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Carlos Muñoz Obreque con MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA Rol: C1004-12

Consejo para la Transparencia, 12/10/2012

Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de Valdivia, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información sobre información relativa a ingresos, egresos y nóminas de profesionales de la educación, correspondiente al año 2011. El Consejo señaló que de acuerdo a lo dispuesto en los arts. 5° y 10 de la Ley de Transparencia, lo requerido constituye información que debe obrar en poder del municipio requerido, relativa a las funciones públicas que desempeñan los funcionarios de su dotación docente, razón por la cual a su respecto no concurre causal de secreto o reserva alguna.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Trabajo
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Ausente), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1004-12

Entidad pública: Municipalidad de Valdivia

Requirente: Carlos Muñoz Obreque

Ingreso Consejo: 12.07.2012

En sesión ordinaria Nº 380 del Consejo Directivo, celebrada el 12 de octubre de 2012, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1004-12.

VISTO:

Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 28 de mayo de 2012, don Carlos Muñoz Obreque, mediante correo electrónico dirigido a la casilla daemvaldivia@gmail.com, solicitó a la Municipalidad de Valdivia, información relativa a ingresos, egresos y nóminas de profesionales de la educación, correspondiente al año 2011. En particular solicita lo siguiente:

a) Nómina de ingresos percibidos por las leyes 19.933 y 19.410, desglosado por mes;

b) Egresos por bonificación proporcional;

c) Egresos por planilla complementaria;

d) Valor bonificación proporcional a diciembre de 2010 y 2011;

e) Horas de dotación docente a diciembre de 2011;

f) Nómina de profesionales de la educación a diciembre de 2011, indicando horas contratadas; y,

g) Si procediere, horas de extensiones horarias a diciembre de 2011.

h) Nómina de docentes que han cumplido con los requisitos de la Ley 20.501, y han presentado su renuncia, indicando el nombre del docente, las horas contratadas y la fecha de presentación de la renuncia.

2) RESPUESTA: El 28 de mayo de 2012, mediante correo electrónico de la Secretaria del Departamento de Administración de Educación Municipal de Valdivia, se le indicó al solicitante que “para dar respuesta a sus requerimientos, solicitamos a Ud. respetuosamente, nos indique la Institución o Empresa a la cual Ud. pertenece, si bien es cierto existe la Ley de Transparencia, no es menos cierto que debemos saber a quien o quienes entregamos esa información, como también los fines de uso.” En la misma data consta un segundo correo enviado por la precitada funcionaria al solicitante, mediante el cual le indica que “para dar respuesta lo antes posible a su petición, solicitamos a Ud. que lo realice a través de la OIRS de la Ilustre Municipalidad de Valdivia, considerando los requerimientos que indica el Art. 12 de la Ley N° 20.285 (www.munivaldivia.cl).” Posteriormente, en la misma fecha, la señalada funcionaria remitió un tercer correo electrónico al requirente, por el cual junto con lamentar “lo que ocurría con la página web de la OIRS”, le informa que puede enviar su solicitud a la casilla del correo institucional de la encargada de dicha oficina. Posteriormente, a través de un cuarto correo electrónico remitido desde, esta vez, desde esta última casilla, la funcionaria de la OIRS que ahí se indica, señala “que de conformidad a lo solicitado a la Srta. Cristina Araneda, Secretaria del DAEM de Valdivia, se informa que de acuerdo a la ley de transparencia el solicitante debe identificarse (nombres y apellidos, RUN, Dirección indicando ciudad), y que, de acuerdo con la información requerida, ésta debe ser solicitada a través del alcalde, Sr. Bernardo Berger Fett y/o a la Directora del DAEM (en los correos electrónicos que indica)”.

3) AMPARO: El 12 de julio de 2012, don Carlos Muñoz Obreque dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información.

