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Alfredo Valdés Agurto con SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES Rol: C926-21

Consejo para la Transparencia, 27/04/2021

Se acoge parcialmente el amparo interpuesto en contra de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, requiriendo la entrega del registro que indique el nombre de los médicos que estudiaron fuera de Chile, rindieron y aprobaron el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina, en el periodo que se indica. Lo anterior, por cuanto los antecedentes peticionados revisten un interés público prevalente, por cuanto posibilita a la ciudadanía, tomar noticia de qué personas han sido investidas con las condiciones necesarias para prestar servicios de salud en establecimientos públicos, y acreditar de este modo, la veracidad curricular de aquellos que publiciten detentarla. Aplica criterio contenido en la decisiones C2701-18 y C6075-18. Se rechaza en lo relativo a los correos electrónicos y números de teléfono particulares de las personas solicitadas, por configurarse la causal de reserva de afectación a los derechos de los facultativos consultados, en los términos dispuestos en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República y las disposiciones de la Ley sobre Protección de la Vida Privada.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento



Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C926-21

5Entidad pública: Subsecretaría de Redes Asistenciales

Requirente: Alfredo Valdés Agurto

Ingreso Consejo: 10.02.2021

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo interpuesto en contra de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, requiriendo la entrega del registro que indique el nombre de los médicos que estudiaron fuera de Chile, rindieron y aprobaron el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina, en el periodo que se indica.

Lo anterior, por cuanto los antecedentes peticionados revisten un interés público prevalente, por cuanto posibilita a la ciudadanía, tomar noticia de qué personas han sido investidas con las condiciones necesarias para prestar servicios de salud en establecimientos públicos, y acreditar de este modo, la veracidad curricular de aquellos que publiciten detentarla. Aplica criterio contenido en la decisiones C2701-18 y C6075-18. 

Se rechaza en lo relativo a los correos electrónicos y números de teléfono particulares de las personas solicitadas, por configurarse la causal de reserva de afectación a los derechos de los facultativos consultados, en los términos dispuestos en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República y las disposiciones de la Ley sobre Protección de la Vida Privada.

En sesión ordinaria N° 1176 del Consejo Directivo, celebrada el 27 de abril de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C926-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 28 de diciembre de 2020, don Alfredo Valdés Agurto solicitó a la Subsecretaría de Redes Asistenciales "registro de los médicos que estudiaron fuera de Chile y que rindieron el Eunacom en los últimos 4 años que tengan registro y que fueron aprobados para ejercer como médicos en Chile. Por lo anterior, se solicita poder contar con un registro de datos que contengan los nombres completos de los médicos que rindieron dicho examen y que lo aprobaron, con sus respectivos correos electrónicos y teléfonos celulares y/o fijos, en formato word o Excel".

2) PRÓRROGA DE PLAZO: Por carta, de fecha 26 de enero de 2021, el órgano notificó a la parte solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en 10 días hábiles, en los términos referidos en el inciso segundo del artículo 14 de la Ley de Transparencia.

3) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 10 de febrero de 2021, don Alfredo Valdés Agurto dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que no recibió respuesta a su solicitud.

4) AUSENCIA DE DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario de Redes Asistenciales, mediante Oficio N° E5170, de fecha 26 de febrero de 2021, a fin de que presente sus descargos y observaciones.

A la fecha del presente Acuerdo, no consta que el órgano recurrido haya evacuado sus descargos y observaciones al procedimiento de acceso en análisis.

Y CONSIDERANDO:

1) Que este amparo se funda en la ausencia de respuesta a la solicitud de acceso en el plazo legal establecido para ello - 20 días hábiles-. De los antecedentes tenidos a la vista consta que el requerimiento objeto de esta reclamación no fue contestado dentro del término legal, lo que constituye una infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad previsto en el artículo 11 letra h) del mismo cuerpo normativo. Se hace presente lo anterior, a efectos de que se adopten las medidas necesarias en lo sucesivo que permitan enmendar dicha infracción.

2) Que, a modo de contexto, cabe señalar que la ley N° 20.261, que crea el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina, dispone en su artículo 1°, lo siguiente: "Establécese, como requisito de ingreso para los cargos o empleos de médico cirujano en los Servicios de Salud creados por el artículo 16 del decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Salud, de 2005; en los establecimientos de carácter experimental creados por el artículo 6° de la ley N° 19.650, y en los establecimientos de atención primaria de salud municipal, rendir un examen único nacional de conocimientos de medicina y haber obtenido, a lo menos, la puntuación mínima que a su respecto establezca el reglamento, sin perjuicio de los demás requisitos que les exijan otras leyes. Las instituciones señaladas sólo podrán contratar, en cualquier calidad jurídica y modalidad, a médicos cirujanos que hayan obtenido, de conformidad a lo que establezca el reglamento, la puntuación mínima requerida en dicho examen".

