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Javiera Campos con COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO Rol: C6906-20

Consejo para la Transparencia, 02/03/2021

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Comisión para el Mercado Financiero, relativo a la entrega anonimizada de la base de datos utilizada para elaborar los informes de endeudamiento del año 2018 y 2019, que incluya el sexo, edad, comuna y región de los deudores. Al efecto se configura la distracción indebida alegada por el organismo; toda vez que la entrega de lo requerido implica la re-elaboración de las señaladas bases, las cuales se estructuran de 660 archivos recopilados de distintas entidades crediticias, de ahorro e inversión, y dicen relación esencialmente con un universo de información compuesto de antecedentes financieros y patrimoniales altamente sensibles. En tal sentido, y considerando especialmente la naturaleza de la información vinculada a la solicitud, se estima que ordenar a la recurrida la entrega de lo requerido, conlleva necesariamente destinar al personal especializado que refieren en dicha labor, a fin de revisar y compilar debidamente la información; y, posteriormente, efectuar la tarea de anonimización de datos de más de 5 millones de deudores de forma adecuada y efectiva; reduciendo en un 50% la capacidad de trabajo del personal señalado, por un lapso de tiempo considerable. Finalmente y sin perjuicio de lo anterior, el conjunto de actividades de procesamiento que el órgano debería efectuar a fin de proporcionar la información sin afectar los bienes jurídicos cautelados en su calidad de datos personales, no podrían garantizar con certeza la debida desvinculación de la información respecto de un titular determinado, y por ende no se podrá asegurar que la información no permita hacer identificable a una persona, en conformidad a lo dispuesto en el literal f) del artículo 2° de la ley N° 19.628.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:



Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C6906-20

Entidad pública: Comisión para el Mercado Financiero (CMF)

Requirente: Javiera Campos

Ingreso Consejo: 27.10.2020

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Comisión para el Mercado Financiero, relativo a la entrega anonimizada de la base de datos utilizada para elaborar los informes de endeudamiento del año 2018 y 2019, que incluya el sexo, edad, comuna y región de los deudores.

Al efecto se configura la distracción indebida alegada por el organismo; toda vez que la entrega de lo requerido implica la re-elaboración de las señaladas bases, las cuales se estructuran de 660 archivos recopilados de distintas entidades crediticias, de ahorro e inversión, y dicen relación esencialmente con un universo de información compuesto de antecedentes financieros y patrimoniales altamente sensibles.

En tal sentido, y considerando especialmente la naturaleza de la información vinculada a la solicitud, se estima que ordenar a la recurrida la entrega de lo requerido, conlleva necesariamente destinar al personal especializado que refieren en dicha labor, a fin de revisar y compilar debidamente la información; y, posteriormente, efectuar la tarea de anonimización de datos de más de 5 millones de deudores de forma adecuada y efectiva; reduciendo en un 50% la capacidad de trabajo del personal señalado, por un lapso de tiempo considerable.

Finalmente y sin perjuicio de lo anterior, el conjunto de actividades de procesamiento que el órgano debería efectuar a fin de proporcionar la información sin afectar los bienes jurídicos cautelados en su calidad de datos personales, no podrían garantizar con certeza la debida desvinculación de la información respecto de un titular determinado, y por ende no se podrá asegurar que la información no permita hacer identificable a una persona, en conformidad a lo dispuesto en el literal f) del artículo 2° de la ley N° 19.628.

En sesión ordinaria N° 1161 del Consejo Directivo, celebrada el 2 de marzo de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6906-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 20 de septiembre de 2020, doña Javiera Campos presentó ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el siguiente requerimiento:

"Solicito base de datos, en formato Excel, usadas para hacer los Informe de Endeudamiento del año 2018 y 2019. Esto lo solicito ya que no está en el sitio web. Se piden estos datos anonimizados, sin ningún dato personal y/o sensible. Indicar, en esta anonimización, sexo de la persona, edad, comuna, región".

2) RESPUESTA: Por medio de OFORD. N° 50870, de 19 de octubre de 2020, la Comisión para el Mercado Financiero, otorgó respuesta al requerimiento, en los siguientes términos:

- No resulta factible dar acceso a las bases de datos empleadas para elaborar los informes de endeudamiento 2018 y 2019. Lo anterior en consideración a que dicha base de datos incorpora información de aproximadamente 5 millones de deudores, incluyendo datos personales de cada individuo.

