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Juan Morales Barraza con SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS Rol: C347-12

Consejo para la Transparencia, 03/10/2012

Se dedujo amparo en contra del Servicio Nacional de Aduanas (SNA), fundado en que le habrían denegado la información solicitada sobre se le informe la “situación actual de ZOFRI S.A., en su calidad de usuario de Zona Franca de Iquique y sanciones, multas y procesos por infracciones a la normativa aduanera desde 2007 a la fecha, y si actualmente está suspendido como usuario o si está sometida a algún proceso por infracción aduanera”. El Consejo señaló que acoge el amparo deducido, dándose por satisfechas extemporáneamente las solicitudes formuladas en los literales a) y b) del requerimiento de información, con la notificación de la presente decisión, rechazándose las causales de reservas solicitadas.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Da por entregada

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C347-12

Entidad pública: Servicio Nacional de Aduanas (SNA)

Requirente: Juan Morales Barraza

Ingreso Consejo: 09.03.2012

En sesión ordinaria Nº 377 del Consejo Directivo, celebrada el 3 de octubre de 2012, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C347-12.

VISTO:

Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285, N° 19.946, Nº 19.880 y N° 18.846; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; el D.F.L. N° 329, de 1979, del Ministerio de Hacienda, que aprueba la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Aduanas; el D.F.L. N° 30, de 2004, del Ministerio de Hacienda que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del D.F.L. Nº 213, de 1953, de Hacienda, sobre Ordenanza de Aduanas; el Decreto N° 1.355, de 1975, del Ministerio de Hacienda, que fija el Reglamento de Zonas y Depósitos Francos; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Don Juan Morales Barraza, el 1° de febrero de 2012, solicitó al Servicio Nacional de Aduanas, en adelante indistintamente SNA, lo siguiente:

a) Le informe la “situación actual de ZOFRI S.A., en su calidad de usuario de Zona Franca de Iquique y sanciones, multas y procesos por infracciones a la normativa aduanera desde 2007 a la fecha, y si actualmente está suspendido como usuario o si está sometida a algún proceso por infracción aduanera”.

b) “Información sobre el proceso a que fuera sometida ZOFRI S.A. el año 2007, las multas y sanciones por las faltas a que hace referencia en Ordinario N° 0174 (sic) , de 1° de octubre de 2007, del Director Regional de Aduanas Región de Tarapacá, y en el Ordinario U-075, de 7 de agosto de 2007, ambos dirigidos al Gerente General de ZOFRI S.A”.

2) RESPUESTA: El SNA, el 28 de febrero de 2012, respondió a dicho requerimiento mediante la Resolución Exenta N° 1.336, de la misma fecha, denegando la información solicitada, por cuanto, habiéndole notificado a la empresa ZOFRI S.A. la solicitud que ha motivado este amparo, el Gerente General de aquélla, se opuso a la entrega de dicha información, fundando en lo dispuesto en el artículo 21 Nos 1, letra c), 2 y 5 de la Ley de Transparencia.

3) OPOSICIÓN DEL TERCERO INVOLUCRADO: El Gerente General de ZOFRI S.A., mediante el Oficio N° 1.074, de 22 de febrero de 2012, manifestó su oposición a la entrega de la información solicitada, manifestando al efecto, lo siguiente:

a) En primer término, señala que ZOFRI S.A. es una sociedad anónima abierta, sujeta a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros. Su accionista mayoritario es la Corporación de Fomento de la Producción, que tiene una participación aproximada a un 71,27 % del capital y las acciones de la sociedad. De esta forma, conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 943, del Ministerio de Hacienda, dicha sociedad está sujeta al control de gestión del Sistema de Empresas Públicas, como asimismo a la fiscalización de la Contraloría General de la República, en los términos que señala el inciso segundo del artículo 16 de la Ley Orgánica de dicha entidad.

b) Por otra parte, fundamenta su oposición, primeramente, en la causal de secreto o reserva prevista en el artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, toda vez que, a través de la solicitud de acceso presentada, se pretende obligar a la Dirección Nacional de Aduanas a entregar información que, a su juicio, es de carácter genérica, por lo que su acceso sólo tiene por objeto distraer indebidamente a los funcionarios en el cumplimiento de sus labores ordinarias, toda vez que se pide “Información sobre situación actual de ZOFRISA en su calidad de usuario ... o si está suspendido en su calidad de usuario ....”.

Sobre este punto señala que la Zona Franca de Iquique S.A., es el administrador del sistema franco de Iquique, y no un usuario del sistema que administra y sólo está sujeto a las directrices del Servicio Nacional de Aduanas para efectos tributarios, técnicos y disciplinarios, según se ha resuelto en el Oficio 6009/08, del Director Nacional de Aduanas.

Para fundamentar lo anterior, cita lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley 19.946; el Decreto de Hacienda N° 993 (D. O., 29.12.2004) que fija el Reglamento de dicho artículo 6° y el contrato de concesión celebrado entre el Estado de Chile, y la Sociedad “Zona Franca de Iquique S. A.”. Según este último documento, se entrega a dicha empresa, la administración y explotación de la Zona Franca de Iquique, estableciéndose dentro de sus obligaciones, "a) Promover, facilitar y desarrollar las operaciones, negociaciones, servicios y actividades propias de la Zona Franca; d) Celebrar toda clase de actos y contratos relacionados con sus actividades; l) Realizar operaciones propias de Zona Franca sólo respecto de aquellas que tengan por finalidad su propio abastecimiento o el cumplimiento de sus funciones".