4) SUBSANACIÓN DEL AMPARO: El Consejo Directivo de este Consejo, mediante Oficio N° 2.619, del 23 de julio de 2012, solicitó al reclamante, conforme a lo previsto en el artículo 46 Inciso segundo del Reglamento de la Ley de Transparencia, subsanar su reclamación de amparo en el sentido de acompañar copia de la solicitud de información, o los comprobantes de ingreso que acrediten la fecha en la que éstas ingresaron al órgano reclamado. Con fecha 27 de julio de 2012, el reclamante adjuntó copia de la solicitud de información formulada al DAEM de la Municipalidad de Valdivia y las respuestas de los funcionarios respectivos respecto a lo requerido.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Valdivia, mediante Oficio Nº 2.799, del 7 de agosto de 2012. Mediante Ord. Nº 2.631, de 10 de septiembre de 2012, dicha autoridad presentó sus descargos y observaciones, señalando, en síntesis, que:

a) Conforme a los antecedentes presentados por el propio reclamante y los acompañados por esta entidad municipal, ha quedado de manifiesto que el Sr. Muñoz Obreque al solicitar información mediante correo electrónico el día 28 de mayo de 2012 a las (11:00 hrs) nunca dio cumplimiento a los requerimientos del artículo 12 de la Ley de Transparencia, tal como se le requirió en correo electrónico de 28 de mayo de 2012, de las 14:10 hrs., en donde se le indicó que para dar respuesta lo antes posible a su petición, se le solicitaba realizarla a través de la OIRS de la Ilustre Municipalidad de Valdivia.

b) De esta forma, queda en evidencia tanto en la presentación del día 28 de mayo como en la del 03 de julio de 2012, que el peticionario no subsanó la falta de requisitos del señalado artículo 12, por cuanto, no señala ni su dirección ni su firma estampada por cualquier medio habilitado. Por esta razón la entidad municipal tuvo por desistida esta solicitud.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, en primer término, conforme disponen los artículos 12 y 28 de la Ley de Transparencia y del Reglamento que la ejecuta, respectivamente, la solicitud de información será admitida a trámite si es realizada por escrito o por sitios electrónicos, especificándose en la letra a) del referido artículo del Reglamento, que la presentación realizada por el sitio electrónico debe realizarse a través del sitio especificado para la recepción por el respectivo organismo público. A su turno, conforme al punto 1.1 de la Instrucción General N° 10, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información, dictada por este Consejo, la solicitud de acceso a la información se efectuará por escrito y su vía de ingreso podrá ser electrónica o material. Agrega el párrafo 5° que: “En caso que la solicitud se presente a través de canales no especificados para su recepción, como un correo electrónico o comunicación postal enviada directamente a un funcionario, y el servicio correspondiente procediere a acusar recibo de ella y tramitarla en los términos de la Ley de Transparencia y de esta Instrucción General, se entenderá validada con ello tanto la vía de ingreso como la respuesta remitida no pudiendo alegar el órgano, frente a un eventual amparo del requirente, que la consulta se recibió por una vía no dispuesta al efecto”.

2) Que, analizados los antecedentes tenidos a la vista, se ha podido constatar que la solicitud de información en análisis se efectuó al correo electrónico de la funcionaria Departamento de Administración de Educación Municipal de Valdivia que ahí se indica, la que, en su primera respuesta a ésta requirió al peticionario precisar la institución o empresa a la que pertenecía. Dicha contestación, junto con ser improcedente de conformidad con el principio de no discriminación, que establece el artículo 11, letra g), de la Ley de Transparencia –conforme con el cual los órganos de la Administración del Estado “deberán entregar información a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivo para la solicitud”–, da cuenta de que el órgano reclamado acusó recibo de la solicitud de información, y la tramitó en los términos de la Ley de Transparencia. A la misma conclusión es posible arribar del examen de las posteriores respuestas evacuadas por el municipio. En efecto, de ellas se desprende que el citado organismo reconoció que el sitio especificado para la recepción de solicitudes de información (sitio electrónico de la OIRS) no se encontraba disponible. Además, se informó al solicitante de una casilla electrónica a la cual podía formular su solicitud, desde la cual, en definitiva, se le comunicó que debía remitirla a otras direcciones de correo electrónicos, una de las cuales era precisamente aquélla a la que el reclamante dirigió la solicitud de acceso que motivó el presente amparo. Como se advierte de las sucesivas respuestas del municipio, el peticionario formuló su solicitud de información a través de la vía de ingreso que el propio órgano reclamado le informó, de modo que dio cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y su Reglamento para ser admitida a tramitación como solicitud de información.