- Recopilar y anonimizar estos datos, que abarcan aproximadamente 200 GB, distraería indebidamente recursos institucionales tanto humanos como tecnológicos, los cuales actualmente se enfocan en desarrollar los programas de trabajo de la Intendencia de Regulación de Bancos e Instituciones Financieras de este Servicio, en el contexto de régimen de teletrabajo actual. Razón por la cual invocan la causal del artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia.

- A su vez, en el presente caso se configura la causal del artículo 21 N° 5 de la Ley de Ley de Transparencia, en relación con lo establecido en el artículo 28 del Decreto Ley N° 3.538, última disposición en virtud de la cual la Comisión, así como los comisionados, funcionarios y las personas que, a cualquier título, presten servicios a dicha entidad estarán obligados a guardar reserva acerca de los documentos y antecedentes de los que tomen conocimiento con ocasión del ejercicio de sus funciones, así como documentos, informes y antecedentes que elaboren, preparen o mantengan en su poder en el ejercicio de dichas funciones, siempre que éstos no tengan el carácter de públicos; precepto que tiene el rango de ley de quórum calificado de conformidad a lo establecido en el artículo 1° de las disposiciones transitorias de la Ley de Transparencia y a lo establecido en la disposición cuarta transitoria de la Constitución Política de la República.

- Sin perjuicio de lo expresado, informan que en los siguientes link y en la planilla Excel que adjuntan, podrá encontrar información pública con las tablas de endeudamiento del periodo 2019 .

3) AMPARO: El 27 de octubre de 2020, doña Javiera Campos dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa, en tal sentido expresa: "Pedí a la CMF los datos del estudio sobre endeudamiento en Chile del 2018 y 2019. Indican que distraería a funcionarios, ¿cómo hicieron el estudio sin una base de datos lista para el análisis? luego, indican que no pueden dar datos personales. Pedí los datos sin datos personales ni sensibles. Es cosa de quitar las variables con esas características. Citan el peso de la información, pueden comprar un pendrive y cobrármelo. O puedo ir con un disco duro. No se entiende la negativa de pasar los datos del endeudamiento en Chile en el año 2018 y 2019, sin datos personales y/o sensibles".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, mediante Oficio E19398, de 6 de noviembre de 2020.

Mediante Ord. N° 58627, de 24 de noviembre de 2020, el organismo reitera las causales alegadas, agregando:

- Los informes de endeudamiento corresponden a instrumentos que esta Comisión elabora de manera anual y que publica en su página web para conocimiento público. Dichos informes son elaborados de distintas bases de datos que se construyen sobre un total de 660 archivos de información que la CMF debe recibir de manera continua de sus entidades fiscalizadas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley General de Bancos, entre ellos: "información de ingresos de los deudores, instituciones, cartera y estado de deterioro de las deudas mantenidas por estos deudores, además de información obtenida a partir de convenios con otros organismos del estado como el Registro Civil y Servicio de Impuestos Internos, quienes han suscrito convenios para el uso de la información con esta Comisión y que sólo han autorizado su uso en razón de dichos convenios". En este contexto, dichos convenios contienen limitaciones al uso de información, estableciendo que aquella solo puede ser utilizada para los fines propios del acuerdo, debiendo mantener la confidencialidad de la misma, prohibiéndose un uso distinto y limitándose su divulgación solo a los funcionarios que tengan el deber de conocerla.

- Ahora bien, expresan que "la cantidad de archivos a revisar se debe a que el reporte de cada año requiere de la revisión de los datos de reportes de años anteriores, e implica el cruce de información de aproximadamente 10 tipos de archivos mensuales desde, en este caso, diciembre de 2014 hasta la fecha de corte (junio de cada año 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020), lo que corresponde aproximadamente a 66 periodos por cada tipo de archivo, es decir, un total de 660 archivos consistentes en cerca de 500 GB de información individual rutificada y que se genera para cada mes". A continuación, informan que las bases que se generan para la realización del reporte de cada año, no se mantienen como tales; una vez cumplido el objetivo de servir para la elaboración del informe de endeudamiento respectivo, y sin que exista obligación de conservarlas, éstas se eliminan dado su gran tamaño de almacenamiento y solo se conservan los archivos que les sirven de fundamento "documentos de programación", por lo que hacen presente que lo solicitado por la reclamante no obra en poder de la CMF en los términos solicitados, sino que tendría que re-elaborarse, cuyo resultado serían bases distintas a las originalmente creadas.