Asimismo, corrobora que ZOFRI S.A no sería un usuario del sistema franco, de las definiciones contenidas en el artículo 1° del Decreto N° 1.355 (D.O. 12.01.76), que fija el Reglamento de Zonas y Depósitos Francos en que se establece que, “para los efectos legales del presente reglamento se entenderá por Sociedad Administradora, la persona jurídica a quien el Ministerio de Hacienda otorga la concesión de la administración y explotación de la Zona o Depósito Franco (...) y Usuario, a la persona natural o jurídica que haya convenido con la Sociedad Administradora el derecho a desarrollar actividades, instalándose en la Zona o Depósito Franco”.

De esta forma, señala que los interesados en desarrollar actividades en la Zona Franca, deben convenir con ZOFRI S.A., en su carácter de administradora, el derecho de instalarse en ella con oficinas, bodegas y módulos que les permitirán depositar las mercaderías que ingresan y salen de dichos recintos, conforme a las diversas modalidades de comercialización: ingreso de mercaderías extranjeras o nacionales; operaciones autorizadas por el artículo 8° del D.F.L. 341/77; ventas entre usuarios (traspasos); ventas a Zonas de Extensión con un documento denominado Solicitud - Registro - Factura (S.R.F.); ventas a régimen general (resto del país), sujetas a la legislación aduanera general; ventas en reexpedición al extranjero.

c) Además, sostiene que en la especie concurren las causales de reserva contenidas en el artículo 21 Nos 2 y 5, de la Ley de Transparencia, esto es, “cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico” y “cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8º de la Constitución Política”.

d) Al efecto, manifiesta que en el proceso de investigación administrativa sustanciado por la Dirección Nacional de Aduanas, se encuentra información de carácter reservada, en tanto reviste el carácter de información económica, como lo son, por ejemplo, el detalle del inventario valorizado de mercancías. Respecto de dicha información, señala que conforme se establece en la cláusula décima del contrato de concesión que celebró el Estado de Chile con Zona Franca de Iquique S.A., en cumplimiento de la Ley de Quórum Calificado N° 18.846, los antecedentes contenidos en la central de procesamiento de datos que debe mantener la Sociedad administradora (ZOFRI S.A.) serán “confidenciales”. Además, en los expedientes que la Dirección Nacional de Aduanas mantiene en custodia, se encuentra numerosa información que tiene el carácter de reservada, la que conforme al artículo 6° de la Ordenanza de Aduanas no puede ser entregada a terceros.

e) Al respecto, señala que el Consejo para la Transparencia, ha establecido los criterios orientadores para determinar cuándo la información o documentación requerida pudiere perjudicar en su divulgación los derechos económicos y comerciales del informante –en este caso, los derechos de ZOFRI S.A.–, los que, en su opinión, resultan totalmente aplicables al presente caso y que operarían cuando: “a) La información requerida no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; b) El secreto o reserva de la información requerida proporciona a su poseedor una evidente mejora, avance o ventaja competitiva; c) La publicidad de la información pueda afectar significativamente el desenvolvimiento competitivo de su titular; y d) La información sea objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto”.

4) AMPARO: Con fecha 9 de marzo de 2012, don Juan Morales Barraza dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que le habrían denegado la información solicitada por oposición de tercero. Al respecto, el reclamante hizo presente que conforme al Informe Final Nº 42, de 4 de noviembre de 2011, la Contraloría Regional de Tarapacá determinó que, en virtud de la participación del Estado y la Ley Especial de su creación, ZOFRI S.A. está sujeta a fiscalización de ese ente contralor.

Además, señala que a la fecha de su consulta, “ZOFRI S.A. se encontraría encausada por el SNA, y habría incurrido en causal de pérdida de calidad de usuario, según lo tipifica la Circular Nº 1, de ZOFRI S.A., quien es administrador de la zona franca y usa los privilegios aduaneros de su calidad de tal”.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación del presente amparo, trasladándolo mediante el Oficio N° 899, de 26 de marzo de 2012, al Sr. Director Nacional de Aduanas, requiriéndole que se refiriera a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada y remitiera todos los documentos incluidos en el procedimiento de notificación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación y del escrito de oposición presentado por éste.

El Sr. Director Nacional de Aduanas, por documento ingresado el 23 de abril de 2012, reiteró lo manifestado en su respuesta al reclamante, agregando, al respecto, que obró de conformidad con lo ordenado en el artículo 20, inciso tercero, de la Ley de Transparencia, el que previene que una vez “deducida la oposición en tiempo y forma, el órgano requerido quedará impedido de proporcionar la documentación o antecedentes solicitados, salvo resolución en contrario del Consejo, dictada conforme al procedimiento que establece esta ley”.

Finalmente, solicita se sirva disponer de audiencias para la agregación de mayores antecedentes.

6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INVOLUCRADO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, este Consejo acordó trasladar el presente amparo a los representantes de la sociedad Zona Franca de Iquique S.A., en su calidad de tercero interviniente en el presente amparo, lo que se materializó a través del Oficio N° 900, de 23 de marzo de 2012, con el objeto que presentara sus descargos y observaciones, y solicitándoles que hicieran expresa mención a los derechos que le asistirían y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información requerida.

