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Gerardo Neira Carrasco con TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rol: C819-12

Consejo para la Transparencia, 14/09/2012

Se dedujo amparo en contra de la Tesorería General de la República, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada relacionada con el expediente administrativo Rol Nº 10.199-2011, correspondiente al propio solicitante. El Consejo rechazó el amparo ya que señaló que la información que fue tarjada por la autoridad corresponde a opiniones emitidas por determinados funcionarios de la Tesorería General de la República respecto de una persona específica en tres correos electrónicos enviados durante enero de 2012, en el marco de la tramitación de una denuncia efectuada por el propio requirente de información, por lo que dichos correos electrónicos versan sobre aspectos generales relacionados con la denuncia y el estado de tramitación de determinados procedimientos vinculados al solicitante, se estima justificado reservar juicios de valor como los emitidos por los funcionarios en este caso, aunque estén relacionados con el ejercicio de una función pública, pues difundir todas y cada una de las opiniones personales contenidas en los correos electrónicos que intercambian los funcionarios representa una grave amenaza a espacios de deliberación y privacidad a que ellos tienen derecho sin intervención de terceros en cuanto no prevalezca un claro interés público que justifique optar por la publicidad de dichos juicios o comentarios, como sería por ejemplo, el caso en que tales comentarios revelaran prejuicios, animadversión o indicios de discriminación arbitraria, en cambio, el resto de la información contenida en dichos correos electrónicos y que fue entregada se estima pública, pues se refiere al ejercicio de funciones públicas sin contener valoraciones como las que se han declarado reservadas. (Con votos dirimentes y concurrentes)


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Documentos electrónicos.Correos electrónicos 


Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Dirimente), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Concurrente)
  • José Luis Santa María Zañartu (Concurrente)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C819-12

Entidad pública: Tesorería General de la República

Requirente: Gerardo Neira Carrasco

Ingreso Consejo: 01.06.2012

En sesión ordinaria N° 373 de su Consejo Directivo, celebrada el 14 de septiembre de 2012, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C819-12.

VISTO:

Los artículos 5° inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y, los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 24 de abril de 2012 don Gerardo Neira Carrasco requirió a la Tesorería General de la República, información relacionada con el expediente administrativo Rol Nº 10.199-2011, correspondiente al propio solicitante. En específico, solicitó se le entregara la siguiente información:

a) Fotocopia del expediente administrativo Rol Nº 10.199-2011.

b) Correspondencia enviada y recibida, correos electrónicos enviados y recibidos, que fueron intercambiados con don Álvaro Villablanca Sepúlveda, abogado de la Unidad de Grandes Deudores y Cobranzas Especiales, respecto a dicho expediente.

c) Correspondencia enviada y recibida, correos electrónicos enviados y recibidos, que fueron intercambiados con doña Jacqueline Estrada Chandía, procuradora de la Unidad de Grandes Deudores, respecto a dicho expediente.

d) Correspondencia enviada y recibida, correos electrónicos enviados y recibidos, que fueron intercambiados con don Nelson Ariel Quilodrán Muñoz, recaudador fiscal de la Unidad de Grandes Deudores y Cobranzas Especiales, respecto a dicho expediente.

e) Correspondencia enviada y recibida, correos electrónicos enviados y recibidos, referentes a la tramitación de la denuncia presentada por el solicitante, de 3 de enero de 2012.

f) Correspondencia enviada y recibida, correos electrónicos enviados y recibidos, referente a la tramitación del escrito presentado por el solicitante, de 15 de marzo de 2012.

2) RESPUESTA: Dicho requerimiento fue respondido por Ordinario Nº 2.286, de 23 de mayo de 2012, del Tesorero General de la República (S), indicando lo siguiente:

a) Mediante el citado oficio remite al solicitante copia del expediente administrativo Rol Nº 10.199-2011, comuna de Talcahuano.

b) Respecto a la correspondencia y correos electrónicos requeridos, se remite la documentación que a continuación se señala, atendido a que toda ella dice relación con materias propias del proceso de cobro que sigue el Servicio de Tesorerías, en contra del solicitante:

i. Ordinario GG.DD. Concepción Nº 70/2012.

ii. Tres correos electrónicos intercambiados entre el abogado Álvaro Villablanca Sepúlveda y la procuradora, Jacqueline Estrada Chandía.

iii. Ocho correos electrónicos intercambiados en relación a la tramitación de la denuncia presentada por el solicitante el 3 de enero de 2012. En relación a estos correos electrónicos, se han tarjado comentarios personales de los funcionarios que no dicen relación con la denuncia.