3) Que, en cuanto al nombre de los facultativos que estudiaron fuera de Chile, rindieron y aprobaron el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina en el periodo que se indica, cabe tener presente que el artículo 8 inciso segundo de la Constitución Política de la República, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5 inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, salvo las excepciones legales. (Énfasis agregado)

4) Que, sobre el particular, según lo razonado por este Consejo en la decisiones de los amparos Roles C2701-18 y C6075-18, y sin perjuicio de tratarse el nombre de un dato personal al tenor de lo dispuesto en el artículo 2 letra f) de la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada -en adelante ley N° 19.628-, se estima que resulta relevante para poder ejercer el debido control social sobre esta materia, la publicidad de la identidad de los profesionales médicos autorizados para realizar funciones en los establecimientos de salud o localidades. En efecto, la información peticionada reviste un interés público prevalente, por cuanto posibilita a la ciudadanía, tomar noticia de qué personas han sido investidas con las condiciones necesarias para prestar servicios de salud en establecimientos públicos, y acreditar de este modo, la veracidad curricular de aquellos que publiciten detentarla. Por consiguiente, realizando un balance entre el interés de reservarla y el de divulgarla, para determinar si el beneficio público resultante de conocerla es mayor que el daño que podría causar su revelación, a juicio de esta Corporación la protección del dato personal requerido cede ante el necesario control social respecto del conocimiento de aquellos facultativos que cumplen los presupuestos necesarios para prestar servicios médicos en establecimientos públicos.

5) Que, en mérito de lo expuesto precedentemente, atendida la naturaleza de los antecedentes solicitados, advirtiéndose la existencia de un interés público prevalente sobre la materia consultada; y, no habiéndose esgrimido su inexistencia ni la concurrencia de causales de secreto que justifiquen su reserva, se acogerá el presente amparo en esta parte, requiriendo la entrega de la información solicitada.

6) Que, en cuanto a los datos de contacto privados de los facultativos consultados -como lo son, sus teléfonos y correos electrónicos particulares-, se debe hacer presente que este Consejo, ha sostenido a partir de las decisiones de los amparos Roles A252-09 y C2847-15, entre otras, que dichos antecedentes constituyen un dato personal en los términos prescritos en el artículo 2 letra f) de la ley N° 19.628, para cuya comunicación conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de la citada ley, se requiere de la autorización de su titular, circunstancia que no se verifica en la especie. En razón de ello, su develación produciría una afectación -presente o probable y con suficiente especificidad- a la esfera de la vida privada de las personas consultadas y la protección de sus datos personales, garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, configurándose a su respecto, la causal de reserva del artículo 21° N° 2 de la Ley de Transparencia.

7) Que, a mayor abundamiento, lo pedido constituyen datos que han sido proveídos a la Administración por personas naturales, lo que significa que han sido recolectados de una fuente no accesible al público, por lo cual, en principio, les resultaría aplicable la regla de secreto contemplada por el artículo 7 de la ley N° 19.628. Además, aquellos sólo pueden ser utilizados para los fines para los cuales fueron recolectados por el órgano reclamado, conforme el Principio de Finalidad establecido en el artículo 9 de la ley citada. Por tales motivos, y no advirtiéndose un interés público prevalente que justifique su develación; y, en cumplimiento de las atribuciones otorgadas a este Consejo por el artículo 33 letras m) y j) de la Ley de Transparencia, se rechazará el presente amparo en esta parte.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Alfredo Valdés Agurto en contra de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Subsecretario de Redes Asistenciales, lo siguiente:

a) Entregue al peticionario copia del registro que indique el nombre de los médicos que estudiaron fuera de Chile, rindieron y aprobaron el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina en los últimos 4 años.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Rechazar el amparo en lo relativo a los correos electrónicos y números de teléfono particulares de las personas consultadas, por configurarse la causal de reserva prevista en el artículo 21° N° 2 de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

IV. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Alfredo Valdés Agurto y al Sr. Subsecretario de Redes Asistenciales.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.