Al respecto, el Sr. Gerente General de ZOFRI S.A., a través de documento ingresado el 2 de mayo de 2012, manifestó nuevamente su oposición a la entrega de la información solicitada reiterando los fundamentos expuestos en el Oficio N° 1.074, de 22 de febrero de 2012 –que se detallaron en el numeral 3° precedente–, los que se dan por reproducidos en esta parte, y agregando las siguientes alegaciones:

a) Indica que el solicitante interpuso reclamo de acceso a la información, sin explicar los hechos que la configuran, así como tampoco acompaña documentos por los que se permita dar por acreditadas sus alegaciones.

b) En lo relativo a la calidad de usuario que tendría ZOFRI S.A., señala que se pierde la calidad de usuario al ser condenado o decretarse la suspensión condicional del procedimiento penal sancionatorio por el delito de contrabando, sea mediante juicio oral, procedimiento simplificado o juicio abreviado. Asimismo, manifiesta que se entiende suspendida tal calidad, mientras el usuario se encuentre formalizado, requerido o acusado por delitos aduaneros. Sin embargo, dicha empresa no se encuentra en ninguna de esas situaciones, tal como lo demostrarían los documentos acompañados por el recurrente en su reclamación, y que no obstante ello, pretende utilizar tendenciosamente para fundar un amparo improcedente.

7) GESTIONES OFICIOSAS: Atendido que en los antecedentes acompañados no constaba si, en el presente caso, la oposición efectuada por ZOFRI S.A. había sido formulada dentro del plazo de 3 días, según lo señalado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, este Consejo solicitó mediante correo electrónico, tanto al enlace del SNA como al tercero involucrado, los documentos correspondientes que confirmaran dicha circunstancia. Con fecha 27 y 28 de junio de 2012, la SNA y ZOFRI S.A. remitieron los antecedentes solicitados, lográndose acreditar que el Oficio N° 1.832, de 7 de febrero de 2012, del SNA, fue entregado en la oficina de Correos de Chile al día siguiente, y fue finalmente notificado al destinatario el 17 de febrero pasado.

8) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: Con el objeto de resolver adecuada y acertadamente el presente amparo, el Consejo Directivo, en su sesión ordinaria Nº 354, de 11 de julio de de 2012, acordó requerir al Sr. Director Nacional de Aduanas, lo siguiente:

a) Que informara específicamente sobre lo siguiente:

i. Si la empresa ZOFRI S.A. ha desarrollado actividades en calidad de usuario de la Zona Franca de Iquique y, si en tal calidad, ha sido sancionada por infracción a la normativa aduanera, desde 2007 a la fecha, señalando en caso afirmativo la infracción y la sanción adoptada.

ii. Si el Servicio Nacional de Aduanas ha incoado algún otro procedimiento por infracciones a la normativa aduanera en contra de ZOFRI S.A., desde 2007 a la fecha. De ser así, se le solicitó indicara en qué estado se encuentra/n tal/es procedimiento/s y si como consecuencia de él/ellos se le ha impuesto alguna sanción, indicando en tal caso cuál.

iii. Indique a qué proceso/s hacen referencia el Ordinario N° 174, de 1° de octubre de 2007, del Director Regional de Aduanas de la Región de Tarapacá, y el Ordinario U-075, de 7 de agosto de 2007, ambos dirigidos al Gerente General de ZOFRI S.A. Además, señale si como consecuencia de este/os proceso/s se aplicaron multas y/o sanciones en contra de ZOFRI S.A.

iv. Finalmente, en caso que la SNA estimara que concurre alguna hipótesis legal de secreto o reserva respecto de toda o parte de la información solicitada en este caso, se le requirió a fin de acompañara los antecedentes que permitieran configurarla.

b) Que remitiera copia del Ordinario N° 174, de 1° de octubre de 2007, del Director Regional de Aduanas Región de Tarapacá, y del Ordinario U-075, de 7 de agosto de 2007, ambos dirigidos al Gerente General de ZOFRI S.A., documentos que el peticionario requirió en el literal b) de su solicitud de acceso.

9) CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: Mediante el Ordinario N° 11.614, de 16 de agosto de 2012, el SNA atendió la medida para mejor resolver decretada por este Consejo, señalando al efecto lo siguiente:

a) En primer término, indica que la empresa ZOFRI S.A. ha desarrollado actividades como usuaria de la Zona Franca de Iquique, y, en tal calidad, ha sido sancionada disciplinariamente por el Director Nacional de Aduanas. Al efecto, acompaña copia de la Resolución N° 6.209, de 9 de diciembre del 2010, del Director Nacional de Aduanas, por la que se le aplica a ZOFRI S.A. una medida disciplinaria de multa, por no haber tomado los resguardos necesarios para el oportuno pago de los gravámenes aduaneros. Sobre dicho proceso, indica, además, que la afectada dedujo recurso de protección (Rol N° 101, de 2011, de la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso, confirmada por la Excma. Corte Suprema) el que fue rechazado en definitiva, por entender los tribunales, al igual que dicho Servicio, que la Zona Franca de Iquique realiza actos propios de usuario, en los términos del artículo 6° de la Ley N° 19.946.