- Expresan que la generación de las bases de datos requeridas y que son necesarias para los informes de endeudamiento, se encuentran a cargo de su Unidad de Desarrollo de Mercado, compuesta por 4 analistas, quienes son los únicos que, en razón de las labores que desarrollan y su experiencia en la materia, se encuentran capacitados para re-elaborar aquellas bases. Al efecto, la revisión de 660 archivos que constituyen 500 GB de información, implicaría que 2 de los 4 analistas de la unidad mencionada trabajaran en la elaboración de la base requerida, por aproximadamente un mes, calculándose un gasto horario de 352 horas en ello, es decir, significaría reducir a un equipo al 50% de su capacidad por el periodo de un mes, lo cual constituye una evidente y flagrante afectación al debido funcionamiento de esta Comisión quién, en esas circunstancias, se vería impedida de realizar sus funciones regulares, que dicen relación con la generación de otros informes institucionales, respuestas a consultas coyunturales del Consejo u otras áreas de la CMF, evaluación de propuestas legales y normativas, estudios particulares asociados a la evolución de la industria, entre otras; sin contar el tiempo que implicaría luego de su re elaboración tarjar los datos personales contenidos en ellas; proceso que es de suma complejidad, atendido que se trata de información con tal nivel de detalle que la mera eliminación de nombres o RUT no permite anonimizar a las personas que figuran en dichas bases, por lo que lograr el anonimato constituye un ejercicio de extrema complejidad ya que implica desarmar la relación entre las distintas variables.

- El artículo 28 del decreto ley N° 3.538, cuerpo legal que fue reemplazado por la Ley N° 21.000 que crea la Comisión para el Mercado Financiero; si observamos la historia fidedigna de esta nueva ley, se estableció que la norma del artículo 28 fuera aprobada por el Congreso Nacional como una ley de quórum calificado, considerando la disposición cuarta transitoria de la Carta Fundamental y artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia. A su vez, el artículo 28 aludido establece una reserva de información respecto de documentos "(...) cuya divulgación pueda afectar el debido cumplimiento de sus funciones, así como los derechos a la intimidad, comerciales, económicos de las personas o entidades sujetas a su fiscalización, o que pudieren afectar la estabilidad financiera, en la medida que ella no tenga el carácter de público", ajustándose a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.

- Al efecto, el citado artículo 28, establece: "La Comisión, así como los Comisionados, funcionarios y las personas que, a cualquier título, presten servicios a dicha entidad estarán obligados a guardar reserva acerca de los documentos y antecedentes de los que tomen conocimiento con ocasión del ejercicio de sus funciones, así como documentos, informes y antecedentes que elaboren, preparen o mantengan en su poder o de los que hayan tomado conocimiento en el ejercicio de dichas funciones, siempre que éstos no tengan el carácter de públicos (...). La infracción de estas obligaciones se castigará con la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados y multa de diez a treinta unidades tributarias mensuales. Asimismo, dicha infracción dará lugar a responsabilidad administrativa y se sancionará con destitución del cargo (...) Sin perjuicio de los deberes de reserva de que trata este artículo, y con el objeto de velar por el cumplimiento de sus respectivas labores, la Comisión, el Banco Central de Chile y la Superintendencia de Pensiones podrán compartir cualquier información. Lo anterior no regirá tratándose de aquella información a que se refiere el inciso primero del artículo 154 del decreto con fuerza de ley N° 3, del Ministerio de Hacienda, de 1997, que fija el texto refundido, sistematizado y concordado de la Ley General de Bancos y de otros cuerpos legales que se indican, salvo lo dispuesto en el numeral 34 del artículo 5 de esta ley. Cuando la información compartida sea reservada, deberá mantenerse en este carácter por quienes la reciban".