3) Que, debe hacerse presente que el conjunto de respuestas dadas por el órgano reclamado al solicitante, ya sea formulando exigencias no previstas en la ley como indicándole remitir su solicitud al correo electrónico al cual ya había dirigido su solicitud, sumado a que, hasta la fecha, el municipio no se ha pronunciado sobre el fondo de la solicitud, han configurado un entorpecimiento al ejercicio del derecho de acceso a la información. En tal contexto, debe representarse al municipio que el modo en que obró al tramitar dicha solicitud de información ha transgredido el principio de facilitación contemplado en el literal f) del artículo 11 de la Ley de Transparencia, en cuya virtud los órganos de la Administración del Estado deben facilitar el ejercicio de ese derecho, excluyendo exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo.

4) Que, en cuanto al fondo del asunto, cabe hacer presente que la información referida a ingresos percibidos por las Leyes N°s 19.410 y 19.933 –letra a) de la solicitud–, debe obrar en poder de dicho organismo, toda vez que:

a) Así lo evidencia el artículo 4° de la Ley N° 19.410, conforme al cual “…las Corporaciones Municipales, deberán formular anualmente un Plan de Desarrollo Educativo Municipal, que contemple, a lo menos: f) El presupuesto de ingresos, gastos e inversión para la ejecución del Plan en cada establecimiento y en el conjunto de la comuna”.

b) Esto mismo se concluye respecto de las subvenciones que establece la Ley N° 19.933, en lo referido a las subvenciones asociadas al mejoramiento especial de los profesionales de la educación del sector municipal, pues se trata de beneficios incluidos en el pago de las remuneraciones mensuales. Así por ejemplo, el artículo 9° de dicho cuerpo normativo establece lo siguiente: «Los recursos que obtengan los sostenedores de los establecimientos educacionales del sector municipal… en razón de esta ley, por concepto de aumento de subvención o de aporte en su caso, serán destinados exclusivamente al pago de remuneraciones docentes.»

5) Que, por otra parte, ha de concluirse lo mismo respecto de lo requerido en los literales b), c), y d), relativo a los egresos de la Corporación por concepto de bonificación proporcional y aplicación de planilla complementaria, así como al valor de la bonificación proporcional en los meses que se indica. En efecto, el artículo 8° de la Ley N° 19.410 establece que: “Los profesionales de la educación de los establecimientos dependientes del sector municipal… tendrán derecho a percibir mensualmente… una bonificación proporcional a sus horas de designación o contrato, cuyo monto será determinado por cada sostenedor, ciñéndose al procedimiento a que se refiere el artículo 10 de esta ley, y una vez deducido el costo de la planilla complementaria a que se refiere el artículo 9°”. Asimismo, su artículo 9 establece lo siguiente: “Los profesionales de la educación de los establecimientos dependientes del sector municipal… que tengan una remuneración total inferior a las cantidades señaladas en los incisos primero y segundo del artículo 7º, tendrán derecho a percibir la diferencia como planilla complementaria para alcanzar las cantidades indicadas”. En este sentido, la Ley N° 19.933, en su artículo 3° establece: “Los aumentos de las remuneraciones de los profesionales de la educación del sector municipal que se produzcan como consecuencia de la aplicación de la presente ley no se absorberán por la planilla suplementaria de que trata el inciso 2º del artículo 4º transitorio de la ley Nº 19.410”.

