaleza de la información a todo el periodo consultado, resulta pertinente concluir que, en efecto, su ubicación y sistematización para su entrega, en los términos requeridos por el solicitante, pueden distraer indebidamente a los funcionarios del órgano, razón por la cual, se rechazará el amparo, por configurarse la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. Adicionalmente, cabe indicar que aquella información que el órgano reclamado informó que estaba en condiciones de proporcionar según los medios de que dispone, se aleja sustantivamente de la solicitud de acceso por lo que resultaría inoficioso ordenar su entrega.

6) Que, finalmente, atendida la facultad de formular recomendaciones que otorga a este Consejo el artículo 33, letra e), de la Ley de Transparencia, se recomienda al órgano trabajar en la implementación de las mejoras correspondientes en sus procesos y sistemas de tratamiento de la información, que le permitan identificar y extraer registros como los requeridos en la solicitud que dio origen al presente amparo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Lucas Cifuentes Espinoza en contra de la Dirección General de Aguas, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Recomendar al Sr. Director General de Aguas avanzar en la adopción de medidas tendientes a ajustar sus sistemas informáticos en materia de gestión documental y herramientas tecnológicas, que permitan la entrega de información pública de forma expedita y gratuita, facilitado así el ejercicio del derecho de acceso en favor de los ciudadanos respecto de aquellos antecedentes que obran en su poder.

III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Lucas Cifuentes Espinoza y al Sr. Director General de Aguas.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejero don Bernardo Navarrete Yáñez. Se deja constancia que el Consejero don Francisco Leturia Infante, en forma previa al conocimiento del presente caso, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el mismo, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido, en razón de mantener un vínculo de parentesco con el Sr. Subsecretario de Obras Públicas, al ser hermano de dicha autoridad; solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.