- En este sentido, no hay norma alguna que permita desconocer o dejar sin efecto la aplicación de este precepto, la que no solo se traduce en un deber funcionario, sino que tiene por objetivo velar por el correcto funcionamiento, desarrollo y estabilidad del sistema financiero y órgano administrativo. Citan al efecto lo resuelto por la Excelentísima Corte Suprema, en sentencia de fecha 8 de mayo de 2020, dictada en causa ROL N° 13.182- 2013, considerandos 7° y 8°.

- En este caso, considerando la materia de que versa la información requerida (bases de datos con información personal) y la fuente desde la cual esta es obtenida (información recibida en virtud del cumplimiento de la función fiscalizadora de esta Comisión), la afectación del debido cumplimiento de las funciones de la Comisión y de derechos a la protección de la vida privada, económicos y comerciales de quienes son los titulares de la misma, con la divulgación de la información, resulta del todo evidente.

- En primer lugar, se afecta el debido funcionamiento de la CMF con la distracción de funcionarios por un lapso considerable, de acuerdo a lo ya expresado, pero, además, una de las funciones que la ley encomienda a esta Comisión cual es la de "(...) velar por el correcto funcionamiento, desarrollo y estabilidad del mercado financiero, facilitando la participación de los agentes de mercado y promoviendo el cuidado de la fe pública. Para ello deberá mantener una visión general y sistémica del mercado, considerando los intereses de los inversionistas, depositantes y asegurados, así como el resguardo del interés público." (Artículo 1° inciso 2° del D.L. N° 3538 de 1980, en su texto actual). Como se mencionó de manera previa, la información que contienen las bases de datos que se utilizan para generar los informes de endeudamiento contienen tal nivel de información que, aun cuando se eliminen aquellos datos como nombres, RUT, domicilios, etc., potencialmente mantendría su capacidad de identificar a los sujetos que en ellas figuran y, aun en el evento de que, luego del proceso de revisión de los datos, a efectos de anonimizarlos, obtengamos una base sin sujetos identificados o identificables, las bases permitirían generar distintos perfiles de endeudamiento, agrupando a los sujetos en razón de sus distintas características, lo cual reviste el riesgo cierto de influir en el mercado, siendo esto manifiestamente atentatorio contra la estabilidad del mercado financiero y la participación de sus agentes, así como de los intereses de las personas y del interés público.

- Por otra parte, y respecto de la afectación de derechos de terceros, como ya se ha hecho presente, la cantidad de información que contienen las mentadas bases de datos es de tal nivel de detalle y tal entidad que, aun cuando se eliminen los datos habitualmente considerados como "personales" se corre el riesgo de que los sujetos que figuran en ellas sigan siendo "identificables", por lo que su intimidad y sus derechos de carácter económico y comercial se verían manifiesta y flagrantemente afectados.

5) COMPLEMENTO DE DESCARGOS: Por medio de correo electrónico de fecha 15 de febrero de 2021, este Consejo solicitó a la CMF, complementar sus descargos, en orden a informar si obra en su poder algún documento que autorice -de proceder- o deje constancia de la eliminación de las bases de datos consultadas; y, en el evento de su reconstitución, describir el contenido de aquellas.

Por correo electrónico de fecha 17 de febrero de 2021, el organismo, señaló lo siguiente:

- Respecto al documento que certifique la eliminación de la base de datos pedida, aclaran que los antecedentes solicitados, se generan en virtud del procesamiento de información entre los distintos archivos que ya fueron mencionados. Cabe hacer presente que, tanto los datos que se utilizan de insumo para los referidos informes, como el resultado de su procesamiento son accesibles por este servicio. La referencia al concepto "eliminación", se puede precisar en el sentido que no se respalda el proceso de múltiples operaciones informáticas destinadas a obtener los insumos finales de información con que se elabora el informe, principalmente, debido a la falta de espacio físico que implica tal almacenamiento y la ineficiencia en mantener la información duplicada repetidamente. Lo que se guarda (e incluso se publica), es el resultado final de los cruces de contenidos en extensas tablas que se encuentran en los anexos del informe. En consecuencia, no procede la emisión de un documento que autorice la eliminación consultada, toda vez que no se dan los presupuestos para ello; en tal sentido, los datos que sirven de sustento para la elaboración del informe, entendiendo como aquellos contenidos en los diferentes archivos que se utilizan para su elaboración, sí son accesibles como resultado final, a través de los estudios que se publican.