iv. Ordinario GG.DD. Concepción Nº 08/2012, que remite denuncia del solicitante a la Sección Grandes Deudores Santiago.

v. Seis correos electrónicos y correspondencia intercambiados referente a la tramitación del escrito presentado por el solicitante el 15 de marzo de 2012.

c) En relación con los correos electrónicos remitidos por don Nelson Quilodrán Muñoz, sobre el expediente administrativo Nº 10.199-2011, de la comuna de Talcahuano, señala que sólo existe un correo electrónico entre dicho funcionario y Álvaro Villablanca, del cual no se hace entrega, ya que contiene datos personales de diversos contribuyentes.

d) Finalmente, en relación con la correspondencia y correos electrónicos intercambiados entre el abogado Álvaro Villablanca Sepúlveda y el Tesorero Provincial de Talcahuano, don Jorge Sepúlveda Sepúlveda, señala que no existen comunicaciones de ningún tipo entre ambos, en relación con el expediente administrativo en cuestión.

3) AMPARO: Don Gerardo Neira Carrasco dedujo amparo a su derecho de acceso a la información el 1° de junio de 2012, en contra de la Tesorería General de la República, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada, por cuanto ésta se le entregó tarjada.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo mediante Oficio Nº 2.086, de 11 de junio de 2012, al Tesorero General de la República, haciéndole presente que, atendido los antecedentes acompañados, se refiriera únicamente al literal e) de la solicitud de información presentada por el requirente, en relación a la información que habría proporcionado de manera tarjada. Mediante Ordinario Nº 3.982, de 6 de julio de 2012, éste evacuó sus descargos y observaciones al presente amparo, señalando lo siguiente:

a) Como se informó al solicitante, respecto de la correspondencia y correos electrónicos enviados y recibidos, relativos a la tramitación de la denuncia de que se trata, hace presente que, según lo establecido por este Consejo, en decisión de amparo Rol C97-12, y consultados los terceros afectados, la información no sería entregada, pues ello supondría una infracción al deber de resguardo de datos personales y sensibles, en los términos de los artículos 4º, 7º, 10 y 11 de la Ley Nº 19.628, por referirse a la intimidad de las personas.

b) Por lo anterior, se entregó al peticionario, entre otros correos relativos a la denuncia consultada, tres correos intercambiados entre los abogados doña Claudia Fabiola Mora Tapia, Coordinadora de la Sección de Grandes Deudores y Cobranzas Especiales, y don Álvaro Villablanca Sepúlveda, abogado de la citada unidad, correos que fueron parcialmente tarjados por considerarse que contenían aspectos de carácter personal o sensible.

c) Adjunto a sus descargos, acompaña copia de los correos tarjados en su versión original, sin omitirse ninguna parte de los mismos “considerando esta Jefatura, luego de una nueva lectura de los mismos, y teniendo a la vista las normas legales y reglamentarias que gobiernan su publicidad u opacidad, que sus contenidos son de carácter público de conformidad a lo prevenido en el artículo 5º de la Ley de Transparencia, sin que se estime necesario, por la consideración precedente, abundar en las causales de secreto o de reserva que pudieren haber sostenido legalmente una eventual decisión de perseverar en la omisión de entrega de aquellas partes de los correos electrónicos que fueron inicialmente tarjadas”.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INTERESADOS: En virtud de lo previsto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento, el Consejo Directivo de este Consejo, acordó notificar a doña Claudia Mora Tapia y a don Álvaro Villablanca Sepúlveda, en su calidad de titulares de las cuentas de correos electrónicos desde y hacia las cuales se habrían realizado las comunicaciones requeridas, a fin de que presenten sus descargos y observaciones, solicitándoles, especialmente, que se pronuncien en relación a los correos electrónicos solicitados por el requirente, manifestando si se oponen a la entrega de dicha información.

Mediante presentación de 16 de agosto de 2012, don Álvaro Villablanca S. evacuó los siguientes descargos y observaciones al presente amparo:

a) La correspondencia que mantiene cualquier autoridad o funcionario, por medio de correos electrónicos, tanto con funcionarios públicos como con personas ajenas a la administración, no constituye información pública, sino que, por el contrario, son comunicaciones privadas que pertenecen al ámbito de su privacidad y, en consecuencia, se encuentran amparadas por la garantía establecida en el artículo 19 Nº 5 de la Constitución Política, relativa a la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada.

b) Si bien los servicios públicos proveen de servidores de correo electrónico a sus funcionarios, éstas no han sido concebidas como un medio abierto de comunicación, ni se les puede otorgar el carácter de institucionales, ya que ello no despoja a esas comunicaciones de las garantías constitucionales que las protegen.