6) Que, en lo relativo a los literales e) y f), debe hacerse presente que este Consejo estima que la información requerida se relaciona con la dotación docente del municipio reclamado, regulada en el título III, de la Carrera de los Profesionales de la Educación Municipal, del Estatuto Docente (D.F.L. 1/1997, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.070, que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación y de las leyes que la complementan y modifican). De acuerdo al artículo 20 del cuerpo legal mencionado, la dotación docente es “el número total de profesionales de la educación que sirven funciones de docencia, docencia directiva y técnico-pedagógica, que requiere el funcionamiento de los establecimientos educacionales del sector municipal de una comuna, expresada en horas cronológicas de trabajo semanales, incluyendo a quienes desempeñen funciones directivas y técnico pedagógicas en los organismos de administración educacional de dicho sector” y es fijada, de acuerdo al artículo 21, a más tardar el 15 de noviembre del año anterior a aquel en que comience a regir, una vez aprobado el Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal por el Concejo Municipal, por el Departamento de Administración Educacional de la Municipalidad respectiva o por la Corporación Educacional correspondiente, según sea el caso. A su vez, el artículo 23 de la ley en comento señala que las dotaciones serán determinadas por la Municipalidad respectiva mediante resolución fundada, la que se enviará conjuntamente con sus antecedentes justificatorios al Departamento Provincial de Educación correspondiente.

7) Que, en cuanto al literal g) de la solicitud, en que se solicita, en caso de ser procedente, “horas de extensiones horarias a diciembre de 2011”, cabe tener presente que el artículo 25 del Reglamento de la Ley N° 19.532, que crea el régimen de jornada escolar completa diurna y dicta normas para su aplicación, preceptúa que cuando en el establecimiento educacional no exista personal docente suficiente y disponible para dar cumplimiento a dicho régimen, es posible contratar o designar nuevos docentes o aumentar el horario de contratación de quienes allí laboran, por el número de horas requeridas. En consecuencia, en el evento de que el municipio haya llevado a cabo las precitadas extensiones, ésta debe constar en sus registros.

8) Que, respecto de la letra h) de la solicitud de acceso que dio origen al presente amparo, referida a docentes que han cumplido con los requisitos de la Ley N° 20.501, y han presentado su renuncia, es dable consignar que el inciso primero del artículo noveno transitorio de mencionado cuerpo normativo, establece una bonificación por retiro voluntario para los profesionales de la educación que durante el año escolar 2011 pertenezcan a la dotación docente del sector municipal, ya sea administrada directamente por las municipalidades o a través de corporaciones municipales, sea en calidad de titulares o contratados, y que al 31 de diciembre de 2012 tengan sesenta o más años de edad si son mujeres, o sesenta y cinco o más años de edad si son hombres, y renuncien a la dotación docente del sector municipal a que pertenecen, respecto del total de horas que sirven. Agrega el mencionado precepto, que “los profesionales de la educación que deseen acogerse al beneficio anterior deberán formalizar su renuncia voluntaria con carácter irrevocable ante el sostenedor respectivo…”. En consecuencia, en caso de haberse cumplido las hipótesis señaladas en la norma citada respecto de la información solicitada por el reclamante, ésta debe obrar en poder del municipio reclamado.

9) Que, por lo precedentemente expuesto, este Consejo concluye que, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, lo requerido constituye información que debe obrar en poder del municipio requerido, relativa a las funciones públicas que desempeñan los funcionarios de su dotación docente, razón por la cual a su respecto no concurre causal de secreto o reserva alguna.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Carlos Muñoz Obreque, en contra de la Municipalidad de Valdivia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Valdivia:

a) Hacer entrega al reclamante de la información singularizada en los literales a) a f), del numeral 1° de la presente decisión.

b) Hacer entrega al peticionario de la información singularizada en los literales g) y h), del numeral 1° de la presente decisión, o en caso de no existir ésta comunicarlo expresamente al solicitante.

c) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 15 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

d) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Agustinas Nº 1291, piso 6º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Representar al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Valdivia que el modo en que tramitó la solicitud de información que motivó el presente amparo implicó una transgresión al principio el principio de facilitación contemplado en el literal f) del artículo 11 de la Ley de Transparencia, en cuya virtud los órganos de la Administración del Estado deben facilitar el ejercicio de ese derecho, excluyendo exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo.

IV. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Carlos Muñoz Obreque, y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Valdivia.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que no concurre al presente acuerdo el Presidente del Consejo Directivo don Alejandro Ferreiro Yazigi, por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia, don Enrique Rajevic Mosler.