b) Además de lo anterior, señala que se han formulado cargos a dicha empresa por los derechos e impuestos correspondientes a mercancías detectadas como faltantes en los inventarios de la empresa, algunos de los cuales fueron reclamados conforme al procedimiento jurisdiccional contencioso administrativo regulado en los artículos 117 y siguientes de la Ordenanza de Aduanas, siendo, en definitiva, rechazados tanto por sentencia de primera como de segunda instancia. Uno de esos casos, es el mencionado por el solicitante en el literal b) de su solicitud, al referirse al Ordinario N° 1704/2007 y al Ordinario N° U-075/2007, ambos del Director Regional de Aduanas de Iquique, y cuyas copias acompaña. Sin embargo, hace presente que tales procedimientos no tienen por objeto la aplicación de sanciones o multas sino el cobro de derechos e impuestos.

c) Finalmente, señala que ZOFRI S.A., en varias oportunidades, se ha acogido al beneficio de renuncia de la acción penal (RAP), de acuerdo a lo autorizado en el artículo 189 de la Ordenanza de Aduanas, para lo cual adjunta las Resoluciones Nos 132, de 2008, y 223, de 2012, ambas del Director Regional de Aduanas de Iquique, que conceden dicho beneficio y que acompaña a su presentación. Asimismo, indica que la renuncia a la acción penal procede previo pago de una suma no superior a una vez el valor de las mercancías involucradas, y, una vez aceptada por el Servicio, tiene como efecto la extinción de la acción penal. Para tal efecto, acompaña la Resolución N° 13, de 2010, del Director Regional de Aduana, de la Región de Tarapacá.

10) REMISIÓN DE ANTECEDENTES ADICIONALES: Luego de analizar los documentos remitidos por el Servicio Nacional de Aduanas, este Consejo, a través de correo electrónico de 21 de septiembre de 2012, solicitó al enlace de dicho organismo que complementara la medida para mejor resolver decretada, requiriéndole que informara acerca del inventario valorizado de mercancías y del proceso al que se refiere el solicitante en el literal b) de su solicitud. Al respecto la SNA, informó lo siguiente:

a) Por correo electrónico de 21 de septiembre pasado, la SNA remitió el Ordinario N° 271, de esa misma fecha, del Director Regional de Aduanas de la Región de Tarapacá, en cuya virtud se indica que:

i. Por la Resolución N° 5.270, de 30 de noviembre de 2004, del Director Nacional de Aduanas, dispuso la ejecución de controles de existencias a las mercancías extranjeras que mantengan los usuarios de zona franca a fin de disponer el cobro administrativo de los derechos, impuestos y demás gravámenes, conforme con el régimen general de importación, respecto de aquellas que se determinen faltantes. Conforme con dicho procedimiento, el SNA deberá obtener en forma previa a la fiscalización, la información obtenida desde la respectiva Sociedad Administradora, lo que se denomina “Informe de inventarios de la empresa” o “inventario valorizado de mercancías”, como lo indica ZOFRI S.A., el que comprende el documento-ítem, descripción, fecha visación, última actualización, arancel, código producto, código U.M., código moneda, moneda, cantidad ingresada, stock real y disponible, CIF unitario y total CIF.

ii. Del mismo modo, acompaña copia del Oficio N° 8.505, de 5 de mayo de 2006, del Jefe del Departamento de Fiscalización, Agentes Especiales, por el que instruye sobre el procedimiento de fiscalización aplicable a las personas naturales o jurídicas acreditadas como usuarios de Zona Franca, que efectúen gestiones, trámites y demás operaciones a que se refiere el artículo 6° de la Ley N° 19.946, junto a sus socios, representantes y empleados, los que quedarán sujetos a la jurisdicción disciplinaria del Director Nacional de Aduanas, en los términos establecidos en el artículo 202 de la Ordenanza de Aduanas. Asimismo, se indica en dicho documento que dicha jurisdicción disciplinaria se ejercerá para sancionar los actos de incumplimiento de las obligaciones inherentes a sus cargos, sin perjuicio de la responsabilidad tributaria, civil y penal que pudiera verse afectada.

b) Por otra parte, en cuanto a lo requerido por el solicitante en el literal b) de la solicitud, el SNA, mediante correo electrónico de 24 de septiembre de 2012, precisó lo siguiente:

i. El Ordinario Nº 1.704, de 1° de octubre de 2007, corresponde al proceso de fiscalización ordenado por la Resolución Exenta Nº 3.535, de 22 de agosto de 2006, de esta Dirección Regional. Los cargos que se emitieron como resultado de esa fiscalización corresponden a los Nos 3.461 a 3471; Nos 3.473 a 3.550, de 13.02.2008; Nos 3.551 a 3.603, de 14.02.2008; Nos 3.605 a 3.606, de 15.02.2006. Esos cargos fueron reclamados por ZOFRI S. A., en la causa Rol Nº 169-2008 de dicha Dirección Regional, fallados y confirmados con declaración, por el Director Nacional de Aduanas, mediante la Resolución Nº 219, de 3 de septiembre de 2010, cuya copia se adjunta.