- En cuanto al contenido de las bases, indican el listado de archivos utilizados en el cálculo de los indicadores:

"C12: información de deudas contables de bancos para créditos de consumo, tarjetas de crédito, mutuos hipotecarios; C11: Información de deudas contables educacionales; D32: Características de los créditos, tasas, plazos, montos, etc.; D03: Características de los deudores, ubicación geográfica, renta, etc.; D51: Información de la deuda en créditos estudiantiles; PRS: Características de los deudores, Sexo, fecha de nacimiento, etc. (proceso interno, manejado por la sdot donde se agregan cruzan datos de la CMF con los del Registro Civil); C73: Información contable de la deuda de emisores no bancario. (Se hace presente que este archivo fue sucedido por el C78); C78: Información contable de la deuda de emisores no bancarios; C61: Información contable de la deuda de cooperativas de ahorro y crédito Información d ellos años 2014 al 2020.

Información adicional: -Convenio con registro Civil; y, Convenio con SII

Ahora bien, la información detallada por cada tipo de archivos puede encontrarse en los siguientes enlaces: Archivos del Sistema Contable: https://www.cmfchile.cl/portal/principal/605/articles-29208_doc_pdf.pdf (C11, C12)

Archivos del Sistema de deudores: https://www.cmfchile.cl/portal/principal/605/articles-29209_doc_pdf.pdf (D03, D32, D51)

Circular 1 de Emisores no bancarios de Tarjetas de Pago: https://www.cmfchile.cl/portal/principal/605/articles-30169_doc_pdf.pdf (C78)

Circular 108 de Cooperativas: https://www.cmfchile.cl/portal/principal/605/articles-30162_doc_pdf.pdf (C61)".

Y CONSIDERANDO:

1) Que, en el presente amparo lo requerido es la base de datos utilizada para elaborar los informes de endeudamiento del año 2018 y 2019. Dicha base se requiere anonimizada, no obstante, debe incluir el sexo, edad, comuna y región de los deudores.

2) Que, la señalada información fue denegada por el organismo, por cuanto aseveran se configura respecto de aquella, las causales de reserva del artículo 21 N° 1, letra c) y 5 de la Ley de Transparencia, esta última en relación con lo dispuesto en el artículo 28 del decreto ley N° 3538 . Al efecto, manifiestan que los informes de endeudamiento son elaborados de distintas bases de datos que se construyen de un total de 660 archivos que la CMF debe recibir de sus entidades fiscalizadas; en tal sentido, y luego de finalizado el procesamiento de datos, y elaborado el informe (que se publica), únicamente se conservan los documentos de programación que les sirvieron de sustento; en consecuencia, lo concretamente pedido, dice relación con información que debe ser re-elaborada, para posteriormente ser anonimizada; ambos procesos de alta complejidad que implicarían distraer indebidamente al personal experto al efecto, toda vez que comprende un universo de datos personales y sensibles de 5 millones de deudores. A su vez, exponen, la sola reserva de los datos ya referidos, no hace plausible la entrega de las bases solicitadas, puesto que los restantes antecedentes permitirían generar distintos perfiles de endeudamiento, agrupando a los sujetos en razón de sus distintas características, lo cual reviste el riesgo cierto de influir en el mercado, provocando con ello una afectación de las funciones que el artículo 1° inciso 2° del decreto ley N° 3538 le encomienda a la CMF, cual es velar por la estabilidad del Mercado Financiero.

3) Que, es necesario destacar que el artículo 28 del decreto ley N° 3538, dispone lo siguiente: "La Comisión, así como los Comisionados, funcionarios y las personas que, a cualquier título, presten servicios a dicha entidad estarán obligados a guardar reserva acerca de los documentos y antecedentes de los que tomen conocimiento con ocasión del ejercicio de sus funciones, así como documentos, informes y antecedentes que elaboren, preparen o mantengan en su poder o de los que hayan tomado conocimiento en el ejercicio de dichas funciones, siempre que éstos no tengan el carácter de públicos. Del mismo modo, deberán abstenerse de formular opiniones o emitir juicios respecto de los asuntos de que estuvieren conociendo con ocasión de los procedimientos sancionatorios en curso y cuya resolución se encontrare pendiente. La infracción de estas obligaciones se castigará con la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados y multa de diez a treinta unidades tributarias mensuales. Asimismo, dicha infracción dará lugar a responsabilidad administrativa y se sancionará con destitución del cargo. Lo anterior es sin perjuicio del deber de abstención de participar y votar a que se refiere el artículo 16.