c) El carácter privado de las comunicaciones electrónicas de los funcionarios públicos, empleando los correos institucionales, se manifiesta en que han sido intercambiados en un contexto reservado e informal, con una legítima expectativa de privacidad e inviolabilidad. Asimismo, señala que la alegada privacidad, constituye un requisito indispensable para el adecuado ejercicio de las funciones públicas, la cual requiere de un espacio mínimo de reserva y de respeto al privilegio deliberativo.

d) Finalmente, agrega que, no obstante se hayan entregado los correos electrónicos solicitados, el presente amparo deberá ser rechazado, toda vez que la información tarjada corresponde a expresiones, palabras y/o frases que exponen la intimidad y/o vida personal, concurriendo al efecto la causal de secreto o reserva contemplada en el artículo 21 Nº 2 de la Ley de Transparencia.

Por su parte, mediante presentación de 21 de agosto de 2012 doña Claudia Mora Tapia evacuó los siguientes descargos y observaciones:

a) El 26 de junio de 2012 recibió notificación por correo electrónico enviado desde Siac Normativas, en su calidad de tercero afectado, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. En ese marco, manifestó su oposición a que se entregaran antecedentes personales u opiniones que no se relacionaban con el procedimiento que dio origen a la denuncia de don Gerardo Neira Carrasco.

b) Los correos solicitados dicen relación con el ejercicio de su función coordinadora de las Unidades de Grandes Deudores del órgano reclamado, y no obstante tratarse de una casilla de correo electrónico institucional, la entrega de información relativa a antecedentes u opiniones personales contenidos en dichos correos vulneraría sus derechos constitucionales consagrados en los Nos 4 y 5 del artículo 19 de la Constitución Política, sin que la Ley de Transparencia pueda constituir una excepción a las garantías constitucionales contenidas en los citados preceptos.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, atendido que el amparo interpuesto se funda en haber recibido información tarjada, este Consejo restringirá la presente decisión sólo al contenido tarjado de los electrónicos entregados señalados en el literal e) de la solicitud.

2) Que, sobre el particular, la Tesorería General de la República sostuvo en sus descargos que, luego de haber consultado a los terceros interesados (los funcionarios doña Claudia Mora Tapia y don Álvaro Villablanca Sepúlveda), y teniendo presente lo resuelto por este Consejo en la decisión de su amparo Rol C97-12, hizo entrega de los correos electrónicos solicitados tarjando comentarios de dichos funcionarios que no dirían relación con la denuncia presentada, por estimar que contenían aspectos referidos a su intimidad y protegidos por la Ley Nº 19.628. Los terceros en cuestión ratifican en sus descargos que lo tarjado corresponde a opiniones protegidas tanto por el artículo 21 Nº 2 de la Ley de Transparencia, como por los numerales 4° y 5° del artículo 19 de la Constitución Política.

3) Que, sobre el particular, cabe consignar que el derecho de acceso a la información no se restringe a los actos o resoluciones de los órganos del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo o esencial y los procedimientos que se utilicen para su dictación. Conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5º de la Ley de Transparencia, también se extiende a “…la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento”, salvo las excepciones legales. Lo mismo se desprende de dos de los principios del derecho de acceso a la información que reconoce el artículo 11 de la misma Ley, a saber, el principio de relevancia y el principio de apertura o transparencia. Todas estas normas legales no hacen sino desarrollar preceptos constitucionales: el artículo 8º, el inciso segundo de su artículo 5º (en relación con el artículo 13.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos) y el artículo 19 Nº 12. Siendo así, los correos electrónicos de funcionarios y autoridades enviados en el ejercicio de funciones públicas son información potencialmente pública, a menos que concurra a su respecto alguna de las excepciones señaladas por el artículo 21 de la Ley de Transparencia, como también señala el mismo inciso 2° del artículo 5° de dicha Ley.