ii. En cumplimiento de lo ordenado por la citada Resolución N° 219, de la DNA, esa Dirección Regional emitió la Resolución Exenta Nº 1.583, de 6 de octubre de 2010, ordenando emitir los correspondientes giros de comprobante de pago de los cargos reclamados por ZOFRI S.A., conforme el detalle adjunto a dicha resolución, documentos que igualmente se remiten a este Consejo.

iii. Paralelamente, y referida a la misma fiscalización, ZOFRI S.A. se acogió al beneficio de la renuncia de la acción penal del artículo 189 de la Ordenanza de Aduanas, pagando la suma de $ 16.700.000.- beneficio que fue concedido mediante Resolución Exenta Nº 223, de 17 de febrero de 2012, la que también ha sido adjuntada.

iv. Finalmente, se adjunta planilla con listado de giros de comprobantes de pago (F 09) emitidos por esa Aduana referidos a los cargos resultantes del proceso de fiscalización ordenado por Resolución Exenta N° 3.535, de 22 de agosto de 2006.

11) TÉNGASE PRESENTE DEL RECLAMANTE: Mediante correo electrónico de 27 de septiembre de 2012, el Sr. Morales Barraza, efectuó diversas alegaciones en torno a la importancia y consecuencias del hecho que el SNA informara haber aplicado multas a ZOFRI S.A., tanto respecto a su continuidad de calidad de usuaria del sistema como en cuanto al monto de las mismas. Además, remitió a este Consejo, como antecedente de contexto, copia del Informe Final N° 42, de 2010, de la Contraloría Regional de Tarapacá, sobre investigación especial en la Zona Franca de Iquique S.A., referida a la asignación de locales de la VI Etapa del Mall ZOFRI.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, previo a entrar al fondo de lo discutido en este caso, es preciso referirse a la alegación efectuada por el tercero involucrado –ZOFRI S.A. –, referida a la supuesta falta de fundamentación del amparo que se analiza, por cuanto, a su juicio, el recurrente no habría señalado claramente la infracción cometida y los hechos que la configurarían, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 24 de la Ley de Transparencia. Al respecto, debe desestimarse tal afirmación toda vez que en el formulario presentado –facilitado por este Consejo a los interesados para la interposición de los amparos por denegación de acceso a la información y que fue empleado por el solicitante en este caso–, contempla expresamente un campo relativo a este requisito, el que fue llenado correctamente por el reclamante, quien, además, acompañó copia de la solicitud de acceso a la información presentada ante el Servicio Nacional de Aduanas, la respuesta otorgada por dicho organismo y otros antecedentes complementarios que estimó pertinente adjuntar, razón por la cual fue declarado admisible por este Consejo en su oportunidad. En efecto, en la especie, el peticionario fundó su amparo en la respuesta negativa de la SNA a su solicitud de información, en razón de haber mediado oposición de un tercero, indicando con suficiente claridad la infracción que dicho órgano habría cometido y los hechos que la justificaban.

2) Que, a continuación, y a modo de contexto, es menester destacar las siguientes disposiciones comprendidas en el marco normativo aplicable a la información que ha sido requerida en el presente amparo:

a) El artículo 1° del D.F.L. N° 329, de 1979, del Ministerio de Hacienda, que aprueba la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Aduanas, prescribe que “el Servicio Nacional de Aduanas es un Servicio Público dependiente del Ministerio de Hacienda, encargado de vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las costas, fronteras y aeropuertos de la República, de intervenir en el tráfico internacional para los efectos de la recaudación de los impuestos a la importación, exportación y otros que determinen las leyes, y de generar las estadísticas de ese tráfico por las fronteras, sin perjuicio de las demás funciones que le encomienden las leyes”. A su vez, el artículo 4º, numeral 7º, del mismo D.F.L. otorga al Director Nacional de Aduanas la facultad de “interpretar administrativamente, en forma exclusiva, las disposiciones legales y reglamentarias de orden tributario y técnico, cuya aplicación y fiscalización correspondan al Servicio, y en general, las normas relativas a las operaciones aduaneras y dictar órdenes e instrucciones necesarias, para darlas a conocer a todos los empleados de Aduana que estarán obligados a cumplirlas”.

b) A su vez, el D.F.L. N° 30, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley de Hacienda Nº 213, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas, establece, entre otras materias, normas especiales sobre algunas destinaciones aduaneras, entre ellas, la salida temporal para perfeccionamiento pasivo, estableciéndose un impuesto y gravamen respecto de las piezas o materiales que hayan sido incorporados y por el valor de los trabajos de reparación y procesamiento que se efectúen (artículo 116).

c) Igualmente, en sus artículos 168 y siguientes se regulan las infracciones a dicha Ordenanza, sus penas y procedimiento para aplicarlas; precisándose en el artículo 202, que “los despachadores, los apoderados especiales y los auxiliares que tengan registrados o hayan debido registrar ante la Aduana estarán sujetos a la jurisdicción disciplinaria del Director Nacional para sancionar el incumplimiento de las obligaciones inherentes a sus cargos, sin perjuicio de la responsabilidad tributaria, civil y penal que pudiere hacerse efectiva por los hechos que configuran dicho incumplimiento. Todo lo cual se entiende sin menoscabo de las facultades disciplinarias y preventivas que la ley entrega a otras autoridades u organismos. / El Director Nacional de Aduanas, en el ejercicio de su jurisdicción disciplinaria, de oficio o a petición de parte interesada, podrá aplicar las siguientes medidas: a) Amonestación verbal; b) Amonestación escrita, dejándose constancia en el respectivo registro; c) Multa, con máximo de 25 Unidades Tributarias Mensuales; d) Suspensión del ejercicio de la función, y e) Cancelación de la licencia, nombramiento o permiso”.