Sin perjuicio de los deberes de reserva de que trata este artículo, y con el objeto de velar por el cumplimiento de sus respectivas labores, la Comisión, el Banco Central de Chile y la Superintendencia de Pensiones podrán compartir cualquier información. Lo anterior no regirá tratándose de aquella información a que se refiere el inciso primero del artículo 154 del decreto con fuerza de ley N° 3, del Ministerio de Hacienda, de 1997, que fija el texto refundido, sistematizado y concordado de la Ley General de Bancos y de otros cuerpos legales que se indican, salvo lo dispuesto en el numeral 34 del artículo 5 de esta ley. Cuando la información compartida sea reservada, deberá mantenerse en este carácter por quienes la reciban.

La Comisión deberá mantener a disposición permanente del público, a través de su sitio web institucional, las resoluciones por medio de las cuales se haya sancionado a personas o entidades fiscalizadas. Para efectos de la publicación de las resoluciones referidas podrán elaborarse versiones públicas de las mismas, cuando a juicio de la Comisión ello sea necesario o recomendable para el adecuado funcionamiento del mercado financiero o para resguardar la información protegida por alguna causal de reserva.

Para todos los efectos legales, se entenderá que tiene carácter de reservada cualquiera información derivada de los documentos, antecedentes, informes a que se refiere el inciso primero y cuya divulgación pueda afectar el debido cumplimiento de sus funciones, así como los derechos a la intimidad, comerciales, económicos de las personas o entidades sujetas a su fiscalización, o que pudieren afectar la estabilidad financiera, en la medida que ella no tenga el carácter de público.

Lo dispuesto en los incisos anteriores no obstará a que el Consejo pueda difundir o hacer difundir por las personas y medios que determine, la información o documentación relativa a las personas o entidades fiscalizadas con el fin de velar por la fe pública, el interés de los accionistas, inversionistas, depositantes y asegurados". (El destacado es nuestro).

6) Que, en lo concerniente a la causal del artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia alegada por la recurrida, conforme a dicho precepto se podrá denegar el acceso a la información cuando su comunicación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente, tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes, o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. Al respecto, el Reglamento de la citada Ley, al precisar los supuestos de dicha causal, señala en su artículo 7° N° 1, literal c), inciso tercero, que "se considerará que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando sus satisfacción requiera por parte de estos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo o un alejamiento de sus funciones habituales".

7) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden gestiones de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos, el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias. En dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales".

8) Que, la entidad reclamada proporcionó los enlaces de acceso directo a los informes de endeudamiento, cuyas bases que sirvieron de sustento a su elaboración son requeridas. Dichos informes, conforme se señala, tienen como objetivo "contribuir a la evaluación del endeudamiento Chile. Las métricas desarrolladas y el enfoque adoptado son fundamentales para comprender el fenómeno y constituyen un punto de partida relevante para enfrentar temáticas asociadas a inclusión financiera, vulnerabilidades de los hogares, estabilidad y supervisión financiera"; abordando en términos y con estadísticas generales, temáticas tales como: deuda (todo préstamo en dinero que la institución bancaria o no bancaria otorgue a una persona natural para fines de consumo y vivienda); carga financiera (la cual miden según la cuotas de obligaciones financieras según ingreso mensual por individuo); apalancamiento (mide el número de ingresos mensuales que el deudor tendría que destinar para saldar sus obligaciones financieras por completo); deudores con alta carga financiera y más vulnerables; financiamiento hipotecario para la vivienda; deuda impaga; entre otros. Así, por ejemplo, respecto al informe del año 2019, se expresa: "Para este reporte se considera información relativa a 5,6 millones de deudores bancarios con un total $77 mil millones de pesos en colocaciones, que corresponde a 81% del stock total de las colocaciones de consumo y vivienda del sistema financiero chileno". Luego, en los anexos del señalado documento, se proporcionan tablas con información estadística sobre incorporación de tarjetas no bancarias por institución (Consorcio, Ripley, Cencosud, Falabella, Presto); montos globales y porcentuales respecto de los clientes bancarios de la deuda, su distribución, carga financiera y apalancamiento, todos antecedentes desglosados por rango etario, nivel de ingreso, región, género y cartera (hipotecaria, consumo en cuotas, tarjetas de crédito, línea de crédito y tarjeta no bancaria). Finalmente, en el señalado informe se proporcionan todas aquellas fuentes con datos estadísticos que se tuvieron como referencia, con sus respectivos enlaces de acceso directo:

