logo
 

Hugo César Meza Domínguez con SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA Rol: C225-21

Consejo para la Transparencia, 27/04/2021

Se rechaza el amparo relativo a solicitudes de pronunciamiento dirigidas al órgano respecto de la actividad de mediadores familiares, por cuanto se enmarca en el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República y no en el derecho de acceso a la información pública.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento

Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C225-21

Entidad pública: Subsecretaría de Justicia

Requirente: Hugo César Meza Domínguez

Ingreso Consejo: 11.01.2021

RESUMEN

Se rechaza el amparo relativo a solicitudes de pronunciamiento dirigidas al órgano respecto de la actividad de mediadores familiares, por cuanto se enmarca en el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República y no en el derecho de acceso a la información pública.

En sesión ordinaria N° 1176 del Consejo Directivo, celebrada el 27 de abril de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C225-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 8 de diciembre de 2020, don Hugo César Meza Domínguez solicitó a la Subsecretaría de Justicia lo siguiente:

"1.- Pueden en la actualidad llevar a cabo mediaciones familiares vía online en Chile los mediadores (privadas u/o Licitados), siendo que no existe ley alguna que lo autorice o ampare. Requiere justificación legal.

2.- Como bien es sabido por la Unidad de mediación y la división judicial, se están realizando mediaciones familiares online, ante ello, cuál sería el protocolo de acción que tomará el Ministerio de Justicia para quienes se encuentren fuera de la ley realizando mediaciones online.

3.- Solicitará oficio a los Tribunales que han recibido mediaciones online y la nómina de los mediadores que están realizando esta actividad fuera de toda ley, con el objeto de hacer cumplir la ley 19.968, específicamente el Art. 113 de la misma.

4.- Se solicita emitir un boletín o pronunciamiento respecto de las mediaciones online de manera escrita, toda vez que solo se nos entrega información verbal, lo cual no acredita la imparcialidad de las autoridades del Ministerio ante este incumplimiento de la ley por parte de los mediadores que realizan mediaciones online y ponen en riesgo a los usuarios, tribunales y al mismo sistema. "Recordando a usted que la mediación online en nuestro país no se encuentra normada, que los mediadores privados se encuentran bajo el alero del Ministerio de Justicia y que por ningún motivo pueden estar por sobre la ley."

2) RESPUESTA: Mediante Ordinario N° 77, de fecha 8 de enero de 2021, la Subsecretaría de Justicia señaló lo siguiente: "tratándose su solicitud de un requerimiento respecto de un pronunciamiento de esta autoridad y en la cual además solicita tomar determinadas medidas referidas a los hechos que enuncia en su presentación, requiriendo particularmente la emisión de "un boletín", no resulta posible acceder a lo solicitado en atención a que, precisamente lo requerido corresponde a una cuestión ajena a lo dispuesto en la Ley No 20.285 sabre Acceso a La Información Pública, y más bien se intenta ejercer por media de la cuestión planteada el derecho de petición, garantizado en el artículo 19 N° 4 de la Constitución política de la República, cuyo ejercicio escapa al ámbito de la aplicación de la ya citada Ley, quedando comprendido dentro de las normas de la Ley N° 19.880. En este sentido, dicho criterio ha sido esgrimido por el propio Consejo Para la Transparencia en su jurisprudencia administrativa, entre otras, en sus decisiones Roles C195-10 y C799-11. Con todo, es preciso señalar que de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 3 de la Ley N° 19.880, que "Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actas de los Órganos de la Administración Del Estado", son actos administrativos aquellos que dicta la administración "dentro del ámbito" o "en el ejercicio" de sus competencias. Por su parte, de acuerdo a lo establecido en la Ley No 19.968 que "Crea los Tribunales de Familia" y su reglamento, no se encuentra dentro del ámbito de las competencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la aplicación de sanciones a los mediadores familiares, siendo facultad exclusiva de la respectiva Corte de Apelaciones, y sólo una vez que dicho tribunal determine una sanción específica, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos procederá a la eliminación de un mediador inscrito en el Registro, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 763, que "Aprueba Reglamento De La Ley N° 19.968 Que Crea Las Tribunales De Familia". (Énfasis agregado)

3) AMPARO: El 11 de enero de 2021, don Hugo César Meza Domínguez dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió respuesta incompleta o parcial a su solicitud. En particular, sostuvo que no se otorgó lo requerido en los N° 1 y N° 2 de su presentación.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario de Justicia, mediante Oficio N° E2596, de fecha 31 de enero de 2021, solicitando lo siguiente: (1°) se refiera a las alegaciones del reclamante en el sentido que no se respondió parte de sus requerimientos; (2°) señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; y, (5°) de encontrarse disponible la información reclamada, remita la misma al solicitante, con copia a este Consejo, a fin de evaluar la finalización del presente amparo, a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC).