d) Además, en el artículo 189, se establece que “El Servicio Nacional de Aduanas podrá no formular denuncia ni interponer querella respecto de quien haya tenido participación en un contrabando, pero ofreciere pagar una suma no superior a una vez el valor aduanero de las mercancías involucradas. Si aceptare esa oferta alguna de las autoridades a que se refiere el inciso primero, el interesado deberá enterar la suma correspondiente en arcas fiscales y, con el comprobante de ese depósito, se convendrá la renuncia al ejercicio de la acción penal, que tendrá como efecto la extinción de la misma”.

e) Por su parte, la Ley N° 19.946, que Modifica la Ley Austral en materia de crédito tributario y establece la ampliación de la zona franca de extensión de Punta Arenas a la Región de Aisén para bienes de capital, previene en su artículo 6° que “a las gestiones, trámites y demás operaciones que se efectúen con ocasión del ingreso o salida de mercancías desde o hacia las zonas francas, incluyendo su importación a las Zonas Francas de Extensión, les serán aplicables las normas establecidas en los artículos 71 y siguientes de la Ordenanza de Aduanas sobre disposiciones comunes aplicables a todas las destinaciones aduaneras, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 7° del decreto con fuerza de ley N° 341, de 1977, respecto del ingreso de mercancías extranjeras a las Zonas Francas./ Las personas naturales o jurídicas que efectúen las gestiones, trámites y demás operaciones a que se refiere el inciso anterior, junto a sus socios, representantes y empleados quedarán sujetos a la jurisdicción disciplinaria del Director Nacional de Aduanas, en los mismos términos previstos en el artículo 227 de la Ordenanza de Aduanas para los despachadores, sus apoderados y auxiliares”.

f) Asimismo, el artículo 7°, previene, en su inciso primero que “sin perjuicio de las facultades establecidas en su ley orgánica, el Servicio Nacional de Aduanas podrá practicar controles de existencias de mercancías extranjeras bajo régimen de zona franca, debiendo disponer el cobro administrativo de los derechos, impuestos y demás gravámenes, conforme al régimen general de importación, respecto de aquellas que se determinen faltantes, sin perjuicio de la denuncia por la infracción o delito que corresponda”.

3) Que, teniendo ello presente, y en relación con la solicitud formulada en el literal a) del requerimiento de información, el tercero involucrado en este procedimiento –ZOFRI S.A.– ha sostenido que sólo desempeñaría el rol de administrador del sistema franco de Iquique y no como usuario de dicho sistema, lo que, a su juicio, estaría corroborado por lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto N° 1.355, de 1975. Por su parte, la SNA, al dar cumplimiento a la medida para mejor resolver decretada por este Consejo, manifestó que ZOFRI S.A. sí ha desarrollado actividades en calidad de usuario de la zona franca, y en tal calidad, ha sido sancionada disciplinariamente por el Director Nacional de Aduanas, criterio que habría sido ratificado por los tribunales superiores de justicia, en orden a entender que ZOFRI S.A. realiza actos propios de usuario, en los términos del artículo 6° de la Ley N° 19.946. En base a lo anterior, y teniendo presente la atribución que le confiere al Director Nacional de la SNA el artículo 4°, numeral 7°, del citado del D.F.L. N° 329, de 1979, no puede sino concluirse que ZOFRI S.A. ha ejecutado gestiones, trámites y otras operaciones con ocasión del ingreso o salida de mercancías desde o hacia zonas francas –esto es, ha operado como usuario de dicho sistema–, quedando sujeta a la jurisdicción disciplinaria del Director Nacional de la SNA, en los mismos términos previstos en el artículo 227 de la Ordenanza de Aduanas. En virtud de ello, deben desecharse las alegaciones de ZOFRI S.A., en cuanto a que sólo sería administrador del sistema franco de Iquique, por cuanto el órgano reclamado –ente fiscalizador a quien se le asigna la atribución exclusiva de interpretar las normas legales y reglamentarias sobre la materia– ha sostenido que dicha empresa también ha actuado como usuario del mismo.

4) Que, precisado lo anterior, y respecto a la primera parte de la solicitud del literal a), cabe señalar que si bien el peticionario no detalló aquellos documentos específicos a los que pretendía acceder, por cuanto sólo requirió información sobre la “situación actual de ZOFRI S.A., en su calidad de usuario de Zona Franca de Iquique y sanciones, multas y procesos por infracciones a la normativa aduanera desde 2007 a la fecha”, a juicio de este Consejo, se trata de una solicitud de carácter general, siguiendo el criterio sostenido en la decisión recaída en el amparo Rol A107-09 (considerando 1°), esto es, “de una solicitud que sin ser genérica, requiere acceder a información de carácter general, sin especificar un documento, fecha u otros datos, pero sí la materia u otro carácter esencial señalado en el art. 7° N° 1 letra c) del Reglamento de la Ley de Transparencia”, inteligible por el organismo reclamado, lo que se ratifica en el hecho que ante la solicitud de acceso éste se abstuvo de solicitar la subsanación de la misma, de acuerdo a lo previsto en el inciso 2° del artículo 12 de la Ley de Transparencia.