9) Que, luego la CMF al complementar sus descargos, proporciona las circulares y manuales que detallan, en aproximadamente 500 páginas, la información que debe ser incorporada en los archivos para la consolidación de las bases pedidas, los cuales permiten advertir la envergadura de datos que revisten; así por ejemplo, en el archivo relativo al sistema de deudores, la estructura de estos registros debe ir contenida, en síntesis: del RUT del deudor; identificación de la operación de crédito con el banco; tipo de deuda; fecha de otorgamiento; monto original de la operación; saldo al día o con morosidad menor y superior a 90 días; saldo de la línea de crédito; deudas caucionadas; características de los deudores (RUT, nombre, categoría, comuna o país, actividad económica, patrimonio, fecha y monto de ingreso o renta, etc.); información sobre las personas que hayan mantenido depósitos a plazo (identidad y tipo de depósito); deudores de operaciones transfronterizas (identidad, nacionalidad, actividad económica, entre otros); y así consecutivamente, se van describiendo los datos que deben ser incorporados según tipo de operación.

10) Que, de lo descrito en los considerandos precedentes, es posible configurar la distracción indebida invocada como supuesto de la causal de reserva, toda vez que las bases solicitadas, que se elaboran y utilizan para efectos de la confección del informe, se estructuran de 660 archivos recopilados de distintas entidades crediticias, de ahorro e inversión, y dicen relación esencialmente con un universo de información compuesto de antecedentes financieros y patrimoniales que, de vincularse con personas determinadas, podrían caer en la órbita del secreto bancario establecido en el artículo 154 de la Ley General de Bancos -por ejemplo respecto de los depósitos que se consignan-. En tal sentido, se estima que ordenar a la recurrida la entrega de lo solicitado, implica no solo la re-elaboración de lo requerido, sino que necesariamente destinar al personal especializado de la Unidad de Desarrollo de Mercado capacitado para efectuar dicha labor, a fin de revisar y compilar debidamente la información contenida en más de 600 archivos; y, posteriormente, efectuar la tarea de anonimización de datos de más de 5 millones de deudores de forma adecuada y efectiva; lo cual conlleva invertir un tiempo estimado de trabajo de 350 horas, reduciendo en un 50% la capacidad de trabajo de la señalada unidad, por un lapso superior a un mes.

11) Que luego, sin perjuicio de lo anterior, atendida además la naturaleza de la información contenida en las bases de datos solicitadas, y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política conjuntamente con la atribución de este Consejo de velar por el adecuado cumplimiento de la ley N° 19.628, de protección de datos de carácter personal, por parte de los órganos de la Administración del Estado establecida en el artículo 33, letra m) de la Ley de Transparencia, y el conjunto de actividades de procesamiento que el órgano debería efectuar a fin de proporcionar la información sin afectar los bienes jurídicos cautelados en las normas señaladas, los cuales además no podrían garantizar con certeza la debida desvinculación de la información respecto de un titular determinado, y por ende no se podrá asegurar que la información no permita hacer identificable a una persona, en conformidad a lo dispuesto en el literal f) del artículo 2° de la ley N° 19.628, por lo que se rechazará el presente amparo.

12) Que, por último, y conforme a lo descrito en el considerando 8°, es posible determinar que la CMF, a través de los respectivos informes de endeudamiento, publica estadísticamente el tipo de deuda y su incidencia, con los tópicos consultados -edad, sexo, comuna y región-, lo cual ya permite realizar una análisis cuantitativo de la información, de naturaleza similar al que se pretende con la entrega de las bases de datos de forma anonimizada contenida en la solicitud.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por doña Javiera Campos en contra de la Comisión para el Mercado Financiero, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente notificar la presente decisión a doña Javiera Campos y al Sr. Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.