Mediante ordinario N° 940, de fecha 16 de febrero del 2021, el órgano reclamado presentó sus descargos señalando, en síntesis que, en relación con las alegaciones del requirente, lo solicitado no constituye una solicitud de acceso a la información, pues lo pretendido es obtener un pronunciamiento por parte de la autoridad de la entidad y que se tomen medidas respecto a los hechos que enumeran en su presentación, razón por la cual, lo solicitado no obra en soporte documental.

Posteriormente, por medio de ordinario N° 1225, de fecha 5 de marzo de 2021, la Subsecretaría de Justicia, complementó sus descargos, reiterando que, lo pedido no constituye un requerimiento de acceso, sino que a una solicitud de pronunciamiento, por lo cual no fue posible hacer aplicación del principio de divisibilidad. En el mismo sentido, señaló que, bajo ninguna circunstancia puede estimarse a la solicitud del requirente como un "requerimiento de información", de acuerdo a lo regulado en la Ley N° 20.285, o que el punto 1 de la presentación, en particular, pudiese estar referida a "información que podría estar contenida en algún documento del soporte documental", ni menos, pretender que se denegó el acceso a la misma, pues tal como se ha demostrado el recurrente en todo momento solicitó un "Pronunciamiento".

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta incompleta o parcial, circunscribiéndose el objeto de este a la información solicitada en los numerales 1) y 2) del requerimiento. Al respecto, el órgano reclamado alegó que aquello no estaba amparado por el procedimiento establecido en la Ley de Transparencia.

2) Que, sobre lo requerido en el numeral 1) de la solicitud, esto es: "Pueden en la actualidad llevar a cabo mediaciones familiares vía online en Chile los mediadores (privadas u/o Licitados), siendo que no existe ley alguna que lo autorice o ampare. Requiere justificación legal"; se advierte que el reclamante no efectuó un requerimiento de acceso propiamente tal amparado por la Ley de Transparencia, ello por cuanto del tenor literal del mismo no es posible concluir que aquello corresponda a un acto, documento o antecedente determinado, que obre en poder de la Administración del Estado, en alguno de los soportes indicados en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Transparencia y en el artículo 3 letra e) del Reglamento de la misma ley, sino que más bien se trata de una consulta que contiene una petición dirigida a la institución reclamada a efectos de que emita un determinado pronunciamiento o elabore un informe aclarando o explicando la inconsistencia que menciona, situación que se enmarca en el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República y no en el derecho de acceso a la información pública, al tenor de lo dispuesto en la Ley de Transparencia, por lo que, se rechazará el amparo en esta parte.

3) Que, a su turno, respecto del numeral 2) del requerimiento, esto es, "cuál sería el protocolo de acción que tomará el Ministerio de Justicia para quienes se encuentren fuera de la ley realizando mediaciones online", cabe igualmente rechazar el presente amparo por cuanto resulta aplicable el criterio indicado precedentemente, habida cuenta que la consulta se refiere a un hecho futuro respecto de las medidas que el órgano adoptaría en el evento de producirse la situación descrita. Sin perjuicio de lo anterior, y a título meramente informativo se constata que el órgano indicó en sus descargos que "(...) no se encuentra dentro del ámbito de las competencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la aplicación de sanciones a los mediadores familiares, siendo facultad exclusiva de la respectiva Corte de Apelaciones, y sólo una vez que dicho tribunal determine una sanción específica, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos procederá a la eliminación de un mediador inscrito en el Registro."

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Hugo César Meza Domínguez, en contra de la Subsecretaría de Justicia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Hugo César Meza Domínguez y al Sr. Subsecretario de Justicia.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.