5) Que, en relación con lo expresado en el considerando anterior y el tenor de la misma solicitud, lo requerido debe entenderse referido a aquella información o antecedentes que den cuenta, por una parte, de la situación actual de ZOFRI S.A., en cuanto usuario del sistema franco de Iquique, especialmente si dicha empresa, en la actualidad, está o no suspendida como usuario o si está o no sometida a algún proceso por infracción aduanera y, por otra, aquella información o antecedentes que digan relación con la eventual imposición de sanciones y multas a dicha empresa e instrucción de procesos por infracciones a la normativa aduanera en contra de la misma, desde 2007 a la fecha de la solicitud.

6) Que, en lo que atañe al requerimiento contenido en el literal b) de la solicitud de acceso, tampoco se han solicitado documentos específicos y determinados, sino sólo información general acerca del proceso al que fuera sometida ZOFRI S.A. en el año 2007, y de las multas y sanciones por las faltas al que hacen referencia los actos administrativos que cita el solicitante. Al respecto, y siendo aplicable lo señalado en el considerando 4° anterior, dicho requerimiento debe estimarse referido a la información concerniente a la existencia de dicho proceso y su estado de tramitación actual, precisando si, con ocasión del mismo, se impusieron a ZOFRI S.A. sanciones y multas por las faltas o infracciones a que harían referencia el Ordinario N° 1704, de 1° de octubre de 2007, del Director Regional de Aduanas Región de Tarapacá, y el Ordinario N° U-075, de 7 de agosto de 2007, ambos dirigidos al Gerente General de ZOFRI S.A.

7) Que, por su parte, según lo disponen los artículos 5º, inciso 2°, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquélla que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquélla contenida en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público salvo que dicha información se encontrare sujeta a alguna de las excepciones legales. Que, en la especie, la información solicitada, en los términos indicados en los considerandos 5° y 6° anteriores, constituye información que obra en poder del SNA, habiéndola denegado por la oposición formulada por ZOFRI S.A., conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, en su calidad de tercero al que se refiere la misma. En atención a ello, dicha información debe presumirse pública, salvo que concurra a su respecto la afectación de derechos alegada por dicho tercero, razón por la cual cabe analizar la oposición planteada por ZOFRI S.A.

8) Que, así, habiendo ZOFRI S.A. fundado su oposición a la entrega de la información solicitada en las causales de reserva dispuestas en el artículo 21 No 1, letra c), y Nos 2 y 5 de la Ley de Transparencia, cabe determinar la procedencia de la invocación de tales causales por parte de dicho tercero afectado, a efectos de sustentar la oposición formulada.

9) Que, en lo que respecta a la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, y tal como lo sostuvo este Consejo en la decisión recaída en el amparo Rol C220-10, se “concluye que dicha la causal de reserva, y los casos particulares que contempla, sólo pueden ser invocadas por el órgano directamente requerido, por cuanto se relacionan con el debido cumplimiento de sus propias funciones y la ponderación de su afectación con ocasión de la publicidad de la información pedida, por lo que no resulta aceptable que el tercero potencialmente afectado –en la especie Metro S.A.– se subrogue al órgano requerido en dicha labor. Que tal ha sido el criterio adoptado por este Consejo en su decisión recaída en el amparo Rol C518-09, especialmente en su considerando 7)”. Que, a mayor abundamiento, este Consejo estima que las alegaciones formuladas por ZOFRI S.A, para fundar dicha causal tampoco concurren en la especie, por los fundamentos indicados en los considerandos 4°, 5° y 6° precedentes. De esta forma, y no habiendo SNA, como órgano reclamado, invocado dicha causal, cabe rechazar las alegaciones planteadas por ZOFRI a este respecto.

10) Que, asimismo, ZOFRI S.A. alegó que en la especie se configuraban las causales de reserva del artículo 21 Nos 2 y 5 de la Ley de Transparencia, en tanto la publicidad de la información solicitada afectaría sus derechos de carácter comercial y/o económico, y porque, conforme a la Ley N° 18.846 y el contrato de concesión celebrado entre ZOFRI S.A. y el Estado de Chile, los antecedentes contenidos en la central de procesamiento de datos que debe mantener dicha empresa serían “confidenciales”. No obstante, dicho tercero sólo se ha limitado a indicar genéricamente que se producirían tales afectaciones –no habiendo sido invocadas las respectivas causales por la SNA, en cuanto órgano requerido–, sin que haya precisado concretamente los derechos que le asistirían y la forma en que éstos se verían menoscabados con su publicidad. Además, atendido lo concluido en los considerandos 5° y 6° anteriores, que precisan el alcance de las solicitudes de información formuladas, este Consejo estima que la divulgación de la información allí descrita no puede causar la afectación alegada por la ZOFRI S.A., en razón de que ello no supone divulgar antecedente alguno referidos a inventarios de mercaderías. A mayor abundamiento, tampoco resulta aplicable en la especie, respecto de las sanciones impuestas a ZOFRI S.A., lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 19.628, por tratarse ésta de una persona jurídica. Finalmente, y como fundamento adicional para el rechazo de la oposición de ZOFRI S.A., debe tenerse en cuenta el criterio sostenido por este Consejo en las decisiones recaídas en los amparos Roles A157-09, A292-09, C856-10, C5-11 y C1158-11, entre otros, en cuya virtud la información referida a la existencia y estado de tramitación de procedimientos administrativos es, en principio, de carácter pública. Por tanto, en base a lo razonado, cabe rechazar también las alegaciones formuladas por ZOFRI S.A. en relación con las citadas causales de reserva.