4) Que, este Consejo, pronunciándose sobre otros amparos relativos a solicitudes de correos electrónicos de funcionarios públicos, enviados o recibidos desde sus respectivas casillas institucionales –decisiones de amparos Roles C406-11, C1101-11 y C1482-11, entre otras–, ha distinguido entre aquellos correos relativos al ejercicio de la función pública y aquellos que conciernan a su vida privada o personal, concluyendo que los primeros son públicos, si no se acredita la concurrencia de una causal legal específica de secreto o reserva. En términos similares se ha pronunciado la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, en la sentencia dictada en la causa sobre reclamo de ilegalidad Rol Nº 7932-11, de 9 de mayo de 2012 –por medio del cual confirma la decisión dictada por este Consejo en el amparo Rol C794-11, que ordenó entregar un grupo de correos electrónicos–, al señalar que la sola lectura de los correos que fueron solicitados en dicho caso “…permite concluir que sólo hacen referencia a información de carácter pública relativa al procedimiento de evaluación del proyecto hidroeléctrico en la Región de Aysén, y cuya evaluación se somete al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y en que le corresponde intervenir en el ejercicio de sus funciones públicas que son propias a la Secretaría Regional Ministerial de Planificación y Coordinación de la Región de Aysén; no existe en dichos correos electrónicos comunicación alguna que diga relación con la vida privada de quienes los intercambian, y que sea susceptible de secreto en conformidad al artículo 21 de la Ley Nº 20.285 sobre Acceso a la Información pública”.

5) Que, la información que fue tarjada por la autoridad corresponde a opiniones emitidas por determinados funcionarios de la Tesorería General de la República respecto de una persona determinada en tres correos electrónicos enviados durante enero de 2012, en el marco de la tramitación de una denuncia efectuada por el propio requirente de información. Dichos correos electrónicos versan sobre aspectos generales relacionados con la denuncia y el estado de tramitación de determinados procedimientos vinculados al solicitante.

6) Que, este Consejo estima justificado reservar juicios de valor como los emitidos por los funcionarios en este caso, aunque estén relacionados con el ejercicio de una función pública, pues difundir todas y cada una de las opiniones personales contenidas en los correos electrónicos que intercambian los funcionarios representa una grave amenaza a espacios de deliberación y privacidad a que ellos tienen derecho sin intervención de terceros en cuanto no prevalezca un claro interés público que justifique optar por la publicidad de dichos juicios o comentarios, como sería por ejemplo, el caso en que tales comentarios revelaran prejuicios, animadversión o indicios de discriminación arbitraria. Por lo mismo, no todas las opiniones vertidas por un funcionario, y menos aquellas expresadas bajo evidente expectativa de reserva del destinatario, pueden considerarse como información pública, puesto que ello afectaría un espacio de privacidad e intimidad constitucionalmente protegido. Sólo puede arribarse a una conclusión contraria cuando concurra un interés público relevante que justificara el conocimiento de dichos comentarios, lo que en el caso bajo análisis, no se observa respecto de la información tarjada y cuya revelación se busca mediante el presente amparo.

7) Que, en cambio, el resto de la información contenida en dichos correos electrónicos y que fue entregada se estima pública, pues se refiere al ejercicio de funciones públicas sin contener valoraciones como las que se han declarado reservadas.

8) Que, por último, en los antecedentes que obran en este expediente presente amparo no consta que en forma previa a la entrega parcial de la información solicitada se haya dado aplicación al procedimiento establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, esto es, que se haya comunicado a los terceros emisores de los correos electrónicos la solicitad presentada para permitirles oponerse a su entrega. En efecto, Tesorería se limita a afirmar que lo hizo y, no obstante ello, la funcionaria doña Mora Tapia señala en sus descargos que sólo recibió la aludida comunicación el 26 de junio de 2012, esto es, después de la entrega de dichos correos, por lo que infracción deberá serle representada.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES Y EL VOTO DIRIMENTE DEL PRESIDENTE, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Gerardo Neira Carrasco en contra de la Tesorería General de la República, por las razones expuestas en los considerandos 6° y 7° precedentes.

II. Representar al Sr. Tesorero General de la República que entregó los correos requeridos sin previamente aplicar el procedimiento del artículo 20 de la Ley de Transparencia.

III. Encomendar al Director General al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar este acuerdo a don Gerardo Neira Carrasco, al Sr. Tesorero General de la República, a don Álvaro Villablanca Sepúlveda y a doña Claudia Mora Tapia.

VOTO PARCIALMENTE CONCURRENTE:

La presente decisión fue acordada con el voto concurrente de los Consejeros don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu, quienes fueron partidarios de denegar el acceso a la información solicitada y, en base a ello, representar al órgano reclamado la entrega de los correos electrónicos solicitados, por resultar ello improcedente por análogas razones a las expuestas en el voto disidente manifestado en la decisión de amparo Rol C406-11, el que se da por enteramente reproducido, pues estiman que los correos electrónicos se encuentran protegidos por la garantía contenida en el artículo 19 Nº 5 de la Constitución Política.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el D.O. el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia, don Enrique Rajevic Mosler.