11) Que, habiéndose desestimado las causales de reserva alegadas y sus fundamentos, es menester pronunciarse si con los documentos remitidos por la SNA con ocasión de la medida para mejor resolver y gestión oficiosa dispuestas por este Consejo, se darían por satisfechos los requerimientos de información del solicitante.

12) Que, respecto del requerimiento indicado en el literal a) de la solicitud, el SNA ha informado respecto de la situación actual de ZOFRI S.A. como usuaria del sistema franco de Iquique, al precisar que dicha empresa sí ha actuado en tal calidad, habiendo sido objeto, desde 2007, de procedimientos instruidos por el órgano reclamado y que han concluido con sanciones disciplinarias, por los motivos que señala, y con el cobro de derechos e impuestos. Así, por ejemplo, del análisis de la Resolución N° 6.209, de 9 de diciembre del 2010, por la que se le aplica a ZOFRI S.A. una medida disciplinaria de multa, por no haber tomado los resguardos necesarios para el oportuno pago de los gravámenes aduaneros; la Resolución N° 132, de 18 de marzo de 2008, y la Resolución N° 13, de 12 de enero de 2010, por las que se aceptan los montos propuestos por la empresa interesada para acogerse al beneficio de la renuncia de la acción penal correspondiente en las investigaciones administrativas que, en cada caso, se indican, se concluye que, efectivamente, con posterioridad al año 2007, se incoaron procedimientos en contra de ZOFRI S.A. por infracción a la normativa aduanera, y en cuya virtud les fue aplicada alguna medida disciplinaria o bien, se requirió el pago de impuestos o gravámenes, todos los cuales se encuentran afinados. Además, la SNA ha explicado que ZOFRI S.A. se ha sometido, en diversas oportunidades, al beneficio de la renuncia de la acción penal correspondiente, prevista en el artículo 189 de la Ordenanza de Aduanas, acompañando, entre otros antecedentes, la Resolución Exenta N° 223, de 17 de febrero de 2012, de lo que se desprende que ZOFRI S.A. no estaría suspendida en su calidad de usuario de dicho sistema. Que, de esta forma, cabe acoger el amparo en esta parte, dando por satisfecha la solicitud contenida en el literal a), con la notificación de la presente de decisión y con la remisión de los antecedentes remitidos por la SNA a este Consejo.

13) Que, en lo que referente al requerimiento contenido en el literal b) de la solicitud de acceso, es menester señalar que, según lo manifestado por el SNA en el numeral 10°, letra b), de lo expositivo de este acuerdo, se proporciona íntegramente lo solicitado por el peticionario, toda vez que con ellos se informa acerca de la existencia y estado de tramitación de dicho procedimiento, destinado al cobro de derechos e impuestos. En tal sentido, queda también establecido que en dicho proceso se requirió a ZOFRI S.A. el pago de derechos o impuestos, mas no la aplicación de alguna sanción por parte del SNA. En efecto, a través de la Resolución N° 219, de 3 de septiembre de 2010, del Director Nacional de Aduana, y la Resolución Exenta Nº 1.583, de 6 de octubre de 2010, del Director Regional de Aduana de Iquique –documentos acompañados por la SNA y existentes al tiempo de la solicitud de información–, se informa acerca de los cargos formulados y los valores aduaneros objeto de cobro por parte del SNA. En consecuencia, en base a ello, se acogerá el amparo en esta parte, entendiéndose también satisfecha esta solicitud, extemporáneamente, con la notificación de la presente decisión, y la remisión al reclamante de copia las citadas resoluciones y demás antecedentes acompañados por la SNA.

14) Que, finalmente, este Consejo rechazará la petición de audiencia efectuada por el organismo reclamado, por estimar innecesaria su convocatoria, atendido lo anteriormente razonado.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Juan Morales Barraza, en contra del Servicio Nacional de Aduanas, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente, dándose por satisfechas extemporáneamente las solicitudes formuladas en los literales a) y b) del requerimiento de información, con la notificación de la presente decisión.

II. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, remitir al Sr. Juan Morales Barraza, conjuntamente con la notificación de la presente decisión, copia de los Ordinarios N° 1.704, de 2007; y N° U-075, de 2007, ambos del Director Regional de Aduanas de Iquique; de las Resoluciones Nos 6.209, de 2010; 132, de 2008; 223, de 2012; 219, de 2010; 1.583, de 2010; y 13, de 2010.

III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Juan Morales Barraza, al Sr. Gerente General de la sociedad Zona Franca de Iquique S.A. y al Sr. Director Nacional de Aduanas.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y los Consejeros don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que la Consejera doña Vivianne Blanlot Soza no asiste a la presente sesión.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia, don Enrique Rajevic Mosler.